Tres historiadoras han sacado a la luz, en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo, la documentación necesaria para entender cómo se ocultó la violencia del Patronato de Protección a la Mujer. Su libro, Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato, muestra las maniobras burocráticas con las que el Estado intentó tapar su propio pasado.

El 5 de agosto de 2025, Esther López Barceló lanzó un mensaje en un grupo de WhatsApp de historiadores y archiveros: no llegaban a tiempo con Inmaculada y se habían topado con un callejón sin salida. Junto a Marta García Carbonell y María Palau Galdón, buscaba documentación sobre la muerte de Inmaculada Valderrama en el reformatorio de San Fernando de Henares en Madrid.

A la desesperada, preguntaron dónde se custodiaba el fondo del Consejo Superior de Protección de Menores.

La respuesta llegó enseguida: el fondo está en el Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los técnicos recomendaron formalizar la solicitud cuanto antes, porque una primera búsqueda ya arrojaba varios resultados vinculados al caso. Con la normativa de acceso en la mano, era posible consultar los expedientes relativos a Inmaculada.

Pero aquí no se trata solo de localizar expedientes. Sin nombres y apellidos es imposible reconstruir una historia, especialmente cuando se trata de hacer visibles trayectorias históricamente invisibilizadas.

El derecho de acceso no puede aplicarse de forma restrictiva. En ese punto, el papel de los técnicos de archivo resulta decisivo: no se trata de aplicar reglas de forma mecánica, sino de ponderarlas para garantizar el acceso a nuestro Patrimonio Documental. Las resoluciones que permitieron a estas investigadoras acceder a los datos no son simples actos administrativos; son los instrumentos que hacen posible, o impiden, el Derecho a la Verdad. Hoy pueden consultarse en el recién inaugurado Repositorio de Resoluciones del Archivo Central, una iniciativa pionera en el sistema de archivos de la Administración General del Estado.

Cuando por fin aparece la documentación, no emergen solo papeles, sino también el relato oficial de lo ocurrido. La muerte de la joven, tras caer por una ventana de la Torre B en circunstancias extrañas, apunta a una posible negligencia y a responsabilidades no aclaradas. Los expedientes localizados revelan, sobre todo, la prisa del Patronato por encerrar el caso en la lógica administrativa y apartar cualquier exigencia de responsabilidad.

Ahí es donde entra el libro. Inmaculada funciona como una investigación con ritmo de thriller, no solo por la historia que cuenta, sino por cómo la cuenta. Las tres historiadoras convierten la investigación en una narración precisa y tensa, que arrastra al lector y lo obliga a enfrentarse a los hechos. No hay distancia cómoda: hay avance, sospecha y una indignación creciente.

El libro ilumina las continuidades del franquismo en los primeros años ochenta a través de tres ejes. El primero es una visión punitiva y moralizante, profundamente arraigada en el nacionalcatolicismo, dirigida sobre todo contra mujeres y menores de clase trabajadora. El segundo es una represión institucional apoyada en estructuras externalizadas, como las Cruzadas Evangélicas. Y el tercero es una constatación difícil de ignorar: la historia de Inmaculada y la de sus compañeras también habla del destino de clase y de género, de vidas marcadas desde el origen por la falta de salida.

La Torre B de Nuestra Señora de la Almudena concentra todo eso. El libro logra algo poco frecuente: convertir el espacio en experiencia. El lector recorre sus escaleras con una sensación constante de opresión. Aun así, este lugar sigue fuera del mapa reconocido de la memoria democrática.

De aquella conversación inicial en WhatsApp nació la necesidad de ampliar el foco. De ahí se desprende el monográfico que publicará próximamente Nuestra Historia (n.º 22, 2026), coordinado por María Palau y por el propio autor de estas líneas: “Patronato de Protección a la Mujer. El universo carcelario para niñas y jóvenes del franquismo a la democracia”. El proyecto pretende diseccionar un sistema de represión que siguió activo entre 1941 y 1985. También busca romper un silencio sostenido por la impunidad y sacar a la luz dinámicas marcadas por la explotación económica, la psiquiatrización y la coerción moral. Al incorporar los testimonios de las supervivientes como fuente documental de primer orden, el dossier aspira a situar este legado en el centro del debate sobre nuestro pasado reciente.

Porque abrir esas cajas y revisar esos expedientes no es solo leer el pasado: es la única forma de evitar que la historia de estas niñas siga escribiéndola quienes las encerraron y tiraron la llave.