Hay personas que hoy, en Canarias, siguen esperando años para que la Administración les reconozca oficialmente una discapacidad. Mientras esperan, la vida no se detiene. Las oportunidades, tampoco.

No porque estén pidiendo un privilegio. Ni porque quieran vivir de una ayuda pública.

Muchas de ellas simplemente quieren trabajar. Quieren estudiar. Quieren construir un proyecto de vida como cualquier otra persona. Pero mientras ese reconocimiento no llega, tampoco llegan determinados apoyos, adaptaciones o derechos que la ley les reconoce.

Lo más triste es que, cuando por fin reciben la resolución, muchas veces no sienten alegría. Sienten alivio. Y un derecho nunca debería llegar tan tarde como para convertirse únicamente en un alivio.

Conozco esa espera demasiado bien. No la cuento por teoría. La cuento porque también he aprendido lo que significa que un derecho llegue tarde.

Pensaba en todo esto mientras escuchaba estas semanas que el Partido Popular de Tenerife no establece líneas rojas para alcanzar acuerdos con Vox si las urnas así lo permiten.

No cuestiono el derecho de ningún partido a buscar mayorías. Eso forma parte de la democracia. La pregunta que me hago es otra: ¿cuáles son las líneas rojas de una sociedad?

Lo pregunto porque pertenezco a uno de esos colectivos que sabe perfectamente que los derechos nunca fueron un regalo.

Las personas con discapacidad fuimos de las últimas en incorporarnos plenamente a la igualdad de oportunidades. Hubo que luchar para que la accesibilidad dejara de entenderse como una concesión. Para que estudiar en igualdad de condiciones dejara de parecer una excepción. Para que trabajar dependiera del talento y no de una limitación. Para que la dependencia dejara de ser caridad y pasara a ser un derecho.

Nada de eso apareció por casualidad.

Fue el resultado de décadas de esfuerzo de miles de familias, asociaciones y personas que entendieron que una sociedad solo progresa cuando nadie se queda atrás.

Por eso me cuesta escuchar que determinadas políticas sociales se presenten como un lujo o como una carga. Porque cuando uno ha tenido que pelear por derechos tan básicos aprende que ninguno está garantizado para siempre.

No me preocupan las siglas. Me preocupan las ideas. Porque las siglas cambian. Las ideas permanecen. Y las ideas, tarde o temprano, acaban convirtiéndose en leyes. O en la ausencia de ellas.

Me preocupa cualquier idea que cuestione políticas que han permitido avanzar a quienes históricamente han tenido más difícil ejercer sus derechos.

Me preocupa que, en una tierra especialmente vulnerable como Canarias, se minimicen desafíos como el cambio climático o se planteen transformaciones profundas de nuestro territorio sin un debate sereno.

Y me preocupa, sobre todo, cualquier planteamiento que termine debilitando el Estado del bienestar.

Porque el Estado del bienestar no existe para hacer más cómoda la vida de quien ya puede resolverlo todo por sí solo.

Existe para sostener a quien, en algún momento de su vida, necesita que la sociedad no le dé la espalda.

Los derechos sociales nunca son un privilegio para quien los necesita.

Son la diferencia entre poder construir un proyecto de vida o pasar años esperando a que una administración, una resolución o una ayuda decidan cuándo puedes empezar a vivirlo.

Quien nunca ha necesitado una prestación de dependencia, una adaptación en su puesto de trabajo o el reconocimiento de una discapacidad puede llegar a pensar que todo esto son simplemente políticas públicas.

No lo son. Son vidas. Son padres que viven con el miedo de qué ocurrirá con su hijo cuando ellos ya no estén.

Son jóvenes que quieren trabajar y no pueden acceder a determinadas oportunidades porque la Administración todavía no ha reconocido oficialmente una realidad que condiciona cada uno de sus días.

Son personas mayores que fallecen antes de que llegue la ayuda que la ley les prometía.

Por eso los derechos sociales nunca son un privilegio. Son la diferencia entre vivir con autonomía o depender siempre de la buena voluntad de los demás.

Siempre me ha llamado la atención que haya quien considere un exceso proteger a quienes todavía ni siquiera están siendo protegidos.

Quizá ese sea el verdadero debate. No si tenemos demasiados derechos. Sino por qué seguimos llegando tarde a garantizarlos.

