¿Se acuerdan de las ratas?

Durante unos días ocuparon titulares, tertulias, redes sociales y declaraciones políticas. Se convirtieron en el símbolo de una polémica que llevó a Canarias a las portadas nacionales e internacionales.

Y quizá convenga volver atrás.

No para hablar de ratas. Para hablar de miedo y de memoria.

Porque hubo un momento en el que desde Canarias se lanzaron mensajes que hicieron que muchos ciudadanos miráramos aquel barco de otra manera. Un barco que, de repente, parecía representar una amenaza para nuestras costas, nuestra población y nuestra seguridad.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue uno de los principales protagonistas de aquella posición.

Y tenía derecho a estar preocupado. Por supuesto que sí. Un presidente tiene la obligación de preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos, pero también tiene una responsabilidad extraordinariamente importante: medir sus palabras, porque cuando un ciudadano expresa miedo, expresa miedo. Cuando lo hace el presidente de una comunidad autónoma, sus palabras pueden convertirse en alarma.

Y ahí está, a mi juicio, el verdadero problema.

Durante aquellos días se habló de ratas que podían llegar a la costa y de riesgos que terminaron siendo descartados por los informes sanitarios. El Gobierno de España llegó incluso a ordenar la acogida del buque en Granadilla después de la oposición de Clavijo al fondeo.

El miedo encontró un altavoz institucional.

¿Cuántos tuvimos miedo? ¿Cuántos miramos aquel barco de otra manera? ¿Cuántos pensamos que estábamos ante una amenaza mayor de la que finalmente fue?

Y, sobre todo, ¿cuántos dejamos que aquel miedo cambiara nuestra manera de mirar a quienes viajaban en él?

Porque detrás de aquel barco había personas de 23 nacionalidades que no habían elegido enfermar ni convertirse en protagonistas involuntarias de una batalla política.

Conviene decirlo con claridad: el brote fue real y fue grave. La OMS registró 13 casos y tres fallecimientos. Precisamente por eso la respuesta debía estar en manos de quienes saben de salud pública.

España activó los protocolos. Las autoridades sanitarias coordinaron el operativo. Se realizó el seguimiento de pasajeros y contactos. La crisis fue gestionada.

Pero hay algo que me parece todavía más importante: después, la Organización Mundial de la Salud reconoció esa respuesta.

Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la profesionalidad y serenidad de los sanitarios, la coordinación de las autoridades españolas y la solidaridad de la población canaria. También calificó la decisión española de acoger el barco como un acto de solidaridad y deber moral.

Eso también fue Canarias.

Mientras la polémica llenaba titulares, hubo profesionales trabajando en silencio, instituciones coordinándose y ciudadanos demostrando solidaridad.

Y eso debería formar parte de nuestra memoria, porque quizá una de las cosas más inquietantes del miedo político es su capacidad para instalarse rápidamente y desaparecer después.

Primero llega la alarma. Después otra noticia. Y aquello que dijimos desaparece. Pero las palabras no desaparecen tan fácilmente para quien las escuchó cuando tenía miedo.

Por eso debemos recordar. No para alimentar nuevamente la alarma, sino para comparar, preguntarnos qué ocurrió realmente y aprender.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿Quién pidió perdón?

El 12 de mayo, el ministro Ángel Víctor Torres pidió públicamente a Fernando Clavijo que reconociera sus errores y se disculpara por sus acusaciones. Pero, hasta donde consta públicamente, aquella disculpa no llegó.

No creo que un político tenga que acertar siempre. Los políticos son seres humanos y también se equivocan. Lo que sí deberíamos exigirles es algo mucho más sencillo: que sepan reconocerlo.

Pedir perdón no debilita a un político. Lo engrandece. Reconocer un error no es perder autoridad. Es demostrar que se tiene.

Fernando Clavijo es el presidente de todos los canarios: de quienes le votaron y de quienes no; de quienes estuvieron de acuerdo con sus palabras y de quienes las cuestionaron. Y precisamente por eso sus palabras tienen un peso que va mucho más allá de una declaración política.

Mientras escribo estas líneas, Ceuta vuelve a ocupar los titulares. Un informe policial conocido estos días apunta a que la entrada masiva de migrantes de finales de julio fue planificada y señala una actuación permisiva e incluso un posible guiado por parte de agentes marroquíes. Pero la propia información conocida hasta ahora no permite convertir todas esas conclusiones en una verdad definitiva ni atribuir la operación al Gobierno de Marruecos como Estado. La investigación judicial sigue abierta y existen también discrepancias sobre qué información previa recibió el Ejecutivo.

Y ahí está la lección.

Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que compartimos. Cuidado con lo que damos por cierto simplemente porque lo repiten muchas veces.

Porque entre una información, una interpretación y una verdad existe una distancia que, cuando hay miedo, podemos recorrer demasiado deprisa.

Lo vimos con las ratas.

Y quizá volvamos a verlo mañana con otra historia, con otro barco, con otra frontera o con otro miedo.

Canarias debería recordar su propia historia. Sabemos lo que significa marcharse, hacer una maleta, cruzar un océano y llegar a un lugar donde nadie te conoce.

Durante generaciones, miles de canarios emigraron a Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, México y tantos otros lugares. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos fueron los extranjeros: los que llegaron desde fuera, tuvieron que empezar de nuevo y necesitaron que alguien les abriera una puerta.

Por eso las fronteras pueden separar territorios, pero no deberían separar dignidades.

Proteger a nuestra población es una obligación. Proteger no significa deshumanizar. Tener miedo no nos da permiso para convertir al otro en una amenaza antes de conocerlo. Por eso, cuando pienso hoy en aquellas ratas, no pienso solamente en los roedores.

Pienso en la facilidad con la que una crisis puede convertir a personas en titulares. En la facilidad con la que el miedo puede convertirse en una herramienta política.

¿Qué sentimos aquel día? ¿Qué creímos? ¿Qué dijimos? ¿Qué compartimos? ¿Cuánto tardamos en olvidar?

Las emergencias sanitarias deben gestionarlas los sanitarios. Las decisiones deben tomarse con ciencia. Los gobiernos deben coordinarse. Y los políticos deberían pensar dos veces antes de convertir una emergencia en una batalla política.

Porque el miedo es demasiado poderoso para utilizarlo alegremente. Y una sociedad asustada es una sociedad vulnerable.

Hoy las ratas ya no ocupan nuestros titulares. El barco se fue. El brote terminó. Los pasajeros siguieron sus vidas. Nosotros seguimos con las nuestras.

Pero yo no quiero olvidar.

No quiero olvidar el miedo que se generó. No quiero olvidar las palabras que escuchamos. No quiero olvidar que hubo una respuesta sanitaria reconocida por la Organización Mundial de la Salud.

Y tampoco quiero olvidar que, cuando un político se equivoca, existe una palabra que debería formar parte de su vocabulario tanto como “responsabilidad”: perdón

Porque las ratas se fueron. El barco también. Los titulares cambiaron.

Pero la memoria debería quedarse.

Y la próxima vez que el miedo vuelva a llamar a nuestra puerta, quizá deberíamos recordar aquella historia antes de abrirle.

Porque un presidente puede equivocarse. Lo que no debería hacer nunca es pedirle a su pueblo que olvide que tuvo miedo.

Hay casas en Canarias donde estos días huele a libro nuevo y a mochila recién comprada. A lápices sin estrenar. A estuches que todavía conservan ese orden que perderán en pocas semanas.

Hay niños contando los días para volver al colegio y padres intentando que no falte nada.

Y hay una casa donde una niña también prepara su mochila.

Sus padres son jóvenes. Están ilusionados y nerviosos, como todos.

Pero mientras colocan los libros, ellos tienen una pregunta que otros padres no necesitan hacerse: ¿Estará el colegio preparado para nuestra hija?

Ella tiene autismo. Y mañana no solo estrenará curso. Sus padres estrenarán también una preocupación.

¿Habrá suficientes apoyos? ¿La entenderán? ¿Tendrá los recursos que necesita? ¿Podrá participar como los demás?

Porque hay familias para las que la vuelta al cole no termina cuando se cierra la mochila.

Empieza entonces.

Y conviene decirlo sin rodeos: una niña con discapacidad no necesita que la escuela le haga un favor. Necesita que la escuela cumpla con su obligación.

Canarias ha dado pasos en inclusión y este curso mantiene proyectos y medidas específicas para atender al alumnado con necesidades educativas diversas. Pero reconocer los avances no debería impedirnos hacer la pregunta incómoda: ¿de qué sirve que un niño tenga una plaza si después tiene que pelear para poder ocuparla en igualdad?

Porque inclusión no es matricular. Inclusión es participar. Es aprender. Es jugar. Es salir al recreo. Es hacer una excursión. Es poder estar en el aula sin que la discapacidad convierta cada día en una negociación.

