La izquierda no puede seguir viviendo del miedo a la derecha: necesita recuperar la confianza de quienes han dejado de creer en ella.

“Oye, abre los ojos, mira hacia arriba”.

Llevo un tiempo dándole vueltas a esta frase. Creo que encierra una advertencia que buena parte de la izquierda debería escuchar. Pero no para mirar a la derecha. Para mirarse al espejo.

Escribo desde una posición ideológica que no escondo, pero defender los valores de la izquierda no significa justificar todas las decisiones de sus dirigentes. Cuestionarlos no es hacerle el juego al adversario. Al contrario: si creemos en la igualdad, la justicia social, la solidaridad y la libertad, tenemos la obligación de exigir que quienes dicen representarlas estén a la altura.

Y tengo la sensación de que esa exigencia lleva demasiado tiempo en segundo plano.

La izquierda parece haber desarrollado una extraordinaria capacidad para explicar por qué la derecha es peligrosa, pero no siempre demuestra la misma habilidad para explicar por qué debería ser la alternativa. Ha convertido demasiadas veces el miedo al adversario en su principal argumento electoral.

Pero no se puede pedir eternamente que te voten para evitar que gane otro. Hay que ofrecer razones para que quieran votarte.

Mientras los partidos discuten sus equilibrios internos, hay familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no consiguen emanciparse y trabajadores que encadenan empleos sin estabilidad. La sanidad pública soporta una presión enorme y muchas personas siguen esperando soluciones a problemas que condicionan su vida cotidiana.

No necesitan discursos interminables. Necesitan respuestas.

No basta con aprobar derechos si después no se garantiza que puedan ejercerse. No basta con defender los servicios públicos si acceder a ellos continúa siendo una carrera de obstáculos. La política también se mide por la distancia entre lo que promete y lo que consigue.

Me preocupa que, ante la decepción ciudadana, algunos partidos respondan como si todo fuera un problema de comunicación. Como si bastara con explicar mejor lo que han hecho. Quizá el problema no sea que la gente no entienda el mensaje, sino que lleva demasiado tiempo esperando resultados.

Hay que recuperar la capacidad de escuchar sin preparar inmediatamente una respuesta defensiva. Escuchar a quienes siguen votando a la izquierda, a quienes han dejado de hacerlo y también a quienes nunca la han votado. No para renunciar a los principios, sino para comprender qué está ocurriendo fuera de los despachos.

La ciudadanía no tiene la obligación de permanecer fiel a ninguna organización política. Son los partidos quienes tienen que demostrar que merecen esa confianza.

Y lo que está ocurriendo en distintos lugares del mundo debería servirnos para reflexionar, aunque no debamos confundir realidades diferentes.

En Serbia, el movimiento estudiantil surgido de las protestas contra la corrupción y la gestión del poder consiguió una victoria histórica frente al bloque de Aleksandar Vučić. La movilización creció tras el derrumbe de la estación de Novi Sad, en noviembre de 2024, que causó 16 muertos. La Lista Estudiantil obtuvo el 53,01% de los votos y 140 escaños, frente al 38,98% y los 103 escaños de la candidatura vinculada a Vučić.

No fue la victoria de un partido tradicional de izquierdas, sino la de una movilización ciudadana que consiguió transformar la indignación en una alternativa política.

Hungría ofrece otra lectura. Péter Magyar y su formación TISZA derrotaron en abril de 2026 a Viktor Orbán, poniendo fin a dieciséis años de Gobierno. Pero conviene precisar que TISZA es una formación de centro-derecha. Su victoria refleja el desgaste de un poder prolongado y la voluntad de cambio de una parte importante de la sociedad.

Brasil, en cambio, ofrece una victoria vinculada inequívocamente a la izquierda. Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro, con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su adversario. Una victoria importante, aunque también deja una advertencia: el país continúa profundamente dividido. Ganar unas elecciones no significa que todos los problemas estén resueltos ni que el respaldo recibido sea incondicional.

Y llegamos a Estados Unidos. Las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre han dejado un resultado de enorme trascendencia. Los demócratas han conseguido el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en un importante revés para Donald Trump. 

Tampoco debemos interpretar esta victoria como una recuperación automática de la izquierda internacional. El Partido Demócrata no representa exactamente el mismo espacio ideológico que la izquierda europea. Lo que sí demuestra este resultado es que el electorado puede cambiar de posición cuando considera que el poder necesita límites y que sus preocupaciones no están siendo atendidas.

Serbia, Hungría, Brasil y Estados Unidos no cuentan la misma historia. Pero nos recuerdan algo esencial: ningún poder tiene garantizada la confianza de quienes lo sostienen.

Los ciudadanos no votan solamente desde la ideología. Votan desde sus circunstancias, sus preocupaciones y sus expectativas. Por eso la izquierda necesita algo más que renovar caras, eslóganes o estrategias electorales. Necesita revisar profundamente su relación con la sociedad.

Tiene que dejar de confundir la autocrítica con la debilidad. Reconocer un error no significa dar argumentos al adversario; significa demostrar que todavía existe capacidad para aprender y corregir. Tiene que recuperar las calles, los barrios y los espacios cotidianos. Preguntar antes de responder. Cumplir antes de volver a prometer.

Y, sobre todo, tiene que volver a ilusionar.

No quiero una izquierda que renuncie a sus principios para conseguir votos. Quiero una izquierda que demuestre que esos principios sirven para mejorar la vida de las personas. Que no se conforme con tener razón en sus discursos mientras pierde credibilidad en la calle. Que entienda que la ciudadanía no necesita tutores ideológicos, sino representantes dispuestos a escucharla y rendir cuentas.

Tampoco quiero una izquierda que considere que cualquier crítica es una deslealtad. Hay demasiadas personas que han dejado de sentirse representadas como para seguir respondiendo con reproches a quienes plantean preguntas incómodas.

Quizá ha llegado el momento de entender que no siempre se pierde porque el adversario haya convencido mejor. A veces se pierde porque uno ha dejado de escuchar, se ha alejado de la realidad o ha terminado creyendo que sus votantes siempre estarán ahí.

No lo estarán.

La confianza no se hereda. Se construye. Y cuando se pierde, no se recupera señalando al que se ha marchado. Se recupera demostrando que merece la pena volver.

Por eso regreso a aquella frase del comienzo: “Oye, abre los ojos”. No es una invitación a mirar al adversario ni a organizar otra campaña contra la derecha. Es una invitación a mirar a la gente: a quienes no llegan a final de mes, a quienes esperan una oportunidad y a quienes un día depositaron su esperanza en la izquierda y hoy ya no saben en quién confiar.

Porque todavía hay mucho que defender, muchos derechos que conquistar y muchas vidas que mejorar. Pero para hacerlo no basta con recordar lo que fuimos ni con advertir de lo que otros pueden llegar a ser.

Hay que demostrar lo que podemos ofrecer.

La izquierda no necesita que la ciudadanía abra los ojos para descubrir el peligro de la derecha. Necesita abrir los suyos para descubrir por qué tanta gente ha dejado de mirarla con esperanza.

Hace tiempo que dejé de intentar entender la política. Ahora intento entender el país.

Cada mañana hago lo mismo que millones de españoles. Enciendo la radio. Abro un periódico. Miro el móvil mientras tomo el primer café. Busco, como cualquiera, comprender qué ha ocurrido mientras dormía. Sin embargo, desde hace un tiempo, al cabo de unos minutos siempre me invade la misma sensación: cada medio parece contar un país diferente.

Uno asegura que todo funciona razonablemente bien. Otro afirma que vivimos una crisis sin precedentes.

Uno habla de avances. Otro solo encuentra retrocesos.

Uno invita a la esperanza. Otro anuncia el desastre.

Apago la radio. Cierro el periódico. Dejo el teléfono sobre la mesa.

Y camino hasta el baño. Levanto la cabeza. Me miro al espejo. Hasta hace poco solo veía mi reflejo.

Ahora empiezo a ver el país que aparece detrás de él. 

No ocurrió de un día para otro. Las cosas importantes casi nunca suceden así. Fue despacio. Como se agrietan las paredes de una casa. Al principio nadie percibe la fisura. Después parece un simple detalle.

Hasta que un día descubres que la grieta lleva mucho tiempo creciendo sin que nadie quisiera verla.

Eso es exactamente lo que siento cuando observo lo que ocurre a mi alrededor. No me preocupa que existan personas que piensen distinto que yo. Sería absurdo.

La democracia consiste precisamente en eso: en convivir con ideas diferentes.

Lo que me preocupa es otra cosa. Tengo la sensación de que hemos dejado de escucharnos. Que cada vez buscamos más aquello que confirma lo que ya pensamos y menos aquello que puede hacernos cambiar de opinión.

Que confundimos información con reafirmación.

Que preferimos un titular que nos dé la razón antes que una noticia que nos obligue a reflexionar.

Que discutimos demasiado y dialogamos demasiado poco. Y cuando eso ocurre, todos perdemos.

Da igual dónde nos situemos, porque el ruido nunca pregunta a quién votas antes de arrasarlo todo.

Quizá esa preocupación tenga mucho que ver con mi forma de mirar la vida.

Vivo con una discapacidad visual y aprendí hace tiempo que, cuando las instituciones fallan, quienes primero sienten sus consecuencias suelen ser siempre los mismos.

Las personas mayores. Las personas con discapacidad. Quienes dependen de una ayuda pública. Quienes esperan una resolución administrativa. Quienes necesitan que la sanidad funcione. Quienes no tienen un altavoz desde el que hacerse escuchar.

Mientras el país discute sin descanso sobre casi todo, ellos siguen esperando.

Esperando una valoración. Una prestación. Una respuesta. Una oportunidad.

Y, sin embargo, rara vez ocupan el centro de la conversación.

Tal vez porque el enfrentamiento siempre genera más audiencia que la gestión.

Seguí mirándome en el espejo. Entonces comprendí que el problema no era la política.

Ni siquiera eran los políticos.

El problema empezaba mucho antes. Empezaba el día en que un ciudadano dejaba de confiar.

Cuando una persona deja de creer que las instituciones pueden resolver los problemas con independencia y eficacia.

Cuando duda de casi todo antes incluso de conocer los hechos.Cuando la sospecha sustituye a la confianza.

No hablo de confiar ciegamente.

Eso tampoco sería sano.

Toda democracia necesita ciudadanos críticos.

Pero una sociedad tampoco puede vivir instalada en la sospecha permanente.

Porque cuando dejamos de confiar en todo, terminamos creyendo únicamente a quienes piensan exactamente como nosotros.

Y ese es un camino peligroso. Porque nos empobrece. Nos encierra. Y acaba convirtiendo el desacuerdo en una frontera.

Apoyé las manos sobre el lavabo. Por primera vez dejé de mirar el espejo. Y empecé a mirarme a mí.

Me pregunté cuántas veces había compartido una noticia sin detenerme lo suficiente a comprenderla.

Cuántas veces había escuchado solo a quienes reforzaban mis propias ideas.

Cuántas veces había contribuido, sin darme cuenta, a ese ruido que tanto criticaba.

Comprendí entonces que el espejo nunca había querido hablarme de gobiernos. Ni de partidos. Ni de ideologías.

Quería hablarme de nosotros.

De cómo la confianza se construye muy despacio y puede romperse en apenas unos minutos. De cómo resulta mucho más sencillo desacreditar que comprender.

Mucho más fácil etiquetar que escuchar. Mucho más rentable alimentar el enfrentamiento que buscar puntos de encuentro.

Y comprendí algo que me produjo más tristeza que enfado.

Los países no empiezan a romperse cuando unos ciudadanos piensan diferente de otros. Empiezan a romperse cuando dejan de reconocerse entre ellos. Cuando la conversación desaparece. Cuando la desconfianza ocupa el lugar del respeto. Cuando olvidamos que las instituciones existen para proteger derechos y no para convertirse en el escenario permanente de nuestras batallas.

Apagué la luz.

El espejo volvió a ser únicamente un espejo.

Mi rostro seguía siendo el mismo. Pero el país continuaba detrás. Esperándonos a todos. No para decidir quién gana la próxima discusión. Sino para preguntarnos si todavía somos capaces de recuperar algo tan sencillo y tan difícil como la confianza.

Porque quizá el mayor desafío de una democracia no sea conseguir que todos pensemos igual.

Quizá el verdadero desafío consista en que, pensando diferente, todavía seamos capaces de reconocernos cuando volvamos a mirarnos en el mismo espejo.

Las pensiones tienen memoria. Y hay quienes preferirían que los ciudadanos votaran sin hacer demasiadas preguntas.

Hay casas en Canarias donde la pensión llega antes que la tranquilidad.

El día que se cobra, alguien hace cuentas. La luz, el agua, la compra, los medicamentos. Quizá también una ayuda para un hijo que no encuentra trabajo o para un nieto que, aun trabajando, no consigue pagar un alquiler.

A veces no sobra nada. Pero aquella pensión mantiene la casa en pie. Por eso, cuando alguien anuncia desde un despacho o un plató de televisión que el sistema va a colapsar, no está pronunciando una frase cualquiera. Está entrando en miles de hogares, sentándose a la mesa sin haber sido invitado y dejando una preocupación que no desaparece cuando termina el programa.

En Canarias tenemos una expresión para esos momentos en los que alguien deja entrever algo que quizá prefería mantener oculto.

Ha sacado la patita. Y estos días, hablando de pensiones, hemos visto asomar unas cuantas.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que el sistema actual acabará colapsando. También ha defendido la necesidad de cambiar el modelo y tomar decisiones valientes.

¿Valientes? De acuerdo. Pero díganos cuáles, porque resulta relativamente fácil hablar de valentía cuando las consecuencias pueden recaer sobre el bolsillo de otros.

Alberto Núñez Feijóo ha salido después a garantizar que las pensiones son innegociables y que mantendrá su actualización conforme al IPC.

Me parece bien que lo diga. Pero entre anunciar un colapso y prometer tranquilidad hay una explicación pendiente.

Y esa explicación no puede sustituirse por una frase de campaña. Sobre todo, porque las pensiones tienen memoria, aunque algunos discursos políticos parezcan confiar en que nosotros no la tengamos.

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que desvinculó la revalorización de las pensiones del IPC y estableció un incremento mínimo anual del 0,25%. La pensión subía sobre el papel mientras perdía valor en el supermercado.

En 2021, otra reforma recuperó la actualización conforme a la inflación y derogó el factor de sostenibilidad introducido en 2013.