No escribo estas líneas para decirle a nadie a quién debe votar. Cada ciudadano debe decidirlo libremente. Pero sí creo que todos tenemos la obligación de preguntarnos qué ideas estamos dispuestos a normalizar y cuáles deberían seguir siendo una línea roja.

Porque las líneas rojas no existen únicamente para facilitar o impedir pactos. Existen para recordarnos aquello que una sociedad nunca debería estar dispuesta a negociar.

Los derechos no se hicieron para quienes nunca los necesitarán. Se hicieron para protegernos el día en que la vida deje de preguntarnos si estamos preparados.

Mientras discutimos sobre pactos, estrategias y mayorías, hay personas que siguen esperando una resolución que la ley decía que debía llegar hace meses.

Ellas no necesitan discursos. Necesitan que el Estado funcione. Necesitan que la igualdad de oportunidades deje de ser una promesa. Necesitan que sus derechos lleguen a tiempo.

Las líneas rojas no deberían depender de un partido ni de una legislatura. Deberían empezar siempre en el mismo lugar: donde una sociedad deja de proteger a quienes más la necesitan.

Porque una democracia no demuestra su grandeza únicamente por la facilidad con la que forma gobiernos. La demuestra, sobre todo, por la firmeza con la que protege la dignidad de las personas más vulnerables.

Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Las legislaturas terminan.

Pero una sociedad que deja de proteger a quienes más la necesitan termina perdiendo mucho más que un debate político. Termina perdiéndose a sí misma.

Hace unos días leí una noticia que, en principio, debería alegrarnos: Las personas mayores de 65 años y las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% ya no podrán ser penalizadas con determinadas comisiones por retirar efectivo en ventanilla.

La medida reconoce una realidad que millones de ciudadanos conocen desde hace años: no todo el mundo puede relacionarse con su banco exclusivamente a través de una pantalla, una aplicación móvil o un cajero automático.

Y me parece una buena noticia.

Pero mientras la leía no podía dejar de pensar en algo. El problema nunca fueron únicamente las comisiones. El problema era todo lo demás.

He acudido a oficinas bancarias para realizar operaciones que cualquier cliente debería poder hacer de manera autónoma. Sacar dinero. Ingresar efectivo. Consultar información. Gestiones sencillas, cotidianas, que forman parte de la vida de cualquier persona.

Sin embargo, en demasiadas ocasiones me he encontrado con una realidad muy distinta. El cajero no era accesible. La operación no podía realizarla por mí mismo. Y entonces aparecía una escena que miles de personas mayores y con discapacidad conocen perfectamente.

Un trabajador de la entidad se acerca para ayudar.

Y conviene decirlo claramente: la inmensa mayoría de los empleados bancarios que he encontrado han mostrado profesionalidad, paciencia y voluntad de ayudar.

No es una crítica hacia ellos. Todo lo contrario. Están intentando solucionar un problema que no han creado.

Pero la pregunta sigue siendo la misma.

¿Por qué la solución consiste en que otra persona haga por mí algo que debería poder hacer yo mismo?

Porque para ayudarme a utilizar un cajero, esa persona necesita acceder a información que pertenece exclusivamente a mi esfera privada. Mi número de cuenta. Mi saldo. Los movimientos que realizo. La cantidad de dinero que ingreso. La cantidad de dinero que retiro. Los conceptos de determinadas operaciones.

Y, en ocasiones, incluso mi número PIN.

La escena suele producirse además en espacios abiertos, con otros clientes esperando turno, entrando y saliendo de la oficina, escuchando fragmentos de conversaciones o contemplando involuntariamente una operación que debería pertenecer únicamente al ámbito privado de quien la realiza.

Y es precisamente ahí donde aparece el verdadero problema.

No creo que eso sea inclusión. Creo que eso es vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad no siempre aparece cuando alguien nos niega un derecho.

A veces aparece cuando para ejercerlo tenemos que renunciar a nuestra intimidad.

Cuando una persona mayor tiene que explicar una operación bancaria delante de desconocidos.

Cuando una persona con discapacidad necesita revelar información privada para completar una gestión cotidiana.

Cuando la autonomía depende de la presencia y de la buena voluntad de terceros.

¿Aceptaríamos con normalidad que cualquier otro cliente tuviera que decir su PIN en voz alta delante de varias personas para poder utilizar su banco?

