Hace unas semanas asistimos en el Congreso al debate sobre la propuesta de incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Durante unas horas, el escenario político ofreció una imagen casi paradójica: una amplia mayoría parlamentaria defendía, al menos formalmente, el reconocimiento de un derecho que cuenta también con un amplio respaldo social.

Incluso el Partido Popular evitó esta vez un discurso frontalmente contrario al aborto. Sus intervenciones se acercaron más al lenguaje de la libertad y de la capacidad de decisión de las mujeres, un marco que conecta con la posición que históricamente han mostrado buena parte de sus votantes.

Sin embargo, el voto contrario acabó situando al PP junto a VOX en su oposición sistemática a cualquier iniciativa impulsada por el Gobierno actual. Y en esa escena volvió a aparecer una incomodidad permanente: la relación nunca resuelta entre la derecha española y el derecho al aborto.

Pero lo más relevante de aquel debate no fue solo quién votó a favor o en contra, sino observar cómo va mutando la forma de disputar este derecho.

Durante años, la batalla se libró de manera directa. Sobre si el Estado debía reconocer o restringir la capacidad de las mujeres para decidir sobre su embarazo y su cuerpo. Ese fue el terreno de la “contrarreforma” impulsada por Gallardón en 2013, una propuesta que devolvía el aborto a un modelo mucho más restrictivo. El Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, la llamaron.

La respuesta social fue contundente. La movilización feminista, el rechazo ciudadano y las tensiones internas dentro del propio Partido Popular acabaron provocando la retirada de la reforma y la dimisión del ministro.

Gallardón demostró que, en España, el enfrentamiento directo con el derecho al aborto tenía un coste político demasiado elevado. Pero también dejó una enseñanza: que una batalla no pueda ganarse en un terreno determinado no significa que deje de librarse. A veces, para avanzar, hay que cambiar el escenario.

Y quizá por eso solo estamos viendo una parte de la escena. Cuando pensamos en los ataques al derecho al aborto seguimos esperando la misma imagen del 2013 con una reforma legal que reduzca derechos, una confrontación directa con la capacidad de decidir de las mujeres.

Sin embargo, la imagen se va fracturando. Como si, en una película, la cámara hubiera dejado de enfocar al personaje principal y hubiera empezado a detenerse en otros elementos del escenario. Al principio puede parecer que la historia ha cambiado. Que ya no estamos hablando de la misma cuestión. Pero a medida que avanza descubrimos que aquello que parecía secundario era, en realidad, la clave para entender toda la trama.

La cámara ha dejado de enfocar únicamente el aborto y ha empezado a enfocar aquello que lo rodea: la familia, la maternidad, la natalidad, el concebido no nacido, la crisis demográfica, el futuro de la nación.

Cambiar el encuadre no significa cambiar la historia. Significa cambiar la manera en la que el público interpreta lo que está viendo.

Durante años, el debate sobre el aborto estuvo construido alrededor de si la persona embarazada debía poder decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de vida. El nuevo marco introduce otra pregunta: ¿qué debe proteger el Estado antes incluso de que exista una persona nacida?

No es un desplazamiento menor. Porque cuando cambia el sujeto alrededor del cual se organiza el debate, se van creando los imaginarios sociales que condicionan todo lo que viene después. Si el punto de partida es la autonomía reproductiva, la obligación del Estado es garantizar derechos y condiciones para ejercerlos. Si el punto de partida es el concebido como sujeto prioritario de protección, la relación entre Estado y reproducción empieza a construirse desde otro lugar.

Y ese cambio de plano es precisamente lo que permite que una ofensiva contra el aborto pueda presentarse sin hablar apenas de aborto. No porque el objetivo haya desaparecido. Sino porque el debate se ha trasladado a un terreno donde resulta más sencillo construir consensos. Un terreno aparentemente menos conflictivo y que apela a los “valores” comunes.

¿Quién podría estar en contra de proteger la vida?

¿Quién podría estar en contra de apoyar a las madres?

¿Quién podría estar en contra de ayudar a las familias?

El problema no está en estas palabras, sino en el significado cultural y político que adquieren cuando sustituyen el lenguaje de los derechos por el lenguaje de la protección; cuando la reproducción empieza a ser entendida y se construye como una política de Estado.

Por eso el concepto de “concebido no nacido” resulta tan relevante. No es únicamente una expresión jurídica, es un cambio de perspectiva, una nueva manera de mirar la escena.

Estados Unidos muestra claramente las consecuencias que puede tener este desplazamiento. La actualidad del aborto estadounidense se explica como una sucesión de prohibiciones y restricciones. Sin embargo, antes de muchas de esas medidas se había producido la profunda transformación que introducía progresivamente el feto como un sujeto político con intereses jurídicos propios.

Ahí aparece el concepto de fetal personhood, la idea de reconocer al feto una personalidad o intereses jurídicos propios a proteger por el Estado. No todas las iniciativas han tenido los mismos efectos ni han llegado al mismo punto, pero todas comparten una misma operación.

Y cuando el derecho reconoce un interés propio del concebido no nacido, la persona embarazada deja de aparecer como el único sujeto alrededor del cual se organiza la decisión. La autonomía reproductiva deja de ser el único punto de partida y el Estado pasa a situarse entre dos intereses que él mismo ha construido como potencialmente enfrentados.

Lo que parece una discusión técnica sobre categorías jurídicas tiene consecuencias profundamente sociales. Porque el derecho no solo regula conflictos existentes, también crea nuevas formas de entender esos conflictos.