No son opiniones. Son leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Y hay otra historia que merece contarse: la de la famosa hucha de las pensiones.

Al terminar 2013, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social disponía de unos 53.744 millones de euros. Al finalizar 2021 quedaban 2.138 millones.

Una caída enorme.

Conviene decirlo con rigor: aquel dinero se utilizó para atender obligaciones del sistema durante años difíciles. Sería incorrecto atribuir todo el descenso a una única reforma o a una sola decisión política. Pero también sería incorrecto detener ahí la historia, porque la hucha ha vuelto a crecer.

A finales de 2025 superaba los 14.000 millones de euros y, a 31 de marzo de 2026, alcanzaba los 15.267 millones. Parte de esa recuperación procede de las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

¿Significa que todos los problemas están resueltos? Naturalmente que no. El envejecimiento de la población, los salarios, el empleo y la financiación futura exigen respuestas serias.

Pero tampoco estamos ante una hucha vacía ni ante la desaparición inminente de las pensiones. Los números son los que son y una democracia merece que se cuenten completos, no solamente cuando sirven para asustar o para presumir.

Vox, mientras tanto, ha planteado avanzar hacia un modelo mixto que combine el reparto público con la capitalización individual. Sus dirigentes aseguran que las pensiones seguirán pagándose.

La cuestión es cómo. ¿Quién financiaría la transición? ¿Qué ocurriría con quienes tienen salarios bajos o carreras laborales interrumpidas?

Porque hablar de ahorro individual resulta sencillo cuando uno dispone de dinero para ahorrar.

Hay personas para quienes llegar a fin de mes ya constituye una proeza.

No se puede construir una propuesta de futuro fingiendo que todos partimos del mismo lugar.

Hasta aquí, un debate político que necesita explicaciones. Muchas.

Pero entonces llegó la televisión.

En Horizonte, Eduardo Inda recomendó al Partido Popular que dejara de hablar de pensiones hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Lo dijo sin demasiados rodeos: “Que se callen con las pensiones en el PP”. Y añadió que ya podrían hablar cuando estuvieran formando Gobierno.

Ahí apareció, para mí, la patita más reveladora. No porque un periodista tenga prohibido opinar. Tiene todo el derecho del mundo, sino porque una cosa es analizar si una declaración perjudica electoralmente a un partido y otra aconsejarle que guarde silencio sobre un asunto que afecta a millones de personas hasta que estas ya hayan votado.

Si una reforma es necesaria, habrá que explicarla. Y si puede resultar impopular, con más razón.

El cuarto poder no debería convertirse en el departamento de estrategia electoral de quienes aspiran al primero.

El periodismo tiene una tarea bastante más importante: preguntar, contrastar, investigar y contar lo que descubre, aunque incomode al Gobierno o a la oposición. Como hizo Silvia Intxaurrondo cuando, en una entrevista de 2023, cuestionó a Feijóo por afirmar que su partido siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC.

Eso es ejercer el periodismo. No se trata de desacreditar a toda una profesión. Sería injusto con quienes trabajan con rigor y soportan presiones por hacer preguntas incómodas. Se trata de recordar que los ciudadanos necesitamos periodistas que nos ayuden a conocer los hechos, no tertulianos que enseñen a los políticos cuándo conviene esconderlos.

Y esta exigencia también alcanza a quienes gobiernan.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo defienden la actualización de las pensiones conforme al IPC, como establece la legislación vigente. Pero tienen igualmente la obligación de explicar cómo afrontar los desafíos de financiación de las próximas décadas.

La sostenibilidad no puede despacharse con un eslogan, venga de donde venga, porque el debate no consiste en elegir entre cerrar los ojos ante los problemas o anunciar el apocalipsis cada vez que alguien abre la boca. Consiste en encontrar soluciones sin convertir a los pensionistas en rehenes del miedo.

A veces tengo la impresión de que hablamos de las pensiones como si fueran una gráfica sin rostro. Pero detrás hay personas que empezaron a trabajar siendo casi niños. Mujeres que compaginaron empleos mal pagados con cuidados que apenas les fueron reconocidos. Trabajadores que levantaron este país y que ahora escuchan con preocupación que quizá todo aquello por lo que cotizaron está en peligro.

Y también hay jóvenes que se preguntan si algún día tendrán una jubilación digna. No deberíamos enfrentarlos, porque el futuro de los jóvenes y la tranquilidad de nuestros mayores forman parte del mismo compromiso entre generaciones.

Volvamos a aquella casa canaria del principio. A la persona que comprueba si ya ha llegado la pensión.

Quizá no sepa qué es la capitalización individual ni cómo funciona el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, pero sabe perfectamente cuánto cuesta llenar la nevera y, sólo por eso, tiene derecho a conocer qué propone cada partido antes de decidir su voto.

No me escandaliza que se hable de reformar las pensiones. Me preocuparía más que nadie quisiera debatir su futuro.

Lo que me indigna es que alguien considere más conveniente esconder esa conversación hasta después del 29 de noviembre, porque entonces el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte en democrático.

No sabemos qué reformas se aprobarán después de las elecciones generales. Sería irresponsable presentar como decidido un recorte que todavía no está acreditado.

Pero sí sabemos qué se hizo en 2013, qué cambió en 2021, cómo ha evolucionado la hucha y qué se ha dicho esta semana.

Tenemos motivos suficientes para exigir respuestas, porque las pensiones no son una limosna que los gobiernos conceden cuando les conviene. Son un derecho construido con décadas de trabajo y un compromiso colectivo que debe sostenerse con responsabilidad.

Y, sobre todo, con verdad.

Porque cuando una persona mayor llega al supermercado, nadie le permite aplazar el precio de la compra hasta después de las elecciones.

La factura llega hoy.

La electricidad se paga hoy.

La vida ocurre hoy.

Y las explicaciones también deberían llegar hoy.

Así que sí, han sacado la patita.

Pero lo verdaderamente preocupante no es que alguien la haya enseñado.

Es que haya quien aconseje esconderla hasta que los ciudadanos ya hayan votado.

No hace falta creer todas las mentiras para que triunfen. Basta con compartir aquellas que perjudican a quienes no soportamos.

La mentira tiene una ventaja extraordinaria sobre la verdad: no necesita demostrar nada. Le basta con provocar: Una cifra descomunal. Un vídeo indignante. Un inmigrante convertido en amenaza. Un político presentado como salvador…

Después llega el desmentido… Si llega. Y para entonces, demasiadas veces, la mentira ya ha hecho su trabajo.

Estamos en precampaña electoral y algunas afirmaciones recientes de dirigentes de la derecha y la ultraderecha merecen algo más que indignación. Merecen que pongamos los hechos encima de la mesa. Porque discutir una idea es política. Deformar los datos que la sostienen es otra cosa.

El pasado 29 de septiembre, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, afirmó que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno habían entrado ocho millones de extranjeros en España.

Ocho millones.

Una cifra capaz de recorrer las redes antes de que nadie tenga tiempo de preguntarse de dónde sale.

Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que, entre julio de 2018 y julio de 2026, la población extranjera residente aumentó en 2,78 millones de personas. Eso no significa que únicamente entraran 2,78 millones durante esos años. Las entradas migratorias y el aumento neto de residentes son magnitudes diferentes y, precisamente por eso, no deberían confundirse.

Newtral calificó la afirmación de engañosa.

Y aquí está el problema porque, cuando se utilizan cifras para despertar preocupación, no es indiferente hablar de entradas, de residentes o del crecimiento de una población. Los números no son plastilina, aunque algunos discursos políticos parezcan empeñados en moldearlos hasta conseguir la forma que más les conviene.

Otro ejemplo.

La regularización extraordinaria de personas inmigrantes aprobada este año ha venido acompañada de mensajes que la presentan como una fábrica de nuevos votantes.

El Gobierno regulariza inmigrantes para que después lo voten

Suena escandaloso. También es una explicación que se derrumba en cuanto examinamos la legislación.

Una autorización de residencia no concede la nacionalidad española. Y para votar en unas elecciones generales hay que tener esa nacionalidad. La regularización no concede automáticamente ese derecho.

Maldita.es también ha explicado por qué los plazos y requisitos aplicables impiden que esta medida se traduzca en el voto que anuncian esos mensajes para las elecciones de 2026.

Se puede estar a favor o en contra de la regularización. Se puede cuestionar su diseño, su alcance o los recursos disponibles para aplicarla. Lo que no se debería hacer es atribuirle consecuencias electorales que no tiene. Aunque, naturalmente, “están fabricando votantes” cabe mucho mejor en un vídeo de quince segundos que una explicación del Código Civil y la legislación electoral.

La mentira es breve. La verdad suele necesitar un poco más de paciencia.

Y luego están los vídeos. Esos que llegan al teléfono acompañados de una frase irresistible: “Mira lo que dicen”.

En los últimos meses han circulado grabaciones de supuestas mujeres inmigrantes y musulmanas que aseguran vivir de ayudas públicas o anuncian que abandonarían España si Vox ganara las elecciones.

Maldita.es ha verificado varios de esos contenidos y ha identificado vídeos creados con inteligencia artificial. No eran testimonios espontáneos. Eran personajes fabricados.

Alguien creó unas caras, unas voces y unas declaraciones para que parecieran reales. Y nosotros debíamos indignarnos. A ser posible, antes de comprobar nada.

Hay algo especialmente perverso en este mecanismo: Antes se manipulaba lo que alguien había dicho. Ahora podemos inventarnos a la persona que supuestamente lo dice.

Fabricamos un personaje, le ponemos en la boca el prejuicio que queremos confirmar, lo lanzamos a las redes y después observamos cómo miles de personas discuten sobre alguien que ni siquiera existe.

Discutimos con fantasmas. Mientras tanto, los problemas reales siguen esperando.

Canarias conoce bien las dificultades de la gestión migratoria. La acogida, la atención a menores, los recursos públicos y la coordinación entre administraciones exigen decisiones, financiación y responsabilidades concretas.

No necesitamos negar esos problemas, pero tampoco inventar otros.

Un vídeo falso no crea una plaza de acogida.

Una cifra engañosa no mejora la atención humanitaria.

Y convertir a una persona inmigrante en culpable universal, no abarata una sola vivienda.

El Partido Popular tampoco está libre de declaraciones que necesitan contexto. Alberto Núñez Feijóo aseguró recientemente que ningún Gobierno había incrementado la deuda pública como el de Pedro Sánchez en ocho años, teniendo en cuenta el crecimiento económico.

Newtral calificó la afirmación de verdad a medias. Según los datos del Banco de España, la deuda pública aumentó un 44,9 % entre junio de 2018 y julio de 2026. Es un incremento considerable y merece debate. Pero la deuda había registrado aumentos porcentuales superiores durante los mandatos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque entonces el crecimiento económico fue menor.

¿Es legítimo criticar el endeudamiento actual?

Por supuesto.

¿Es legítimo comparar gobiernos?

También.

Lo que no ayuda es presentar una comparación compleja como si una frase bastara para resolverla.

Y conviene aclarar algo: una verdad a medias no es necesariamente una mentira deliberada. Puede ser una afirmación correcta que necesita contexto para no inducir a conclusiones equivocadas.

La precisión importa, incluso cuando resta contundencia a nuestro argumento. Sobre todo, entonces. Porque tampoco pienso sostener que toda falsedad que circula por internet ha sido fabricada por un partido. Que un bulo beneficie a Vox o al PP no demuestra que esas formaciones lo hayan creado.

Si denunciamos la manipulación, no podemos permitirnos manipular las atribuciones.

Y el mismo criterio debe aplicarse al Gobierno de Pedro Sánchez, a sus socios y a cualquier otra formación, porque una afirmación falsa no se vuelve verdadera porque la pronuncie alguien con quien simpatizamos.

La verdad no tiene carné de partido.

Hasta aquí los políticos. Ahora viene la parte incómoda… Nosotros.

Porque resulta muy sencillo indignarse con una mentira ajena. Lo difícil es reconocer una que nos conviene.

Tenemos una extraordinaria capacidad para detectar las trampas del adversario y una sorprendente facilidad para disculpar las de quienes piensan como nosotros.

Si una noticia perjudica al partido que rechazamos, la compartimos.

Si después descubrimos que era falsa, buscamos una excusa.

“Bueno, pero podría haber pasado”.

No.

Que algo pudiera haber pasado no significa que haya ocurrido.

Y que deseemos que una acusación sea cierta no la convierte en verdad.

Esa es la frontera que estamos empezando a cruzar con demasiada naturalidad. Ya no siempre preguntamos si una información es verdadera. Preguntamos a quién perjudica. Y según la respuesta decidimos cuánto rigor estamos dispuestos a exigir.

Es una forma cómoda de vivir la política y, también una forma peligrosísima de renunciar a pensar, porque defender unas ideas no obliga a defender cualquier cosa que se diga en su nombre.

Se puede ser conservador y rechazar un bulo difundido desde la derecha. Se puede ser progresista y denunciar una manipulación de la izquierda. Se puede pedir una política migratoria más restrictiva sin inventar cifras. Y se puede criticar al Gobierno sin atribuirle decisiones que no ha tomado.

Eso no debilita unas convicciones… Las hace más respetables.

Lo contrario es convertir la política en una cuestión de fe. Y, que yo sepa, los partidos políticos no son iglesias.

Ni sus dirigentes, santos.

Ni sus portavoces, oráculos.

Son representantes públicos que deben responder por lo que dicen, especialmente cuando sus palabras alimentan el miedo, la desconfianza o el enfrentamiento entre ciudadanos.

Porque mientras discutimos sobre cifras mal utilizadas y personajes fabricados, hay familias que no encuentran vivienda, pacientes que esperan una consulta, trabajadores que no llegan a fin de mes y jóvenes que se preguntan si tendrán que marcharse para construir su futuro.

Esos problemas existen y no necesitan inteligencia artificial para parecer reales. Necesitan política. Y la política empieza cuando dejamos de buscar culpables imaginarios y exigimos respuestas comprobables.

¿Qué propone exactamente quien denuncia el problema?

¿Cómo piensa resolverlo?

¿Cuánto costará?

¿Quién asumirá las consecuencias?

Preguntas sencillas. Mucho menos virales que un insulto, pero bastante más útiles que un bulo.

No pretendo que desconfiemos de todo hasta volvernos incapaces de creer en nada. Eso también sería una victoria de la desinformación. Pretendo algo más modesto:

Que antes de compartir una noticia que nos enciende, comprobemos de dónde sale.

Que pidamos pruebas.

Que aceptemos las rectificaciones.

Y que nos hagamos una pregunta que puede resultar bastante desagradable:

¿Seguiría creyendo esto sí perjudicara a mi propio partido?

Ahí empieza la verdadera prueba. No en detectar la mentira del contrario, sino en ser capaces de rechazar la nuestra. Porque una democracia no necesita ciudadanos que defiendan a sus dirigentes como si fueran infalibles. Necesita ciudadanos capaces de mirar a los suyos y decirles: “No me tomes por idiota”.

Eso debería ser compatible con cualquier ideología. Y exigible a todas.

Cuando llegue el momento de votar, cada cual decidirá qué proyecto le convence. Pero convendría llegar a las urnas con algo más que enfado, miedo y vídeos reenviados.

Con hechos.

Con preguntas.

Con memoria.

Y con la suficiente independencia como para no entregar nuestro criterio a quien mejor sepa manipular nuestras emociones. Porque la mentira no construye viviendas, ni reduce las listas de espera, no mejora los salarios, ni arregla los servicios públicos… Pero puede conseguir algo mucho más grave: que dejemos de exigir soluciones mientras discutimos sobre problemas inventados.

La mentira también vota. No porque pueda introducir una papeleta en la urna, sino porque cada vez que aceptamos una falsedad por conveniencia, dejamos que alguien piense por nosotros.

Y quizá ese sea el verdadero peligro.

Que nos roben el criterio y todavía creamos que estamos ejerciendo nuestra libertad.

Antes de votar quizá deberíamos preguntarnos no solo quién queremos que gobierne, sino qué estamos dispuestos a perder. Todavía no estamos en campaña electoral… Pero casi.

La precampaña ya ha empezado a hacer lo que mejor sabe hacer: llenar el espacio de promesas, encuestas, acusaciones, corrupción, vídeos de veinte segundos y frases diseñadas para incendiar las redes.

Unos anuncian que España se rompe. Otros aseguran que solo ellos pueden salvarla.

Mucho ruido.

Así que propongo algo bastante menos espectacular.

Un espejo.

Antes de decidir tu voto, mírate. No al candidato ni al cartel. Tampoco al último vídeo que te llegó por WhatsApp. Mírate a ti y pregúntate:

¿Qué estás dispuesto a perder?

Yo lo tengo claro.

No quiero volver atrás.

Sí quiero seguir ganando derechos.

No quiero que una persona con discapacidad tenga que agradecer que pueda entrar en un edificio, coger una guagua, estudiar, trabajar, utilizar una aplicación o hacer un trámite administrativo.

Quiero accesibilidad de verdad.

No la rampa para la fotografía institucional mientras la página web sigue siendo inaccesible. Tampoco una autonomía que dependa de encontrarte con un funcionario amable, un conductor comprensivo o un empresario sensibilizado.

Quiero derechos, porque los derechos tienen una ventaja sobre la caridad: no hay que dar las gracias por recibirlos.

En 2024 España reformó el artículo 49 de la Constitución. Las personas con discapacidad dejamos de aparecer bajo una terminología que llevaba demasiado tiempo diciendo mucho de cómo nos había mirado este país.

No fue solamente cambiar una palabra. Fue reconocer dignidad, autonomía, inclusión y accesibilidad como cuestiones de derechos. Costó llegar hasta ahí, por eso no quiero retroceder ni un centímetro.

Tampoco quiero que una persona mayor tenga que sentirse inútil porque no sabe utilizar una aplicación. Quiero tecnología, claro que sí, pero con personas detrás. Digitalizar no puede significar abandonar.

Y no quiero volver a discutir qué familia merece llamarse familia. Ya hemos perdido demasiado tiempo con eso.

Dos hombres pueden casarse. Dos mujeres pueden formar una familia. Una persona debería poder vivir su identidad sin convertirse en munición electoral.

No quiero armarios.

Quiero libertad.

Pero cuidado con una trampa bastante frecuente.

La libertad no consiste en que yo pueda hacer lo que quiera mientras decido qué derechos debería tener el vecino.

Hoy existen fuerzas políticas que plantean abiertamente derogar legislación sobre derechos LGTBI y trans.

Discutamos las leyes. Artículo por artículo. Digamos que funciona y qué no. Reformemos lo que haya que reformar.

Eso es política.

Pero cuando alguien diga “hay que derogarlo”, hagamos una pregunta antes de aplaudir:

¿Qué exactamente?

¿Qué derecho sobra?

¿El mío? ¿El tuyo? ¿El del vecino?

Porque decir “derogación” desde un atril es fácil.

Vivir después con lo derogado es otra cosa.

Tampoco quiero que una mujer tenga que demostrar otra vez que la igualdad sigue siendo necesaria.

Ni racismo disfrazado de solución.

España necesita una política migratoria seria, ordenada y realista, pero sin convertir a quien llega en el culpable de todos los problemas que llevamos años sin resolver.

Y quiero discusión… Mucha.

Quiero que alguien pueda decirme que estoy equivocado y poder responderle. Quiero votar diferente a mi vecino y saludarlo al día siguiente.

No quiero enemigos. Quiero adversarios.

La diferencia parece pequeña.

Una democracia entera cabe dentro.

Y no quiero corrupción. De nadie. Porque hemos desarrollado una curiosa ética política en la que la corrupción es insoportable cuando la practica el adversario y necesita muchos matices cuando aparece en casa.

No.

Quien mete la mano donde no debe tiene que responder, se llame como se llame y lleve las siglas que lleve.

Lo público no pertenece al partido que gobierna… Nos pertenece.

Pero hay algo que me preocupa especialmente en esta precampaña… El enfado.

Y hay razones para estar enfadados: la vivienda, las listas de espera, los salarios, la cesta de la compra, la burocracia, la corrupción y esa sensación de que demasiadas veces la política habla muchísimo de sí misma y bastante poco de nosotros.

Ese enfado es legítimo.

El peligro empieza cuando alguien descubre que también da votos.

Entonces aparece el vendedor de soluciones milagrosas. El culpable perfecto. El salvador que promete acabar con todo.

Desconfío de los salvadores. Especialmente de los que para salvarme necesitan convencerme primero de que debo tener miedo de mi vecino, porque el populismo tiene un truco viejo y extraordinariamente eficaz: coger un problema real, buscar un culpable sencillo y vender una solución imposible.

Mientras discutimos sobre el culpable, el problema continúa.

La política que cambia nuestra vida suele ser bastante menos espectacular.

Es poder pagar una vivienda, recibir atención cuando estás enfermo, conseguir una prestación sin necesitar un máster en burocracia, desplazarte con autonomía si tienes una discapacidad, no quedar fuera porque todo funciona mediante una pantalla, volver tranquila a casa, formar una familia sin convertirte en debate nacional o trabajar y poder vivir de ello.

Eso entra en casa.

Eso sí cambia una vida.

Por eso me niego a votar únicamente desde el cabreo, porque el cabreo pasa, pero las leyes quedan. Y ahí está el espejo.

¿Qué derechos tenemos hoy que nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron?

¿Qué libertades disfrutamos con tanta normalidad que hemos olvidado cuánto costaron?

¿De verdad estamos dispuestos a perder alguna porque alguien ha conseguido convencernos de que el problema son los derechos del vecino?

Yo no.

Quiero cambiar muchas cosas. Mejores servicios públicos, vivienda, una sanidad que responda, una administración que no convierta cada trámite en una prueba de resistencia y una España que no obligue a sus jóvenes a elegir entre marcharse o resignarse.

Quiero políticos que rindan cuentas.

Menos propaganda y más gestión.

Pero para arreglar una casa no hace falta quemarla.

No todo lo conquistado pertenece a un partido.

La libertad no es de izquierdas. La igualdad no debería serlo. La dignidad tampoco. La accesibilidad no puede serlo. Y poder amar a quien quieras, mucho menos.

Los derechos, cuando llegan, dejan de pertenecer al gobierno que los aprobó.

Pasan a ser nuestros.

También de quienes votaron contra ellos.

Por eso, cuando tenga una papeleta delante, no voy a preguntarme quién gritó más fuerte, quién hizo el vídeo más viral o quién consiguió enfadarme más.

Voy a preguntarme algo bastante más incómodo:

¿Qué quiero cambiar sin perder lo que tanto costó conseguir?

Porque quiero avanzar sin renunciar a la libertad, la igualdad, la autonomía, la convivencia y la democracia.

Quiero cambiar lo que no funciona, pero no quiero volver atrás.

Y quizá de eso vaya todo este ruido que empieza mucho antes de que comience oficialmente la campaña.

De saber distinguir entre cambiar y retroceder, porque los gobiernos pasan, los candidatos pasan, las precampañas pasan y los derechos también pueden pasar…

Si los dejamos.

Hubo un tiempo en que, cuando una mujer iba a casarse, comenzaba a preparar su ajuar: sábanas bordadas, manteles, toallas, vajilla, alguna pieza de menaje, muebles que quizá llevaban años esperando su momento. Todo se guardaba con cuidado porque aquel conjunto no era solamente un montón de cosas. Era el comienzo de una casa.

El ajuar también hablaba de dinero, de familias y de posibilidades. De lo que cada uno podía aportar al matrimonio.

Y luego estaban las fotografías, la ropa guardada y esos pequeños objetos que, con los años, terminaban formando parte de la memoria familiar.

Las bodas cambiaron y con ellas cambiamos nosotros.

Antes, quizá, la pregunta era:n“¿Qué aporta cada uno?”

Hoy debería ser bastante más sencilla: “¿Quién te hace feliz?”

Parece una diferencia pequeña pero no lo es.

Durante mucho tiempo hubo personas que quisieron casarse y no pudieron. No porque les faltaran ganas de compartir una vida, sino porque la ley no reconocía su relación de la misma manera.

En 2005 España cambió aquello. El matrimonio civil se abrió a las parejas del mismo sexo con los mismos requisitos y efectos.

Pero aquella ley tuvo oposición.

Más de cincuenta diputados del Grupo Popular recurrieron ante el Tribunal Constitucional la norma que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2012, el Constitucional desestimó el recurso y declaró constitucional aquella regulación.

Conviene recordarlo porque los derechos no aparecen solos.

Tienen una fecha. Y también tienen una historia.

Hoy seguimos viendo cómo Vox cuestiona el marco legal de derechos LGTBI. En 2026 ha presentado, por ejemplo, una enmienda a la totalidad contra una ley LGTBI en Asturias y ha defendido la derogación de leyes relacionadas con estos derechos, incluso proponiendo políticas contrarias en aquellas instituciones en las que gobierna.

No hace falta decir que mañana alguien vaya a prohibir una boda entre dos hombres, pero sí conviene recordar que los derechos pueden convertirse en terreno de disputa política.

Y cuando se empieza a discutir qué familia merece reconocimiento, qué protección debe tener o qué modelo se considera normal, quizá conviene mirar un poco hacia atrás.

Porque una familia no necesita que nadie la apruebe.

Necesita que la ley la reconozca.

Y esto no va solamente de dos hombres.

Va de dos mujeres, de parejas que llevan cuarenta años juntas, de quienes tienen hijos y de quienes no los tienen. De quienes empiezan ahora y de quienes llevan media vida compartiéndola.

Va de algo bastante sencillo: vivir sin tener que explicar por qué has elegido a esa persona.

En Canarias conocemos bien el valor de las historias que pasan de generación en generación.

Una boda se prepara, se comenta y se celebra.

Las familias se encuentran. Los amigos hablan. Alguien recuerda el vestido. Otro cuenta quién lloró durante la ceremonia. Años después aparece una fotografía y vuelve la historia.

Una boda termina formando parte de la memoria de una familia y, muchas veces, también de la de un pueblo.

Por eso merece la pena recordar cómo hemos llegado hasta aquí.

Hubo un tiempo en el que amar a alguien del mismo sexo era perseguido y castigado.

Hubo un tiempo en que dos hombres podían quererse, vivir juntos y formar una familia, pero no podían casarse.

Hubo un tiempo en que dos mujeres podían compartir una vida entera y no tenían el mismo reconocimiento legal.

Hoy eso ha cambiado.

Y eso también forma parte de nuestra historia reciente.

Antes se preparaba una dote.

Después se preparaba una casa.

Hoy se prepara una vida.

Ese es el ajuar que importa.

No las sábanas. No la vajilla. No los muebles.

Las mañanas compartidas. Las noches complicadas. Los viajes. Los enfados. Las reconciliaciones. Las enfermedades. Los proyectos. Las cosas que salen bien y las que no.

Tener a alguien a quien llamar cuando pasa algo.

Mirar al otro lado de la mesa y saber que ahí está tu casa.

Eso también es una familia.

Y quizá por eso estas historias importan más de lo que parece.

Porque detrás de cada boda entre dos personas del mismo sexo hay también una historia que hace no tanto tiempo era imposible.

Una historia de personas que tuvieron que esperar para poder hacer algo que hoy puede parecer tan sencillo como firmar unos papeles, ponerse una alianza o decir “sí, quiero”.

Me niego a volver atrás

Quizá dentro de unos años alguien lea estas líneas y no entienda por qué hubo que defender algo tan normal.

Ojalá.

Porque entonces significará que hemos aprendido algo.

Que una boda puede ser simplemente una boda.

Que una familia puede ser simplemente una familia.

Y que nadie debería necesitar un baúl, una explicación o el permiso de nadie para construir la vida que ha elegido.

Mañana dos hombres dirán: “Sí, quiero”.

Y quizá lo más importante sea que nadie tenga que preguntarse por qué.

Hay monumentos que cuentan una historia y hay monumentos que todavía parecen empeñados en contarla desde el lado de los vencedores. En Santa Cruz de Tenerife tenemos uno. Es grande y visible. Forma parte del paisaje de la ciudad desde hace décadas y tiene un nombre que nadie debería olvidar: Francisco Franco.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha decidido llevar al Estado a los tribunales para intentar impedir que el monumento sea retirado.

Ya no hablamos solamente de una escultura. Hablamos de qué quiere decir una ciudad cuando decide qué merece permanecer en su espacio público y, sobre todo, de a quién decide escuchar.

El Estado ordenó su retirada. El Gobierno de Canarias concluyó el procedimiento para declararlo Bien de Interés Cultural y no lo declaró. El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, máximo órgano consultivo en esta materia, había rechazado previamente esa protección por dieciséis votos frente a ninguno, con una abstención.

Pero el Ayuntamiento insiste, ahora vamos a los tribunales.