Probablemente no.

Entonces, ¿por qué parece aceptable cuando se trata de una persona mayor o con discapacidad?

Durante años hemos escuchado hablar de protección de datos, privacidad, seguridad informática y confidencialidad. Se nos recuerda constantemente la importancia de proteger nuestras claves, nuestras contraseñas y nuestra información bancaria.

Sin embargo, cuando una persona no puede utilizar de forma autónoma los canales que le imponen, parece asumirse con naturalidad que deba compartir parte de esa información con terceros para completar una operación básica.

No creo que eso sea normal. Y tampoco creo que sea seguro. Porque no estamos hablando únicamente de comodidad. Estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de dignidad.

Durante años se nos empujó hacia la digitalización como si fuera una solución universal.

Las oficinas cerraron. La atención presencial disminuyó. Los cajeros asumieron funciones que antes realizaban las personas.

Y mientras tanto se daba por hecho que todo el mundo podía seguir el mismo ritmo.

Pero no era cierto.

Existe una diferencia enorme entre digitalizar un servicio y hacerlo accesible.

Las administraciones llevan años aprobando normas sobre accesibilidad. Los bancos llevan años hablando de inclusión financiera. Y, sin embargo, todavía hoy muchas personas necesitan ayuda para realizar operaciones que deberían poder hacer por sí mismas.

Lo más difícil de entender es que esta situación se haya prolongado durante tanto tiempo en un sector que ha acumulado beneficios multimillonarios durante años.

Resulta legítimo preguntarse si una parte de esos recursos no debería haberse destinado mucho antes a garantizar algo tan básico como la accesibilidad, la autonomía y la seguridad de todos los clientes.

Porque muchas de esas entidades cuentan además con fundaciones que impulsan proyectos sociales, culturales y educativos de enorme valor para la sociedad.

Y precisamente por eso la pregunta resulta todavía más necesaria.

¿Cómo es posible que sigamos hablando de inclusión financiera mientras miles de personas continúan necesitando ayuda para gestionar su propio dinero?

¿Cómo es posible que sigamos celebrando avances que deberían haberse producido hace años?

Por eso la reciente eliminación de determinadas comisiones resulta tan significativa.

Porque supone, en el fondo, un reconocimiento implícito.

El reconocimiento de que no todos podemos vivir dentro de una aplicación.

El reconocimiento de que la atención presencial sigue siendo necesaria.

El reconocimiento de que la autonomía no puede depender exclusivamente de una pantalla.

Pero también debería servir para abrir una reflexión más profunda.

Porque la verdadera exclusión financiera no empieza cuando te cobran una comisión.

Empieza cuando no puedes utilizar un servicio en igualdad de condiciones.

Empieza cuando necesitas revelar información privada para realizar una operación sencilla.

Empieza cuando tu seguridad depende de la ayuda de otra persona.

Empieza cuando la tecnología, en lugar de darte independencia, te obliga a renunciar a una parte de tu intimidad.

La accesibilidad no consiste en que alguien haga las cosas por ti.

La accesibilidad consiste en que puedas hacerlas por ti mismo.

Y la verdadera inclusión no comienza cuando alguien te ayuda.

Comienza cuando ya no necesitas ayuda para hacer algo tan simple como gestionar tu propio dinero.

Hay leyes que cambian un país. Y hay leyes que cambian una vida. La Ley de Dependencia consiguió ambas cosas.

Cuando fue aprobada, España dio un paso que muy pocos países habían sido capaces de dar hasta entonces: reconocer que las personas que, por la edad, una enfermedad o una discapacidad, necesitan apoyos para vivir con dignidad no estaban pidiendo un favor.

Estaban ejerciendo un derecho. Y eso lo cambia todo. Porque un derecho no depende de la buena voluntad de nadie. No depende de la suerte. No depende del código postal. No depende de la capacidad económica de una familia.

Depende de que el Estado responda.

Por eso sigo pensando que la Ley de Dependencia es una de las leyes más humanas que ha aprobado nuestra democracia.

No habla únicamente de prestaciones económicas. Habla de dignidad. Habla de autonomía. Habla de igualdad de oportunidades. Habla de la tranquilidad de miles de familias que saben que algún día necesitarán ayuda.

Y ese día llega antes de lo que imaginamos.