Mientras unos padres preparan mochilas, otros preparan carpetas llenas de informes, solicitudes, valoraciones y documentos.

Y quizá ese sea uno de los mayores fracasos de nuestro sistema: que algunas familias tengan que convertirse en expertas en Administración para conseguir aquello que debería estar garantizado por derecho.

Y no ocurre solamente en los colegios.

También ocurre en las universidades.

Hay estudiantes sordos que llegan al aula con las mismas ganas que cualquier otro estudiante y que necesitan apoyos para poder seguir plenamente lo que ocurre dentro de ella.

Un intérprete de lengua de signos no es un privilegio, ni es una ayuda extraordinaria, es un recurso que permite que una persona pueda acceder a la educación en igualdad.

La Universidad de La Laguna contempla entre sus medidas de apoyo al alumnado con discapacidad la posibilidad de solicitar interpretación en lengua de signos. Pero una cosa es que el recurso exista y otra que llegue cuando se necesita, durante el tiempo que se necesita y sin convertir cada curso en una nueva carrera de obstáculos. Porque estudiar una carrera ya exige bastante esfuerzo como para tener que luchar además por poder entenderla.

Y después están las personas sordociegas.

Ahí las palabras “accesibilidad” e “inclusión” adquieren otra dimensión.

Comunicación. Información. Orientación. Desplazamientos. Mediación.

No hablamos simplemente de colocar una rampa o adaptar un documento. Hablamos de contar con la persona y el apoyo adecuados para poder comunicarse y desenvolverse.

La mediación para las personas sordociegas no es un extra. Para algunas personas, es la diferencia entre participar o quedarse fuera.

Y están también los estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave. La mayoría estudia en centros ordinarios, con apoyos especializados y recursos adaptados. Pero la inclusión no termina cuando el alumno entra en el aula.

También está el recreo. El comedor. Una excursión. Una actividad extraescolar. Un cambio de clase. Esos minutos en los que no hay una pizarra delante, pero sí hay algo igual de importante: infancia.

Porque un niño no va al colegio únicamente para aprender matemáticas o lengua. Va para jugar, relacionarse, hacer amigos, descubrir quién es y aprender a desenvolverse con los demás.

Y ahí también necesita apoyo quien lo necesita.

De poco sirve que durante una hora tenga todos los recursos si después, en el patio, nadie sabe cómo acompañarlo. Si una excursión se convierte en una barrera. Si una actividad deja de ser accesible. Si el comedor o los espacios comunes se convierten en lugares donde vuelve a quedarse al margen.

La inclusión no puede funcionar por tramos horarios.

Un niño no deja de necesitar apoyos cuando suena el timbre.

Porque un colegio accesible no es solamente un colegio al que se puede entrar. Es un colegio en el que se puede estar en el aula, pero también en el patio, en la excursión, en la actividad, en el comedor… en todos esos lugares donde, sencillamente, ocurre la vida.

Y quizá ahí esté la verdadera diferencia.

Hemos aprendido a utilizar mucho la palabra “inclusión”.

Está en las leyes. En los planes. En los proyectos. En los discursos.

Pero la inclusión no se demuestra escribiéndola. Se demuestra un martes cualquiera, a las diez de la mañana, dentro de un aula, cuando una niña con autismo tiene el apoyo que necesita, cuando un estudiante sordo puede seguir una explicación, cuando una persona sordociega dispone de mediación, cuando un alumno ciego recibe su material accesible al mismo tiempo que sus compañeros. Ahí es donde se decide si estamos hablando de inclusión o simplemente de buenas intenciones.

Porque hay algo que tampoco deberíamos olvidar: los derechos no pueden depender de la capacidad de una familia para insistir. No deberían depender de cuántas veces llame una madre. De cuántas reuniones consiga. De si sabe a qué puerta llamar. De si tiene tiempo para presentar una reclamación. Ni de cuánto pueda aguantar.

Una familia no debería tener que convertirse en una corredora de fondo para que su hijo pueda estudiar.

La Administración puede hablar de recursos.

Las estadísticas pueden hablar de plazas.

Los programas pueden hablar de inclusión.

Pero las familias saben perfectamente cuándo un recurso llega tarde. Y cuando llega tarde, para un niño puede significar perder una clase. Un trimestre. Una oportunidad. A veces, algo mucho más difícil de recuperar.

Mañana miles de niños volverán al colegio.

Habrá mochilas nuevas, libros, nervios, abrazos, lágrimas, fotografías en las puertas.

Y quiero volver a aquella casa. A aquella niña. A sus padres jóvenes preparando la mochila.

Quiero imaginar que cuando ella cruce mañana la puerta del colegio, ellos puedan sentir lo mismo que cualquier otro padre.

Que su hija está empezando un nuevo curso. No una nueva batalla.

Que puedan preguntarse si hará amigos, si le gustará su profesora, si volverá contenta a casa. Y no sí tendrá el apoyo que necesita.

Porque la pregunta nunca debería ser si una niña con autismo está preparada para la escuela. Ni si un estudiante sordo está preparado para la universidad. Ni si una persona ciega puede adaptarse al aula.

La pregunta debería ser si nosotros estamos preparados para ellos.

Porque la discapacidad no debería obligar a nadie a demostrar cada septiembre que merece estar dentro.

La inclusión no consiste en dejar entrar. Consiste en hacer sitio. Y ese sitio no puede depender de una solicitud, ni de una reclamación, ni de la suerte.

Cuando suene el timbre, todos deberían empezar el mismo curso, pero no porque todos sean iguales, sino porque todos tengan las mismas oportunidades para aprender.

Y quizá ese sea el verdadero examen de septiembre.

No el de nuestros hijos.

El nuestro.

En septiembre de 2025 entré en un edificio del Gobierno de Canarias con una carpeta bajo el brazo. Dentro había informes médicos, documentación y una solicitud muy sencilla: incorporar a mi certificado de discapacidad una nueva patología reconocida.

La funcionaria que me atendió fue correcta, profesional y cercana. Recogió la documentación y, antes de despedirme, me transmitió tranquilidad: “En un plazo máximo de seis meses tendrá una resolución. Puede consultar el estado de su expediente a través de la sede electrónica o llamando al 012”.

Salí de allí convencido de que la Administración podía tardar, pero de que el procedimiento ya había comenzado.

Me equivoqué. Pasaron seis meses. Luego siete. Después ocho. Nueve. Diez.

En varias ocasiones llamé al 012 para interesarme por el estado de mi expediente. Siempre encontraba respuestas parecidas. Hay mucho trabajo. Todavía no está informatizado. Debe esperar.

Y uno espera.

Porque entiende que detrás de cada mesa hay profesionales que hacen cuanto pueden con los medios de los que disponen.

Porque sabe que la Administración no siempre avanza al ritmo que necesitan los ciudadanos.

Y porque, casi sin darse cuenta, termina normalizando lo que nunca debería ser normal.

Hasta que hace unas semanas ocurrió algo que cambió por completo mi manera de entender este proceso.

La operadora del 012, cuya amabilidad merece ser reconocida, intentó localizar mi expediente. Buscó. Volvió a buscar. Guardó silencio. Yo también.

Finalmente me pidió el número de registro de la solicitud presentada hacía casi un año.

¿Por qué?

Porque el expediente ni siquiera aparecía en el sistema. No estaba pendiente. No estaba retrasado. No estaba en tramitación. Simplemente, para la propia Administración, todavía no existía.

Y en ese instante comprendí que el verdadero problema no era la demora. Era otro mucho más inquietante.

¿Cómo puede confiar un ciudadano en una Administración que, once meses después de presentar una solicitud, todavía no sabe que existe?

Una Administración puede pedir paciencia. Lo que no puede pedir es fe. Porque presentar un expediente es un trámite. Descubrir casi un año después que ese expediente nunca llegó a existir para quien debe resolverlo es una forma de abandono.

Ese día entendí que el tiempo no es lo único que se pierde.

También se pierde la confianza.

Y cuando una institución pierde la confianza de quienes dependen de ella, pierde una parte esencial de su razón de ser.

Detrás de cada expediente no hay un número.

Hay una persona.

Hay un diagnóstico.

Hay informes médicos.

Hay tratamientos.

Hay derechos.

Hay familias esperando.

Hay decisiones que condicionan la vida de alguien.

Y, sobre todo, hay dignidad.

Porque nadie presenta una solicitud por capricho. Se presenta para mejorar su calidad de vida. Para acceder a un derecho. Para obtener un recurso. Para poder seguir adelante.

Ninguna persona debería sentir que su vida puede quedarse detenida porque un expediente todavía no ha encontrado un ordenador donde existir.

Nos hemos acostumbrado a escuchar que la Administración está desbordada. Que faltan medios. Que hay demasiados procedimientos pendientes. Quizá sea cierto. Pero ninguna de esas explicaciones puede convertirse en una excusa permanente para aceptar lo inaceptable.

