El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lleva semanas formulando una pregunta insidiosa. Incluso lo ha hecho en el pleno del Congreso de los diputados. Feijóo dice que en España se recauda más que nunca pero que los servicios públicos funcionan peor que nunca, y, en consecuencia, le exige al gobierno que explique dónde está el dinero.

Él no lo sabe, pero esta formulación descalifica a su partido para presidir el gobierno de España, porque demuestra un desconocimiento profundo de cómo funcionan las administraciones públicas. En realidad, estamos ante un caso grave de insolvencia o de mala fe.

En primer lugar, ignoran que cada año, la Intervención General del de la Administración del Estado, la IGAE, realiza un detallado informe sobre el gasto público, denominado la Clasificación de las Funciones de las Administraciones Públicas, una estadística desarrollada por la OCDE, publicada por la División de Estadísticas de la ONU y calculada con la metodología del Sistema de Cuentas Nacionales europeo.

Es una auditoría de las cuentas públicas que informa con extraordinario nivel de detalle en qué gastan sus recursos los diferentes niveles de las administraciones públicas en España. Es una información que está disponible para quien quiera consultarla en la Central de Información Económico y Financiera, en la web del ministerio de Hacienda.

Poner en duda a qué se dedican los recursos públicos es una inaceptable insidia contra el funcionamiento del Estado. Una insidia que, además, está acompañada de un desconocimiento profundo de cómo se distribuye el gasto entre los diferentes niveles de la administración pública española. Porque son las Comunidades Autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, donde más creció el gasto. Desde 2018 hasta 2024 el gasto ejecutado por las Comunidades Autónomas aumentó mucho más que el gasto de la Administración General del Estado.

Pongamos las cifras. El gasto ejecutado por los gobiernos autonómicos aumentó en 73.065 millones de euros desde 2018, hasta alcanzar una cifra total de 235.185 millones en 2024. Por su parte, el gasto de la Administración General del Estado — excluida la Seguridad Social— se incrementó en 49.424 millones de euros hasta alcanzar los 164.156 millones en 2024.

Aunque Feijóo y el Partido Popular lo ignoren, en estos siete años el gasto de las Comunidades Autónomas aumentó mucho más que el de la Administración Central. Y en 2024 el gasto consolidado de las autonomías es muy superior — el 43 % más— que el del gobierno central.

En realidad, la Administración General del Estado solo gestionó uno de cada cinco euros del aumento del gasto público desde 2018 y los otros cuatro euros se reparten entre la Seguridad Social, los ayuntamientos y las autonomías.

Los gobiernos autonómicos son la administración que más gasta y donde más creció el gasto en los últimos siete años. Esta es la realidad lógica de un estado tan descentralizado como es España, en el que los grandes servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia son competencia y están gestionados por los gobiernos autonómicos.

El PP, con el apoyo de Vox, gobierna en 11 comunidades autónomas, y, por lo tanto, la pregunta insidiosa de Feijóo se vuelve contra su partido: ¿por qué los servicios públicos funcionan peor en Andalucía, en Aragón, o en Galicia, si los gobiernos autonómicos tienen ahora más recursos que nunca en toda su historia?

Para terminar, esta insolvencia analítica del PP, se extiende también a nuestra estructura fiscal y al modelo de financiación de las comunidades autónomas. El PP dice que ¨Hacienda se forra¨ con los aumentos de la recaudación fiscal, obviando que las comunidades autónomas reciben el 50 % de la recaudación del IRPF y del IVA y del 58 % de los impuestos especiales, entre ellos, el que grava los combustibles.

Una falta de seriedad y rigor en el análisis que se traslada a un discurso falaz que solo se puede explicar por insolvencia técnica o por mala fe política.