Yo tengo una pregunta muy sencilla: ¿de verdad merece tanto esfuerzo conservar un monumento dedicado a Franco?

No pregunto si la escultura está bien hecha o si Juan de Ávalos sabía trabajar el material. Tampoco quiero saber si la pieza tiene valor artístico.

Pregunto qué representa, porque una escultura no existe solamente por el material del que está hecha, también existe por aquello que recuerda y, esta escultura está vinculada a un régimen dictatorial que gobernó España durante décadas después de una guerra provocada por un golpe militar contra la República.

Eso también forma parte de nuestra historia y, quizá, convendría recordarlo cuando hablamos de patrimonio, porque resulta extraño que para algunas personas la memoria empiece en la piedra y termine antes de llegar a las víctimas.

En Canarias también hubo víctimas. También hubo persecución. También hubo familias rotas. También hubo personas asesinadas, desaparecidas, encarceladas y represaliadas.

El propio Gobierno de Canarias mantiene un mapa de fosas y un buscador de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

No son solo cifras. Son nombres. Son vidas.

Y hay un dolor que quizá resulte difícil de explicar a quien nunca lo ha vivido: perder a alguien y no poder despedirse.

No saber dónde está. No poder llevarle una flor. No poder decirle adiós.

No poder explicar a los hijos y a los nietos dónde descansan sus restos.

Hay dolores que no desaparecen porque hayan pasado ochenta años. Todo lo contrario, siguen de generación en generación, permaneciendo en la memoria de las familias.

Por eso me cuesta entender que una administración pública pueda emplear recursos, informes, procedimientos y ahora incluso abogados para intentar conservar en la vía pública un monumento vinculado al dictador que encabezó aquel régimen.

Y quiero ser cuidadoso con algo. No estoy diciendo que quien protege la conservación del monumento esté defendiendo una dictadura. No sería justo ni serio.

El alcalde ha defendido que existen posibles valores artísticos y ha planteado vías de protección patrimonial para evitar su retirada. Esa es su posición. Tiene derecho a defenderla. Pero quienes pensamos lo contrario también tenemos derecho a decirlo claramente. Una democracia no debería necesitar un pedestal para recordar una dictadura.

Porque retirar un monumento no significa borrar la historia, a veces significa precisamente lo contrario. Significa dejar de homenajearla.

Podemos conservar documentos, fotografías, explicar en un museo quién encargó la obra, cuándo se levantó y qué pretendía representar. Podemos enseñar a nuestros hijos lo que ocurrió. Lo que no necesitamos es mantener en un espacio público un símbolo que muchas familias pueden vivir como una herida.

Una cosa es conservar la memoria y otra muy distinta es conservar la exaltación. Y aquí conviene mirar más allá de nuestras fronteras.

Alemania convirtió la memoria del nazismo en una política de educación, documentación y responsabilidad histórica, con una legislación especialmente restrictiva respecto a la propaganda nazi.

Italia sigue teniendo debates sobre la permanencia de símbolos y lugares vinculados al fascismo.

Y Rusia demuestra precisamente que la relación con el pasado dictatorial puede ser mucho más compleja: allí conviven la memoria histórica, la reivindicación de la victoria soviética y una importante presencia pública de símbolos de la etapa soviética.

Por eso no necesitamos copiar a nadie. España tiene que decidir qué hace con su propia historia. Y nuestra historia nos obliga a mirar también a quienes perdieron, porque esta discusión no va solamente de patrimonio. Va de memoria, de respeto, de víctimas.

Y quizá ahí esté la pregunta que deberíamos hacerle al alcalde. Señor Bermúdez: ¿qué cree que siente una familia que todavía busca a su abuelo cuando ve que una institución pública dedica esfuerzos a conservar un monumento relacionado con quien encabezó aquella dictadura?

¿Qué siente una hija que nunca pudo despedirse de su padre?

¿Qué siente un nieto que sigue buscando una fosa?

¿Qué les estamos diciendo?

¿Que la escultura merece más protección que su memoria?

Yo creo que no, porque una escultura no siente, ni sufre, ni tiene hijos ni nietos. No tiene recuerdos y no necesita que nadie la defienda.

Las personas sí y, quizá por eso, deberíamos invertir el esfuerzo.

Menos energía en salvar una piedra. Más energía en encontrar a quienes siguen desaparecidos. Menos recursos en buscarle un encaje patrimonial a un símbolo franquista. Más recursos para que las familias puedan recuperar los restos de los suyos.

Menos preocupación por el pedestal. Más preocupación por las personas.

Porque el verdadero patrimonio de una ciudad no son solamente sus edificios, sus esculturas o sus plazas. También son las historias de quienes la construyeron. Incluso las de quienes fueron silenciados. Incluso las de quienes fueron asesinados. Incluso las de quienes murieron sin que sus familias pudieran despedirse.

Y mientras escribo estas líneas, RTVE acaba de estrenarnLorca, las horas perdidas, un documental que vuelve, noventa años después, sobre las últimas horas de Federico García Lorca, su asesinato y las incógnitas que todavía rodean sus restos.

Noventa años después seguimos preguntándonos dónde termina una vida y dónde empieza una ausencia.

Quizá ese documental sirva para recordar algo muy sencillo: detrás de cada desaparecido hubo una persona y detrás de cada persona hubo una familia.

No son cifras. No son bandos. No son argumentos para una tertulia.

Son seres humanos.

Por eso no quiero que este artículo termine hablando de Franco.

Quiero que termine hablando de quienes no pudieron despedirse, porque Franco murió hace cincuenta y un años, pero todavía hay familias que siguen buscando.

Y mientras algunas instituciones siguen discutiendo cuánto valor artístico tiene una escultura, hay personas que llevan décadas intentando encontrar dónde está enterrado su padre, su abuelo, su hermano.

A lo mejor el problema no es que Santa Cruz tenga un monumento demasiado grande. A lo mejor el problema es que todavía le estamos dando demasiada importancia.

La historia no necesita que Franco siga sobre un pedestal. Necesita que las víctimas dejen de estar debajo de la tierra y del olvido.

Y quizá, señor Bermúdez, esa debería ser la batalla que mereciera todos nuestros recursos.

No salvar un monumento. Salvar la memoria.

Porque una democracia no se mide por cuánto conserva de una dictadura.

Se mide por cuánto respeta a quienes la dictadura hizo desaparecer.

¿Se acuerdan de las ratas?

Durante unos días ocuparon titulares, tertulias, redes sociales y declaraciones políticas. Se convirtieron en el símbolo de una polémica que llevó a Canarias a las portadas nacionales e internacionales.

Y quizá convenga volver atrás.

No para hablar de ratas. Para hablar de miedo y de memoria.

Porque hubo un momento en el que desde Canarias se lanzaron mensajes que hicieron que muchos ciudadanos miráramos aquel barco de otra manera. Un barco que, de repente, parecía representar una amenaza para nuestras costas, nuestra población y nuestra seguridad.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue uno de los principales protagonistas de aquella posición.

Y tenía derecho a estar preocupado. Por supuesto que sí. Un presidente tiene la obligación de preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos, pero también tiene una responsabilidad extraordinariamente importante: medir sus palabras, porque cuando un ciudadano expresa miedo, expresa miedo. Cuando lo hace el presidente de una comunidad autónoma, sus palabras pueden convertirse en alarma.

Y ahí está, a mi juicio, el verdadero problema.

Durante aquellos días se habló de ratas que podían llegar a la costa y de riesgos que terminaron siendo descartados por los informes sanitarios. El Gobierno de España llegó incluso a ordenar la acogida del buque en Granadilla después de la oposición de Clavijo al fondeo.

El miedo encontró un altavoz institucional.

¿Cuántos tuvimos miedo? ¿Cuántos miramos aquel barco de otra manera? ¿Cuántos pensamos que estábamos ante una amenaza mayor de la que finalmente fue?

Y, sobre todo, ¿cuántos dejamos que aquel miedo cambiara nuestra manera de mirar a quienes viajaban en él?

Porque detrás de aquel barco había personas de 23 nacionalidades que no habían elegido enfermar ni convertirse en protagonistas involuntarias de una batalla política.

Conviene decirlo con claridad: el brote fue real y fue grave. La OMS registró 13 casos y tres fallecimientos. Precisamente por eso la respuesta debía estar en manos de quienes saben de salud pública.

España activó los protocolos. Las autoridades sanitarias coordinaron el operativo. Se realizó el seguimiento de pasajeros y contactos. La crisis fue gestionada.

Pero hay algo que me parece todavía más importante: después, la Organización Mundial de la Salud reconoció esa respuesta.

Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó la profesionalidad y serenidad de los sanitarios, la coordinación de las autoridades españolas y la solidaridad de la población canaria. También calificó la decisión española de acoger el barco como un acto de solidaridad y deber moral.

Eso también fue Canarias.

Mientras la polémica llenaba titulares, hubo profesionales trabajando en silencio, instituciones coordinándose y ciudadanos demostrando solidaridad.

Y eso debería formar parte de nuestra memoria, porque quizá una de las cosas más inquietantes del miedo político es su capacidad para instalarse rápidamente y desaparecer después.

Primero llega la alarma. Después otra noticia. Y aquello que dijimos desaparece. Pero las palabras no desaparecen tan fácilmente para quien las escuchó cuando tenía miedo.

Por eso debemos recordar. No para alimentar nuevamente la alarma, sino para comparar, preguntarnos qué ocurrió realmente y aprender.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿Quién pidió perdón?

El 12 de mayo, el ministro Ángel Víctor Torres pidió públicamente a Fernando Clavijo que reconociera sus errores y se disculpara por sus acusaciones. Pero, hasta donde consta públicamente, aquella disculpa no llegó.

No creo que un político tenga que acertar siempre. Los políticos son seres humanos y también se equivocan. Lo que sí deberíamos exigirles es algo mucho más sencillo: que sepan reconocerlo.

Pedir perdón no debilita a un político. Lo engrandece. Reconocer un error no es perder autoridad. Es demostrar que se tiene.

Fernando Clavijo es el presidente de todos los canarios: de quienes le votaron y de quienes no; de quienes estuvieron de acuerdo con sus palabras y de quienes las cuestionaron. Y precisamente por eso sus palabras tienen un peso que va mucho más allá de una declaración política.

Mientras escribo estas líneas, Ceuta vuelve a ocupar los titulares. Un informe policial conocido estos días apunta a que la entrada masiva de migrantes de finales de julio fue planificada y señala una actuación permisiva e incluso un posible guiado por parte de agentes marroquíes. Pero la propia información conocida hasta ahora no permite convertir todas esas conclusiones en una verdad definitiva ni atribuir la operación al Gobierno de Marruecos como Estado. La investigación judicial sigue abierta y existen también discrepancias sobre qué información previa recibió el Ejecutivo.

Y ahí está la lección.

Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que compartimos. Cuidado con lo que damos por cierto simplemente porque lo repiten muchas veces.

Porque entre una información, una interpretación y una verdad existe una distancia que, cuando hay miedo, podemos recorrer demasiado deprisa.

Lo vimos con las ratas.

Y quizá volvamos a verlo mañana con otra historia, con otro barco, con otra frontera o con otro miedo.

Canarias debería recordar su propia historia. Sabemos lo que significa marcharse, hacer una maleta, cruzar un océano y llegar a un lugar donde nadie te conoce.

Durante generaciones, miles de canarios emigraron a Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, México y tantos otros lugares. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos fueron los extranjeros: los que llegaron desde fuera, tuvieron que empezar de nuevo y necesitaron que alguien les abriera una puerta.

Por eso las fronteras pueden separar territorios, pero no deberían separar dignidades.

Proteger a nuestra población es una obligación. Proteger no significa deshumanizar. Tener miedo no nos da permiso para convertir al otro en una amenaza antes de conocerlo. Por eso, cuando pienso hoy en aquellas ratas, no pienso solamente en los roedores.

Pienso en la facilidad con la que una crisis puede convertir a personas en titulares. En la facilidad con la que el miedo puede convertirse en una herramienta política.

¿Qué sentimos aquel día? ¿Qué creímos? ¿Qué dijimos? ¿Qué compartimos? ¿Cuánto tardamos en olvidar?

Las emergencias sanitarias deben gestionarlas los sanitarios. Las decisiones deben tomarse con ciencia. Los gobiernos deben coordinarse. Y los políticos deberían pensar dos veces antes de convertir una emergencia en una batalla política.

Porque el miedo es demasiado poderoso para utilizarlo alegremente. Y una sociedad asustada es una sociedad vulnerable.

Hoy las ratas ya no ocupan nuestros titulares. El barco se fue. El brote terminó. Los pasajeros siguieron sus vidas. Nosotros seguimos con las nuestras.

Pero yo no quiero olvidar.

No quiero olvidar el miedo que se generó. No quiero olvidar las palabras que escuchamos. No quiero olvidar que hubo una respuesta sanitaria reconocida por la Organización Mundial de la Salud.

Y tampoco quiero olvidar que, cuando un político se equivoca, existe una palabra que debería formar parte de su vocabulario tanto como “responsabilidad”: perdón

Porque las ratas se fueron. El barco también. Los titulares cambiaron.

Pero la memoria debería quedarse.

Y la próxima vez que el miedo vuelva a llamar a nuestra puerta, quizá deberíamos recordar aquella historia antes de abrirle.

Porque un presidente puede equivocarse. Lo que no debería hacer nunca es pedirle a su pueblo que olvide que tuvo miedo.

Hay casas en Canarias donde estos días huele a libro nuevo y a mochila recién comprada. A lápices sin estrenar. A estuches que todavía conservan ese orden que perderán en pocas semanas.

Hay niños contando los días para volver al colegio y padres intentando que no falte nada.

Y hay una casa donde una niña también prepara su mochila.

Sus padres son jóvenes. Están ilusionados y nerviosos, como todos.

Pero mientras colocan los libros, ellos tienen una pregunta que otros padres no necesitan hacerse: ¿Estará el colegio preparado para nuestra hija?

Ella tiene autismo. Y mañana no solo estrenará curso. Sus padres estrenarán también una preocupación.

¿Habrá suficientes apoyos? ¿La entenderán? ¿Tendrá los recursos que necesita? ¿Podrá participar como los demás?

Porque hay familias para las que la vuelta al cole no termina cuando se cierra la mochila.

Empieza entonces.

Y conviene decirlo sin rodeos: una niña con discapacidad no necesita que la escuela le haga un favor. Necesita que la escuela cumpla con su obligación.

