Hay trabajos que no se asocian de inmediato con enfermedades profesionales evidentes, pero que, de forma sostenida y silenciosa, acaban deteriorando la salud de quienes los realizan. El de camarera de piso es uno de ellos: una profesión esencial para el turismo, pero todavía demasiado invisible cuando se habla de trabajos penosos, a pesar de provocar dolencias crónicas, limitantes e incluso invalidantes. Este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, vuelve a poner sobre la mesa una evidencia incómoda: no se puede enfermar por trabajar.

El turismo emplea a cerca de tres millones de personas en España, en actividades como la hostelería, la hotelería o la restauración. Es un sector que refleja una contradicción cada vez más evidente: el brillo de los datos económicos, que baten récords año tras año y ganan peso en la economía del país, convive con efectos como la gentrificación y con condiciones laborales marcadas por altas cargas de trabajo, horarios extensos e irregulares y salarios por debajo de la media.

Dentro de este ecosistema destaca un grupo especialmente vulnerable: las camareras de piso, que sufren una cuádruple discriminación. Son mayoritariamente mujeres (91%), en muchos casos extranjeras (54%), con bajos niveles de cualificación —lo que limita sus opciones de promoción— y con una edad media creciente, superior a los 45 años en un porcentaje significativo del colectivo.

Esta feminización no ha ido acompañada de una verdadera incorporación de la perspectiva de género en la salud laboral. A diferencia de lo que ocurre en sectores industriales masculinizados, no es habitual medir de forma sistemática las cargas de trabajo. Sin embargo, los factores posturales que afrontan a diario derivan en problemas musculoesqueléticos que a menudo se cronifican, y la exposición a determinados productos químicos tiene efectos diferenciados según el sexo. Es poco frecuente que una camarera de piso alcance la jubilación sin secuelas físicas derivadas de su trabajo.

El peso de las mujeres migrantes en el colectivo añade una capa adicional de vulnerabilidad. Se trata, en muchos casos, de trabajadoras con menor capacidad económica, redes de apoyo frágiles y mayor riesgo de exclusión social. A ello se suman condiciones laborales exigentes y, cada vez más, largos tiempos de desplazamiento hasta los centros de trabajo, que terminan agravando el impacto sobre su salud.

En este contexto, algunas iniciativas recientes apuntan a posibles mejoras. El pasado 15 de abril, el Parlamento de Canarias aprobó, con amplio consenso, una reforma de la ley del turismo que obliga a las empresas a instalar camas elevables, carros motorizados y a realizar estudios de tiempos para medir las cargas de trabajo. Medidas similares ya se habían introducido anteriormente en Baleares, impulsadas también por reivindicaciones sindicales como las de CCOO, apuntando a un cambio de enfoque en la protección de la salud laboral en el sector.

También ponen de relieve la importancia de invertir en tecnología complementaria y no sustitutiva del empleo, algo especialmente relevante en un sector que combina bajos niveles de digitalización y tecnificación con rápidos retornos de beneficios, muchas veces basados en cargas irracionales de trabajo. Una tecnología orientada a la salud laboral será positiva si va acompañada de una adecuada medición de cargas de trabajo, permitiendo mejorar la salud laboral y mitigar el desgaste que se sufre en este ejercicio profesional.

Es una buena práctica que puede marcar un nuevo estándar replicable en otras comunidades autónomas. La extensión de este tipo de medidas, junto con otras orientadas a mejorar la cantidad y la calidad del empleo en el sector hotelero —como el impulso de sellos de hoteles socialmente responsables—, será determinante para corregir algunos de los desequilibrios estructurales que arrastra el turismo.

Todas estas mejoras deben contribuir a medio plazo a mejorar las condiciones laborales, pero no sustituyen otra reivindicación que sigue plenamente vigente: el acceso anticipado a la jubilación. El desgaste acumulado, la edad media creciente del colectivo y las consecuencias físicas del trabajo hacen razonable avanzar hacia la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación.

Detrás de las cifras hay vidas concretas. Mujeres que afrontan jornadas extenuantes que deterioran su salud día tras día, a lo que se suman responsabilidades domésticas y de cuidados. Dolores crónicos, lesiones musculares y, en muchos casos, la necesidad de medicarse para poder seguir trabajando. Un impacto que no es solo físico, sino también creciente en términos de salud mental.

El éxito del turismo no puede medirse únicamente en cifras si se construye sobre el deterioro de la salud de quienes lo sostienen. Defender unas condiciones laborales dignas no es solo una cuestión sectorial, sino un elemento central de cualquier modelo de sociedad que aspire a ser justo. Porque el progreso no puede hacerse a costa de la salud de las personas.