Por eso resulta esperanzador comprobar que durante este año el Gobierno de España ha reforzado el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incrementando la financiación y ampliando derechos y apoyos para que las personas puedan permanecer el mayor tiempo posible en su entorno.

Ese es el camino.

Porque una sociedad se mide por la manera en que trata a quienes más apoyo necesitan.

Pero entonces bajo la mirada. Y vuelvo a Canarias. Y la esperanza deja paso a la preocupación.

Es cierto que el Gobierno de Canarias ha impulsado planes de choque, ha incorporado nuevos profesionales, ha reducido parte de las listas de espera y ha agilizado determinados procedimientos.

Sería injusto no reconocer esos avances. Cuando una administración mejora, también hay que decirlo.

Pero reconocer los avances no puede impedirnos mirar de frente la realidad. Y la realidad sigue siendo demasiado dura.

La espera media continúa muy por encima del plazo que marca la propia ley.

Mientras algunos expedientes nuevos comienzan a resolverse con mayor rapidez, miles de personas siguen atrapadas en una lista de espera acumulada durante años.

Y el tiempo, para una persona dependiente, nunca es un dato estadístico. Es vida. Porque detrás de cada expediente hay un nombre. Hay una familia. Hay una enfermedad que continúa avanzando. Hay una persona mayor que cada día pierde un poco más de autonomía.Hay una persona con discapacidad que necesita apoyos para poder desarrollar su proyecto de vida.

Hay un cuidador agotado. Hay hijos que reorganizan su vida para cuidar de sus padres. Hay padres que continúan cuidando de hijos adultos con discapacidad sin saber cuánto tiempo más podrán hacerlo.

Y hay algo todavía más doloroso.

Conozco a muchas familias cuyo mayor miedo no es la discapacidad de su hijo. Es el día en que ellos falten.

Hay padres que no le tienen miedo a la discapacidad de su hijo. Le tienen miedo al día en que ellos ya no estén para seguir cuidándolo.

¿Cómo se le explica a una madre que el mayor miedo de su vida sigue esperando un número de expediente?

También hablo desde mi propia historia.

Yo esperé cerca de dos años para que una prestación que ya me correspondía empezara a hacerse efectiva. Pero lo más duro no fue mi espera.

Lo más duro fue ver cómo mis dos abuelas y un tío fallecieron con la dependencia solicitada, tramitada o prácticamente resuelta, sin llegar nunca a disfrutar del derecho que la ley les reconocía.

Y cuando eso ocurre, uno comprende que ya no estamos hablando de burocracia.

Estamos hablando de tiempo.

Y el tiempo, para una persona dependiente, es el recurso más valioso y el más escaso de todos.

Por eso el dato más duro nunca será el número de expedientes pendientes. El dato más duro es que todavía haya personas que fallecen antes de recibir la ayuda que el propio Estado ya les había reconocido.

La Administración puede permitirse contar expedientes. Las familias contamos sillas vacías alrededor de la mesa.

Especialmente cuando llega la Navidad y ese lugar permanece vacío porque el derecho llegó demasiado tarde.

Esa es la estadística que nunca aparece en los informes. Y, sin embargo, es la que más duele.

No escribo estas líneas para señalar a un gobierno concreto.

La dependencia lleva demasiados años siendo motivo de confrontación política mientras las familias siguen esperando.

Hoy gobiernan unos. Ayer gobernaban otros. Y las listas de espera continúan formando parte de nuestra realidad.

Quizá ha llegado el momento de dejar de discutir quién tiene la culpa para empezar a preguntarnos quién tiene la responsabilidad de resolverlo de una vez.

Porque la Ley de Dependencia no necesita más discursos. Necesita menos espera. Necesita menos burocracia. Necesita más profesionales. Más recursos. Más coordinación.

Y, sobre todo, necesita comprender algo que ningún procedimiento administrativo debería olvidar jamás. La dependencia no espera. Las enfermedades no esperan. La vejez no espera. La discapacidad no espera. La vida tampoco.

Solo esperan las personas.

Y eso debería interpelarnos a todos.

Porque las leyes más importantes no se juzgan por lo bien que están escritas. Se juzgan por las personas que llegan a tiempo a beneficiarse de ellas.

Una sociedad no demuestra su grandeza cuando aprueba una ley. La demuestra cuando consigue que esa ley llegue a tiempo a la vida de quienes ya no pueden seguir esperando.