Porque cuando una Administración pierde el rastro de un expediente, no pierde un papel. Pierde la confianza de un ciudadano. Y esa confianza cuesta mucho más recuperarla que cualquier documento.

No escribo estas líneas porque crea que mi caso sea excepcional. Las escribo precisamente porque temo que no lo sea. Porque detrás de cada llamada al 012 puede haber otra persona esperando. Otra familia pendiente de una resolución. Otro ciudadano intentando entender por qué su vida depende de un expediente que todavía no existe para quien debe resolverlo.

La Administración perdió un expediente. Yo no. Yo sigo aquí.

Esperando.

Porque los expedientes no esperan.

Esperan las personas.

Nunca había visto a un político escribir tantas cartas al mismo destinatario. No son cartas de papel. Son discursos. Entrevistas. Mítines. Ruedas de prensa. Declaraciones.

Todas terminan llegando al mismo lugar: La Moncloa.

Hay historias de amor que nunca terminan. No porque continúen, sino porque una de las dos partes nunca acepta que han terminado.

Son historias construidas sobre la esperanza de que una llamada, un error o un golpe de suerte cambien el destino.

La política, a veces, también escribe ese tipo de cartas.

Desde hace más de tres años, buena parte del discurso del principal partido de la oposición parece comenzar y terminar en el mismo sitio: Pedro Sánchez.

No importa el escenario. Da igual que sea un mitin, una entrevista o una comparecencia. Al final, el mensaje siempre encuentra el mismo destinatario. Debe marcharse.

Y es entonces cuando uno se hace una pregunta. ¿Cuándo una oposición deja de construir un proyecto para empezar a depender demasiado del adversario?

Porque existe una diferencia enorme entre fiscalizar a un Gobierno y convertirlo en el eje de toda la acción política.

La oposición es imprescindible. Debe controlar. Criticar. Denunciar. Proponer.

Sin una oposición fuerte, la democracia se debilita.

Pero la verdadera oposición no empieza cuando pides que un presidente se marche. Empieza cuando consigues que los ciudadanos quieran que seas tú quien lo sustituya.

Hay oposiciones que intentan conquistar la confianza de la ciudadanía. Y hay otras que terminan escribiéndole cartas a la Moncloa. Ese es el verdadero riesgo.

Porque la política deja de ser alternativa cuando necesita que el adversario siga existiendo para poder explicarse. Cuando todo gira alrededor del rival, el rival acaba marcando el ritmo. Acaba ocupando todos los discursos.

Acaba convirtiéndose en el protagonista de una historia que debería tener otro autor.

Ganar unas elecciones nunca ha garantizado gobernar.

En una democracia parlamentaria gobernar exige convencer, negociar y construir mayorías. Así ha sido siempre.

Y así seguirá siendo mientras los ciudadanos no decidan cambiar las reglas.

Quizá por eso resulta tan llamativo que, tres años después, parte del debate político siga detenido en la misma noche electoral. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el país pudiera resumirse en una única pregunta.

¿Cuándo se irá Pedro Sánchez?

Mientras tanto, España sigue esperando respuestas. La vivienda. La sanidad. La dependencia. La financiación autonómica. La productividad. La transición energética. La inteligencia artificial. La accesibilidad. Los jóvenes que no pueden emanciparse. Los mayores que viven solos. Las familias que hacen auténticos malabares para llegar a fin de mes.

Todo eso continúa ahí.

Esperando algo más que una consigna.

Quizá esa sea la mayor derrota de nuestra política.

Que discutimos demasiado sobre quién debe abandonar un edificio y demasiado poco sobre cómo mejorar la vida de quienes jamás vivirán dentro de él.

Las mejores historias de amor terminan cuando uno comprende que nadie está obligado a corresponder nuestros sentimientos.

La política debería aprender una lección parecida. Porque ningún edificio se conquista escribiéndole cartas. Se conquista consiguiendo que los ciudadanos quieran entregarte las llaves.

Y las llaves de la Moncloa nunca las entrega quien vive dentro.

Las entregan quienes son sus únicos propietarios.

Los ciudadanos.

Hace unos días fui a cortarme el pelo.

Salí de la peluquería pensando en la memoria. No en la memoria histórica, en otra mucho más frágil. La memoria de quienes un día también fueron extranjeros.

Mientras esperaba mi turno, la conversación derivó hacia la política. Después hacia la inmigración. Y, casi sin darme cuenta, empecé a escuchar frases que me resultaban difíciles de comprender.

“Aquí hay demasiados inmigrantes”, “a ver si llega Vox y pone orden”, “hay demasiados maricones”. Lo sorprendente no era escuchar esas opiniones.

En una democracia cada persona tiene derecho a pensar y votar lo que considere. Lo verdaderamente sorprendente era quién las pronunciaba.

Delante de mí había personas que un día también hicieron una maleta, que también dejaron atrás su país, que también llegaron buscando exactamente lo mismo que buscan hoy quienes siguen cruzando fronteras, una oportunidad.

Intenté recordar algo muy sencillo. Que todos, en algún momento, habíamos ocupado el lugar de quien llega. La respuesta fue inmediata: “Ahora ya somos españoles”. Y entonces comprendí que el pasaporte cambia mucho más deprisa que la memoria.

Sería profundamente injusto convertir aquella conversación en un retrato de quienes llegaron a España desde otros países. No lo es. He conocido a muchísimas personas migrantes cuya solidaridad, su esfuerzo y su memoria son un ejemplo, personas que jamás olvidarían lo difícil que fue empezar de nuevo en un lugar desconocido.

Precisamente por eso me impresionó tanto aquella escena, porque no representaba a la mayoría, pero sí reflejaba una realidad incómoda: cualquiera de nosotros puede olvidar de dónde viene cuando por fin siente que pertenece al lugar al que llegó.

Y quizá ahí empiece el verdadero problema. No hablo de ideologías, ni de partidos, ni siquiera de inmigración. Hablo de memoria. Porque la memoria es el documento que más rápido caduca cuando dejamos de necesitarlo.

Todos tenemos derecho a cambiar de país, a cambiar de trabajo, a construir una vida mejor. Lo que nunca deberíamos cambiar es la capacidad de reconocernos en quien llega detrás, porque nadie abandona su casa por capricho, nadie cruza un océano, nadie atraviesa una frontera, nadie se juega la vida en una patera porque le apetezca.

Las personas emigran porque creen que al otro lado existe una oportunidad que en su tierra ya no encuentran. Exactamente igual que hicieron millones de españoles hace décadas. Exactamente igual que hicieron miles de canarios rumbo a Venezuela, Cuba o Alemania.

La historia cambia de escenario, nunca cambia de motivo. La memoria tampoco debería tener nacionalidad.

Se pierde igual en quien nació aquí que en quien llegó desde miles de kilómetros.

Quizá el verdadero problema no sea la inmigración, quizá el verdadero problema sea la facilidad con la que algunos olvidan que un día también fueron extranjeros.

Porque lo peor que puede perder un inmigrante no es su pasaporte, es la capacidad de reconocerse en quien llega detrás.

La puerta que un día se abrió para nosotros no puede convertirse en la puerta que cerremos detrás, porque todos tenemos derecho a cambiar de país. Pero nadie debería cambiar de memoria.

Siete meses esperando una solución que siempre parece estar en otra parte.

Hay problemas que empiezan con una pantalla y terminan convirtiéndose en una barrera.

El mío empezó el 28 de enero de 2026, cuando compré un iPhone 17 Air.

Hasta entonces utilizaba ten+móvil con absoluta normalidad para viajar en las guaguas de TITSA y en el tranvía de Tenerife. Era cómodo, rápido y, sobre todo, me permitía algo que para muchos puede parecer insignificante: viajar sin depender de nadie.

Pero desde entonces la aplicación dejó de funcionar correctamente en mi teléfono.

Y hoy, siete meses después, sigo esperando.

No hablamos de una aplicación cualquiera. Ten+móvil forma parte del sistema de billetaje de Metropolitano para viajar en tranvía y guaguas. La propia compañía ha presentado además su evolución tecnológica como una herramienta accesible, desarrollada con la colaboración de personas con discapacidad.

Precisamente por eso resulta difícil entender lo que está ocurriendo.

Durante estos meses he escrito. He llamado. He vuelto a escribir.

Y siempre he terminado en el mismo lugar: esperando.

Quiero ser preciso. No estoy diciendo que el problema afecte a todos los iPhone. En mi caso concreto afecta a mi iPhone 17 Air y me impide utilizar con normalidad una herramienta que antes utilizaba todos los días.

Podría parecer un inconveniente menor.

No lo es.

Cuando una tecnología permite dejar de depender de otra persona, se convierte en autonomía.

