En la política tradicional hay momentos en los que lo más importante no es ganar una votación, sino conseguir que una cuestión llegue al centro del debate. La posible admisión a trámite de una reforma de la Constitución Española de 1978 para incluir el aborto es un ejemplo claro. Incluso antes de hablar de mayorías reforzadas o de resultados finales, hay una pregunta previa que es profundamente política: ¿tenemos derecho a debatirlo?

Durante demasiado tiempo, los derechos sexuales y reproductivos han sido tratados como una cuestión periférica, sujeta a mayorías coyunturales y a menudo expuesta a retrocesos. Llevar el derecho al aborto al corazón del debate parlamentario no es solo una iniciativa jurídica; es una declaración de prioridades. Significa reconocer que la soberanía corporal es un pilar de la democracia.

El Congreso no es solo un espacio de decisión, sino también de legitimación simbólica. Aquello que se discute en él adquiere centralidad en el imaginario colectivo y una relevancia política y social que va más allá del resultado inmediato. Debatir el aborto en sede parlamentaria implica sacarlo de la marginalidad, blindarlo en la agenda pública y obligar a todas las fuerzas políticas a posicionarse. Y eso, en un contexto global de regresión de derechos, no es menor.

Pero hay un elemento adicional que hace este debate especialmente urgente: la extrema derecha lleva tiempo situando el aborto en el centro de su ofensiva y lo ha convertido en batalla cultural. No es una cuestión teórica ni futura; es una realidad presente. En todo el mundo, actores políticos reaccionarios utilizan el aborto como puerta de entrada para cuestionar derechos más amplios y negar grandes avances sociales vinculados a la igualdad de género, las violencias machistas o la propia idea de autonomía personal.

Ante esto, no debatir no es una opción neutral. Es, en la práctica, dejar el marco en manos de quienes quieren restringir derechos. Cuando la extrema derecha marca la agenda y el resto de actores políticos se limita a reaccionar de forma tímida o defensiva, el terreno de juego ya está desplazado. Por eso, llevar el derecho al aborto al centro del debate institucional es también una forma de recuperar la iniciativa política y disputar el relato.

Además, abrir este debate permite confrontar argumentos, desmontar discursos desinformadores y generar una conversación pública más madura. Frente a la ofensiva de los movimientos antiderechos, que han convertido los cuerpos de las mujeres en un campo de batalla, el silencio institucional no es neutralidad: es una forma de renuncia. En cambio, el debate es una herramienta activa de defensa democrática.

Somos conscientes de que el recorrido parlamentario de una reforma constitucional puede ser largo y exigente. Las mayorías necesarias son amplias y los equilibrios políticos, complejos. Pero precisamente por eso, el primer paso —admitir a trámite la propuesta— tiene un valor propio. No compromete el resultado final, pero sí abre una ventana de oportunidad. Permite construir consensos, explorar alianzas y, sobre todo, situar el derecho al aborto y los derechos de las mujeres como una cuestión de Estado.

Habrá quien argumente que abrir este debate sin tener asegurada su aprobación final es inútil o incluso contraproducente. Pero esta mirada confunde la política con una simple aritmética parlamentaria. Quienes creemos y trabajamos en una política no tradicional sabemos que esta también es agenda, marco, narrativa y correlación de fuerzas. Y en ese terreno, poder debatir ya es avanzar. No tengamos miedo al debate: hablar de aborto es confrontar a la extrema derecha, romper el tabú y acabar con el estigma.

Porque cada vez que una institución democrática pone sobre la mesa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, está enviando un mensaje claro: que ese derecho importa, que no es negociable en silencio y que merece ser protegido con las máximas garantías. Aunque el camino sea largo, el simple hecho de iniciarlo ya transforma el punto de partida.

En tiempos de incertidumbre y retrocesos, defender el debate es, en sí mismo, una forma de defensa de los derechos. Y eso, hoy, es más necesario que nunca.

Sílvia Aldavert García es politóloga y activista feminista, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Es directora de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius e impulsora del proyecto Quiero Abortar