Canarias ha dado pasos en inclusión y este curso mantiene proyectos y medidas específicas para atender al alumnado con necesidades educativas diversas. Pero reconocer los avances no debería impedirnos hacer la pregunta incómoda: ¿de qué sirve que un niño tenga una plaza si después tiene que pelear para poder ocuparla en igualdad?

Porque inclusión no es matricular. Inclusión es participar. Es aprender. Es jugar. Es salir al recreo. Es hacer una excursión. Es poder estar en el aula sin que la discapacidad convierta cada día en una negociación.

Mientras unos padres preparan mochilas, otros preparan carpetas llenas de informes, solicitudes, valoraciones y documentos.

Y quizá ese sea uno de los mayores fracasos de nuestro sistema: que algunas familias tengan que convertirse en expertas en Administración para conseguir aquello que debería estar garantizado por derecho.

Y no ocurre solamente en los colegios.

También ocurre en las universidades.

Hay estudiantes sordos que llegan al aula con las mismas ganas que cualquier otro estudiante y que necesitan apoyos para poder seguir plenamente lo que ocurre dentro de ella.

Un intérprete de lengua de signos no es un privilegio, ni es una ayuda extraordinaria, es un recurso que permite que una persona pueda acceder a la educación en igualdad.

La Universidad de La Laguna contempla entre sus medidas de apoyo al alumnado con discapacidad la posibilidad de solicitar interpretación en lengua de signos. Pero una cosa es que el recurso exista y otra que llegue cuando se necesita, durante el tiempo que se necesita y sin convertir cada curso en una nueva carrera de obstáculos. Porque estudiar una carrera ya exige bastante esfuerzo como para tener que luchar además por poder entenderla.

Y después están las personas sordociegas.

Ahí las palabras “accesibilidad” e “inclusión” adquieren otra dimensión.

Comunicación. Información. Orientación. Desplazamientos. Mediación.

No hablamos simplemente de colocar una rampa o adaptar un documento. Hablamos de contar con la persona y el apoyo adecuados para poder comunicarse y desenvolverse.

La mediación para las personas sordociegas no es un extra. Para algunas personas, es la diferencia entre participar o quedarse fuera.

Y están también los estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave. La mayoría estudia en centros ordinarios, con apoyos especializados y recursos adaptados. Pero la inclusión no termina cuando el alumno entra en el aula.

También está el recreo. El comedor. Una excursión. Una actividad extraescolar. Un cambio de clase. Esos minutos en los que no hay una pizarra delante, pero sí hay algo igual de importante: infancia.

Porque un niño no va al colegio únicamente para aprender matemáticas o lengua. Va para jugar, relacionarse, hacer amigos, descubrir quién es y aprender a desenvolverse con los demás.

Y ahí también necesita apoyo quien lo necesita.

De poco sirve que durante una hora tenga todos los recursos si después, en el patio, nadie sabe cómo acompañarlo. Si una excursión se convierte en una barrera. Si una actividad deja de ser accesible. Si el comedor o los espacios comunes se convierten en lugares donde vuelve a quedarse al margen.

La inclusión no puede funcionar por tramos horarios.

Un niño no deja de necesitar apoyos cuando suena el timbre.

Porque un colegio accesible no es solamente un colegio al que se puede entrar. Es un colegio en el que se puede estar en el aula, pero también en el patio, en la excursión, en la actividad, en el comedor… en todos esos lugares donde, sencillamente, ocurre la vida.

Y quizá ahí esté la verdadera diferencia.

Hemos aprendido a utilizar mucho la palabra “inclusión”.

Está en las leyes. En los planes. En los proyectos. En los discursos.

Pero la inclusión no se demuestra escribiéndola. Se demuestra un martes cualquiera, a las diez de la mañana, dentro de un aula, cuando una niña con autismo tiene el apoyo que necesita, cuando un estudiante sordo puede seguir una explicación, cuando una persona sordociega dispone de mediación, cuando un alumno ciego recibe su material accesible al mismo tiempo que sus compañeros. Ahí es donde se decide si estamos hablando de inclusión o simplemente de buenas intenciones.

Porque hay algo que tampoco deberíamos olvidar: los derechos no pueden depender de la capacidad de una familia para insistir. No deberían depender de cuántas veces llame una madre. De cuántas reuniones consiga. De si sabe a qué puerta llamar. De si tiene tiempo para presentar una reclamación. Ni de cuánto pueda aguantar.

Una familia no debería tener que convertirse en una corredora de fondo para que su hijo pueda estudiar.

La Administración puede hablar de recursos.

Las estadísticas pueden hablar de plazas.

Los programas pueden hablar de inclusión.

Pero las familias saben perfectamente cuándo un recurso llega tarde. Y cuando llega tarde, para un niño puede significar perder una clase. Un trimestre. Una oportunidad. A veces, algo mucho más difícil de recuperar.

Mañana miles de niños volverán al colegio.

Habrá mochilas nuevas, libros, nervios, abrazos, lágrimas, fotografías en las puertas.

Y quiero volver a aquella casa. A aquella niña. A sus padres jóvenes preparando la mochila.

Quiero imaginar que cuando ella cruce mañana la puerta del colegio, ellos puedan sentir lo mismo que cualquier otro padre.

Que su hija está empezando un nuevo curso. No una nueva batalla.

Que puedan preguntarse si hará amigos, si le gustará su profesora, si volverá contenta a casa. Y no sí tendrá el apoyo que necesita.

Porque la pregunta nunca debería ser si una niña con autismo está preparada para la escuela. Ni si un estudiante sordo está preparado para la universidad. Ni si una persona ciega puede adaptarse al aula.

La pregunta debería ser si nosotros estamos preparados para ellos.

Porque la discapacidad no debería obligar a nadie a demostrar cada septiembre que merece estar dentro.

La inclusión no consiste en dejar entrar. Consiste en hacer sitio. Y ese sitio no puede depender de una solicitud, ni de una reclamación, ni de la suerte.

Cuando suene el timbre, todos deberían empezar el mismo curso, pero no porque todos sean iguales, sino porque todos tengan las mismas oportunidades para aprender.

Y quizá ese sea el verdadero examen de septiembre.

No el de nuestros hijos.

El nuestro.

En septiembre de 2025 entré en un edificio del Gobierno de Canarias con una carpeta bajo el brazo. Dentro había informes médicos, documentación y una solicitud muy sencilla: incorporar a mi certificado de discapacidad una nueva patología reconocida.

La funcionaria que me atendió fue correcta, profesional y cercana. Recogió la documentación y, antes de despedirme, me transmitió tranquilidad: “En un plazo máximo de seis meses tendrá una resolución. Puede consultar el estado de su expediente a través de la sede electrónica o llamando al 012”.

Salí de allí convencido de que la Administración podía tardar, pero de que el procedimiento ya había comenzado.

Me equivoqué. Pasaron seis meses. Luego siete. Después ocho. Nueve. Diez.

En varias ocasiones llamé al 012 para interesarme por el estado de mi expediente. Siempre encontraba respuestas parecidas. Hay mucho trabajo. Todavía no está informatizado. Debe esperar.

Y uno espera.

Porque entiende que detrás de cada mesa hay profesionales que hacen cuanto pueden con los medios de los que disponen.

Porque sabe que la Administración no siempre avanza al ritmo que necesitan los ciudadanos.

Y porque, casi sin darse cuenta, termina normalizando lo que nunca debería ser normal.

Hasta que hace unas semanas ocurrió algo que cambió por completo mi manera de entender este proceso.

La operadora del 012, cuya amabilidad merece ser reconocida, intentó localizar mi expediente. Buscó. Volvió a buscar. Guardó silencio. Yo también.

Finalmente me pidió el número de registro de la solicitud presentada hacía casi un año.

¿Por qué?

Porque el expediente ni siquiera aparecía en el sistema. No estaba pendiente. No estaba retrasado. No estaba en tramitación. Simplemente, para la propia Administración, todavía no existía.

Y en ese instante comprendí que el verdadero problema no era la demora. Era otro mucho más inquietante.

¿Cómo puede confiar un ciudadano en una Administración que, once meses después de presentar una solicitud, todavía no sabe que existe?

Una Administración puede pedir paciencia. Lo que no puede pedir es fe. Porque presentar un expediente es un trámite. Descubrir casi un año después que ese expediente nunca llegó a existir para quien debe resolverlo es una forma de abandono.

Ese día entendí que el tiempo no es lo único que se pierde.

También se pierde la confianza.

Y cuando una institución pierde la confianza de quienes dependen de ella, pierde una parte esencial de su razón de ser.

Detrás de cada expediente no hay un número.

Hay una persona.

Hay un diagnóstico.

Hay informes médicos.

Hay tratamientos.

Hay derechos.

Hay familias esperando.

Hay decisiones que condicionan la vida de alguien.

Y, sobre todo, hay dignidad.

Porque nadie presenta una solicitud por capricho. Se presenta para mejorar su calidad de vida. Para acceder a un derecho. Para obtener un recurso. Para poder seguir adelante.

Ninguna persona debería sentir que su vida puede quedarse detenida porque un expediente todavía no ha encontrado un ordenador donde existir.

Nos hemos acostumbrado a escuchar que la Administración está desbordada. Que faltan medios. Que hay demasiados procedimientos pendientes. Quizá sea cierto. Pero ninguna de esas explicaciones puede convertirse en una excusa permanente para aceptar lo inaceptable.

Porque cuando una Administración pierde el rastro de un expediente, no pierde un papel. Pierde la confianza de un ciudadano. Y esa confianza cuesta mucho más recuperarla que cualquier documento.

No escribo estas líneas porque crea que mi caso sea excepcional. Las escribo precisamente porque temo que no lo sea. Porque detrás de cada llamada al 012 puede haber otra persona esperando. Otra familia pendiente de una resolución. Otro ciudadano intentando entender por qué su vida depende de un expediente que todavía no existe para quien debe resolverlo.

La Administración perdió un expediente. Yo no. Yo sigo aquí.

Esperando.

Porque los expedientes no esperan.

Esperan las personas.

Nunca había visto a un político escribir tantas cartas al mismo destinatario. No son cartas de papel. Son discursos. Entrevistas. Mítines. Ruedas de prensa. Declaraciones.

Todas terminan llegando al mismo lugar: La Moncloa.

Hay historias de amor que nunca terminan. No porque continúen, sino porque una de las dos partes nunca acepta que han terminado.

Son historias construidas sobre la esperanza de que una llamada, un error o un golpe de suerte cambien el destino.

La política, a veces, también escribe ese tipo de cartas.

Desde hace más de tres años, buena parte del discurso del principal partido de la oposición parece comenzar y terminar en el mismo sitio: Pedro Sánchez.

No importa el escenario. Da igual que sea un mitin, una entrevista o una comparecencia. Al final, el mensaje siempre encuentra el mismo destinatario. Debe marcharse.

Y es entonces cuando uno se hace una pregunta. ¿Cuándo una oposición deja de construir un proyecto para empezar a depender demasiado del adversario?

Porque existe una diferencia enorme entre fiscalizar a un Gobierno y convertirlo en el eje de toda la acción política.

La oposición es imprescindible. Debe controlar. Criticar. Denunciar. Proponer.

Sin una oposición fuerte, la democracia se debilita.

Pero la verdadera oposición no empieza cuando pides que un presidente se marche. Empieza cuando consigues que los ciudadanos quieran que seas tú quien lo sustituya.

Hay oposiciones que intentan conquistar la confianza de la ciudadanía. Y hay otras que terminan escribiéndole cartas a la Moncloa. Ese es el verdadero riesgo.

Porque la política deja de ser alternativa cuando necesita que el adversario siga existiendo para poder explicarse. Cuando todo gira alrededor del rival, el rival acaba marcando el ritmo. Acaba ocupando todos los discursos.

Acaba convirtiéndose en el protagonista de una historia que debería tener otro autor.

Ganar unas elecciones nunca ha garantizado gobernar.

En una democracia parlamentaria gobernar exige convencer, negociar y construir mayorías. Así ha sido siempre.

Y así seguirá siendo mientras los ciudadanos no decidan cambiar las reglas.

Quizá por eso resulta tan llamativo que, tres años después, parte del debate político siga detenido en la misma noche electoral. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el país pudiera resumirse en una única pregunta.

¿Cuándo se irá Pedro Sánchez?

Mientras tanto, España sigue esperando respuestas. La vivienda. La sanidad. La dependencia. La financiación autonómica. La productividad. La transición energética. La inteligencia artificial. La accesibilidad. Los jóvenes que no pueden emanciparse. Los mayores que viven solos. Las familias que hacen auténticos malabares para llegar a fin de mes.

Todo eso continúa ahí.

Esperando algo más que una consigna.

Quizá esa sea la mayor derrota de nuestra política.

Que discutimos demasiado sobre quién debe abandonar un edificio y demasiado poco sobre cómo mejorar la vida de quienes jamás vivirán dentro de él.

Las mejores historias de amor terminan cuando uno comprende que nadie está obligado a corresponder nuestros sentimientos.

La política debería aprender una lección parecida. Porque ningún edificio se conquista escribiéndole cartas. Se conquista consiguiendo que los ciudadanos quieran entregarte las llaves.

Y las llaves de la Moncloa nunca las entrega quien vive dentro.

Las entregan quienes son sus únicos propietarios.

Los ciudadanos.

Hace unos días fui a cortarme el pelo.

Salí de la peluquería pensando en la memoria. No en la memoria histórica, en otra mucho más frágil. La memoria de quienes un día también fueron extranjeros.

Mientras esperaba mi turno, la conversación derivó hacia la política. Después hacia la inmigración. Y, casi sin darme cuenta, empecé a escuchar frases que me resultaban difíciles de comprender.

“Aquí hay demasiados inmigrantes”, “a ver si llega Vox y pone orden”, “hay demasiados maricones”. Lo sorprendente no era escuchar esas opiniones.

En una democracia cada persona tiene derecho a pensar y votar lo que considere. Lo verdaderamente sorprendente era quién las pronunciaba.

Delante de mí había personas que un día también hicieron una maleta, que también dejaron atrás su país, que también llegaron buscando exactamente lo mismo que buscan hoy quienes siguen cruzando fronteras, una oportunidad.

Intenté recordar algo muy sencillo. Que todos, en algún momento, habíamos ocupado el lugar de quien llega. La respuesta fue inmediata: “Ahora ya somos españoles”. Y entonces comprendí que el pasaporte cambia mucho más deprisa que la memoria.

