Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

Tras las elecciones en Extremadura, el concepto de “prioridad nacional” ha quedado incorporado al acuerdo de gobierno entre PP y VOX en nuestra comunidad autónoma, presentándose como una medida supuestamente beneficiosa para nuestra tierra. Sin embargo, detrás de esa expresión se esconde una visión vergonzante, cerrada y profundamente discriminatoria, que ataca derechos humanos básicos y que pretende señalar y criminalizar a las personas migrantes.

UGT Extremadura no comparte ese planteamiento y lo denuncia con claridad. El futuro de nuestra región no se construye levantando fronteras, alimentando consignas identitarias ni dando cobertura a discursos que, en demasiadas ocasiones, derivan en posiciones racistas y excluyentes. El futuro se construye afrontando con valentía los problemas reales de Extremadura.

Y en Extremadura la prioridad no puede depender del origen de las personas que vienen a nuestra tierra. La prioridad debe ser otra: crear empleo, fijar población, generar riqueza y ofrecer oportunidades.

Porque Extremadura no necesita más discursos de odio que dividan. Extremadura necesita futuro.

Llevamos demasiado tiempo viendo cómo nuestros jóvenes hacen las maletas, cómo nuestros pueblos pierden población y cómo nuestra economía continúa dependiendo de sectores que, por sí solos, no son capaces de garantizar empleo estable, de calidad y con perspectivas de desarrollo sostenido. Mientras tanto, seguimos atrapados en debates estériles, mientras las oportunidades pasan de largo.

La verdadera pregunta es sencilla: ¿qué necesita hoy Extremadura? Y la respuesta también lo es: una prioridad industrial clara, ambiciosa y valiente.

Ahí sí deberíamos poner el foco. Ahí sí deberíamos hablar de prioridad.

Extremadura necesita industria para transformar aquí lo que produce, para generar valor añadido, para retener talento y para dejar de ser una tierra de salida y convertirse en una tierra de oportunidades. Desde UGT Extremadura llevamos mucho tiempo defendiendo precisamente eso: la necesidad de una estrategia industrial seria, planificada y consensuada, capaz de marcar el rumbo de nuestra región para las próximas décadas.

No hablamos de medidas aisladas ni de anuncios puntuales. Hablamos de una visión de futuro. Por eso consideramos que la política industrial debe convertirse en la primera gran negociación del nuevo diálogo social. El futuro de Extremadura no puede seguir esperando.

Y esa estrategia exige inversión. Extremadura tiene que ser también un proyecto de país.

Vivimos en un mundo globalizado en el que las empresas invierten allí donde encuentran oportunidades, estabilidad y posibilidades de crecimiento. Y, afortunadamente, cuando hablamos de atraer inversiones a Extremadura, no suele escucharse aquello de la “prioridad nacional”. En ese terreno, parece que todo el mundo entiende que cerrarse no es una opción, que necesitamos abrir puertas y competir para atraer proyectos que generen desarrollo.

Pretender que una región como Extremadura pueda industrializarse dando la espalda a las empresas, a la inversión y al talento sería condenarla, una vez más, a quedarse atrás.

Pero con las personas debería ocurrir exactamente lo mismo.

Quien nace en un lugar con pocas oportunidades intenta buscar una vida mejor allí donde puede encontrar un empleo digno, estabilidad y un futuro para su familia. Ha ocurrido siempre. Lo hicieron nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas, cuando tuvieron que emigrar. Y lo siguen haciendo millones de personas en todo el mundo.

Extremadura lo sabe bien, porque Extremadura también es tierra de migrantes.

En el fondo, capital y personas responden a un mismo impulso: buscar futuro. Por eso resulta profundamente contradictorio defender la libre circulación del dinero mientras se cuestiona la movilidad de quienes buscan trabajo, dignidad y una oportunidad. No se le pueden poner puertas al campo.

La cuestión no debería ser de dónde vienen unas personas u otras. La cuestión es qué hacemos con esa realidad.

Si llega inversión, bienvenida sea, pero con exigencia: que genere empleo de calidad, que deje riqueza en el territorio, que tribute aquí, que transforme aquí y que contribuya a construir una Extremadura más fuerte.

Si llegan personas buscando una oportunidad, la respuesta tampoco puede ser el miedo ni el rechazo. La respuesta debe ser la inteligencia, la convivencia, la integración y el trabajo digno. Porque una sociedad abierta es también una sociedad más fuerte.

Eso también es defender nuestra tierra.

Defender Extremadura no es encerrarla. Defender Extremadura es abrirla al mundo con confianza, con ambición y con un proyecto propio.

Es entender que nuestra prioridad no puede ser una consigna identitaria basada en la raza, el origen o el país de nacimiento de las personas. Nuestra prioridad debe ser un proyecto colectivo.

Un proyecto que se llama industria.

Industria para crear empleo. Industria para fijar población. Industria para generar riqueza. Industria para transformar nuestro modelo productivo. Industria para que nuestros jóvenes puedan elegir quedarse.

Extremadura no necesita más resignación ni más debates estériles. Necesita decisiones. Necesita ambición. Necesita futuro.

Extremadura necesita una prioridad industrial. Y la necesita ya.