En mi caso existe, además, una circunstancia añadida: tengo una discapacidad visual grave.

Antes podía sacar mi teléfono, utilizar ten+móvil y continuar mi viaje. Ahora, cuando necesito utilizar el servicio, tengo que recurrir a un iPad.

Pero mi iPad no tiene conexión propia. Tengo que compartirle los datos desde el iPhone, sacar dos dispositivos, manejar el iPad, llevar mi mochila y mi bastón, y hacerlo en una parada, una guagua o un tranvía.

Y no debería tener que asumir esa incomodidad o ese riesgo simplemente para poder pagar un viaje.

En una ocasión incluso me quedé tirado porque el iPad no consiguió conectarse correctamente al iPhone. El conductor fue amable, pero me dijo que no podía esperar.

Y yo tuve que quedarme allí.

Eso es lo que ocurre cuando una barrera tecnológica termina convirtiéndose en una barrera de autonomía.

Hay una frase que me acompaña desde hace tiempo: las barreras a veces no son arquitectónicas. Son mentales. Pero también pueden ser tecnológicas.

No quiero que esta columna se convierta en una historia exclusivamente sobre discapacidad. Hay otros usuarios de iPhone afectados. Estamos hablando de un servicio público.

Existe una alternativa: la tarjeta física. Pero para mí no es una solución sencilla. Para renovarla tengo que desplazarme a un punto físico y, por mis circunstancias, necesito acudir acompañado. No siempre tengo a alguien disponible.

La alternativa existe sobre el papel. La autonomía, no necesariamente.

Y entonces llegamos a la pregunta que llevo siete meses haciéndome: ¿quién tiene que solucionar esto?

El 7 de agosto envié una nueva reclamación formal a Metropolitano explicando toda la situación.

La respuesta que recibí fue esta: “Lamentamos que su terminal no sea compatible con la app tenmasmovil.”

Y después: “Esperamos que, en un futuro, Apple le pueda ofrecer una solución.”

Siete meses después, esa es la respuesta.

Apple.

Otra vez Apple.

Pero yo no soy usuario del transporte público de Apple. No compro mi billete a Apple. No utilizo el tranvía de Apple. Mi relación como usuario del transporte público es con quien presta ese servicio.

Puede existir una responsabilidad técnica de Apple y Metropolitano puede depender de proveedores externos.

Pero una cosa es explicar al ciudadano dónde está el problema y otra muy distinta trasladarle el problema.

Y aquí aparece una cuestión que ya no es una opinión mía.

El propio Portal de Transparencia de Metropolitano de Tenerife señala que su atención al cliente gestiona los medios y recursos para adquirir títulos de transporte, incluido el software de venta, y que su servicio de postventa gestiona las incidencias comunicadas por los clientes.

Por eso mi pregunta no es qué está haciendo Apple.

Mi pregunta es qué está haciendo Metropolitano.

Porque el usuario no puede convertirse en el mensajero entre dos empresas.

Durante estos meses incluso me han llegado a pedir que trasladara a Metropolitano la información que Apple me estaba proporcionando.

¿No debería ser precisamente Metropolitano quien coordinara con sus proveedores las incidencias que afectan a su servicio?

Yo no necesito que me expliquen que Apple existe. Necesito saber qué está haciendo Metropolitano de Tenerife. Porque si el problema lleva siete meses, la pregunta ya no es solamente cuándo funcionará la aplicación.

La pregunta es qué se ha hecho durante estos siete meses para que los usuarios afectados no se queden atrás.

No estamos reclamando un privilegio. Estamos reclamando información, seguimiento, una alternativa razonable y responsabilidad.

Una empresa pública puede tener una incidencia. Puede tener un fallo técnico. Puede depender de un proveedor externo.

Lo que no debería hacer es acostumbrarse a que el ciudadano espere indefinidamente.

Durante estos siete meses siempre he sido yo quien ha tenido que preguntar. Siempre yo quien ha escrito. Siempre yo quien ha llamado.

Nunca he recibido una comunicación periódica ni una alternativa que me devuelva la autonomía que tenía antes.

Simplemente esperar.

Hasta que llega una respuesta que, en esencia, dice: espere a que Apple lo arregle.

Quizá el problema de fondo no sea una aplicación. Quizá sea una determinada manera de entender el servicio público.

Porque el transporte no es solamente desplazarse de un punto a otro.

Es ir al médico. Ir a trabajar. Estudiar. Hacer una compra. Quedar con alguien. Volver a casa.

Es vivir.

Y para una persona con discapacidad, cada pequeño grado de autonomía ganado cuesta muchísimo. Por eso perderlo duele.

No quiero que nadie me regale nada. No quiero un trato especial.

Quiero poder utilizar el mismo sistema que utilizaba antes.

Quiero que, cuando una herramienta tecnológica deje de funcionar para determinados usuarios, la empresa que presta el servicio se haga cargo del problema y explique qué está haciendo para solucionarlo.

Porque detrás de cada incidencia hay alguien.

Un usuario.

Una persona.

Alguien que tiene que llegar a algún sitio.

En mi caso, ese alguien lleva siete meses intentando recuperar algo que parecía tan sencillo que nunca pensé que pudiera perderlo: la libertad de subir a una guagua o a un tranvía y marcharme sin tener que pedir ayuda.

Y quizá esa sea la pregunta que debería hacerse Metropolitano de Tenerife: ¿cuánto vale la autonomía de un usuario?

Para quien nunca la ha perdido, quizá valga poco.

Para quien la pierde, puede valerlo todo.

Después de siete meses, sigo esperando que alguien, en lugar de señalar hacia Apple, mire hacia el usuario y diga simplemente: “Vamos a solucionarlo”.

Han pasado casi dos meses desde que los terremotos sacudieron Venezuela. Hoy ya casi nadie habla de ellos. Las cámaras se marcharon. Los informativos encontraron nuevas urgencias. Las tertulias cambiaron de tema. Las alertas de última hora desaparecieron del teléfono móvil.

Pero las familias siguen allí. Intentando reconstruir una casa. Buscando a quienes todavía no han aparecido. Tratando de empezar otra vez con lo poco que les quedó después de que la tierra decidiera cambiarles la vida para siempre.

Las tragedias tienen una segunda muerte. La primera la provocan los terremotos. La segunda llega cuando desaparecen de nuestra conversación.

Quizá por eso, hace unos días, al entrar en la aplicación de mi banco, me detuve unos segundos cuando apareció un mensaje que ya casi había olvidado.

“Dona para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela”. Pulsé el botón. Lo hice convencido. Porque detrás de aquella pantalla no había un país. Había personas. Personas que necesitaban ayuda. Y seguirán necesitándola cuando este artículo vea la luz.

Pero, mientras confirmaba la operación, apareció otra pregunta. Ya sé cuánto he donado yo. ¿Pero cuál ha sido el compromiso económico de quien acaba de pedirme solidaridad?

No me hago esa pregunta para restar valor a la solidaridad ciudadana. Todo lo contrario. Creo profundamente en ella. Si algo ha demostrado esta sociedad una y otra vez es que los ciudadanos siempre responden cuando alguien lo pierde todo. Y eso nos honra.

También es justo reconocer a quienes sí dieron un paso al frente.

BBVA anunció una donación directa de cinco millones de euros. Inditex destinó otros tres millones de euros para atender la emergencia a través de Cruz Roja.

Esas decisiones merecen reconocimiento. Porque cuando una empresa actúa con rapidez y compromiso también hay que decirlo. Ojalá muchas más hubieran hecho lo mismo.

Pero precisamente porque conocemos esas aportaciones, la pregunta resulta todavía más necesaria.

¿Dónde están las demás? No hago esta pregunta para señalar a nadie. La hago porque las grandes tragedias necesitan grandes compromisos.

Hace unos años el incendio de la catedral de Notre-Dame conmocionó al mundo. Y era lógico.

Aquella catedral representaba una parte de la historia, de la cultura y del patrimonio de la humanidad. Solo el grupo LVMH anunció una donación de 200 millones de euros. En apenas unos días, las promesas para reconstruir Notre-Dame superaban los 840 millones de euros.

Y me pareció extraordinario. Porque proteger el patrimonio también significa proteger nuestra memoria. Pero entonces vuelvo a pensar en Venezuela. No en un edificio. En las personas. En miles de familias. En niños. En personas mayores. En personas con discapacidad. En quienes continúan intentando reconstruir una vida que ya nunca volverá a ser igual.

Y no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Por qué el mundo fue capaz de movilizar semejante cantidad de recursos en cuestión de días para reconstruir un símbolo y, casi dos meses después, seguimos conociendo tan pocas grandes aportaciones empresariales para reconstruir miles de vidas?