El caso de Georgia, donde una mujer fue detenida acusada de asesinato después de un aborto autogestionado, mostró hasta qué punto este desplazamiento puede tener consecuencias reales. Más allá del resultado concreto del procedimiento, el caso revelaba qué ocurre cuando la interrupción de un embarazo empieza a interpretarse no solo como una decisión personal, sino como una posible agresión contra un sujeto jurídico distinto protegido por el Estado.

España no es Estados Unidos y establecer una equivalencia directa sería un error. La propuesta del “concebido no nacido” de Ayuso y Feijoo no supone hoy reconocer personalidad jurídica plena al feto; todavía. Pero las transformaciones políticas no empiezan siempre con sus expresiones más extremas. A menudo comienzan con pequeños desplazamientos del lenguaje, nuevas categorías y formas de nombrar la realidad. Para que una sociedad acepte limitar un derecho, debe cambiar antes la manera en la que entiende el problema.

Este desplazamiento nos está entrando por puertas y ventanas diversas. Los primeros acuerdos de gobierno entre PP y VOX, como el firmado en Castilla y León en 2022, permiten observar este cambio. El aborto apenas aparecía explícito, pero la maternidad, la familia y la respuesta al descenso de la natalidad ocupaban un lugar central.

Ese marco permitió después justificar medidas como la propuesta de ofrecer la escucha del latido fetal antes de un aborto o la creación de las Oficinas de Atención a la Maternidad. Presentadas como recursos de apoyo, fueron cuestionadas porque introducían la nueva lógica de situar el embarazo bajo una mirada institucional que no solo acompaña una decisión, sino que pretende condicionarla.

La evolución resulta todavía más significativa en acuerdos recientes como el de Andalucía. El aborto prácticamente desaparece del texto, pero la familia aparece una y otra vez; fomentar la natalidad, aprobar leyes de familia, desarrollar planes de apoyo a la mujer embarazada o promover la “cultura de la vida”.

Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. La diferencia no está solo en las palabras que aparecen, sino en aquellas que dejan de aparecer.

Cuando la reproducción empieza a discutirse principalmente en términos de familia, natalidad o futuro demográfico, la autonomía reproductiva deja de ser el punto de partida del debate. La mujer deja de ser sujeto político con voz y decisión propia para pasar al servicio de la “prioridad nacional”.

En los últimos años, la extrema derecha europea ha vinculado cada vez más la cuestión demográfica con la identidad nacional. La baja natalidad deja de presentarse como un problema relacionado con los cuidados, la precariedad o las dificultades materiales para construir proyectos de vida, y pasa a interpretarse como una amenaza para la continuidad cultural de una comunidad nacional específica.

Es en este marco donde los discursos sobre familia, natalidad e inmigración se encuentran. La idea del “gran reemplazo”, difundida desde hace décadas como un aspersor. Y no se trata únicamente de que nazcan más niños, se trata de qué población se considera necesaria para garantizar el futuro de la nación. En definitiva: qué vidas importan, cuáles tienen valor y cuáles no tanto.

Este vínculo entre reproducción e identidad nacional no es nuevo, es una herramienta de control social de las más antiguas que existen. Lo hemos visto recientemente en gobiernos como los de Orbán en Hungría o Meloni en Italia, donde las políticas familiares y de natalidad forman parte de una visión política más amplia sobre la nación, la pertenencia y el papel social de las mujeres. Y vuelta al principio del mandato obligatorio de la maternidad que nos imponen el patriarcado, el Estado y el capitalismo.

Por supuesto, no toda política de apoyo a la maternidad responde a esta lógica. Las democracias necesitan políticas públicas que permitan decidir libremente si se quieren tener hijos, cuándo y en qué condiciones. Han sido los feminismos los que han reivindicado políticas de apoyo a las maternidades deseadas, garantizando cuidados, derechos y condiciones materiales dignas como centro de su proyecto de transformación social.

Pero no estamos hablando de esto. Ya no estamos hablando solo de apoyar a quienes quieren ser madres. Estamos hablando de quién define qué tipo de reproducción merece ser protegida y promovida. Y es precisamente por eso que sería un error pensar que el derecho al aborto ha dejado de ser el objetivo. Sigue siéndolo, aunque han encontrado bifurcaciones del camino que son más seguras y arraigadas en épocas de crisis sistémicas y dispersión del miedo.

Lo que estamos viendo es la construcción progresiva de un nuevo paradigma político sobre la reproducción. Y por eso no es casual que los derechos sexuales y reproductivos sean uno de los primeros objetivos a tumbar por parte de los proyectos autoritarios.

No porque el aborto sea una cuestión aislada, sino porque controlar la reproducción significa intervenir sobre quién puede decidir sobre su cuerpo, qué modelos de familia merecen reconocimiento, quién pertenece plenamente a la comunidad política y qué futuro quiere construir una sociedad.

En definitiva, significa intervenir sobre la propia distribución del poder. ¿Qué mayor herramienta de control social podemos imaginar?

Frente a ello, es necesario recuperar con más fuerza el horizonte de la justicia reproductiva. La democracia no consiste únicamente en reconocer el derecho a interrumpir un embarazo. Consiste en garantizar que todas las personas puedan decidir libremente si quieren tener hijos o no, cuándo tenerlos y en qué condiciones; que puedan criarlos con dignidad, libres de violencia, discriminación y precariedad; y que ninguna política pública convierta la reproducción en una obligación moral, un deber patriótico o un instrumento al servicio de un determinado proyecto ideológico.

La cuestión nunca fue únicamente si determinadas políticas amenazan el derecho al aborto. La verdadera pregunta es qué nos dicen esas políticas sobre el modelo de sociedad que pretenden construir.

Porque cuando un Estado comienza a disputar el control sobre la reproducción, nunca está hablando solo de natalidad. Está hablando de la reorganización autoritaria de la democracia.

En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar