El profesor Levitsky, célebre profesor de Harvard y autor del superventas Cómo mueren las democracias (Levitsky et al., 2018), profirió lo siguiente en una conferencia magistral a la que fui invitado en 2025 en la Universidad Cornell: “A pesar del contexto internacional desfavorable, las democracias persisten”. Esta frase debería tenerse en cuenta en todos los análisis sobre la crisis actual de la democracia y los procesos que han venido a denominarse de autocratización, a fin de no caer en el tipo de fatalismos que hoy prolifera y que capta más fácilmente la atención de las audiencias.

Las democracias están en crisis, sí. Pero esta crisis no supone una teleología negativa que conduce a la inexorable caída de un régimen democrático tras otro —al igual que la afirmación de Fukuyama del fin de la historia no implicó un avance ininterrumpido de los procesos de democratización (Fukuyama, 1992) en el mundo—. Esta crisis, según V-Dem, una de las tres organizaciones cuyos indicadores sobre calidad democrática son más reconocidos —junto con Freedom House y The Economist—, se asocia con tres fenómenos. 

El primero es que la democratización mundial experimentó tres olas que llegaron a su pico en 2016, con 95 países democráticos; en cambio, en 2025, hay 87. El segundo es que, a lo largo del siglo XX, también hubo dos olas de autocratización; y el siglo XXI parece que está sufriendo una tercera ola, puesto que en 2004 había 82 autocracias y, en 2025, 92 (Limberg et al, 2026). El tercero es que esta tercera ola, a diferencia de las dos primeras —que impactaron sobre sistemas políticos ya algo autocráticos—, está afectando a las democracias occidentales principalmente (Lührmann et al, 2019). 

Las causas del deterioro democrático son menos fáciles de identificar que sus manifestaciones. Los signos de autocratización pueden ser múltiples: la politización de las instituciones que menoscaba la separación de poderes; la reducción de las libertades individuales; los intentos de modificar las leyes para ampliar el tiempo en el gobierno; el ataque a la prensa libre y a la libertad de expresión; el recurso excesivo del decreto ley o de las órdenes ejecutivas; la realización de elecciones sin medidas de seguridad que blinden la libertad de voto; el ejercicio del gobierno bajo el estado de excepción; la corrupción y la poca transparencia; el debilitamiento de los contrapesos; la erosión del Estado de derecho; la persecución de las minorías; o el auge de la polarización, del populismo y de la demagogia. 

Las causas, en cambio, de acuerdo con algunas de las teorías más consolidadas en la materia (Ziblatt et al., 2024), no son tantas, y tienen mucho que ver con tres compromisos tácitos entre los partidos: a) respetar a la oposición como adversario legítimo, b) comprometerse a no usar las instituciones, cuando se llega al poder, con fines partidistas e interesados, y c) no recurrir a candidatos con tintes autoritarios, aunque supongan un gran tirón electoral. 

Uno de los signos de este deterioro, la polarización, brota principalmente como estrategia de movilización política inducida por los partidos, que recurren a todo tipo de narrativas para encontrar nichos de votantes —explotando el potencial de las redes—, tal como la del rechazo a la migración, desdeñando el conocimiento y la verdad y azuzando las emociones más básicas y las identidades primarias. Sin embargo, hay un contexto cultural e ideológico más sutil y profundo que favorece esta tendencia.

Las sociedades modernas occidentales han adoptado, principalmente, sistemas políticos democráticos liberales. Incluso aquellos Estados que abogan por una democracia social se han fundido con un tipo de liberalismo que coloca a la libertad individual —en contraposición al pueblo, la nación o la comunidad— como el valor más importante alrededor del cual se ha de vertebrar la organización política y social. Vinculada a la libertad individual, además, se ha consolidado una noción de excelencia que plantea que la competición logra extraer lo mejor de la sociedad en su conjunto. Es decir, se parte de la base de que los individuos, libres, buscando sus intereses propios, y compitiendo en condiciones de igualdad, logran generar la mejor sociedad posible para todos.