Sería profundamente injusto convertir aquella conversación en un retrato de quienes llegaron a España desde otros países. No lo es. He conocido a muchísimas personas migrantes cuya solidaridad, su esfuerzo y su memoria son un ejemplo, personas que jamás olvidarían lo difícil que fue empezar de nuevo en un lugar desconocido.

Precisamente por eso me impresionó tanto aquella escena, porque no representaba a la mayoría, pero sí reflejaba una realidad incómoda: cualquiera de nosotros puede olvidar de dónde viene cuando por fin siente que pertenece al lugar al que llegó.

Y quizá ahí empiece el verdadero problema. No hablo de ideologías, ni de partidos, ni siquiera de inmigración. Hablo de memoria. Porque la memoria es el documento que más rápido caduca cuando dejamos de necesitarlo.

Todos tenemos derecho a cambiar de país, a cambiar de trabajo, a construir una vida mejor. Lo que nunca deberíamos cambiar es la capacidad de reconocernos en quien llega detrás, porque nadie abandona su casa por capricho, nadie cruza un océano, nadie atraviesa una frontera, nadie se juega la vida en una patera porque le apetezca.

Las personas emigran porque creen que al otro lado existe una oportunidad que en su tierra ya no encuentran. Exactamente igual que hicieron millones de españoles hace décadas. Exactamente igual que hicieron miles de canarios rumbo a Venezuela, Cuba o Alemania.

La historia cambia de escenario, nunca cambia de motivo. La memoria tampoco debería tener nacionalidad.

Se pierde igual en quien nació aquí que en quien llegó desde miles de kilómetros.

Quizá el verdadero problema no sea la inmigración, quizá el verdadero problema sea la facilidad con la que algunos olvidan que un día también fueron extranjeros.

Porque lo peor que puede perder un inmigrante no es su pasaporte, es la capacidad de reconocerse en quien llega detrás.

La puerta que un día se abrió para nosotros no puede convertirse en la puerta que cerremos detrás, porque todos tenemos derecho a cambiar de país. Pero nadie debería cambiar de memoria.

Siete meses esperando una solución que siempre parece estar en otra parte.

Hay problemas que empiezan con una pantalla y terminan convirtiéndose en una barrera.

El mío empezó el 28 de enero de 2026, cuando compré un iPhone 17 Air.

Hasta entonces utilizaba ten+móvil con absoluta normalidad para viajar en las guaguas de TITSA y en el tranvía de Tenerife. Era cómodo, rápido y, sobre todo, me permitía algo que para muchos puede parecer insignificante: viajar sin depender de nadie.

Pero desde entonces la aplicación dejó de funcionar correctamente en mi teléfono.

Y hoy, siete meses después, sigo esperando.

No hablamos de una aplicación cualquiera. Ten+móvil forma parte del sistema de billetaje de Metropolitano para viajar en tranvía y guaguas. La propia compañía ha presentado además su evolución tecnológica como una herramienta accesible, desarrollada con la colaboración de personas con discapacidad.

Precisamente por eso resulta difícil entender lo que está ocurriendo.

Durante estos meses he escrito. He llamado. He vuelto a escribir.

Y siempre he terminado en el mismo lugar: esperando.

Quiero ser preciso. No estoy diciendo que el problema afecte a todos los iPhone. En mi caso concreto afecta a mi iPhone 17 Air y me impide utilizar con normalidad una herramienta que antes utilizaba todos los días.

Podría parecer un inconveniente menor.

No lo es.

Cuando una tecnología permite dejar de depender de otra persona, se convierte en autonomía.

En mi caso existe, además, una circunstancia añadida: tengo una discapacidad visual grave.

Antes podía sacar mi teléfono, utilizar ten+móvil y continuar mi viaje. Ahora, cuando necesito utilizar el servicio, tengo que recurrir a un iPad.

Pero mi iPad no tiene conexión propia. Tengo que compartirle los datos desde el iPhone, sacar dos dispositivos, manejar el iPad, llevar mi mochila y mi bastón, y hacerlo en una parada, una guagua o un tranvía.

Y no debería tener que asumir esa incomodidad o ese riesgo simplemente para poder pagar un viaje.

En una ocasión incluso me quedé tirado porque el iPad no consiguió conectarse correctamente al iPhone. El conductor fue amable, pero me dijo que no podía esperar.

Y yo tuve que quedarme allí.

Eso es lo que ocurre cuando una barrera tecnológica termina convirtiéndose en una barrera de autonomía.

Hay una frase que me acompaña desde hace tiempo: las barreras a veces no son arquitectónicas. Son mentales. Pero también pueden ser tecnológicas.

No quiero que esta columna se convierta en una historia exclusivamente sobre discapacidad. Hay otros usuarios de iPhone afectados. Estamos hablando de un servicio público.

Existe una alternativa: la tarjeta física. Pero para mí no es una solución sencilla. Para renovarla tengo que desplazarme a un punto físico y, por mis circunstancias, necesito acudir acompañado. No siempre tengo a alguien disponible.

La alternativa existe sobre el papel. La autonomía, no necesariamente.

Y entonces llegamos a la pregunta que llevo siete meses haciéndome: ¿quién tiene que solucionar esto?

El 7 de agosto envié una nueva reclamación formal a Metropolitano explicando toda la situación.

La respuesta que recibí fue esta: “Lamentamos que su terminal no sea compatible con la app tenmasmovil.”

Y después: “Esperamos que, en un futuro, Apple le pueda ofrecer una solución.”

Siete meses después, esa es la respuesta.

Apple.

Otra vez Apple.

Pero yo no soy usuario del transporte público de Apple. No compro mi billete a Apple. No utilizo el tranvía de Apple. Mi relación como usuario del transporte público es con quien presta ese servicio.

Puede existir una responsabilidad técnica de Apple y Metropolitano puede depender de proveedores externos.

Pero una cosa es explicar al ciudadano dónde está el problema y otra muy distinta trasladarle el problema.

Y aquí aparece una cuestión que ya no es una opinión mía.

El propio Portal de Transparencia de Metropolitano de Tenerife señala que su atención al cliente gestiona los medios y recursos para adquirir títulos de transporte, incluido el software de venta, y que su servicio de postventa gestiona las incidencias comunicadas por los clientes.

Por eso mi pregunta no es qué está haciendo Apple.

Mi pregunta es qué está haciendo Metropolitano.

Porque el usuario no puede convertirse en el mensajero entre dos empresas.

Durante estos meses incluso me han llegado a pedir que trasladara a Metropolitano la información que Apple me estaba proporcionando.

¿No debería ser precisamente Metropolitano quien coordinara con sus proveedores las incidencias que afectan a su servicio?

Yo no necesito que me expliquen que Apple existe. Necesito saber qué está haciendo Metropolitano de Tenerife. Porque si el problema lleva siete meses, la pregunta ya no es solamente cuándo funcionará la aplicación.

La pregunta es qué se ha hecho durante estos siete meses para que los usuarios afectados no se queden atrás.

No estamos reclamando un privilegio. Estamos reclamando información, seguimiento, una alternativa razonable y responsabilidad.

Una empresa pública puede tener una incidencia. Puede tener un fallo técnico. Puede depender de un proveedor externo.

Lo que no debería hacer es acostumbrarse a que el ciudadano espere indefinidamente.

Durante estos siete meses siempre he sido yo quien ha tenido que preguntar. Siempre yo quien ha escrito. Siempre yo quien ha llamado.

Nunca he recibido una comunicación periódica ni una alternativa que me devuelva la autonomía que tenía antes.

Simplemente esperar.

Hasta que llega una respuesta que, en esencia, dice: espere a que Apple lo arregle.

Quizá el problema de fondo no sea una aplicación. Quizá sea una determinada manera de entender el servicio público.

Porque el transporte no es solamente desplazarse de un punto a otro.

Es ir al médico. Ir a trabajar. Estudiar. Hacer una compra. Quedar con alguien. Volver a casa.

Es vivir.

Y para una persona con discapacidad, cada pequeño grado de autonomía ganado cuesta muchísimo. Por eso perderlo duele.

No quiero que nadie me regale nada. No quiero un trato especial.

Quiero poder utilizar el mismo sistema que utilizaba antes.

Quiero que, cuando una herramienta tecnológica deje de funcionar para determinados usuarios, la empresa que presta el servicio se haga cargo del problema y explique qué está haciendo para solucionarlo.

Porque detrás de cada incidencia hay alguien.

Un usuario.

Una persona.

Alguien que tiene que llegar a algún sitio.

En mi caso, ese alguien lleva siete meses intentando recuperar algo que parecía tan sencillo que nunca pensé que pudiera perderlo: la libertad de subir a una guagua o a un tranvía y marcharme sin tener que pedir ayuda.

Y quizá esa sea la pregunta que debería hacerse Metropolitano de Tenerife: ¿cuánto vale la autonomía de un usuario?

Para quien nunca la ha perdido, quizá valga poco.

Para quien la pierde, puede valerlo todo.

Después de siete meses, sigo esperando que alguien, en lugar de señalar hacia Apple, mire hacia el usuario y diga simplemente: “Vamos a solucionarlo”.

Han pasado casi dos meses desde que los terremotos sacudieron Venezuela. Hoy ya casi nadie habla de ellos. Las cámaras se marcharon. Los informativos encontraron nuevas urgencias. Las tertulias cambiaron de tema. Las alertas de última hora desaparecieron del teléfono móvil.

Pero las familias siguen allí. Intentando reconstruir una casa. Buscando a quienes todavía no han aparecido. Tratando de empezar otra vez con lo poco que les quedó después de que la tierra decidiera cambiarles la vida para siempre.

Las tragedias tienen una segunda muerte. La primera la provocan los terremotos. La segunda llega cuando desaparecen de nuestra conversación.

Quizá por eso, hace unos días, al entrar en la aplicación de mi banco, me detuve unos segundos cuando apareció un mensaje que ya casi había olvidado.

“Dona para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela”. Pulsé el botón. Lo hice convencido. Porque detrás de aquella pantalla no había un país. Había personas. Personas que necesitaban ayuda. Y seguirán necesitándola cuando este artículo vea la luz.

Pero, mientras confirmaba la operación, apareció otra pregunta. Ya sé cuánto he donado yo. ¿Pero cuál ha sido el compromiso económico de quien acaba de pedirme solidaridad?

No me hago esa pregunta para restar valor a la solidaridad ciudadana. Todo lo contrario. Creo profundamente en ella. Si algo ha demostrado esta sociedad una y otra vez es que los ciudadanos siempre responden cuando alguien lo pierde todo. Y eso nos honra.

También es justo reconocer a quienes sí dieron un paso al frente.

BBVA anunció una donación directa de cinco millones de euros. Inditex destinó otros tres millones de euros para atender la emergencia a través de Cruz Roja.

Esas decisiones merecen reconocimiento. Porque cuando una empresa actúa con rapidez y compromiso también hay que decirlo. Ojalá muchas más hubieran hecho lo mismo.

Pero precisamente porque conocemos esas aportaciones, la pregunta resulta todavía más necesaria.

¿Dónde están las demás? No hago esta pregunta para señalar a nadie. La hago porque las grandes tragedias necesitan grandes compromisos.

Hace unos años el incendio de la catedral de Notre-Dame conmocionó al mundo. Y era lógico.

Aquella catedral representaba una parte de la historia, de la cultura y del patrimonio de la humanidad. Solo el grupo LVMH anunció una donación de 200 millones de euros. En apenas unos días, las promesas para reconstruir Notre-Dame superaban los 840 millones de euros.

Y me pareció extraordinario. Porque proteger el patrimonio también significa proteger nuestra memoria. Pero entonces vuelvo a pensar en Venezuela. No en un edificio. En las personas. En miles de familias. En niños. En personas mayores. En personas con discapacidad. En quienes continúan intentando reconstruir una vida que ya nunca volverá a ser igual.

Y no puedo evitar hacerme una pregunta. ¿Por qué el mundo fue capaz de movilizar semejante cantidad de recursos en cuestión de días para reconstruir un símbolo y, casi dos meses después, seguimos conociendo tan pocas grandes aportaciones empresariales para reconstruir miles de vidas?

No comparo una catedral con una tragedia humana. Sería profundamente injusto. Lo que comparo es nuestra capacidad para mantener viva la solidaridad. Nuestra memoria. Nuestra velocidad para reaccionar. Y nuestra rapidez para olvidar.

Seguiré donando siempre que pueda. Lo haré convencido de que detrás de cada euro hay alguien intentando volver a empezar. Nunca me molestará que mi banco me invite a ser solidario.

Lo que espero es que, cuando pulse ese botón, quienes tienen una capacidad infinitamente mayor para cambiar la vida de miles de personas ya hayan demostrado antes su propio compromiso.

Porque la solidaridad ciudadana es imprescindible. Pero no puede convertirse en el refugio permanente de quienes tienen la responsabilidad y los recursos para hacer mucho más. Dentro de unos días volveré a abrir la aplicación de mi banco. Quizá el botón para donar ya no esté. Como tampoco estarán los grandes titulares.

Pero las personas seguirán allí. En La Guaira. En Caracas. En cada barrio donde la tierra les arrebató una casa, un negocio, una escuela o un proyecto de vida. Seguirán intentando reconstruir lo que un terremoto destruyó en apenas unos segundos.

Y quizá esa sea la verdadera tragedia.

No que el mundo deje de emocionarse. Sino que aprenda a olvidar demasiado deprisa. Porque cuando dejamos de hablar de una tragedia, las víctimas no desaparecen. Solo desaparecen de nuestra memoria.

Y una sociedad que olvida tan rápido el sufrimiento de los demás corre el riesgo de acostumbrarse a convivir con él.

Hay personas que hoy, en Canarias, siguen esperando años para que la Administración les reconozca oficialmente una discapacidad. Mientras esperan, la vida no se detiene. Las oportunidades, tampoco.

No porque estén pidiendo un privilegio. Ni porque quieran vivir de una ayuda pública.

Muchas de ellas simplemente quieren trabajar. Quieren estudiar. Quieren construir un proyecto de vida como cualquier otra persona. Pero mientras ese reconocimiento no llega, tampoco llegan determinados apoyos, adaptaciones o derechos que la ley les reconoce.

Lo más triste es que, cuando por fin reciben la resolución, muchas veces no sienten alegría. Sienten alivio. Y un derecho nunca debería llegar tan tarde como para convertirse únicamente en un alivio.