Y mientras una familia tenga que despedir a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela o a un hijo con un derecho reconocido, pero nunca disfrutado, la dependencia seguirá teniendo una deuda pendiente.

No con los expedientes.

Con las personas.

Ha pasado algo más de un mes desde que se inauguró la pasarela del Padre Anchieta. Ya no quedan cámaras. Ni discursos. Ni fotografías del corte de cinta.

Ha transcurrido el tiempo suficiente para que una obra pública deje de pertenecer a quienes la proyectaron y empiece a pertenecer a quienes la utilizan cada día.

Y precisamente ahí comienza esta historia.

Hace unos días crucé la nueva pasarela. O, mejor dicho, intenté cruzarla. Soy una persona ciega.

Mientras avanzaba, no pensaba en arquitectura. Ni en ingeniería. Ni en el presupuesto de la obra. Pensaba en algo mucho más sencillo. En no perder la referencia. En saber por dónde continuar. En moverme con la misma tranquilidad con la que cualquier otra persona atraviesa un espacio público.

Cuando una persona tiene que dedicar toda su atención a algo tan básico como orientarse para cruzar una infraestructura, comprende que la accesibilidad no puede darse nunca por supuesta.

Aquella mañana no fui el único.

También realizaron el recorrido personas usuarias de silla de ruedas, personas con dificultades de movilidad, personas mayores, personas que utilizan un andador y otras que necesitan apoyo para desplazarse.

Cada una encontró una dificultad distinta.

Y entonces apareció una pregunta que todavía hoy sigue acompañándome. ¿Cuándo podemos decir de verdad que una infraestructura es accesible? ¿Cuándo termina la obra? ¿Cuándo cumple una normativa? ¿O cuando cualquier persona puede utilizarla con autonomía, seguridad y dignidad?

Creo que ahí está la diferencia.

Porque la accesibilidad nunca ha sido únicamente una cuestión técnica. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad. Y también de igualdad de oportunidades. Significa que una persona ciega pueda orientarse con seguridad. Que una persona mayor no tenga que preguntarse si tendrá fuerzas para llegar arriba. Que quien utiliza una silla de ruedas o un andador pueda desplazarse sin depender de otra persona. Que nadie tenga que renunciar a un recorrido porque el esfuerzo que exige supera sus posibilidades.

Las barreras más difíciles de derribar no siempre son las de hormigón.

Son las que no aparecen en los planos. Las que nacen cuando creemos que una infraestructura termina el día que se inaugura.

La realidad demuestra que empieza ese mismo día.

Llevamos años hablando de la accesibilidad universal.

Aprobamos leyes. Redactamos reglamentos. Inauguramos infraestructuras. Pero seguimos olvidando la única prueba que realmente importa.

La de las personas.

Porque una pendiente dibujada sobre un plano nunca se cansa. Un plano nunca pierde la orientación. Un proyecto nunca necesita detenerse para recuperar el aliento. Las personas sí. Y por eso la accesibilidad no puede evaluarse únicamente desde un despacho. Debe comprobarse caminando. Utilizando un bastón. Empujando una silla de ruedas. Avanzando con un andador. Envejeciendo.

Viviendo la ciudad.

No escribo estas líneas para desacreditar una obra. Las escribo porque todavía estamos a tiempo de mejorarla. Escuchar a quienes encuentran dificultades no debería interpretarse como una crítica.

Debería entenderse como la mejor oportunidad para construir ciudades mejores. Porque rectificar no debilita a una administración. La fortalece.

Y demuestra que entiende que las ciudades no se construyen para admirarlas. Se construyen para habitarlas. Las ciudades no se parecen a sus edificios. Se parecen a los valores con los que fueron diseñadas.

Y una sociedad no demuestra su grandeza el día que inaugura una infraestructura. La demuestra cuando cualquier persona —tenga o no una discapacidad, sea mayor, utilice un bastón, un andador o una silla de ruedas— puede recorrerla con la misma autonomía, la misma dignidad y las mismas oportunidades que las demás.

Porque la accesibilidad no empieza cuando se corta una cinta. Empieza cuando deja de ser una promesa y se convierte, sencillamente, en una realidad.

