La sucesión de alertas epidemiológicas ha terminado por normalizar lo que hasta la fecha considerábamos excepcional. Hemos vivido cómo brotes de enfermedades infectocontagiosas, los más recientes de hantavirus o ébola, ocupaban los titulares durante unos días para después diluirse, aunque la advertencia que contienen siga ahí. Existe la percepción errónea de que estas patologías son propias de otros países geográficamente lejanos y no del nuestro, pero debemos tener en cuenta que con relativa frecuencia se atienden en nuestro país casos de enfermedades de este tipo como la fiebre del Nilo, el Chikungunya o la infección por el virus Zika. Todas estas alertas son síntomas de un cambio mucho más profundo. Debemos aceptar que las enfermedades emergentes han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en una amenaza real. La pandemia por COVID-19 no fue un accidente aislado, sino el gran aviso de un nuevo paradigma sanitario. 

Durante años, muchos sistemas de salud se han diseñado pensando fundamentalmente en el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y la mejora progresiva de la esperanza de vida. La idea de una crisis infecciosa global capaz de paralizar países enteros parecía pertenecer más al terreno de la ficción que a la realidad cotidiana. Hasta que todo cambió. 

La pandemia tensionó los hospitales, agotó a sus profesionales y puso frente al espejo las debilidades de sistemas sanitarios que, pese a su desarrollo tecnológico, no estaban preparados para responder a una emergencia de semejante magnitud. Se puso de manifiesto la falta de recursos materiales, pero también de planificación, coordinación y capacidad de adaptación. Y aunque la emergencia más aguda haya quedado atrás y ahora la percibamos como lejana, las sucesivas alertas epidemiológicas demuestran que la amenaza sigue vigente. 

Vivimos en un mundo globalizado donde un brote localizado puede extenderse rápidamente a escala mundial. El cambio climático, la deforestación, la movilidad humana y el contacto cada vez más estrecho entre personas y animales favorecen la aparición de nuevos patógenos o la expansión de otros ya conocidos. La consecuencia es evidente, las necesidades sanitarias están cambiando. Hoy ya no basta con disponer de buenos hospitales, sino que es imprescindible contar con sistemas sanitarios flexibles, capaces de anticiparse, resistir y responder con rapidez ante crisis sanitarias complejas. 

En ese escenario, hay un ámbito que se ha convertido en un auténtico termómetro de la fortaleza sanitaria de un país: la medicina intensiva. Durante la pandemia por COVID-19, las unidades de cuidados intensivos dejaron de ser espacios desconocidos para la mayoría de la población y pasaron a simbolizar, no solo la esperanza de la supervivencia, sino también el límite entre el colapso y la resistencia del sistema sanitario. Las cifras diarias de camas de UCI ocupadas se transformaron en un indicador colectivo del estado de la emergencia. 

Sin embargo, reducir la medicina intensiva a un conjunto de respiradores, EPIs y tecnología sería un error. Detrás de cada unidad de cuidados intensivos hay profesionales altamente especializados que trabajan bajo presión constante y están entrenados para tomar decisiones críticas en cuestión de minutos. Médicos intensivistas, personal de enfermería, auxiliares, fisioterapeutas y otros especialistas sostuvieron durante meses una presión asistencial inédita, muchas veces en condiciones extremas y con un enorme desgaste físico y emocional. 

La experiencia reciente debería haber dejado una lección clara, reforzar la medicina intensiva no es únicamente prepararse para futuras pandemias, sino fortalecer la capacidad global de respuesta del sistema sanitario. Porque las UCI no solo atienden infecciones graves, también representan la última línea de defensa ante múltiples emergencias médicas y catástrofes colectivas. 

Pese a ello, existe una tendencia colectiva a olvidar rápidamente las crisis una vez desaparece la sensación inmediata de amenaza. Pasado el impacto social de la COVID-19, el debate sanitario ha vuelto en muchas ocasiones al redil de la urgencia presupuestaria, de las listas de espera y del corto plazo político. Y, sin embargo, todo apunta a que las enfermedades emergentes  seguirán formando parte de nuestro horizonte durante las próximas décadas. 

La gran cuestión ya no es si volverá a producirse otra emergencia sanitaria global, sino cuándo ocurrirá y cómo de preparados estaremos. La respuesta dependerá, en buena medida, de la capacidad para entender que la sanidad del siglo XXI necesita nuevas prioridades: inversión sostenida en salud pública, en la formación de sus profesionales, en investigación biomédica y en el desarrollo de sistemas hospitalarios resilientes donde la medicina intensiva ocupe el lugar estratégico que realmente tiene. 

Las nuevas amenazas sanitarias han cambiado las reglas del juego. Ahora falta decidir si los sistemas de salud también están dispuestos a cambiar con ellas.