Alguien tan riguroso y equilibrado como Javier Cercas publicó en El País el sábado pasado una columna demoledora contra los socialistas en la que, entre otras muchas cosas, aseguraba que hay una investigación de una supuesta trama en la que “…un secretario de organización urdió, según el juez, una estructura criminal para desacreditar adversarios...”. Me chirrió bastante porque acababa de leer un auto de ese juez al que cita, fechado el 11 de junio, en ese mismo asunto (el 'caso Leire'), en el que explica sintéticamente su investigación. Para el juez, los investigados, “con la ilícita finalidad, entre otras y como principal, de atacar la probidad de la actuación de la UCO y la necesaria tranquilidad de sus efectivos para poder mantener el curso de investigaciones en estricto cumplimiento de sus funciones como policía judicial, lo que viene a integrar el delito contra las instituciones del estado del art. 504.2 CP, que debe ser investigado…”. 

Sería bueno que recordásemos qué conductas se penan en el artículo 504.2 del Código Penal (CP), qué ha venido diciendo la jurisprudencia sobre ese tipo penal, e incluso la posición de determinados autores sobre el mismo que abogan por su despenalización. Por no aburrir, baste indicar que se trata de un delito de opinión, injuriar gravemente a ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad y que su pena es la de multa, no de prisión. Repito: la pena es una multa. Ciertamente, ha habido condenas por ese delito. En 2020, la Audiencia Provincial de Teruel condenó a dos personas por burlarse de la muerte de dos guardias civiles a una multa de 4.380 euros, aunque luego el Tribunal Supremo anuló la condena al entender que ese “ataque” debía ser de especial gravedad. También, en 2008, la Audiencia de Navarra condenó a alguien por decir que los que llevan pistolas y aterrorizan a la población van de verde (al parecer se referían a la Guardia Civil) o, en 2010, la Audiencia de Segovia condenó con una multa al señalar el acusado que los agentes de la Policía y de Guardia Civil son violadores bananeros y cobardes.

El Tribunal Supremo, en una importante sentencia de 2023 que se remite a una anterior de 2020, nos señala el camino a seguir: lo protegido no es el honor personal de los agentes sino el prestigio institucional de una institución de las indicadas y se pena únicamente los ataques más graves. Tal vez no se sepa que la disculpa inmediata lleva a la absolución del delito.

Cuando el fin perseguido principal es cometer un delito “menos grave” como éste al que hacemos referencia en ningún caso se admite que haya intromisiones graves en la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Si eso es lo que se investiga no cabría registros domiciliarios, ni intervenciones telefónicas, ni incautación y volcado de móviles o el acceso a cuentas de correo electrónico.

Lo peculiar de este procedimiento es que se nos dice que el fin principal es injuriar a una unidad de policía judicial, la UCO, alterando su tranquilidad, atacando su probidad y que para ello los acusados han creado una organización criminal, han sobornado a cargos públicos, han revelado secretos, han inducido al falso testimonio, han hecho acusaciones falsas, han falseado documentos mercantiles, han adoptado resoluciones injustas a sabiendas de que lo son y han usado sus influencias para que funcionarios públicos adopten resoluciones ilegales. A bote pronto, es una situación un tanto extravagante porque es ciertamente inverosímil. 

Si hurgamos en el procedimiento, parece que se atribuye a los investigados, entre los que se encuentran varios abogados, pretender anular procedimientos judiciales, centrándose en resoluciones de personas muy concretas de la Fiscalía Anticorrupción, así como actuaciones de algún responsable de la UCO, que no de todos. Se omite que la obligación de todo abogado defensor y de todo acusado es intentar buscar causas de nulidad en los procedimientos en los que actúa y que sólo es un juez o tribunal el único que puede decretar esa nulidad, pero eso parece irrelevante.

A todo esto, se preguntarán los lectores, qué tiene que ver todo esto con el título de este artículo, “móviles para cambiar gobiernos”.

La clave de todo esto es que si la fuerza actuante, casualmente los miembros de la UCO que se pretendía injuriar, con el paraguas de la Fiscalía Anticorrupción, redactan un alarmante atestado en que se esboza la comisión de delitos gravísimos, se relaciona a los investigados con un partido político, el PSOE, y se relaciona sus actos con esa organización, sólo bastará convencer a un juzgado de la Audiencia Nacional que debe hacerse cargo de la investigación del artículo 504.2 del CP que estaba instruyendo un juzgado ordinario y que hay que llevar a cabo actuaciones limitadas a la instrucción de delitos gravísimos al interferir en derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.