España tiene un problema gravísimo de memoria. Y no, no hablo solo de los políticos ultras que han decidido convertir el sufrimiento humano en una campaña electoral permanente. Hablo también de una parte de la sociedad que aplaude discursos miserables contra la inmigración mientras llena sus bolsillos gracias al sudor de quienes vienen de fuera intentando sobrevivir.

Resulta indignante escuchar a determinados partidos políticos, tribunales y a instituciones como la Comunidad de Madrid pedir a los jueces que frenen o anulen procesos de regularización de inmigrantes, como si habláramos de mercancía defectuosa y no de personas. Personas. Seres humanos. Familias enteras que han cruzado océanos, desiertos y fronteras huyendo exactamente de lo mismo de lo que huyeron millones de españoles durante décadas: hambre, guerra, miedo y desesperación.

Qué rápido se nos olvida que media España tuvo que escapar tras la Guerra Civil. Qué rápido se borra de la memoria colectiva aquella posguerra miserable donde nuestros abuelos o padres sobrevivían entre cartillas de racionamiento, hambre y humillación. Españoles acogidos en Francia, Alemania, Suiza, México, Argentina o Venezuela. Españoles limpiando suelos, trabajando en fábricas y levantando países ajenos para poder mandar dinero a casa y alimentar a sus familias.

¿Y ahora pretendemos mirar por encima del hombro a quien hace exactamente lo mismo?

La hipocresía en este país ya no tiene límites.

Porque los mismos que vomitan discursos contra los inmigrantes no tienen ningún problema en alquilarles pisos infectos a precios criminales. Los mismos que dicen que “sobran extranjeros” son los primeros en cobrarles 900 euros por habitaciones sin ventanas. Los mismos que se indignan por ver manteros en la calle luego no rechazan el dinero cuando esos inmigrantes compran en sus negocios, trabajan en sus empresas o sostienen sectores enteros de la economía con salarios de miseria.

Qué curioso: para insultarlos sí sirven, pero para cobrarles nunca molestan.

Ahí desaparece la bandera. Ahí desaparece el patriotismo. Ahí desaparece la supuesta defensa de España.

Porque cuando el dinero entra en caja, da igual si viene de un blanco, de un negro, de un chino, de un africano o de un sudamericano. El dinero no tiene nacionalidad. La codicia tampoco. Y esa es la verdad incómoda que muchos no quieren escuchar: vivimos en una sociedad donde demasiada gente critica la inmigración mientras saquea económicamente a quienes menos tienen.

Se habla de invasión, pero nadie renuncia a los beneficios que generan esas personas explotadas. Se habla de delincuencia, pero nadie devuelve el alquiler abusivo cobrado a familias inmigrantes hacinadas. Se habla de proteger España, mientras se construyen negocios enteros sobre la precariedad de quienes llegaron aquí sin nada.

Y mientras tanto, seguimos educando a generaciones enteras sin memoria histórica, sin empatía y sin humanidad. Como si nuestros abuelos no hubieran sido también “los de fuera”. Como si no hubiéramos necesitado que otros países abrieran sus puertas para que España pudiera sobrevivir a su propia tragedia.

La verdadera vergüenza no es que haya inmigrantes intentando regularizar su situación. La verdadera vergüenza es una sociedad capaz de enriquecerse gracias a ellos mientras los señala con el dedo.

Así que, señores empresarios, señores especuladores y señores patriotas de saldo: si tanto les molestan los inmigrantes, tengan coherencia. No alquilen sus viviendas a familias extranjeras. No acepten su dinero. No vendan en sus negocios a quienes tanto desprecian. No construyan fortunas sobre la necesidad ajena mientras luego se envuelven en discursos de odio.

No lo harán.

¿Y saben por qué?

Porque al final, lo único que mueve este mundo no es la patria, ni la moral, ni los principios.

Es el dinero.

Y demasiados están dispuestos a pisotear la dignidad humana con tal de llenar un poco más sus bolsillos.

Todavía hay personas que bajan la voz cuando hablan de un hijo gay.

Todavía hay quienes se preguntan si es el momento adecuado para presentar a su pareja en una comida familiar.

Todavía hay quienes calculan cuánto de sí mismos pueden mostrar según el lugar donde estén, las personas que tengan delante o la reacción que esperan recibir.

No porque tengan miedo a la ley.

No porque teman una sanción.

