El acceso al aborto es una de las cuestiones más debatidas en política sanitaria y de género. Pero más allá del debate sobre si debe estar permitido o no, hay una pregunta muy relevante: ¿qué ocurre cuando el acceso existe formalmente, pero en la práctica no es igual para todas?

La modificación en la ley del aborto exigía que las adolescentes de 16 y 17 años obtuvieran el consentimiento de sus progenitores para poder interrumpir un embarazo. La reforma de 2015 redujo la autonomía para las menores de 18. (Esta modificación fue derogada en 2023, aunque el debate sobre el acceso al aborto para adolescentes sigue abierto.)

Utilizando datos administrativos sobre todos los abortos y nacimientos registrados en España entre 2012 y 2019, se compara lo que ocurrió con las adolescentes de 16 y 17 años – a quienes afectó la reforma – respecto a las de 18 y 19 años. De este modo, sese aíslal efecto de la ley frente a otros factores que pueden estar cambiando al mismo tiempo.

Qué encontré: menos abortos, pero no más nacimientos

El primer resultado es claro: la tasa de aborto entre las menores de 18 años cayó aproximadamente un 11% tras la entrada en vigor de la ley, en comparación con las adolescentes de mayor edad. Sin embargo, lo más llamativo es que ese descenso no vino acompañado de un aumento equivalente en los nacimientos. Esto sugiere que la ley cambió el comportamiento de las adolescentes antes de que hubiera un embarazo que interrumpir. Cuando abortar se vuelve más difícil, algunas jóvenes no esperan a estar embarazadas para reaccionar: se anticipan.

El efecto de la ley, por tanto, opera en dos momentos distintos: en la decisión de abortar una vez embarazada, pero también en la decisión de prevenir el embarazo.

El papel de la distancia: la geografía como barrera

Obtener un aborto en España requiere acudir a un centro autorizado. Estos centros no están distribuidos uniformemente por el territorio. Hay provincias con varios; otras, con uno solo, generalmente en la capital; y otras, sin ninguno. Como muestra el mapa de accesibilidad geográfica en 2015, muchos municipios españoles se encontraban a más de 50 o incluso 100 kilómetros del centro más cercano.

Esta variación geográfica importa, y mucho. Cuando una adolescente vive lejos de un centro, obtener un aborto ya requería, en la práctica, algún tipo de ayuda de un adulto: para desplazarse, por ejemplo. La ley de consentimiento parental formalizó algo que, para muchas jóvenes en zonas rurales o semirrurales, ya ocurría.

La predicción teórica es clara: si antes de la ley las jóvenes que vivían lejos ya necesitaban involucrar a sus padres para abortar, la nueva exigencia legal no añadió nada sustancial para ellas. En cambio, para quienes vivían cerca de un centro y, por tanto, tenían más autonomía, la ley sí introdujo una barrera nueva y real.

Los datos confirman exactamente esto. Las adolescentes que residían en municipios más próximos a un centro de aborto redujeron sus tasas de aborto de forma notable tras la reforma. En cambio, las que vivían más lejos prácticamente no cambiaron su comportamiento.

El papel del entorno: no solo importa si puedes, sino qué piensan tus padres

Además de la distancia, el entorno cultural y religioso del municipio donde vive una adolescente afecta cómo reacciona ante la ley. Para medirlo, se utiliza el porcentaje de bodas católicas en cada municipio como indicador de arraigo religioso local.

El patrón descriptivo es claro: en los municipios más religiosos, las tasas de aborto son menores. Esto sugiere que el entorno puede desempeñar un papel importante en la decisión de abortar.

¿Pero cómo interactúa con la ley de consentimiento? En los municipios más laicos, el efecto de la ley se traduce de nuevo en una reducción de los embarazos: menos abortos, pero no más nacimientos. En los municipios más religiosos, en cambio, el patrón es distinto: los embarazos no caen, pero más de ellos acaban en nacimiento en lugar de en aborto.

La interpretación es coherente con la idea de que, en entornos más tradicionales, el valor atribuido a la maternidad es mayor. Cuando la ley eleva el coste de abortar y además implica la participación de los padres, el resultado es que más embarazos llegan a término.

Un efecto no deseado: indicios de abortos no seguros

Uno de los resultados más preocupantes del análisis tiene que ver con lo que ocurre cuando el acceso formal al aborto se restringe, pero la demanda no desaparece. Todos los datos usados en el análisis proceden de registros administrativos. Por lo tanto, puede haber respuestas en el comportamiento de las adolescentes que no estén capturadas en los datos. Usando datos de altas hospitalarias, se construye una medida de complicaciones relacionadas con interrupciones del embarazo — un indicador que pretende reflejar, entre otras cosas, el uso de métodos no seguros.

Los datos muestran un aumento de estas complicaciones entre las adolescentes de 16 y 17 años tras la reforma, en comparación con las de 18 y 19 años. La prensa ya recogía casos de jóvenes que buscaban píldoras abortivas en internet, y los datos sugieren que algunas adolescentes, ante la barrera que supuso la ley, optaron por vías alternativas con mayores riesgos para su salud. Las cifras absolutas son bajas, ya que es un fenómeno poco frecuente, pero la señal es preocupante.

Qué nos dice todo esto

Esta investigación ilustra algo que a veces se pierde en los debates sobre política de salud reproductiva: las leyes no operan en el vacío. Su efecto real depende del contexto en el que se aplican, en este caso, la geografía o las normas sociales.

Una ley que exige consentimiento parental afecta de forma muy distinta a una adolescente que vive a cinco minutos de una clínica y a otra que vive a 100 kilómetros. Del mismo modo, el entorno religioso y cultural en el que vive una joven juega un papel importante en la forma en la que ella y su familia reaccionan ante la nueva situación. Las respuestas no son uniformes, sino que dependen de qué margen de decisión tienen y de qué valores guían esa decisión.

Esto tiene implicaciones directas para el diseño de políticas. Cuando se evalúa una reforma sobre el aborto, es necesario considerar las condiciones de partida: quiénes tienen acceso efectivo y quiénes no, qué barreras ya existen antes de que entre en vigor la nueva norma, y cómo distribuirá sus efectos entre distintos grupos de mujeres. Esta reforma fue derogada en 2023, pero el acceso al aborto en España sigue siendo desigual.