Conozco esa espera demasiado bien. No la cuento por teoría. La cuento porque también he aprendido lo que significa que un derecho llegue tarde.

Pensaba en todo esto mientras escuchaba estas semanas que el Partido Popular de Tenerife no establece líneas rojas para alcanzar acuerdos con Vox si las urnas así lo permiten.

No cuestiono el derecho de ningún partido a buscar mayorías. Eso forma parte de la democracia. La pregunta que me hago es otra: ¿cuáles son las líneas rojas de una sociedad?

Lo pregunto porque pertenezco a uno de esos colectivos que sabe perfectamente que los derechos nunca fueron un regalo.

Las personas con discapacidad fuimos de las últimas en incorporarnos plenamente a la igualdad de oportunidades. Hubo que luchar para que la accesibilidad dejara de entenderse como una concesión. Para que estudiar en igualdad de condiciones dejara de parecer una excepción. Para que trabajar dependiera del talento y no de una limitación. Para que la dependencia dejara de ser caridad y pasara a ser un derecho.

Nada de eso apareció por casualidad.

Fue el resultado de décadas de esfuerzo de miles de familias, asociaciones y personas que entendieron que una sociedad solo progresa cuando nadie se queda atrás.

Por eso me cuesta escuchar que determinadas políticas sociales se presenten como un lujo o como una carga. Porque cuando uno ha tenido que pelear por derechos tan básicos aprende que ninguno está garantizado para siempre.

No me preocupan las siglas. Me preocupan las ideas. Porque las siglas cambian. Las ideas permanecen. Y las ideas, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en leyes. O en la ausencia de ellas.

Me preocupa cualquier idea que cuestione políticas que han permitido avanzar a quienes históricamente han tenido más difícil ejercer sus derechos.

Me preocupa que, en una tierra especialmente vulnerable como Canarias, se minimicen desafíos como el cambio climático o se planteen transformaciones profundas de nuestro territorio sin un debate sereno.

Y me preocupa, sobre todo, cualquier planteamiento que termine debilitando el Estado del bienestar.

Porque el Estado del bienestar no existe para hacer más cómoda la vida de quien ya puede resolverlo todo por sí solo.

Existe para sostener a quien, en algún momento de su vida, necesita que la sociedad no le dé la espalda.

Los derechos sociales nunca son un privilegio para quien los necesita.

Son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o pasar años esperando a que una administración, una resolución o una ayuda decidan cuándo puedes empezar a vivirlo.

Quien nunca ha necesitado una prestación de dependencia, una adaptación en su puesto de trabajo o el reconocimiento de una discapacidad puede llegar a pensar que todo esto son simplemente políticas públicas.

No lo son. Son vidas. Son padres que viven con el miedo de qué ocurrirá con su hijo cuando ellos ya no estén.

Son jóvenes que quieren trabajar y no pueden acceder a determinadas oportunidades porque la Administración todavía no ha reconocido oficialmente una realidad que condiciona cada uno de sus días.

Son personas mayores que fallecen antes de que llegue la ayuda que la ley les prometía.

Por eso los derechos sociales nunca son un privilegio. Son la diferencia entre vivir con autonomía o depender siempre de la buena voluntad de los demás.

Siempre me ha llamado la atención que haya quien considere un exceso proteger a quienes todavía ni siquiera están siendo protegidos.

Quizá ese sea el verdadero debate. No si tenemos demasiados derechos. Sino por qué seguimos llegando tarde a garantizarlos.

No escribo estas líneas para decirle a nadie a quién debe votar. Cada ciudadano debe decidirlo libremente. Pero sí creo que todos tenemos la obligación de preguntarnos qué ideas estamos dispuestos a normalizar y cuáles deberían seguir siendo una línea roja.

Porque las líneas rojas no existen únicamente para facilitar o impedir pactos. Existen para recordarnos aquello que una sociedad nunca debería estar dispuesta a negociar.

Los derechos no se hicieron para quienes nunca los necesitarán. Se hicieron para protegernos el día en que la vida deje de preguntarnos si estamos preparados.

Mientras discutimos sobre pactos, estrategias y mayorías, hay personas que siguen esperando una resolución que la ley decía que debía llegar hace meses.

Ellas no necesitan discursos. Necesitan que el Estado funcione. Necesitan que la igualdad de oportunidades deje de ser una promesa. Necesitan que sus derechos lleguen a tiempo.

Las líneas rojas no deberían depender de un partido ni de una legislatura. Deberían empezar siempre en el mismo lugar: donde una sociedad deja de proteger a quienes más la necesitan.

Porque una democracia no demuestra su grandeza únicamente por la facilidad con la que forma gobiernos. La demuestra, sobre todo, por la firmeza con la que protege la dignidad de las personas más vulnerables.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Las legislaturas terminan.

Pero una sociedad que deja de proteger a quienes más la necesitan termina perdiendo mucho más que un debate político. Termina perdiéndose a sí misma.

Hace unos días leí una noticia que, en principio, debería alegrarnos: Las personas mayores de 65 años y las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% ya no podrán ser penalizadas con determinadas comisiones por retirar efectivo en ventanilla.

La medida reconoce una realidad que millones de ciudadanos conocen desde hace años: no todo el mundo puede relacionarse con su banco exclusivamente a través de una pantalla, una aplicación móvil o un cajero automático.

Y me parece una buena noticia.

Pero mientras la leía no podía dejar de pensar en algo. El problema nunca fueron únicamente las comisiones. El problema era todo lo demás.

He acudido a oficinas bancarias para realizar operaciones que cualquier cliente debería poder hacer de manera autónoma. Sacar dinero. Ingresar efectivo. Consultar información. Gestiones sencillas, cotidianas, que forman parte de la vida de cualquier persona.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones me he encontrado con una realidad muy distinta. El cajero no era accesible. La operación no podía realizarla por mí mismo. Y entonces aparecía una escena que miles de personas mayores y con discapacidad conocen perfectamente.

Un trabajador de la entidad se acerca para ayudar.

Y conviene decirlo claramente: la inmensa mayoría de los empleados bancarios que he encontrado han mostrado profesionalidad, paciencia y voluntad de ayudar.

No es una crítica hacia ellos. Todo lo contrario. Están intentando solucionar un problema que no han creado.

Pero la pregunta sigue siendo la misma.

¿Por qué la solución consiste en que otra persona haga por mí algo que debería poder hacer yo mismo?

Porque para ayudarme a utilizar un cajero, esa persona necesita acceder a información que pertenece exclusivamente a mi esfera privada. Mi número de cuenta. Mi saldo. Los movimientos que realizo. La cantidad de dinero que ingreso. La cantidad de dinero que retiro. Los conceptos de determinadas operaciones.

Y, en ocasiones, incluso mi número PIN.

La escena suele producirse además en espacios abiertos, con otros clientes esperando turno, entrando y saliendo de la oficina, escuchando fragmentos de conversaciones o contemplando involuntariamente una operación que debería pertenecer únicamente al ámbito privado de quien la realiza.

Y es precisamente ahí donde aparece el verdadero problema.

No creo que eso sea inclusión. Creo que eso es vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad no siempre aparece cuando alguien nos niega un derecho.

A veces aparece cuando para ejercerlo tenemos que renunciar a nuestra intimidad.

Cuando una persona mayor tiene que explicar una operación bancaria delante de desconocidos.

Cuando una persona con discapacidad necesita revelar información privada para completar una gestión cotidiana.

Cuando la autonomía depende de la presencia y de la buena voluntad de terceros.

¿Aceptaríamos con normalidad que cualquier otro cliente tuviera que decir su PIN en voz alta delante de varias personas para poder utilizar su banco?

Probablemente no.

Entonces, ¿por qué parece aceptable cuando se trata de una persona mayor o con discapacidad?

Durante años hemos escuchado hablar de protección de datos, privacidad, seguridad informática y confidencialidad. Se nos recuerda constantemente la importancia de proteger nuestras claves, nuestras contraseñas y nuestra información bancaria.

Sin embargo, cuando una persona no puede utilizar de forma autónoma los canales que le imponen, parece asumirse con naturalidad que deba compartir parte de esa información con terceros para completar una operación básica.

No creo que eso sea normal. Y tampoco creo que sea seguro. Porque no estamos hablando únicamente de comodidad. Estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de dignidad.

Durante años se nos empujó hacia la digitalización como si fuera una solución universal.

Las oficinas cerraron. La atención presencial disminuyó. Los cajeros asumieron funciones que antes realizaban las personas.

Y mientras tanto se daba por hecho que todo el mundo podía seguir el mismo ritmo.

Pero no era cierto.

Existe una diferencia enorme entre digitalizar un servicio y hacerlo accesible.

Las administraciones llevan años aprobando normas sobre accesibilidad. Los bancos llevan años hablando de inclusión financiera. Y, sin embargo, todavía hoy muchas personas necesitan ayuda para realizar operaciones que deberían poder hacer por sí mismas.

Lo más difícil de entender es que esta situación se haya prolongado durante tanto tiempo en un sector que ha acumulado beneficios multimillonarios durante años.

Resulta legítimo preguntarse si una parte de esos recursos no debería haberse destinado mucho antes a garantizar algo tan básico como la accesibilidad, la autonomía y la seguridad de todos los clientes.

Porque muchas de esas entidades cuentan además con fundaciones que impulsan proyectos sociales, culturales y educativos de enorme valor para la sociedad.

Y precisamente por eso la pregunta resulta todavía más necesaria.

¿Cómo es posible que sigamos hablando de inclusión financiera mientras miles de personas continúan necesitando ayuda para gestionar su propio dinero?

¿Cómo es posible que sigamos celebrando avances que deberían haberse producido hace años?

Por eso la reciente eliminación de determinadas comisiones resulta tan significativa.

Porque supone, en el fondo, un reconocimiento implícito.

El reconocimiento de que no todos podemos vivir dentro de una aplicación.

El reconocimiento de que la atención presencial sigue siendo necesaria.

El reconocimiento de que la autonomía no puede depender exclusivamente de una pantalla.

Pero también debería servir para abrir una reflexión más profunda.

Porque la verdadera exclusión financiera no empieza cuando te cobran una comisión.

Empieza cuando no puedes utilizar un servicio en igualdad de condiciones.

Empieza cuando necesitas revelar información privada para realizar una operación sencilla.

Empieza cuando tu seguridad depende de la ayuda de otra persona.

Empieza cuando la tecnología, en lugar de darte independencia, te obliga a renunciar a una parte de tu intimidad.

La accesibilidad no consiste en que alguien haga las cosas por ti.

La accesibilidad consiste en que puedas hacerlas por ti mismo.

Y la verdadera inclusión no comienza cuando alguien te ayuda.

Comienza cuando ya no necesitas ayuda para hacer algo tan simple como gestionar tu propio dinero.

Hay leyes que cambian un país. Y hay leyes que cambian una vida. La Ley de Dependencia consiguió ambas cosas.

Cuando fue aprobada, España dio un paso que muy pocos países habían sido capaces de dar hasta entonces: reconocer que las personas que, por la edad, una enfermedad o una discapacidad, necesitan apoyos para vivir con dignidad no estaban pidiendo un favor.

Estaban ejerciendo un derecho. Y eso lo cambia todo. Porque un derecho no depende de la buena voluntad de nadie. No depende de la suerte. No depende del código postal. No depende de la capacidad económica de una familia.

Depende de que el Estado responda.

Por eso sigo pensando que la Ley de Dependencia es una de las leyes más humanas que ha aprobado nuestra democracia.

No habla únicamente de prestaciones económicas. Habla de dignidad. Habla de autonomía. Habla de igualdad de oportunidades. Habla de la tranquilidad de miles de familias que saben que algún día necesitarán ayuda.

Y ese día llega antes de lo que imaginamos.

Por eso resulta esperanzador comprobar que durante este año el Gobierno de España ha reforzado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incrementando la financiación y ampliando derechos y apoyos para que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno.

Ese es el camino.

Porque una sociedad se mide por la manera en que trata a quienes más apoyo necesitan.

Pero entonces bajo la mirada. Y vuelvo a Canarias. Y la esperanza deja paso a la preocupación.

Es cierto que el Gobierno de Canarias ha impulsado planes de choque, ha incorporado nuevos profesionales, ha reducido parte de las listas de espera y ha agilizado determinados procedimientos.

Sería injusto no reconocer esos avances. Cuando una administración mejora, también hay que decirlo.

Pero reconocer los avances no puede impedirnos mirar de frente la realidad. Y la realidad sigue siendo demasiado dura.

La espera media continúa muy por encima del plazo que marca la propia ley.

Mientras algunos expedientes nuevos comienzan a resolverse con mayor rapidez, miles de personas siguen atrapadas en una lista de espera acumulada durante años.

Y el tiempo, para una persona dependiente, nunca es un dato estadístico. Es vida. Porque detrás de cada expediente hay un nombre. Hay una familia. Hay una enfermedad que continúa avanzando. Hay una persona mayor que cada día pierde un poco más de autonomía.Hay una persona con discapacidad que necesita apoyos para poder desarrollar su proyecto de vida.

Hay un cuidador agotado. Hay hijos que reorganizan su vida para cuidar de sus padres. Hay padres que continúan cuidando de hijos adultos con discapacidad sin saber cuánto tiempo más podrán hacerlo.

Y hay algo todavía más doloroso.

Conozco a muchas familias cuyo mayor miedo no es la discapacidad de su hijo. Es el día en que ellos falten.

Hay padres que no le tienen miedo a la discapacidad de su hijo. Le tienen miedo al día en que ellos ya no estén para seguir cuidándolo.

¿Cómo se le explica a una madre que el mayor miedo de su vida sigue esperando un número de expediente?

También hablo desde mi propia historia.

Yo esperé cerca de dos años para que una prestación que ya me correspondía empezara a hacerse efectiva. Pero lo más duro no fue mi espera.

Lo más duro fue ver cómo mis dos abuelas y un tío fallecieron con la dependencia solicitada, tramitada o prácticamente resuelta, sin llegar nunca a disfrutar del derecho que la ley les reconocía.

Y cuando eso ocurre, uno comprende que ya no estamos hablando de burocracia.

Estamos hablando de tiempo.

Y el tiempo, para una persona dependiente, es el recurso más valioso y el más escaso de todos.

Por eso el dato más duro nunca será el número de expedientes pendientes. El dato más duro es que todavía haya personas que fallecen antes de recibir la ayuda que el propio Estado ya les había reconocido.

La Administración puede permitirse contar expedientes. Las familias contamos sillas vacías alrededor de la mesa.