No comparo una catedral con una tragedia humana. Sería profundamente injusto. Lo que comparo es nuestra capacidad para mantener viva la solidaridad. Nuestra memoria. Nuestra velocidad para reaccionar. Y nuestra rapidez para olvidar.

Seguiré donando siempre que pueda. Lo haré convencido de que detrás de cada euro hay alguien intentando volver a empezar. Nunca me molestará que mi banco me invite a ser solidario.

Lo que espero es que, cuando pulse ese botón, quienes tienen una capacidad infinitamente mayor para cambiar la vida de miles de personas ya hayan demostrado antes su propio compromiso.

Porque la solidaridad ciudadana es imprescindible. Pero no puede convertirse en el refugio permanente de quienes tienen la responsabilidad y los recursos para hacer mucho más. Dentro de unos días volveré a abrir la aplicación de mi banco. Quizá el botón para donar ya no esté. Como tampoco estarán los grandes titulares.

Pero las personas seguirán allí. En La Guaira. En Caracas. En cada barrio donde la tierra les arrebató una casa, un negocio, una escuela o un proyecto de vida. Seguirán intentando reconstruir lo que un terremoto destruyó en apenas unos segundos.

Y quizá esa sea la verdadera tragedia.

No que el mundo deje de emocionarse. Sino que aprenda a olvidar demasiado deprisa. Porque cuando dejamos de hablar de una tragedia, las víctimas no desaparecen. Solo desaparecen de nuestra memoria.

Y una sociedad que olvida tan rápido el sufrimiento de los demás corre el riesgo de acostumbrarse a convivir con él.

Hay personas que hoy, en Canarias, siguen esperando años para que la Administración les reconozca oficialmente una discapacidad. Mientras esperan, la vida no se detiene. Las oportunidades, tampoco.

No porque estén pidiendo un privilegio. Ni porque quieran vivir de una ayuda pública.

Muchas de ellas simplemente quieren trabajar. Quieren estudiar. Quieren construir un proyecto de vida como cualquier otra persona. Pero mientras ese reconocimiento no llega, tampoco llegan determinados apoyos, adaptaciones o derechos que la ley les reconoce.

Lo más triste es que, cuando por fin reciben la resolución, muchas veces no sienten alegría. Sienten alivio. Y un derecho nunca debería llegar tan tarde como para convertirse únicamente en un alivio.

Conozco esa espera demasiado bien. No la cuento por teoría. La cuento porque también he aprendido lo que significa que un derecho llegue tarde.

Pensaba en todo esto mientras escuchaba estas semanas que el Partido Popular de Tenerife no establece líneas rojas para alcanzar acuerdos con Vox si las urnas así lo permiten.

No cuestiono el derecho de ningún partido a buscar mayorías. Eso forma parte de la democracia. La pregunta que me hago es otra: ¿cuáles son las líneas rojas de una sociedad?

Lo pregunto porque pertenezco a uno de esos colectivos que sabe perfectamente que los derechos nunca fueron un regalo.

Las personas con discapacidad fuimos de las últimas en incorporarnos plenamente a la igualdad de oportunidades. Hubo que luchar para que la accesibilidad dejara de entenderse como una concesión. Para que estudiar en igualdad de condiciones dejara de parecer una excepción. Para que trabajar dependiera del talento y no de una limitación. Para que la dependencia dejara de ser caridad y pasara a ser un derecho.

Nada de eso apareció por casualidad.

Fue el resultado de décadas de esfuerzo de miles de familias, asociaciones y personas que entendieron que una sociedad solo progresa cuando nadie se queda atrás.

Por eso me cuesta escuchar que determinadas políticas sociales se presenten como un lujo o como una carga. Porque cuando uno ha tenido que pelear por derechos tan básicos aprende que ninguno está garantizado para siempre.

No me preocupan las siglas. Me preocupan las ideas. Porque las siglas cambian. Las ideas permanecen. Y las ideas, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en leyes. O en la ausencia de ellas.

Me preocupa cualquier idea que cuestione políticas que han permitido avanzar a quienes históricamente han tenido más difícil ejercer sus derechos.

Me preocupa que, en una tierra especialmente vulnerable como Canarias, se minimicen desafíos como el cambio climático o se planteen transformaciones profundas de nuestro territorio sin un debate sereno.

Y me preocupa, sobre todo, cualquier planteamiento que termine debilitando el Estado del bienestar.

Porque el Estado del bienestar no existe para hacer más cómoda la vida de quien ya puede resolverlo todo por sí solo.

Existe para sostener a quien, en algún momento de su vida, necesita que la sociedad no le dé la espalda.

Los derechos sociales nunca son un privilegio para quien los necesita.

Son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o pasar años esperando a que una administración, una resolución o una ayuda decidan cuándo puedes empezar a vivirlo.

Quien nunca ha necesitado una prestación de dependencia, una adaptación en su puesto de trabajo o el reconocimiento de una discapacidad puede llegar a pensar que todo esto son simplemente políticas públicas.

No lo son. Son vidas. Son padres que viven con el miedo de qué ocurrirá con su hijo cuando ellos ya no estén.

Son jóvenes que quieren trabajar y no pueden acceder a determinadas oportunidades porque la Administración todavía no ha reconocido oficialmente una realidad que condiciona cada uno de sus días.

Son personas mayores que fallecen antes de que llegue la ayuda que la ley les prometía.

Por eso los derechos sociales nunca son un privilegio. Son la diferencia entre vivir con autonomía o depender siempre de la buena voluntad de los demás.

Siempre me ha llamado la atención que haya quien considere un exceso proteger a quienes todavía ni siquiera están siendo protegidos.

Quizá ese sea el verdadero debate. No si tenemos demasiados derechos. Sino por qué seguimos llegando tarde a garantizarlos.

No escribo estas líneas para decirle a nadie a quién debe votar. Cada ciudadano debe decidirlo libremente. Pero sí creo que todos tenemos la obligación de preguntarnos qué ideas estamos dispuestos a normalizar y cuáles deberían seguir siendo una línea roja.

Porque las líneas rojas no existen únicamente para facilitar o impedir pactos. Existen para recordarnos aquello que una sociedad nunca debería estar dispuesta a negociar.

Los derechos no se hicieron para quienes nunca los necesitarán. Se hicieron para protegernos el día en que la vida deje de preguntarnos si estamos preparados.

Mientras discutimos sobre pactos, estrategias y mayorías, hay personas que siguen esperando una resolución que la ley decía que debía llegar hace meses.

Ellas no necesitan discursos. Necesitan que el Estado funcione. Necesitan que la igualdad de oportunidades deje de ser una promesa. Necesitan que sus derechos lleguen a tiempo.

Las líneas rojas no deberían depender de un partido ni de una legislatura. Deberían empezar siempre en el mismo lugar: donde una sociedad deja de proteger a quienes más la necesitan.

Porque una democracia no demuestra su grandeza únicamente por la facilidad con la que forma gobiernos. La demuestra, sobre todo, por la firmeza con la que protege la dignidad de las personas más vulnerables.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Las legislaturas terminan.

Pero una sociedad que deja de proteger a quienes más la necesitan termina perdiendo mucho más que un debate político. Termina perdiéndose a sí misma.

Hace unos días leí una noticia que, en principio, debería alegrarnos: Las personas mayores de 65 años y las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% ya no podrán ser penalizadas con determinadas comisiones por retirar efectivo en ventanilla.

La medida reconoce una realidad que millones de ciudadanos conocen desde hace años: no todo el mundo puede relacionarse con su banco exclusivamente a través de una pantalla, una aplicación móvil o un cajero automático.

Y me parece una buena noticia.

Pero mientras la leía no podía dejar de pensar en algo. El problema nunca fueron únicamente las comisiones. El problema era todo lo demás.

He acudido a oficinas bancarias para realizar operaciones que cualquier cliente debería poder hacer de manera autónoma. Sacar dinero. Ingresar efectivo. Consultar información. Gestiones sencillas, cotidianas, que forman parte de la vida de cualquier persona.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones me he encontrado con una realidad muy distinta. El cajero no era accesible. La operación no podía realizarla por mí mismo. Y entonces aparecía una escena que miles de personas mayores y con discapacidad conocen perfectamente.

Un trabajador de la entidad se acerca para ayudar.

Y conviene decirlo claramente: la inmensa mayoría de los empleados bancarios que he encontrado han mostrado profesionalidad, paciencia y voluntad de ayudar.

No es una crítica hacia ellos. Todo lo contrario. Están intentando solucionar un problema que no han creado.

Pero la pregunta sigue siendo la misma.

¿Por qué la solución consiste en que otra persona haga por mí algo que debería poder hacer yo mismo?

Porque para ayudarme a utilizar un cajero, esa persona necesita acceder a información que pertenece exclusivamente a mi esfera privada. Mi número de cuenta. Mi saldo. Los movimientos que realizo. La cantidad de dinero que ingreso. La cantidad de dinero que retiro. Los conceptos de determinadas operaciones.