Sin entrar en los tipos de desigualdad que ha propiciado esta ideología, especialmente en ausencia de regulación estatal y moral —los dos marcos que Adam Smith consideraba esenciales para que la mano invisible operara beneficiosamente—, estos planteamientos han engendrado una dinámica cultural propia: el antagonismo normativo.

Este tipo de antagonismo normativo relacional, que no solo describe, sino que prescribe comportamientos, tiene diferentes ramificaciones. Por un lado, los diferentes subsistemas sociales han asumido la competición y el conflicto como principios articuladores de su funcionamiento: el sistema jurídico enfrenta acusación y defensa, así como partes enfrentadas, para lograr la verdad y la justicia; la economía se basa en la competencia por los mejores precios, productos y servicios; la política de los partidos, tanto la interna como la externa, nutre la competición entre facciones para supuestamente lograr las mejores ideas y propuestas; los medios de comunicación compiten por audiencias y explotan el conflicto visceral para conectar con el gran público; la academia se vertebra sobre la competencia para plazas, proyectos y becas; incluso los movimientos sociales hacen de la lucha y la confrontación su estrategia central para lograr derechos (Karlberg, 2004; García-Magariño, 2017).

Por otro lado, este clima cultural se ha convertido en un caldo de cultivo propicio del que emergen ciertas tendencias que amenazan la convivencia y debilitan la democracia, tales como la xenofobia y otras formas de prejuicios, la desinformación, la radicalización violenta, los discursos de odio y la misma la polarización. 

Por último, desde la década de los 60, las estrategias de márquetin político han incluido una suerte de polarización inducida para encontrar nichos electorales diferenciados. Esta estrategia, cuando las campañas políticas eran algo que ocurría cada varios años por un período corto antes de las elecciones, se podía absorber como un residuo sin demasiada importancia que el cuerpo social metabolizaba. Sin embargo, desde que, por un lado, se televisan y graban los debates parlamentarios y, por el otro, se reducen los períodos entre elecciones y se alargan los períodos de campaña, la polarización dejó de poderse asimilar.

Las campañas basadas en la polarización, además, utilizaban los canales de los medios de comunicación de masas para ampliar las audiencias. Sin minusvalorar su impacto en la opinión pública y su poder de influencia, estos medios, a partir del siglo XXI, han sido desbordados por dos nuevos instrumentos que amplifican casi infinitamente la capacidad de persuadir y de propagar mensajes: las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial. Las primeras enganchan intencionalmente a las personas en entornos de resonancia donde la sugestión crece con el tiempo dedicado a ellas. Los segundos multiplican exponencialmente los mensajes y aumentan quirúrgicamente la puntería para llegar a quien se pretende. 

El diagnóstico parece claro. Ahora es necesario un debate público racional y sosegado para encontrar soluciones. Probablemente, el tono ecuánime en sí sea parte de la solución. 

La reforma de la arquitectura internacional, históricamente, se ha considerado un lujo que debe acometerse en momentos de paz y prosperidad. Sin embargo, la rabiosa actualidad del mundo contemporáneo se lleva años empeñando en transmitirnos lo contrario: en ausencia de instrumentos políticos internacionales efectivos, no hay reacción efectiva posible ante problemas de dimensiones épicas, cuyas soluciones parecen obvias para la mayor parte de la población, pero que no llegan por falta de voluntad política. 

La crisis financiera que explotó en Estados Unidos en el 2008 se expandió rápidamente por el mundo y se transformó en una gran crisis económica global, que inspiró a los líderes políticos más importantes del planeta a reunirse, en reiteradas ocasiones, para, en palabras de Sarkozy, “refundar el capitalismo”. Tal refundación de la gobernanza económica mundial, no obstante, nunca llegó. 

Poco después, durante las revueltas que sacudieron a gran parte del mundo islámico conocidas como la Primavera Árabe, diversos estados usaron el aparato militar para reprimir duramente a su población, ante la mirada atónita de la opinión pública informada. El Consejo de Seguridad de la ONU, salvo en el caso libio —cuyo desenlace requiere su propia historia—, estuvo paralizado por vetos cruzados de sus miembros permanentes. Una de las múltiples consecuencias de dicha violencia fue la crisis de refugiados, principalmente procedentes de Siria, que afectó a Europa en el 2014. En esa ocasión, se observó que la misma Unión Europea, símbolo de gobernanza supranacional efectiva, en materia de política exterior y seguridad no estaba lo suficientemente integrada. 