Simplemente porque, en algún rincón de su conciencia, siguen sintiendo que hay algo que debe decirse con cautela, casi en privado.

Y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que el Día del Orgullo sigue siendo necesario.

Hay generaciones enteras que nunca han conocido una España donde amar pudiera convertirse en un problema.

Han crecido en un país donde el matrimonio igualitario forma parte de la normalidad, donde las parejas del mismo sexo son visibles y donde muchas libertades que hoy consideramos evidentes forman parte del paisaje cotidiano.

Y eso es una magnífica noticia.

Porque significa que hemos.

Pero precisamente ahí aparece una paradoja que merece la pena analizar cada vez que llega el 28 de junio.

Cuanto más consolidado está un derecho, más fácil resulta olvidar cómo llegó hasta nosotros.

Las nuevas generaciones han heredado libertades que para otras personas fueron motivo de lucha, rechazo, incomprensión y, en demasiadas ocasiones, sufrimiento.

Hubo un tiempo en que muchas personas ocultaban quiénes eran por miedo. Miedo a perder su empleo. Miedo al rechazo familiar. Miedo a las burlas. Miedo a ser señaladas simplemente por amar a alguien de su mismo sexo.

No ocurrió hace siglos.

Ocurrió en nuestro país.

Y no hace tanto tiempo.

La historia demuestra que los derechos nunca aparecen por generación espontánea.

Nacen porque alguien se atreve a desafiar lo establecido.

Porque alguien decide dejar de esconderse.

Porque alguien soporta críticas, rechazo o incomprensión para que quienes vienen detrás puedan vivir con más libertad.

Por eso conviene recordar.

Porque las leyes pueden cambiar en una legislatura.

La mentalidad de una sociedad tarda generaciones.

Y quizá ahí se encuentre una de las razones por las que el Día del Orgullo sigue siendo necesario.

No únicamente como celebración.

No únicamente como reivindicación.

También como ejercicio de memoria.

Porque resulta difícil valorar aquello cuyo coste hemos olvidado.

En los últimos años hemos visto reaparecer discursos que muchos consideraban superados. Discursos que presentan la diversidad como una amenaza, que ridiculizan la inclusión o que convierten los derechos de determinados colectivos en objeto de discusión permanente.

Pero hay algo que me preocupa incluso más que esos discursos.

La comodidad.

La idea de que basta con repetir determinadas palabras para considerarnos libres de prejuicios.

Porque los prejuicios no desaparecen al mismo ritmo que cambian las leyes.

A veces simplemente aprenden a disfrazarse.

Se vuelven más discretos.

Más elegantes.

Más socialmente aceptables.

Y, precisamente por eso, más difíciles de reconocer.

Quizá por eso el Orgullo trasciende a quienes forman parte del colectivo LGTBI.

Porque, en el fondo, todos conocemos alguna forma de armario.

El armario de quien oculta una discapacidad para evitar prejuicios.

El armario de quien esconde una enfermedad.

El armario de quien calla una situación económica complicada.

El armario de quien disimula una parte de sí mismo para ser aceptado.

Cambian las circunstancias.

Cambian las historias.

Pero el mecanismo siempre es el mismo:

el miedo a no encajar.

Y quizá por eso el verdadero desafío no consiste en preguntarnos qué opinamos públicamente sobre el colectivo LGTBI.

Quizá consiste en preguntarnos qué sentimos realmente.

Sin discursos preparados.

Sin consignas.

Sin necesidad de quedar bien.

Sin miedo a ser juzgados.

Mirándonos al espejo.

Y respondiendo con honestidad.

¿Nos resulta realmente indiferente que dos hombres se besen en una plaza?

¿Nos parece normal que dos mujeres formen una familia?

¿Pensaríamos exactamente igual si se tratara de un hijo, una hija o un hermano?

¿Nos molesta la pluma o nos molesta que alguien se niegue a esconder quién es?

¿Nos incomoda la diversidad o nos incomoda que la diversidad sea visible?

¿Pensamos lo mismo que decimos?

¿Y decimos lo mismo que hacemos?

Tal vez el verdadero progreso no consista en repetir que todos somos iguales.

Tal vez consista en ser capaces de responder honestamente a esas preguntas.

Porque los derechos no se ponen a prueba cuando resultan cómodos.

Se ponen a prueba cuando afectan a nuestra forma de mirar a los demás.