Y, en ocasiones, incluso mi número PIN.

La escena suele producirse además en espacios abiertos, con otros clientes esperando turno, entrando y saliendo de la oficina, escuchando fragmentos de conversaciones o contemplando involuntariamente una operación que debería pertenecer únicamente al ámbito privado de quien la realiza.

Y es precisamente ahí donde aparece el verdadero problema.

No creo que eso sea inclusión. Creo que eso es vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad no siempre aparece cuando alguien nos niega un derecho.

A veces aparece cuando para ejercerlo tenemos que renunciar a nuestra intimidad.

Cuando una persona mayor tiene que explicar una operación bancaria delante de desconocidos.

Cuando una persona con discapacidad necesita revelar información privada para completar una gestión cotidiana.

Cuando la autonomía depende de la presencia y de la buena voluntad de terceros.

¿Aceptaríamos con normalidad que cualquier otro cliente tuviera que decir su PIN en voz alta delante de varias personas para poder utilizar su banco?

Probablemente no.

Entonces, ¿por qué parece aceptable cuando se trata de una persona mayor o con discapacidad?

Durante años hemos escuchado hablar de protección de datos, privacidad, seguridad informática y confidencialidad. Se nos recuerda constantemente la importancia de proteger nuestras claves, nuestras contraseñas y nuestra información bancaria.

Sin embargo, cuando una persona no puede utilizar de forma autónoma los canales que le imponen, parece asumirse con naturalidad que deba compartir parte de esa información con terceros para completar una operación básica.

No creo que eso sea normal. Y tampoco creo que sea seguro. Porque no estamos hablando únicamente de comodidad. Estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de dignidad.

Durante años se nos empujó hacia la digitalización como si fuera una solución universal.

Las oficinas cerraron. La atención presencial disminuyó. Los cajeros asumieron funciones que antes realizaban las personas.

Y mientras tanto se daba por hecho que todo el mundo podía seguir el mismo ritmo.

Pero no era cierto.

Existe una diferencia enorme entre digitalizar un servicio y hacerlo accesible.

Las administraciones llevan años aprobando normas sobre accesibilidad. Los bancos llevan años hablando de inclusión financiera. Y, sin embargo, todavía hoy muchas personas necesitan ayuda para realizar operaciones que deberían poder hacer por sí mismas.

Lo más difícil de entender es que esta situación se haya prolongado durante tanto tiempo en un sector que ha acumulado beneficios multimillonarios durante años.

Resulta legítimo preguntarse si una parte de esos recursos no debería haberse destinado mucho antes a garantizar algo tan básico como la accesibilidad, la autonomía y la seguridad de todos los clientes.

Porque muchas de esas entidades cuentan además con fundaciones que impulsan proyectos sociales, culturales y educativos de enorme valor para la sociedad.

Y precisamente por eso la pregunta resulta todavía más necesaria.

¿Cómo es posible que sigamos hablando de inclusión financiera mientras miles de personas continúan necesitando ayuda para gestionar su propio dinero?

¿Cómo es posible que sigamos celebrando avances que deberían haberse producido hace años?

Por eso la reciente eliminación de determinadas comisiones resulta tan significativa.

Porque supone, en el fondo, un reconocimiento implícito.

El reconocimiento de que no todos podemos vivir dentro de una aplicación.

El reconocimiento de que la atención presencial sigue siendo necesaria.

El reconocimiento de que la autonomía no puede depender exclusivamente de una pantalla.

Pero también debería servir para abrir una reflexión más profunda.

Porque la verdadera exclusión financiera no empieza cuando te cobran una comisión.

Empieza cuando no puedes utilizar un servicio en igualdad de condiciones.

Empieza cuando necesitas revelar información privada para realizar una operación sencilla.

Empieza cuando tu seguridad depende de la ayuda de otra persona.

Empieza cuando la tecnología, en lugar de darte independencia, te obliga a renunciar a una parte de tu intimidad.

La accesibilidad no consiste en que alguien haga las cosas por ti.

La accesibilidad consiste en que puedas hacerlas por ti mismo.

Y la verdadera inclusión no comienza cuando alguien te ayuda.

Comienza cuando ya no necesitas ayuda para hacer algo tan simple como gestionar tu propio dinero.

Hay leyes que cambian un país. Y hay leyes que cambian una vida. La Ley de Dependencia consiguió ambas cosas.

Cuando fue aprobada, España dio un paso que muy pocos países habían sido capaces de dar hasta entonces: reconocer que las personas que, por la edad, una enfermedad o una discapacidad, necesitan apoyos para vivir con dignidad no estaban pidiendo un favor.

Estaban ejerciendo un derecho. Y eso lo cambia todo. Porque un derecho no depende de la buena voluntad de nadie. No depende de la suerte. No depende del código postal. No depende de la capacidad económica de una familia.

Depende de que el Estado responda.

Por eso sigo pensando que la Ley de Dependencia es una de las leyes más humanas que ha aprobado nuestra democracia.

No habla únicamente de prestaciones económicas. Habla de dignidad. Habla de autonomía. Habla de igualdad de oportunidades. Habla de la tranquilidad de miles de familias que saben que algún día necesitarán ayuda.

Y ese día llega antes de lo que imaginamos.

Por eso resulta esperanzador comprobar que durante este año el Gobierno de España ha reforzado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incrementando la financiación y ampliando derechos y apoyos para que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno.

Ese es el camino.

Porque una sociedad se mide por la manera en que trata a quienes más apoyo necesitan.

Pero entonces bajo la mirada. Y vuelvo a Canarias. Y la esperanza deja paso a la preocupación.

Es cierto que el Gobierno de Canarias ha impulsado planes de choque, ha incorporado nuevos profesionales, ha reducido parte de las listas de espera y ha agilizado determinados procedimientos.

Sería injusto no reconocer esos avances. Cuando una administración mejora, también hay que decirlo.

Pero reconocer los avances no puede impedirnos mirar de frente la realidad. Y la realidad sigue siendo demasiado dura.

La espera media continúa muy por encima del plazo que marca la propia ley.

Mientras algunos expedientes nuevos comienzan a resolverse con mayor rapidez, miles de personas siguen atrapadas en una lista de espera acumulada durante años.

Y el tiempo, para una persona dependiente, nunca es un dato estadístico. Es vida. Porque detrás de cada expediente hay un nombre. Hay una familia. Hay una enfermedad que continúa avanzando. Hay una persona mayor que cada día pierde un poco más de autonomía.Hay una persona con discapacidad que necesita apoyos para poder desarrollar su proyecto de vida.

Hay un cuidador agotado. Hay hijos que reorganizan su vida para cuidar de sus padres. Hay padres que continúan cuidando de hijos adultos con discapacidad sin saber cuánto tiempo más podrán hacerlo.

Y hay algo todavía más doloroso.

Conozco a muchas familias cuyo mayor miedo no es la discapacidad de su hijo. Es el día en que ellos falten.

Hay padres que no le tienen miedo a la discapacidad de su hijo. Le tienen miedo al día en que ellos ya no estén para seguir cuidándolo.

¿Cómo se le explica a una madre que el mayor miedo de su vida sigue esperando un número de expediente?

También hablo desde mi propia historia.

Yo esperé cerca de dos años para que una prestación que ya me correspondía empezara a hacerse efectiva. Pero lo más duro no fue mi espera.

Lo más duro fue ver cómo mis dos abuelas y un tío fallecieron con la dependencia solicitada, tramitada o prácticamente resuelta, sin llegar nunca a disfrutar del derecho que la ley les reconocía.

Y cuando eso ocurre, uno comprende que ya no estamos hablando de burocracia.

Estamos hablando de tiempo.

Y el tiempo, para una persona dependiente, es el recurso más valioso y el más escaso de todos.

Por eso el dato más duro nunca será el número de expedientes pendientes. El dato más duro es que todavía haya personas que fallecen antes de recibir la ayuda que el propio Estado ya les había reconocido.

La Administración puede permitirse contar expedientes. Las familias contamos sillas vacías alrededor de la mesa.

Especialmente cuando llega la Navidad y ese lugar permanece vacío porque el derecho llegó demasiado tarde.

Esa es la estadística que nunca aparece en los informes. Y, sin embargo, es la que más duele.

No escribo estas líneas para señalar a un gobierno concreto.

La dependencia lleva demasiados años siendo motivo de confrontación política mientras las familias siguen esperando.

Hoy gobiernan unos. Ayer gobernaban otros. Y las listas de espera continúan formando parte de nuestra realidad.

Quizá ha llegado el momento de dejar de discutir quién tiene la culpa para empezar a preguntarnos quién tiene la responsabilidad de resolverlo de una vez.

