En el último año se ha registrado un número récord de iniciativas legislativas destinadas a bloquear acciones militares, ya sea amenazas o ejecutadas por el gobierno de Trump, consideradas ilegales o inconstitucionales. La lista incluye la decisión del presidente Trump de emprender una guerra contra Irán. Algunas de estas iniciativas en el Congreso dieron lugar a votaciones muy ajustadas en la Cámara Baja y en el Senado.

Ahora contamos con una iniciativa legislativa presentada en el Senado para “ordenar el retiro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades dentro o contra la República de Cuba que no hayan sido autorizadas por el Congreso”. Fue presentada el 12 de marzo por tres senadores demócratas, y la misma legislación fue presentada en la Cámara de Representantes el 24 de marzo por la representante Nydia Velázquez (D-NY).

Las hostilidades se refieren al bloqueo estadounidense que actualmente impide que casi todo el petróleo llegue a Cuba, tal como explica la legislación. El principal argumento es que la participación militar estadounidense en este bloqueo es inconstitucional a menos que sea autorizada por el Congreso. Es similar al argumento constitucional planteado sobre la autoridad presidencial para declarar otras guerras. Sin embargo, el bloqueo estadounidense a Cuba, combinado con las sanciones que lo sostienen, plantea aspectos adicionales que pueden ser aún más condenatorios.

El Gobierno de Estados Unidos está directamente involucrado en un castigo colectivo contra la población de Cuba, algo ampliamente documentado. El castigo colectivo de civiles, cuando ocurre durante un conflicto armado, es una violación de la Cuarta Convención de Ginebra y puede ser sancionado como un crimen de guerra.

Las Convenciones de Ginebra están entre los instrumentos legales más aceptados dentro del derecho internacional, y han sido adoptadas por todos los países.

Es fácil ver, a partir de los acontecimientos recientes, que las actuales sanciones económicas contra Cuba constituyen un castigo colectivo. 

El corte por parte de Estados Unidos de los cargamentos de petróleo dirigidos a Cuba ha tenido consecuencias mortales. Más del 90 por ciento de la electricidad en Cuba depende normalmente de combustibles derivados del petróleo, y los hospitales han sido golpeados de manera especial a medida que los apagones se agravan. La semana pasada, el diario The New York Times reportó, tras hablar con doctores, que “el rápido deterioro de condiciones en los hospitales y clínicas a lo largo de Cuba estaba causando muertes que de otra manera serían prevenibles”. La escasez de combustible impide a médicos y enfermeras llegar a sus sitios de trabajo y los hospitales cancelan cirugías y posponen vacunaciones para niños y tratamientos que salvan vidas, tales como diálisis renales y terapias con radiación.

Con el paso del tiempo, estos daños se reflejan en las estadísticas nacionales. Un artículo publicado en una revista pediátrica británica a comienzos de año describe cómo el recrudecimiento de sanciones sobre Cuba desde 2017 provocó más del doble de la mortalidad infantil durante la última década. Las sanciones han causado escasez de medicinas, equipos, combustible, alimentos y electricidad, así como brotes de enfermedades que habían sido erradicadas.

El Gobierno de Estados Unidos castiga colectivamente a civiles en docenas de países al imponer sanciones económicas unilaterales y amplias. Un estudio publicado por The Lancet Global Health en agosto, de mi autoría, estimó que 564.000 personas mueren anualmente como resultado de esas sanciones. La mayoría son impuestas por Estados Unidos. Es una cifra comparable a las muertes anuales en el planeta provocadas por conflictos armados.

Pero estas acciones de castigo colectivo comúnmente no pueden ser llevadas a juicio como crímenes de guerra según las Convenciones de Ginebra, ya que las convenciones solamente cobran vigencia cuando existe un conflicto armado. Expertos de Naciones Unidas han alegado durante muchos años que aquello que se considera como un crimen cuando hay soldados y disparan y bombardean, también debería ser un crimen cuando los soldados no disparan ni bombardean. 

Aquí viene a colación el bloqueo a Cuba. Es un conflicto armado, porque Estados Unidos ha estado utilizando la fuerza militar para mantener el bloqueo. Ello significa que el actual castigo colectivo de los civiles cubanos legalmente constituye un crimen de guerra según la Cuarta Convención de Ginebra.

