Mientras las imágenes de destrucción de Palestina ocupan portadas y titulares, otra violencia continúa creciendo imparable lejos del foco mediático. La violencia sexual y de género contra niñas y mujeres palestinas aumenta exponencialmente en Gaza y Cisjordania. No es un daño colateral ni una consecuencia inevitable de un conflicto armado. Es una grave violación de derechos humanos que en este caso adquiere una gravedad especial por el contexto de genocidio, ocupación ilegal, desplazamiento forzoso, detención y colapso institucional.

Lo más preocupante no es solo que esta violencia exista. Es que el mundo sigue sin responder con la contundencia que exige. Y cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado ante violaciones sistemáticas de derechos humanos y del Derecho Internacional, cuando ignora la violencia sexual y de género, el silencio deja de ser neutral para convertirse en complicidad.

Las organizaciones palestinas, particularmente las feministas y las de derechos de las mujeres, llevan años documentando esta realidad con evidencias y testimonios. Gracias a ello, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU denunció, en marzo de 2025, que la violencia sexual (incluida la tortura sexual) se ha convertido en “una herramienta de la ocupación israelí, perpetrando genocidio y perpetuando el sistema de opresión mediante la intimidación de la población palestina y su desplazamiento forzoso”.

Esta violencia atraviesa toda la arquitectura de la ocupación, y se manifiesta en centros de detención, puestos de control, incursiones militares y ataques constantes. Es ejercida a diario por las fuerzas de seguridad y por los colonos israelíes, en un contexto de total impunidad. La violencia sexual es empleada sistemáticamente para aterrorizar, sobre todo, a mujeres y niñas y perpetuar, un sistema genocida y de opresión de toda la población palestina. Un engranaje integral que infunde miedo, vergüenza, castigo, aislamiento de las supervivientes, para fracturar y desplazar forzosamente a las comunidades palestinas tanto en Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Se trata de una de las expresiones más extremas de violencia.

Las cifras son devastadoras. Según ONU Mujeres, más de 38.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza desde octubre de 2023 hasta finales de 2025 y más de un millón han sido desplazadas. La destrucción deliberada de infraestructuras sanitarias y de protección ha dejado a cientos de miles de ellas sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva o de atención psicosocial. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500.000 mujeres carecen actualmente de atención básica. Al mismo tiempo, los refugios improvisados y los espacios superpoblados multiplican los riesgos de violencia sexual y de género. Un reciente estudio de ActionAid España señala que el 78% de las mujeres encuestadas en Gaza afirmó haber sufrido al menos una forma de violencia sexual o de género.

Un mismo patrón en muchos lugares

Sin embargo, Palestina no constituye una excepción. Lo que ocurre allí forma parte de un patrón documentado desde hace años en numerosos conflictos. La violencia sexual se utiliza como arma de guerra, mecanismo de dominación y herramienta de represión política.

El último informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, presentado en abril de 2026 por la Representante Especial Pramila Patten, verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2025. La cifra supone más del doble de la registrada el año anterior y la ONU advierte de que está muy lejos de reflejar la verdadera dimensión del fenómeno. Violaciones, esclavitud sexual y secuestros siguen utilizándose como arma de guerra y represión política en países como Sudán, Haití, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar y República Centroafricana. Los casos documentados se caracterizan por una brutalidad extrema y afectan mayoritariamente a mujeres y niñas.

En Ucrania, la ONU documentó al menos 310 casos atribuidos a fuerzas rusas, incluidos abusos contra personas detenidas y prisioneros de guerra. En Sudán, la violencia sexual se utiliza de forma generalizada para aterrorizar y desplazar comunidades, con casos de violaciones masivas, esclavitud sexual y matrimonios forzados. En Haití, las bandas armadas emplean las violaciones y agresiones sexuales como mecanismo deliberado de dominación y castigo colectivo en los territorios que controlan.

El informe incluye además una lista de 77 entidades gubernamentales y no gubernamentales responsables de perpetrar violencia sexual en conflictos, entre ellas las fuerzas armadas y de seguridad rusas, israelíes, así como militantes de Hamás.

En el este de la República Democrática del Congo, entre enero y septiembre de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) denunció más de 80 000 casos de violación, lo que supone un aumento del 32 % con respecto al mismo periodo de 2024. Personal militar y grupos armados perpetran ataques contra grupos étnicos concretos; secuestros y raptos con fines de esclavitud sexual; y violaciones en granjas y otros lugares de trabajo o mientras las mujeres y las niñas se encontraban en tránsito. Además, los recortes repentinos de la ayuda internacional de Estados Unidos interrumpieron bruscamente la atención sanitaria de urgencia y otras formas de apoyo a miles de supervivientes de violencia sexual. Muchas contrajeron el VIH o quedaron embarazadas porque las clínicas y los hospitales del este del país se quedaron sin existencias de kits de profilaxis postexposición.

No son, por tanto, casos aislados; responden a un patrón de violencia muy específico que requiere una respuesta política igualmente sistemática. La violencia sexual no es exclusiva de un conflicto ni de un único actor armado. Está presente allí donde la guerra destruye instituciones, garantías jurídicas y mecanismos de protección.

La urgencia de un enfoque feminista

La aplicación de un enfoque integral de paz feminista implica ir más allá de la lógica de conflicto militar, exige medidas claras que garanticen la protección de la vida, la justicia y los derechos humanos. Exige investigaciones independientes, rendición de cuentas, garantía de financiación sostenida para organizaciones feministas, de mujeres y jóvenes. Y por supuesto, su participación efectiva en todos los espacios de negociación, reconstrucción y construcción de paz.

No puede olvidarse tampoco que explicar la violencia sexual en conflictos exige responsabilidad. Las mujeres y niñas palestinas, sudanesas, ucranianas, yemeníes o haitianas no son solo víctimas; son defensoras de derechos humanos, periodistas, sanitarias, estudiantes, lideresas comunitarias y sostén de sus familias en condiciones extremas. Frente a la violencia que sufren de forma sistemática, es imprescindible escuchar sus voces, proteger su dignidad y evitar narrativas que las revictimicen. Pero también lo es acabar con la impunidad: la justicia y la acción política deben actuar de manera urgente. La respuesta internacional no puede seguir dependiendo de intereses geopolíticos o ciclos mediáticos. La protección de mujeres y niñas frente a la violencia sexual debe ser una prioridad política global y nacional, y una obligación ética innegociable.

España tiene una oportunidad para demostrar ese compromiso. La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, que se celebra en Madrid bajo el lema “Construyendo Paz y Democracia”, no debería limitarse a declaraciones genéricas sobre igualdad. España y los Estados participantes en este encuentro deben abordar de manera explícita la prevención y respuesta a la violencia sexual en conflictos armados, incorporándola como una prioridad en sus presupuestos y en su acción exterior, humanitaria y de cooperación internacional.

Frente a crímenes que destruyen vidas, comunidades y generaciones enteras, el silencio alimenta la impunidad. Cuando la violencia sexual se utiliza como instrumento de guerra, callar no es una opción. No actuar tampoco.