Porque la Ley de Dependencia no necesita más discursos. Necesita menos espera. Necesita menos burocracia. Necesita más profesionales. Más recursos. Más coordinación.

Y, sobre todo, necesita comprender algo que ningún procedimiento administrativo debería olvidar jamás. La dependencia no espera. Las enfermedades no esperan. La vejez no espera. La discapacidad no espera. La vida tampoco.

Solo esperan las personas.

Y eso debería interpelarnos a todos.

Porque las leyes más importantes no se juzgan por lo bien que están escritas. Se juzgan por las personas que llegan a tiempo a beneficiarse de ellas.

Una sociedad no demuestra su grandeza cuando aprueba una ley. La demuestra cuando consigue que esa ley llegue a tiempo a la vida de quienes ya no pueden seguir esperando.

Y mientras una familia tenga que despedir a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela o a un hijo con un derecho reconocido, pero nunca disfrutado, la dependencia seguirá teniendo una deuda pendiente.

No con los expedientes.

Con las personas.

Ha pasado algo más de un mes desde que se inauguró la pasarela del Padre Anchieta. Ya no quedan cámaras. Ni discursos. Ni fotografías del corte de cinta.

Ha transcurrido el tiempo suficiente para que una obra pública deje de pertenecer a quienes la proyectaron y empiece a pertenecer a quienes la utilizan cada día.

Y precisamente ahí comienza esta historia.

Hace unos días crucé la nueva pasarela. O, mejor dicho, intenté cruzarla. Soy una persona ciega.

Mientras avanzaba, no pensaba en arquitectura. Ni en ingeniería. Ni en el presupuesto de la obra. Pensaba en algo mucho más sencillo. En no perder la referencia. En saber por dónde continuar. En moverme con la misma tranquilidad con la que cualquier otra persona atraviesa un espacio público.

Cuando una persona tiene que dedicar toda su atención a algo tan básico como orientarse para cruzar una infraestructura, comprende que la accesibilidad no puede darse nunca por supuesta.

Aquella mañana no fui el único.

También realizaron el recorrido personas usuarias de silla de ruedas, personas con dificultades de movilidad, personas mayores, personas que utilizan un andador y otras que necesitan apoyo para desplazarse.

Cada una encontró una dificultad distinta.

Y entonces apareció una pregunta que todavía hoy sigue acompañándome. ¿Cuándo podemos decir de verdad que una infraestructura es accesible? ¿Cuándo termina la obra? ¿Cuándo cumple una normativa? ¿O cuando cualquier persona puede utilizarla con autonomía, seguridad y dignidad?

Creo que ahí está la diferencia.

Porque la accesibilidad nunca ha sido únicamente una cuestión técnica. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad. Y también de igualdad de oportunidades. Significa que una persona ciega pueda orientarse con seguridad. Que una persona mayor no tenga que preguntarse si tendrá fuerzas para llegar arriba. Que quien utiliza una silla de ruedas o un andador pueda desplazarse sin depender de otra persona. Que nadie tenga que renunciar a un recorrido porque el esfuerzo que exige supera sus posibilidades.

Las barreras más difíciles de derribar no siempre son las de hormigón.

Son las que no aparecen en los planos. Las que nacen cuando creemos que una infraestructura termina el día que se inaugura.

La realidad demuestra que empieza ese mismo día.

Llevamos años hablando de la accesibilidad universal.

Aprobamos leyes. Redactamos reglamentos. Inauguramos infraestructuras. Pero seguimos olvidando la única prueba que realmente importa.

La de las personas.

Porque una pendiente dibujada sobre un plano nunca se cansa. Un plano nunca pierde la orientación. Un proyecto nunca necesita detenerse para recuperar el aliento. Las personas sí. Y por eso la accesibilidad no puede evaluarse únicamente desde un despacho. Debe comprobarse caminando. Utilizando un bastón. Empujando una silla de ruedas. Avanzando con un andador. Envejeciendo.

Viviendo la ciudad.

No escribo estas líneas para desacreditar una obra. Las escribo porque todavía estamos a tiempo de mejorarla. Escuchar a quienes encuentran dificultades no debería interpretarse como una crítica.

Debería entenderse como la mejor oportunidad para construir ciudades mejores. Porque rectificar no debilita a una administración. La fortalece.

Y demuestra que entiende que las ciudades no se construyen para admirarlas. Se construyen para habitarlas. Las ciudades no se parecen a sus edificios. Se parecen a los valores con los que fueron diseñadas.

Y una sociedad no demuestra su grandeza el día que inaugura una infraestructura. La demuestra cuando cualquier persona —tenga o no una discapacidad, sea mayor, utilice un bastón, un andador o una silla de ruedas— puede recorrerla con la misma autonomía, la misma dignidad y las mismas oportunidades que las demás.

Porque la accesibilidad no empieza cuando se corta una cinta. Empieza cuando deja de ser una promesa y se convierte, sencillamente, en una realidad.

España tiene un problema gravísimo de memoria. Y no, no hablo solo de los políticos ultras que han decidido convertir el sufrimiento humano en una campaña electoral permanente. Hablo también de una parte de la sociedad que aplaude discursos miserables contra la inmigración mientras llena sus bolsillos gracias al sudor de quienes vienen de fuera intentando sobrevivir.

Resulta indignante escuchar a determinados partidos políticos, tribunales y a instituciones como la Comunidad de Madrid pedir a los jueces que frenen o anulen procesos de regularización de inmigrantes, como si habláramos de mercancía defectuosa y no de personas. Personas. Seres humanos. Familias enteras que han cruzado océanos, desiertos y fronteras huyendo exactamente de lo mismo de lo que huyeron millones de españoles durante décadas: hambre, guerra, miedo y desesperación.

Qué rápido se nos olvida que media España tuvo que escapar tras la Guerra Civil. Qué rápido se borra de la memoria colectiva aquella posguerra miserable donde nuestros abuelos o padres sobrevivían entre cartillas de racionamiento, hambre y humillación. Españoles acogidos en Francia, Alemania, Suiza, México, Argentina o Venezuela. Españoles limpiando suelos, trabajando en fábricas y levantando países ajenos para poder mandar dinero a casa y alimentar a sus familias.

¿Y ahora pretendemos mirar por encima del hombro a quien hace exactamente lo mismo?

La hipocresía en este país ya no tiene límites.

Porque los mismos que vomitan discursos contra los inmigrantes no tienen ningún problema en alquilarles pisos infectos a precios criminales. Los mismos que dicen que “sobran extranjeros” son los primeros en cobrarles 900 euros por habitaciones sin ventanas. Los mismos que se indignan por ver manteros en la calle luego no rechazan el dinero cuando esos inmigrantes compran en sus negocios, trabajan en sus empresas o sostienen sectores enteros de la economía con salarios de miseria.

Qué curioso: para insultarlos sí sirven, pero para cobrarles nunca molestan.

Ahí desaparece la bandera. Ahí desaparece el patriotismo. Ahí desaparece la supuesta defensa de España.

Porque cuando el dinero entra en caja, da igual si viene de un blanco, de un negro, de un chino, de un africano o de un sudamericano. El dinero no tiene nacionalidad. La codicia tampoco. Y esa es la verdad incómoda que muchos no quieren escuchar: vivimos en una sociedad donde demasiada gente critica la inmigración mientras saquea económicamente a quienes menos tienen.

Se habla de invasión, pero nadie renuncia a los beneficios que generan esas personas explotadas. Se habla de delincuencia, pero nadie devuelve el alquiler abusivo cobrado a familias inmigrantes hacinadas. Se habla de proteger España, mientras se construyen negocios enteros sobre la precariedad de quienes llegaron aquí sin nada.

Y mientras tanto, seguimos educando a generaciones enteras sin memoria histórica, sin empatía y sin humanidad. Como si nuestros abuelos no hubieran sido también “los de fuera”. Como si no hubiéramos necesitado que otros países abrieran sus puertas para que España pudiera sobrevivir a su propia tragedia.

La verdadera vergüenza no es que haya inmigrantes intentando regularizar su situación. La verdadera vergüenza es una sociedad capaz de enriquecerse gracias a ellos mientras los señala con el dedo.

Así que, señores empresarios, señores especuladores y señores patriotas de saldo: si tanto les molestan los inmigrantes, tengan coherencia. No alquilen sus viviendas a familias extranjeras. No acepten su dinero. No vendan en sus negocios a quienes tanto desprecian. No construyan fortunas sobre la necesidad ajena mientras luego se envuelven en discursos de odio.

No lo harán.

¿Y saben por qué?

Porque al final, lo único que mueve este mundo no es la patria, ni la moral, ni los principios.

Es el dinero.

Y demasiados están dispuestos a pisotear la dignidad humana con tal de llenar un poco más sus bolsillos.

Todavía hay personas que bajan la voz cuando hablan de un hijo gay.

