El nuevo consenso posfósil ha llegado para quedarse. La necesidad de romper con urgencia la adicción al petróleo, gas y carbón ya no se exige en los márgenes, en movilizaciones de la sociedad civil y en foros académicos, sino que goza por fin de un apoyo mayoritario y está en boca de amplios sectores de nuestra sociedad, de gobiernos y de la propia Agencia Internacional de la Energía.

La prueba tangible de este cambio de paradigma internacional es la celebración de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Esta tendrá lugar entre el 24 y 29 de abril en la ciudad colombiana de Santa Marta. Más de medio centenar de países ya han confirmado su asistencia, representando alrededor de 2.000 millones de ciudadanos y un 37% del PIB mundial. El objetivo de la conferencia es muy concreto: generar una hoja de ruta técnica y política que acelere una transición justa, ordenada y equitativa de los combustibles fósiles.

A nivel social, el consenso posfósil también puede influir en la intención de voto. Cuando sube el precio del petróleo, cae el apoyo a la extrema derecha. VOX está fuera del consenso posfósil, se alinea con las grandes petroleras y desprecia la economía de las familias. VOX no entiende la conciencia climática y económica de la sociedad española. Existe una posibilidad real de que, si la tendencia se mantiene, la transición de los combustibles fósiles deje a la extrema derecha en la irrelevancia política.

El consenso posfósil existente en la sociedad invita a las instituciones a ser valientes e ir más allá de la retórica. En el caso del Gobierno español, este encuentro es una oportunidad para erigirse como un actor internacional de primer orden dentro de la Unión Europea en la defensa de los intereses comunes, corrigiendo la contribución histórica del país a la crisis climática, aportando transferencia tecnológica, apoyo financiero y condonando la deuda de los países con menos capacidad de transición, para que no dependan de los ingresos fósiles y puedan aplicar políticas climáticas sin condicionantes.

Pero más allá de oportunidades, el ejecutivo tiene la obligación de ser coherente. Coherencia que en muchos contextos en los que se aborda el clima es inexistente. España es sede de corporaciones como Repsol y Moeve, que siguen expandiendo su actividad en terceros países y batiendo récords de beneficios anuales, lucrándose también de la inflación que pagamos todas por los impactos de la guerra. Es imperativo que España lidere acuerdos para eliminar los subsidios públicos a estas empresas. 

La incongruencia clama al cielo cuando el Gobierno decide bajar el IVA del carburante indiscriminadamente a todos los conductores, como ahora con la crisis de Irán, y en 2022 con Ucrania, —cuando la evidencia científica señala que estas acciones benefician más a los hogares con rentas medias y altas—, mientras que otras medidas como reforzar el transporte público y otorgar ayudas específicas a colectivos vulnerables y sectores estratégicos no fueron tenidas en cuenta.

España también tiene una responsabilidad significativa en el ámbito financiero. El Santander es el primer banco español en inversión en proyectos fósiles y ha incrementado su financiación a 48.276 millones de dólares entre 2021 y 2024. Es el banco que más proyectos fósiles financia en Latinoamérica y el Caribe. Le siguen el BBVA y LaCaixa. El Gobierno debe liderar las reformas necesarias para el cese del flujo de capital hacia el sector fósil, reorientándolo hacia estrategias de generación de energía baja en carbono que se van a discutir en Santa Marta.

Otro punto importante que el Estado español debe impulsar con el resto de países comprometidos es la rescisión de los tratados de inversión con arbitraje internacional. Las cláusulas de arbitraje entre empresas petroleras y Estados blindan los intereses de inversores extranjero y se activan cuando un país decide, por ejemplo, revocar licencias de extracción de hidrocarburos. Los tribunales de arbitraje suelen fallar a favor de las corporaciones, imponiendo indemnizaciones que pueden alcanzar los miles de millones de euros para las arcas públicas. Esto desincentiva la acción climática.

También es imperativo que España se posicione en Santa Marta a favor de la prohibición de que las empresas fósiles tengan un asiento en la mesa donde se toman las decisiones climáticas y energéticas, como ocurre en las Cumbres del Clima. Al mismo tiempo, garantizar que la esfera pública no sea un espacio de legitimación de sus actividades. Ejemplos de ello son la reciente designación del presidente de Enagás, empresa principal de transporte de gas fósil en el país, como presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona, o los vínculos de Repsol con organizaciones de la sociedad civil y universidades. Estas tácticas de greenwashing minimizan el escrutinio ciudadano, ya que la sociedad no percibe a estos actores como responsables del problema y mantienen su legitimidad sociopolítica para seguir influyendo en las políticas climáticas.  

Santa Marta es una oportunidad histórica y un punto de inflexión en el establecimiento de un nuevo consenso global basado en alianzas internacionales para poner fin a la era fósil. La sociedad española está a la altura del momento y el gobierno de España, como actor relevante dentro de la Unión Europea y la comunidad internacional en la defensa del interés común, debe pasar de las palabras a la acción.

*En la columna también han participado Marcel Llavero Pasquina, Alejandro Marcos-Valls, Fatima Eisam Eldeen, Gorka Muñoa y Martí Orta-Martínez. Son un grupo de investigadores que forman parte del grupo EXIT (Industrias Extractivas, Salud Planetaria y Justicia Ambiental) del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.