Vivimos en nuestro país un momento crucial en la consolidación de los derechos de las mujeres. También en el reto de continuar con los avances en igualdad. Vivimos un momento en el que no podemos permitirnos retrocesos en ninguno de nuestros derechos y por supuesto tampoco en materia de derechos sexuales y reproductivos.

No hay igualdad real si las mujeres no somos libres para decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro sexo condiciona nuestro destino y nuestra función en la sociedad. Hace un tiempo no tan lejano, en nuestro país, el ser mujer reducía nuestro mundo al entorno del hogar, la reproducción, la maternidad y crianza de nuestros hijos e hijas.

Un mundo al que algunos quieren devolvernos, pero al que no estamos dispuestas a regresar. Vamos a continuar defendiendo nuestra libertad de pensamiento y de acción, nuestras decisiones conscientes sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades; vamos a continuar defendiendo los derechos por los que tanto han luchado generaciones de mujeres feministas.

El derecho al aborto en España lo han conquistado las mujeres que lo han defendido. El movimiento feminista ganó la batalla social, explicando de manera precisa a la sociedad española que nuestro país sólo avanzaría con el reconociendo de la igualdad plena entre mujeres y hombres, y para ello era fundamental el derecho al aborto. El derecho al aborto nos otorga a las mujeres una situación de poder democrático.

La primera ley de interrupción voluntaria del embarazo (ley de casos) fue promovida en 1985, con Ernest Lluch como ministro de Sanidad y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular. La sentencia declaró la plena constitucionalidad de la ley. En 2010 las Cortes Generales aprobaron la ley promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (ley de plazos). También fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular y, de nuevo, fue declarada acorde con la Constitución. Cuando el PP trató de recortar de nuevo el derecho al aborto en 2014 se dio de bruces con una respuesta social que encabezó el Tren de la Libertad y que supuso el cese de su ministro de Justicia.

Por eso es tan importante blindar este derecho reconocido y consolidado en España desde 1985. Porque, aunque su dimensión de libertad está reconocida en el ordenamiento jurídico, avalada por el Tribunal Constitucional y asumida por una mayoría social incuestionable, su ejercicio no es homogéneo. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es, sobre todo, un derecho a la salud y tiene que poder ser ejercido en cualquier espacio sanitario público de nuestro territorio.

La realidad en que se encuentra esta prestación, que además está incorporada a la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, es que, en la práctica, el ejercicio de este derecho depende del lugar de residencia, lo que supone una brecha entre reconocimiento formal y efectividad real.

Actualmente, su práctica por Comunidades Autónomas es muy dispar. Esta situación genera una desigualdad material entre mujeres que resulta incompatible con los principios constitucionales.

La modificación de la Constitución para incorporar un nuevo apartado en el artículo 43 pretende asegurar la práctica del derecho al aborto en condiciones seguras y de calidad; pretende corregir desigualdades territoriales, reforzar la seguridad jurídica y prevenir retrocesos.

Se trata de constitucionalizar su vertiente prestacional y asegurar, no solo su reconocimiento, sino los medios necesarios para su ejercicio.

La reforma se centra en la dimensión prestacional del derecho, es decir, en la obligación de los poderes públicos de garantizar servicios sanitarios adecuados, acceso efectivo y en condiciones de igualdad. Esta reforma no modifica el modelo vigente ni la regulación sustantiva del derecho, sino que refuerza su garantía. Refuerza el derecho de las mujeres a elegir libremente su maternidad, consolida un Estado social y democrático de derecho y asegura no solo derechos formales, sino su ejercicio real.

Se sitúa en la línea de las democracias europeas avanzadas que están reforzando la protección de los derechos reproductivos. Un ejemplo de ello es Francia, donde incluso la extrema derecha ha votado a favor de la reforma. Ahora España se posiciona en la vanguardia de la protección jurídica de los derechos de las mujeres.

El debate no se sitúa sobre la legalidad o no del aborto, esta cuestión ya está superada. El derecho al aborto no obliga a abortar a nadie, no es una imposición, pero los Estados sí tienen la obligación de proteger la libertad de elección de las mujeres y de garantizar la prestación efectiva y pública del derecho. La modificación que proponemos dice literalmente: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo”.

Con esta propuesta reafirmamos nuestra defensa firme de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Reafirmamos que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás; que el Tren de la Libertad siempre está en marcha.