Si lo consiguen, y lo están consiguiendo, ya se podrá detener a determinadas personas, incautarles sus móviles y el disco duro de sus ordenadores, acceder a sus cuentas de correo y a sus agendas físicas o virtuales, de toda su vida. Es más, también podrán hacerlo con todos los documentos contables y aquellos que les parezcan relevantes a los investigadores, de ese partido político, el PSOE, que se convierte en una organización a investigar, a analizar, a criminalizar con la inestimable ayuda de los sofisticados programas de inteligencia artificial que les permiten analizar millones de documentos, como el Cellebrite.

Mientras se lee, analiza y evalúa miles y miles de correos (de abogados, empresarios, políticos o funcionarios, intercambiados con todos los contactos de los investigados durante un periodo que puede abarcar décadas) toda su vida pública y privada es sometida a un prolijo escrutinio. Además, se obtiene toda la información económica de esas personas, aunque no se investigue un asunto de tintes económicos. Tratándose de personas vinculadas a la política, cuya misión esencial es intentar entender la sociedad por la vía que sea, es frecuente que intercambien información con otros políticos, periodistas, empresarios o asociaciones, que pasa a ser filtrada selectivamente. Se sabe qué se busca: lo que se dice de Pedro Sánchez, lo que pueda haber dicho Pedro Sánchez, lo que pueda haber sabido Pedro Sánchez. De ahí que investiguen a quien es la gerente de su partido, a personas de la Administración, a quien fue su jefe de gabinete…

Se sabe qué se busca: lo que se dice de Pedro Sánchez, lo que pueda haber dicho Pedro Sánchez, lo que pueda haber sabido Pedro Sánchez

Al Juzgado, al que le resulta imposible analizar esos millones de documentos, sólo le llegará un extracto de aquello que tiene que seguir siendo investigado (se suele desdeñar lo que no tiene que ver con la política, pese a que resulte igual de extraño) y, en un momento dado, con mucha repercusión mediática, se ordenará detener a otras personas, se registrará sus domicilios y despachos y se les incautará, también, sus móviles y ordenadores. Unas quedarán en libertad y a otras se les encarcelará, al menos mientras se averigüe si disponen de dinero o bienes en países extranjeros; casi siempre se les bloqueará las cuentas, propias o de familiares, se les incautará los vehículos y aquellos bienes que se estime conveniente. Esas incautaciones determinarán nuevas líneas de investigación y seguirá la rueda: nuevas filtraciones y nuevas líneas de investigación, sin que nunca sepamos cuáles y por qué se desdeñan, pero sí las que se mantienen, básicamente aquellas que puedan perjudicar a un Gobierno socialista.

El objetivo siempre es incautarse el móvil. Alex de la Iglesia estrenó en 2017 Perfectos desconocidos. En esa película, un grupo de amigos se reúne a cenar y deciden entretenerse con un juego peligroso: poner los móviles sobre la mesa y compartir públicamente cada mensaje, llamada o notificación. Afloran los secretos más íntimos, se destapan mentiras y romances ocultos que ponen en riesgo todas sus relaciones. Si jugáramos a ese juego, todos perderíamos a la familia, pareja o amigos.

Una de las protagonistas de la película define al teléfono móvil como la caja negra de nuestras vidas. Nuestros secretos, nuestras finanzas, nuestras preferencias sexuales, nuestros datos médicos, la relación con nuestros amigos, conocidos o familiares, nuestras opiniones más inexploradas. Nuestra caja negra.

Ni quienes ejercemos la abogacía podemos consentir que haya colegas detenidos por defender a sus clientes, ni la militancia socialista puede permitir que se jaquee nuestra organización

Ni quienes ejercemos la abogacía podemos consentir que haya colegas detenidos por defender a sus clientes, ni la militancia socialista puede permitir que se jaquee nuestra organización, se criminalice a sus dirigentes arbitrariamente y se pretenda derribar a un gobierno utilizando torticeramente a instituciones nacidas para sostener la democracia. Lo que está en juego no es sólo perder un gobierno, es consolidar la idea de que los derechos más esenciales pueden ser derribados por interés de los que mueven los hilos de esas extravagantes acusaciones de las que es muy difícil defenderse.