El domingo, The New York Times reportó que Estados Unidos permitirá a un tanquero ruso entregar petróleo a Cuba esta semana, el primer envío a esa nación desde el 9 de enero. Su refinación y distribución tardará varias semanas y el combustible podría durar escasas semanas una vez empiece a consumirse.

Pero no parece ser un paso hacia el fin de las sanciones o el bloqueo estadounidense contra Cuba. Y Trump continúa amenazando con una intervención militar por etapas para implementar el “cambio de régimen” que el Gobierno estadounidense ha procurado durante más de 60 años. Trump dijo el viernes refiriéndose al Ejército: “A veces tienes que usarlo. Y Cuba es el próximo, por cierto”.

Entretanto, el Gobierno de Trump está infligiendo un castigo colectivo a algunas de las docenas de naciones que dependen de las misiones médicas internacionales de Cuba. Durante décadas, a Habana ha enviado doctores y otros profesionales de la salud a otros países para ofrecer atención médica y entrenamiento. En 2016, hubo más de 50.000 profesionales cubanos de la salud en 67 países. Hay muchos artículos en publicaciones académicas y médicas que han elogiado el éxito del programa, por ejemplo, al llevar atención médica a “comunidades vulnerables y desatendidas” y a lugares “donde los médicos locales no trabajan”, incluyendo áreas rurales remotas.  

Ahora Trump ha estado amenazando a esos países para obligarlos a abandonar los programas cubanos, dejando así a miles de personas, o más, sin atención médica. Es una indiferencia cruel y asombrosa por esas vidas, y todo para castigar a Cuba, una nación que no representa amenaza alguna a la seguridad de Estados Unidos.

Las sanciones económicas amplias son salvajes, como los asedios medievales que provocaban hambre en una población para obligarla a rendirse. En lugar de acero y fuego, las armas mortíferas de la actualidad son computadoras desplegadas a lo largo del sistema financiero internacional, el cual está dominado por Estados Unidos y su divisa.

Estas sanciones se cobran las vidas de bebés y niños de manera desproporcionada. Se estima que un 51 por ciento de las muertes provocadas por sanciones en el estudio ya mencionado de Lancet Global Health eran niños menores de cinco años.

Las sanciones se han convertido en lo que el Departamento estadounidense del Tesoro llama “la herramienta de primera instancia” para temas de “seguridad nacional”. Esto puede deberse a que la violencia económica dirigida a civiles es menos obvia que la violencia del conflicto armado.

Muy pocos estadounidenses saben que las sanciones económicas unilaterales, la mayoría de las cuales son impuestas por Estados Unidos, se cobran cientos de miles de vidas inocentes cada año. No saben que estas sanciones están dirigidas a la población civil; su Gobierno les dice que las sanciones golpean a los “hombres malos”. Aunque los funcionarios estadounidenses también han repetido públicamente lo que suele quedar en silencio sobre cómo las sanciones pueden causar sufrimiento y malestar que lleven a la gente a las calles para provocar el cambio de régimen que Washington busca.

Invocar las Convenciones de Ginebra y enjuiciar a funcionarios estadounidenses por el uso de sanciones es una posibilidad en el futuro, ya sea ante una corte nacional, un foro internacional o alguna otra instancia con jurisdicción. Pero en lo inmediato, a medida que más personas en Estados Unidos, incluyendo a miembros del Congreso, y en otros países, conciben esta violencia económica letal y castigo colectivo como un crimen de guerra, será más difícil para el Gobierno estadounidense cometer estos crímenes. Un proceso similar ya ha avanzado en torno a las resoluciones de poderes de guerra del pasado año y desde 2018.

Trump ha actuado, en términos generales, como si él pudiera ignorar la ley y la Constitución, pero eso no es sostenible. La decisión que la Corte Suprema emitió el 20 de febrero removió una gran parte de su poder para usar aranceles como sanciones y castigo. Entre otros actos de extorsión, esa era un arma importante que él usaba para imponer el bloqueo contra Cuba. Incorporar las Convenciones de Ginebra y la prohibición que ellas establecen a los crímenes de guerra en la lucha contra las sanciones económicas letales puede elevar los costos legales y políticos de aplicarlas. Asimismo, envía una advertencia a los responsables de que ellos también podrían ser llamados a rendir cuentas.