Especialmente cuando llega la Navidad y ese lugar permanece vacío porque el derecho llegó demasiado tarde.

Esa es la estadística que nunca aparece en los informes. Y, sin embargo, es la que más duele.

No escribo estas líneas para señalar a un gobierno concreto.

La dependencia lleva demasiados años siendo motivo de confrontación política mientras las familias siguen esperando.

Hoy gobiernan unos. Ayer gobernaban otros. Y las listas de espera continúan formando parte de nuestra realidad.

Quizá ha llegado el momento de dejar de discutir quién tiene la culpa para empezar a preguntarnos quién tiene la responsabilidad de resolverlo de una vez.

Porque la Ley de Dependencia no necesita más discursos. Necesita menos espera. Necesita menos burocracia. Necesita más profesionales. Más recursos. Más coordinación.

Y, sobre todo, necesita comprender algo que ningún procedimiento administrativo debería olvidar jamás. La dependencia no espera. Las enfermedades no esperan. La vejez no espera. La discapacidad no espera. La vida tampoco.

Solo esperan las personas.

Y eso debería interpelarnos a todos.

Porque las leyes más importantes no se juzgan por lo bien que están escritas. Se juzgan por las personas que llegan a tiempo a beneficiarse de ellas.

Una sociedad no demuestra su grandeza cuando aprueba una ley. La demuestra cuando consigue que esa ley llegue a tiempo a la vida de quienes ya no pueden seguir esperando.

Y mientras una familia tenga que despedir a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela o a un hijo con un derecho reconocido, pero nunca disfrutado, la dependencia seguirá teniendo una deuda pendiente.

No con los expedientes.

Con las personas.

Ha pasado algo más de un mes desde que se inauguró la pasarela del Padre Anchieta. Ya no quedan cámaras. Ni discursos. Ni fotografías del corte de cinta.

Ha transcurrido el tiempo suficiente para que una obra pública deje de pertenecer a quienes la proyectaron y empiece a pertenecer a quienes la utilizan cada día.

Y precisamente ahí comienza esta historia.

Hace unos días crucé la nueva pasarela. O, mejor dicho, intenté cruzarla. Soy una persona ciega.

Mientras avanzaba, no pensaba en arquitectura. Ni en ingeniería. Ni en el presupuesto de la obra. Pensaba en algo mucho más sencillo. En no perder la referencia. En saber por dónde continuar. En moverme con la misma tranquilidad con la que cualquier otra persona atraviesa un espacio público.

Cuando una persona tiene que dedicar toda su atención a algo tan básico como orientarse para cruzar una infraestructura, comprende que la accesibilidad no puede darse nunca por supuesta.

Aquella mañana no fui el único.

También realizaron el recorrido personas usuarias de silla de ruedas, personas con dificultades de movilidad, personas mayores, personas que utilizan un andador y otras que necesitan apoyo para desplazarse.

Cada una encontró una dificultad distinta.

Y entonces apareció una pregunta que todavía hoy sigue acompañándome. ¿Cuándo podemos decir de verdad que una infraestructura es accesible? ¿Cuándo termina la obra? ¿Cuándo cumple una normativa? ¿O cuando cualquier persona puede utilizarla con autonomía, seguridad y dignidad?

Creo que ahí está la diferencia.

Porque la accesibilidad nunca ha sido únicamente una cuestión técnica. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad. Y también de igualdad de oportunidades. Significa que una persona ciega pueda orientarse con seguridad. Que una persona mayor no tenga que preguntarse si tendrá fuerzas para llegar arriba. Que quien utiliza una silla de ruedas o un andador pueda desplazarse sin depender de otra persona. Que nadie tenga que renunciar a un recorrido porque el esfuerzo que exige supera sus posibilidades.

Las barreras más difíciles de derribar no siempre son las de hormigón.

Son las que no aparecen en los planos. Las que nacen cuando creemos que una infraestructura termina el día que se inaugura.

La realidad demuestra que empieza ese mismo día.

Llevamos años hablando de la accesibilidad universal.

Aprobamos leyes. Redactamos reglamentos. Inauguramos infraestructuras. Pero seguimos olvidando la única prueba que realmente importa.

La de las personas.

Porque una pendiente dibujada sobre un plano nunca se cansa. Un plano nunca pierde la orientación. Un proyecto nunca necesita detenerse para recuperar el aliento. Las personas sí. Y por eso la accesibilidad no puede evaluarse únicamente desde un despacho. Debe comprobarse caminando. Utilizando un bastón. Empujando una silla de ruedas. Avanzando con un andador. Envejeciendo.

Viviendo la ciudad.

No escribo estas líneas para desacreditar una obra. Las escribo porque todavía estamos a tiempo de mejorarla. Escuchar a quienes encuentran dificultades no debería interpretarse como una crítica.

Debería entenderse como la mejor oportunidad para construir ciudades mejores. Porque rectificar no debilita a una administración. La fortalece.

Y demuestra que entiende que las ciudades no se construyen para admirarlas. Se construyen para habitarlas. Las ciudades no se parecen a sus edificios. Se parecen a los valores con los que fueron diseñadas.

Y una sociedad no demuestra su grandeza el día que inaugura una infraestructura. La demuestra cuando cualquier persona —tenga o no una discapacidad, sea mayor, utilice un bastón, un andador o una silla de ruedas— puede recorrerla con la misma autonomía, la misma dignidad y las mismas oportunidades que las demás.

Porque la accesibilidad no empieza cuando se corta una cinta. Empieza cuando deja de ser una promesa y se convierte, sencillamente, en una realidad.

España tiene un problema gravísimo de memoria. Y no, no hablo solo de los políticos ultras que han decidido convertir el sufrimiento humano en una campaña electoral permanente. Hablo también de una parte de la sociedad que aplaude discursos miserables contra la inmigración mientras llena sus bolsillos gracias al sudor de quienes vienen de fuera intentando sobrevivir.

Resulta indignante escuchar a determinados partidos políticos, tribunales y a instituciones como la Comunidad de Madrid pedir a los jueces que frenen o anulen procesos de regularización de inmigrantes, como si habláramos de mercancía defectuosa y no de personas. Personas. Seres humanos. Familias enteras que han cruzado océanos, desiertos y fronteras huyendo exactamente de lo mismo de lo que huyeron millones de españoles durante décadas: hambre, guerra, miedo y desesperación.

Qué rápido se nos olvida que media España tuvo que escapar tras la Guerra Civil. Qué rápido se borra de la memoria colectiva aquella posguerra miserable donde nuestros abuelos o padres sobrevivían entre cartillas de racionamiento, hambre y humillación. Españoles acogidos en Francia, Alemania, Suiza, México, Argentina o Venezuela. Españoles limpiando suelos, trabajando en fábricas y levantando países ajenos para poder mandar dinero a casa y alimentar a sus familias.

¿Y ahora pretendemos mirar por encima del hombro a quien hace exactamente lo mismo?

La hipocresía en este país ya no tiene límites.

Porque los mismos que vomitan discursos contra los inmigrantes no tienen ningún problema en alquilarles pisos infectos a precios criminales. Los mismos que dicen que “sobran extranjeros” son los primeros en cobrarles 900 euros por habitaciones sin ventanas. Los mismos que se indignan por ver manteros en la calle luego no rechazan el dinero cuando esos inmigrantes compran en sus negocios, trabajan en sus empresas o sostienen sectores enteros de la economía con salarios de miseria.

Qué curioso: para insultarlos sí sirven, pero para cobrarles nunca molestan.

Ahí desaparece la bandera. Ahí desaparece el patriotismo. Ahí desaparece la supuesta defensa de España.

Porque cuando el dinero entra en caja, da igual si viene de un blanco, de un negro, de un chino, de un africano o de un sudamericano. El dinero no tiene nacionalidad. La codicia tampoco. Y esa es la verdad incómoda que muchos no quieren escuchar: vivimos en una sociedad donde demasiada gente critica la inmigración mientras saquea económicamente a quienes menos tienen.

Se habla de invasión, pero nadie renuncia a los beneficios que generan esas personas explotadas. Se habla de delincuencia, pero nadie devuelve el alquiler abusivo cobrado a familias inmigrantes hacinadas. Se habla de proteger España, mientras se construyen negocios enteros sobre la precariedad de quienes llegaron aquí sin nada.

Y mientras tanto, seguimos educando a generaciones enteras sin memoria histórica, sin empatía y sin humanidad. Como si nuestros abuelos no hubieran sido también “los de fuera”. Como si no hubiéramos necesitado que otros países abrieran sus puertas para que España pudiera sobrevivir a su propia tragedia.

La verdadera vergüenza no es que haya inmigrantes intentando regularizar su situación. La verdadera vergüenza es una sociedad capaz de enriquecerse gracias a ellos mientras los señala con el dedo.

Así que, señores empresarios, señores especuladores y señores patriotas de saldo: si tanto les molestan los inmigrantes, tengan coherencia. No alquilen sus viviendas a familias extranjeras. No acepten su dinero. No vendan en sus negocios a quienes tanto desprecian. No construyan fortunas sobre la necesidad ajena mientras luego se envuelven en discursos de odio.

No lo harán.

¿Y saben por qué?

Porque al final, lo único que mueve este mundo no es la patria, ni la moral, ni los principios.

Es el dinero.

Y demasiados están dispuestos a pisotear la dignidad humana con tal de llenar un poco más sus bolsillos.

Todavía hay personas que bajan la voz cuando hablan de un hijo gay.

Todavía hay quienes se preguntan si es el momento adecuado para presentar a su pareja en una comida familiar.

Todavía hay quienes calculan cuánto de sí mismos pueden mostrar según el lugar donde estén, las personas que tengan delante o la reacción que esperan recibir.

No porque tengan miedo a la ley.

No porque teman una sanción.

Simplemente porque, en algún rincón de su conciencia, siguen sintiendo que hay algo que debe decirse con cautela, casi en privado.

Y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que el Día del Orgullo sigue siendo necesario.

Hay generaciones enteras que nunca han conocido una España donde amar pudiera convertirse en un problema.

Han crecido en un país donde el matrimonio igualitario forma parte de la normalidad, donde las parejas del mismo sexo son visibles y donde muchas libertades que hoy consideramos evidentes forman parte del paisaje cotidiano.

Y eso es una magnífica noticia.

Porque significa que hemos.

Pero precisamente ahí aparece una paradoja que merece la pena analizar cada vez que llega el 28 de junio.

Cuanto más consolidado está un derecho, más fácil resulta olvidar cómo llegó hasta nosotros.

Las nuevas generaciones han heredado libertades que para otras personas fueron motivo de lucha, rechazo, incomprensión y, en demasiadas ocasiones, sufrimiento.

Hubo un tiempo en que muchas personas ocultaban quiénes eran por miedo. Miedo a perder su empleo. Miedo al rechazo familiar. Miedo a las burlas. Miedo a ser señaladas simplemente por amar a alguien de su mismo sexo.

No ocurrió hace siglos.

Ocurrió en nuestro país.

Y no hace tanto tiempo.

La historia demuestra que los derechos nunca aparecen por generación espontánea.

Nacen porque alguien se atreve a desafiar lo establecido.

Porque alguien decide dejar de esconderse.

Porque alguien soporta críticas, rechazo o incomprensión para que quienes vienen detrás puedan vivir con más libertad.

Por eso conviene recordar.

Porque las leyes pueden cambiar en una legislatura.

La mentalidad de una sociedad tarda generaciones.

Y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que el Día del Orgullo sigue siendo necesario.

No únicamente como celebración.

No únicamente como reivindicación.

También como ejercicio de memoria.

Porque resulta difícil valorar aquello cuyo coste hemos olvidado.

En los últimos años hemos visto reaparecer discursos que muchos consideraban superados. Discursos que presentan la diversidad como una amenaza, que ridiculizan la inclusión o que convierten los derechos de determinados colectivos en objeto de discusión permanente.

Pero hay algo que me preocupa incluso más que esos discursos.

La comodidad.

La idea de que basta con repetir determinadas palabras para considerarnos libres de prejuicios.

Porque los prejuicios no desaparecen al mismo ritmo que cambian las leyes.

A veces simplemente aprenden a disfrazarse.

Se vuelven más discretos.

Más elegantes.

Más socialmente aceptables.

Y, precisamente por eso, más difíciles de reconocer.

Quizá por eso el Orgullo trasciende a quienes forman parte del colectivo LGTBI.

Porque, en el fondo, todos conocemos alguna forma de armario.

El armario de quien oculta una discapacidad para evitar prejuicios.

El armario de quien esconde una enfermedad.

El armario de quien calla una situación económica complicada.

El armario de quien disimula una parte de sí mismo para ser aceptado.

Cambian las circunstancias.

Cambian las historias.

Pero el mecanismo siempre es el mismo:

el miedo a no encajar.

Y quizá por eso el verdadero desafío no consiste en preguntarnos qué opinamos públicamente sobre el colectivo LGTBI.

Quizá consiste en preguntarnos qué sentimos realmente.

Sin discursos preparados.

Sin consignas.

Sin necesidad de quedar bien.

Sin miedo a ser juzgados.

Mirándonos al espejo.

Y respondiendo con honestidad.

¿Nos resulta realmente indiferente que dos hombres se besen en una plaza?

¿Nos parece normal que dos mujeres formen una familia?

¿Pensaríamos exactamente igual si se tratara de un hijo, una hija o un hermano?

¿Nos molesta la pluma o nos molesta que alguien se niegue a esconder quién es?

¿Nos incomoda la diversidad o nos incomoda que la diversidad sea visible?

¿Pensamos lo mismo que decimos?

¿Y decimos lo mismo que hacemos?

Tal vez el verdadero progreso no consista en repetir que todos somos iguales.

Tal vez consista en ser capaces de responder honestamente a esas preguntas.

Porque los derechos no se ponen a prueba cuando resultan cómodos.

Se ponen a prueba cuando afectan a nuestra forma de mirar a los demás.

Y quizá el Orgullo siga siendo necesario precisamente por eso.

No porque no hayamos avanzado.

No porque la ley haya fallado.

Sino porque la libertad no consiste únicamente en reconocer derechos sobre el papel.

Consiste también en aceptar, sin reservas ni condiciones, que cada persona tiene derecho a vivir su vida sin esconder quién es.

Tal vez por eso, cada 28 de junio, la pregunta más importante no sea qué pensamos del Orgullo.

Tal vez la pregunta más importante sea qué pensamos realmente.