Y quizá el Orgullo siga siendo necesario precisamente por eso.

No porque no hayamos avanzado.

No porque la ley haya fallado.

Sino porque la libertad no consiste únicamente en reconocer derechos sobre el papel.

Consiste también en aceptar, sin reservas ni condiciones, que cada persona tiene derecho a vivir su vida sin esconder quién es.

Tal vez por eso, cada 28 de junio, la pregunta más importante no sea qué pensamos del Orgullo.

Tal vez la pregunta más importante sea qué pensamos realmente.

Hace unos días un policía me multó por aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida.

Le enseñé el justificante de la solicitud de renovación de mi tarjeta. Le mostré el mensaje que acredita que el expediente está en trámite. Le expliqué que había presentado todo correctamente y que llevo meses esperando respuesta de la Administración.

El agente me escuchó, me comprendió y aun así me multó. Me indicó, además, que debía presentar un pliego de alegaciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento correspondiente para recurrir la sanción.

No le culpo. Estaba aplicando la normativa.

Pero cuando volví a casa solo podía pensar en una pregunta muy simple: ¿cómo es posible que una persona pueda ser sancionada por un retraso que no ha provocado?

No ha sido un caso aislado. Ya he recibido otra multa en circunstancias similares mientras sigo esperando la renovación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Mi tarjeta caducó el 18 de enero de este año. Antes de esa fecha seguí el procedimiento establecido: presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, aportando la documentación requerida. Todo en tiempo y forma.

Desde entonces, sigo esperando.

En marzo recibí un mensaje informándome de que el expediente había comenzado a tramitarse. Después de eso, silencio.

Mientras tanto, la vida no se detiene. Hay que acudir a citas médicas, hacer gestiones, comprar, desplazarse. En definitiva, seguir con la rutina diaria.

Y ahí aparece el problema, porque, aunque la tarjeta ha caducado, la necesidad que la justifica sigue exactamente igual.

Lo que cambia no es la situación de la persona, sino su exposición a sanciones por una demora administrativa que no controla.

Durante este tiempo he tenido que recurrir las multas, aportar documentación y demostrar algo que ya estaba acreditado: que la renovación está solicitada y en trámite.

Es decir, además de esperar meses una respuesta, tengo que invertir tiempo y energía en corregir las consecuencias de esa espera.

Pero hay una parte del problema que me preocupa aún más.

Yo puedo defenderme. Puedo presentar alegaciones por vía telemática, guardar justificantes y hacer seguimiento del expediente. No todo el mundo puede.

¿Qué ocurre con una persona mayor que no maneja herramientas digitales? ¿Qué ocurre con alguien que depende de terceros para cualquier trámite? ¿Qué ocurre con quien recibe una sanción lejos de su domicilio y no tiene facilidad para desplazarse a reclamar?

Estas situaciones no son excepcionales. Son reales.

A menudo hablamos de accesibilidad en términos de infraestructuras: rampas, ascensores, transporte adaptado. Pero hay otra barrera menos visible e igual de importante: la burocrática.

Una administración inaccesible no es solo la que impide el acceso físico, sino también la que convierte un derecho reconocido en un proceso incierto, lento y desigual.

En algunos casos, los expedientes parecen avanzar cuando la persona afectada acude presencialmente a insistir. Si eso es así, la pregunta es evidente: ¿para qué sirve entonces la vía electrónica si no garantiza el mismo trato?

No se trata de pedir privilegios ni de cuestionar a los agentes que aplican la normativa que tienen que cumplir.

Se trata de algo mucho más básico: coherencia administrativa.

Si una persona cumple con todos los requisitos y presenta su solicitud en tiempo y forma, la Administración debería responder en un plazo razonable. Y mientras no lo hace, no debería generar situaciones que derivan en sanciones para quien no tiene ninguna responsabilidad en la demora.

Hoy me encuentro con una situación difícil de explicar en términos de lógica: una tarjeta caducada, un expediente en trámite y dos multas por el camino.

Pero el problema de fondo no es la multa.

Es la incertidumbre.

Salir de casa sin saber si puedes ser sancionado por un retraso ajeno no es una situación aceptable para nadie, y menos aún para una persona con movilidad reducida.

Porque al final, la cuestión es muy simple: la tarjeta puede caducar. La discapacidad no