Este 21 de junio se celebra la segunda vuelta presidencial en Colombia. Es, tal vez, la contienda electoral más decisiva para el futuro del país en los últimos años. Aunque algunos muestran a los candidatos como dos extremos políticos, lo cierto es que representan dos visiones de país. Dos perspectivas en las que sólo uno de ellos se sitúa en el extremo de la derecha, mientras que el otro se mantiene escrupulosamente en el marco democrático. De un lado está Iván Cepeda Castro, filósofo, defensor de derechos humanos y senador de la república, que ha dedicado su vida a las víctimas, al diálogo y a la paz. Del otro está Abelardo de la Espriella, un abogado que aspira a llegar al poder con una promesa de seguridad, orden y un supuesto respeto constitucional que denomina “patriotismo constitucional”.

 El problema del abogado es que sus propuestas desmantelan las garantías e instituciones que sostienen ese orden, lo que contradice su discurso. También ha hablado de «destripar» a la izquierda en un país donde esas afirmaciones fácilmente pueden ser hechos tangibles. Uno representa la concertacióny el pluralismo; el otro, aunque se presenta como outsider, encarna los intereses de la política tradicional que critica, con cuyos sectores está aliado. Además, amenaza con poner en riesgo la soberanía nacional al solicitar injerencia extranjera.

Lo que está en juego este domingo va mucho más allá de afinidades políticas. Se trata de la dirección que tomará un país que durante décadas ha oscilado entre la violencia y la promesa, aún pendiente, de una paz duradera. Elegir a Abelardo de la Espriella implica respaldar una visión del país que, según sus declaraciones y propuestas, significaría un retroceso en avances institucionales y democráticos. También abre interrogantes sobre la forma en que se abordarán las diferencias políticas y la protección de los principios que sustentan el Estado social de derecho.

Colombia llega a esta contienda electoral con el peso de generaciones de violencia. Durante gran parte del siglo XIX, el país estuvo sumido en guerras civiles; la más conocida fue la Guerra de los Mil Días. El siglo XX tampoco trajo paz ni calma. Los campesinos eran despojados de sus tierras y quienes manifestaban ideas liberales eran perseguidos por agentes paraestatales (los tenebrosos “pájaros” y “chulavitas”). Liberales y conservadores se disputaron la tierra y el poder en un período tan brutal que se conoce simplemente como La Violencia (con mayúscula). De esa confrontación nacieron las guerrillas y se fortalecieron las estructuras paramilitares que el Estado financió y protegió. Entre finales de la década de 1980 y comienzos de los años 2000, el partido político de izquierda Unión Patriótica (UP) fue exterminado. Sus militantes, dirigentes y candidatos presidenciales fueron perseguidos, estigmatizados y asesinados. El senador Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda Castro, fue asesinado en 1994 por agentes del Estado, en alianza con grupos paramilitares, y así se convirtió en una de las tantas víctimas.

Abelardo de la Espriella dice defender la Constitución, pero varias de sus propuestas van en contra de ella. Propone salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la ONU y de la OEA, e invita a Estados Unidos a intervenir en asuntos internos del país, lo que pone en riesgo la soberanía nacional. Busca eliminar la JEP, eje central del Acuerdo de Paz de 2016. Ha mencionado la posibilidad de dolarizar la economía (aunque luego se desdijo), lo que afectaría la soberanía monetaria y la independencia del Banco de la República. Critica la Asamblea Constituyente (que Cepeda descartó para su gobierno), aunque el conjunto de sus propuestas exigiría reformas de tal magnitud que el resultado sería, en la práctica, una modificación radical de la Carta Magna. Bajo la idea de promover el desarrollo económico, algunas de las propuestas de De la Espriella podrían conseguir el efecto contrario: afectarían el crecimiento del país al debilitar sectores estratégicos como la cultura, el medioambiente, el turismo, la agricultura, la educación, la ciencia y la paz. Todo esto de la mano de quien ha dicho, sin mayor reparo, que hay que “destripar” a la izquierda.

Iván Cepeda Castro es lo opuesto. Ha dedicado su carrera a las víctimas, a la memoria y a la paz. Fue él quien llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del asesinato de su padre. El tribunal internacional condenó al Estado colombiano por este crimen de Estado, que fue perpetrado por paramilitares y agentes militares. El pasado 16 de junio se reunió con figuras liberales y del centro: exministros, exmagistrados, políticos, empresarios, artistas e intelectuales. Estuvieron presentes Iván Marulanda, exconstituyente del 91; César Julio Valencia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Andrea Padilla, senadora de la república y animalista; y la artista Doris Salcedo, entre otros. En ese encuentro dejó claro que su gobierno no convocaría una Asamblea Constituyente, que respetaría la Constitución del 91, que la seguridad y el déficit fiscal serían prioridades y que buscaría nuevos consensos en torno a la reforma a la salud. El 17 de junio se sumó Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, quien advirtió sobre los riesgos que corre la democracia con la posible llegada de la extrema derecha al poder. Con Cepeda se puede dialogar. Lo ha demostrado toda su vida, es un demócrata que respetaría a la oposición y les brindaría todas las garantías.

Si bien es un hecho que varios países latinoamericanos se debaten hoy entre elegir o ser gobernados por vertientes de ultraderecha y proyectos progresistas, es difícil comparar a Colombia con otros países de la región y del mundo. Sus problemáticas sociales, políticas y económicas son complejas y particulares. Su historia violenta marca unos parámetros que no se pueden desconocer ni ignorar. A ello se le suma el viejo fenómeno del narcotráfico, una realidad contemporánea de la que surgen otros tipos de violencias, además de que permea la economía nacional. Colombia es un país estratégico geográficamente y riquísimo en biodiversidad, pero, socialmente, profundamente pobre y desigual.

A un sector de la sociedad se le ha hecho creer que la paz es asunto de guerrilleros e impunidad, y que la defensa del campo y del desarrollo agrícola son preocupaciones de expropiadores de tierras y comunistas. A algunos sectores políticos y empresariales les conviene borrar la historia y la niegan con el fin de manipular, cultivar odios y generar más violencia. Nos intentan deshumanizar, pues ya son muchos años inmersos en un horror azuzado por distintos grupos, no sólo uno, y en el que el Estado fue partícipe y, en ocasiones, también autor directo. La paz es una urgencia, porque con la guerra ya se intentó todo sin soluciones concretas.

Y así terminan las elecciones colombianas: con un candidato que habla de “destripar” a la izquierda y otro que invita a un diálogo nacional con diferentes sectores. En un país como Colombia, las palabras no se quedan en la retórica populista ni en la demagogia emocional. Aquí estigmatizaron, persiguieron, silenciaron, asesinaron y “destriparon” a quien pensó diferente durante casi toda la historia. En esta contienda electoral están en juego la vida, la paz y el Estado social de derecho. Que nunca más nadie sobre en el país de la belleza.