Todavía hay quienes se preguntan si es el momento adecuado para presentar a su pareja en una comida familiar.

Todavía hay quienes calculan cuánto de sí mismos pueden mostrar según el lugar donde estén, las personas que tengan delante o la reacción que esperan recibir.

No porque tengan miedo a la ley.

No porque teman una sanción.

Simplemente porque, en algún rincón de su conciencia, siguen sintiendo que hay algo que debe decirse con cautela, casi en privado.

Y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que el Día del Orgullo sigue siendo necesario.

Hay generaciones enteras que nunca han conocido una España donde amar pudiera convertirse en un problema.

Han crecido en un país donde el matrimonio igualitario forma parte de la normalidad, donde las parejas del mismo sexo son visibles y donde muchas libertades que hoy consideramos evidentes forman parte del paisaje cotidiano.

Y eso es una magnífica noticia.

Porque significa que hemos.

Pero precisamente ahí aparece una paradoja que merece la pena analizar cada vez que llega el 28 de junio.

Cuanto más consolidado está un derecho, más fácil resulta olvidar cómo llegó hasta nosotros.

Las nuevas generaciones han heredado libertades que para otras personas fueron motivo de lucha, rechazo, incomprensión y, en demasiadas ocasiones, sufrimiento.

Hubo un tiempo en que muchas personas ocultaban quiénes eran por miedo. Miedo a perder su empleo. Miedo al rechazo familiar. Miedo a las burlas. Miedo a ser señaladas simplemente por amar a alguien de su mismo sexo.

No ocurrió hace siglos.

Ocurrió en nuestro país.

Y no hace tanto tiempo.

La historia demuestra que los derechos nunca aparecen por generación espontánea.

Nacen porque alguien se atreve a desafiar lo establecido.

Porque alguien decide dejar de esconderse.

Porque alguien soporta críticas, rechazo o incomprensión para que quienes vienen detrás puedan vivir con más libertad.

Por eso conviene recordar.

Porque las leyes pueden cambiar en una legislatura.

La mentalidad de una sociedad tarda generaciones.

Y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que el Día del Orgullo sigue siendo necesario.

No únicamente como celebración.

No únicamente como reivindicación.

También como ejercicio de memoria.

Porque resulta difícil valorar aquello cuyo coste hemos olvidado.

En los últimos años hemos visto reaparecer discursos que muchos consideraban superados. Discursos que presentan la diversidad como una amenaza, que ridiculizan la inclusión o que convierten los derechos de determinados colectivos en objeto de discusión permanente.

Pero hay algo que me preocupa incluso más que esos discursos.

La comodidad.

La idea de que basta con repetir determinadas palabras para considerarnos libres de prejuicios.

Porque los prejuicios no desaparecen al mismo ritmo que cambian las leyes.

A veces simplemente aprenden a disfrazarse.

Se vuelven más discretos.

Más elegantes.

Más socialmente aceptables.

Y, precisamente por eso, más difíciles de reconocer.

Quizá por eso el Orgullo trasciende a quienes forman parte del colectivo LGTBI.

Porque, en el fondo, todos conocemos alguna forma de armario.

El armario de quien oculta una discapacidad para evitar prejuicios.

El armario de quien esconde una enfermedad.

El armario de quien calla una situación económica complicada.

El armario de quien disimula una parte de sí mismo para ser aceptado.

Cambian las circunstancias.

Cambian las historias.

Pero el mecanismo siempre es el mismo:

el miedo a no encajar.

Y quizá por eso el verdadero desafío no consiste en preguntarnos qué opinamos públicamente sobre el colectivo LGTBI.

Quizá consiste en preguntarnos qué sentimos realmente.

Sin discursos preparados.

Sin consignas.

Sin necesidad de quedar bien.

Sin miedo a ser juzgados.

Mirándonos al espejo.

Y respondiendo con honestidad.

¿Nos resulta realmente indiferente que dos hombres se besen en una plaza?

¿Nos parece normal que dos mujeres formen una familia?

¿Pensaríamos exactamente igual si se tratara de un hijo, una hija o un hermano?

¿Nos molesta la pluma o nos molesta que alguien se niegue a esconder quién es?

¿Nos incomoda la diversidad o nos incomoda que la diversidad sea visible?

¿Pensamos lo mismo que decimos?

¿Y decimos lo mismo que hacemos?

Tal vez el verdadero progreso no consista en repetir que todos somos iguales.

Tal vez consista en ser capaces de responder honestamente a esas preguntas.

Porque los derechos no se ponen a prueba cuando resultan cómodos.

Se ponen a prueba cuando afectan a nuestra forma de mirar a los demás.

Y quizá el Orgullo siga siendo necesario precisamente por eso.

No porque no hayamos avanzado.

No porque la ley haya fallado.

Sino porque la libertad no consiste únicamente en reconocer derechos sobre el papel.

Consiste también en aceptar, sin reservas ni condiciones, que cada persona tiene derecho a vivir su vida sin esconder quién es.

Tal vez por eso, cada 28 de junio, la pregunta más importante no sea qué pensamos del Orgullo.

Tal vez la pregunta más importante sea qué pensamos realmente.

Hace unos días un policía me multó por aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida.

Le enseñé el justificante de la solicitud de renovación de mi tarjeta. Le mostré el mensaje que acredita que el expediente está en trámite. Le expliqué que había presentado todo correctamente y que llevo meses esperando respuesta de la Administración.

El agente me escuchó, me comprendió y aun así me multó. Me indicó, además, que debía presentar un pliego de alegaciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento correspondiente para recurrir la sanción.

No le culpo. Estaba aplicando la normativa.

Pero cuando volví a casa solo podía pensar en una pregunta muy simple: ¿cómo es posible que una persona pueda ser sancionada por un retraso que no ha provocado?

No ha sido un caso aislado. Ya he recibido otra multa en circunstancias similares mientras sigo esperando la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Mi tarjeta caducó el 18 de enero de este año. Antes de esa fecha seguí el procedimiento establecido: presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, aportando la documentación requerida. Todo en tiempo y forma.

Desde entonces, sigo esperando.

En marzo recibí un mensaje informándome de que el expediente había comenzado a tramitarse. Después de eso, silencio.

Mientras tanto, la vida no se detiene. Hay que acudir a citas médicas, hacer gestiones, comprar, desplazarse. En definitiva, seguir con la rutina diaria.

Y ahí aparece el problema, porque, aunque la tarjeta ha caducado, la necesidad que la justifica sigue exactamente igual.

Lo que cambia no es la situación de la persona, sino su exposición a sanciones por una demora administrativa que no controla.

Durante este tiempo he tenido que recurrir las multas, aportar documentación y demostrar algo que ya estaba acreditado: que la renovación está solicitada y en trámite.

Es decir, además de esperar meses una respuesta, tengo que invertir tiempo y energía en corregir las consecuencias de esa espera.

Pero hay una parte del problema que me preocupa aún más.

Yo puedo defenderme. Puedo presentar alegaciones por vía telemática, guardar justificantes y hacer seguimiento del expediente. No todo el mundo puede.

¿Qué ocurre con una persona mayor que no maneja herramientas digitales? ¿Qué ocurre con alguien que depende de terceros para cualquier trámite? ¿Qué ocurre con quien recibe una sanción lejos de su domicilio y no tiene facilidad para desplazarse a reclamar?

Estas situaciones no son excepcionales. Son reales.

A menudo hablamos de accesibilidad en términos de infraestructuras: rampas, ascensores, transporte adaptado. Pero hay otra barrera menos visible e igual de importante: la burocrática.

Una administración inaccesible no es solo la que impide el acceso físico, sino también la que convierte un derecho reconocido en un proceso incierto, lento y desigual.

En algunos casos, los expedientes parecen avanzar cuando la persona afectada acude presencialmente a insistir. Si eso es así, la pregunta es evidente: ¿para qué sirve entonces la vía electrónica si no garantiza el mismo trato?

No se trata de pedir privilegios ni de cuestionar a los agentes que aplican la normativa que tienen que cumplir.

Se trata de algo mucho más básico: coherencia administrativa.

Si una persona cumple con todos los requisitos y presenta su solicitud en tiempo y forma, la Administración debería responder en un plazo razonable. Y mientras no lo hace, no debería generar situaciones que derivan en sanciones para quien no tiene ninguna responsabilidad en la demora.

Hoy me encuentro con una situación difícil de explicar en términos de lógica: una tarjeta caducada, un expediente en trámite y dos multas por el camino.

Pero el problema de fondo no es la multa.

Es la incertidumbre.

Salir de casa sin saber si puedes ser sancionado por un retraso ajeno no es una situación aceptable para nadie, y menos aún para una persona con movilidad reducida.

Porque al final, la cuestión es muy simple: la tarjeta puede caducar. La discapacidad no