La siguiente gran crisis, la de la Covid-19, unos años más tarde, aprisionó a la humanidad en uno de los mayores experimentos políticos y sociales en tiempo real conocidos. El virus no conocía fronteras y la protección de cada persona y país dependía de una protección sistémica. No obstante, a pesar de los estallidos efímeros de conciencia sobre la naturaleza comunitaria e interconectada de los problemas, así como de las soluciones requeridas, que condujeron a personalidades como Gordon Brown a proclamar la necesidad de una “forma temporal de gobierno mundial”, la reforma internacional nunca llegó. De hecho, la carrera por la vacuna pasó de ser un gran proyecto colectivo a una lucha entre naciones y farmacéuticas por hacerse antes con un antídoto para su población. 

Aunque seguramente la pandemia haya sido el principal y desaprovechado potencial revulsivo de la gran restructuración requerida del sistema de gobernanza global—desde la misma concepción de las Naciones Unidas—, la invasión rusa de Ucrania supuso una nueva sacudida. Las noticias, en tiempo real, relataban la ruptura impune de las más mínimas normas del derecho internacional público que apuntalan el sistema de seguridad colectiva del que forman parte tanto Rusia, como Ucrania, Estados Unidos y los países de la Unión Europea: la no agresión y el respeto de la soberanía nacional. De nuevo, la ONU en general y el Consejo de Seguridad en particular —el único mecanismo autorizado, más allá de la legítima defensa, para usar la fuerza a fin de detener una agresión— paralizados.

Desafortunadamente, el relato continúa. Sin que la guerra inducida por Rusia haya terminado, el atentado atroz de Hamás desató una reacción de Israel de dimensiones desconocidas para la mayor parte de esta generación, al menos en Occidente, contra la indefensa población de Gaza y, en menor medida, del Líbano. Y el mundo mirando, tanto la destrucción de una población como la inoperatividad de todos los instrumentos internacionales para la protección de la población civil de los excesos de un estado. 

Por último, dos nuevas agresiones impunes del derecho internacional público más básico han golpeado la actualidad: una intervención unilateral de Estados Unidos en Venezuela, rompiendo la soberanía de un estado —con un gobierno más o menos legítimo, pero esta es otra cuestión—; y un ataque ilegal a dos sobre el cruel régimen de los ayatolás de Irán, que ha desencadenado una serie de problemas multifacéticos que pueden desestabilizar por completo el orden internacional. El mundo observando impávido otra vez: dolor, sufrimiento y parálisis internacional. 

Una mirada superficial de todo este panorama probablemente lleve a la conclusión, parcialmente correcta, de que es el resultado de que cada país busca su propio interés, porque lo que domina el mundo es la fuerza y no las normas internacionales que nos hemos dado. Sin embargo, al rascar más allá de la superficie, se llega a otra conclusión que es la que se conecta con la paradoja enunciada arriba. Una mirada sofisticada del interés nacional más burdo pone de relieve que para que un país salvaguarde su bienestar a medio plazo, en un mundo interconectado, complejo, comprimido, con problemas entreverados de maneras extremadamente sutiles, cualquier problema que afecte al resto, ya sea económico o violento, pronto le afectará negativamente. 

En otras palabras, reformar la arquitectura de gobernanza global a la luz del principio del bien común, la prosperidad colectiva, la justicia, la sostenibilidad y la paz internacional no ha de considerarse un acto altruista, fruto del idealismo utópico, sino una imperiosa necesidad para asegurar la viabilidad política, económica y social —el interés nacional bien entendido— de cualquier país, ya sea Estados Unidos, Israel, Rusia o Irán. 

Si no se avanza en esa dirección, que está recogida en el nunca activado artículo 109 de la misma carta de las Naciones Unidas, perderemos todas las personas, organizaciones y naciones del planeta. Ya no es un lujo; es cuestión de supervivencia.