España, como otros países de nuestro entorno, vive una crisis de vivienda que ya ha llevado a mucha gente a la calle. Desde 2015, el alquiler medio ha subido un 40% y uno de cada cuatro inquilinos (casi tres millones de personas) dedica más del 30% de sus ingresos a pagarlo. Pero hay otro obstáculo menos visible que determina el riesgo de que el propietario no te responda o que lo haga con interés. Para medirlo, enviamos a lo largo de varios meses de 2025-2026 más de 3.500 solicitudes a anuncios de alquiler, idénticas salvo por el nombre del candidato. Quien firmaba con un nombre español recibió una respuesta positiva en el 54% de los casos. Quien lo hacía con un nombre MENAP (países del norte de África, Oriente medio y Pakistán), en el 37%. En pocas palabras, por cada 10 respuestas positivas que recibía el primero, el segundo recibía 7.

Esto divide el mercado del alquiler entre insiders, que pueden entrar más fácilmente y solo compiten por el precio, y outsiders, que antes tienen que conseguir que alguien les deje alquilar. Es una frontera poco visible en un debate centrado en cuánto cuesta alquilar y no en quién puede hacerlo. Para explorarla, desde el Instituto de Demografía del CSIC (IEGD) y con fondos europeos del proyecto europeo www.EqualStrength.eu, variamos aleatoriamente el origen étnico percibido de los candidatos mediante sus nombres. Usamos una selección de nombres comunes entre los inmigrantes procedentes de África Subsahariana y de los países MENAP que están en España, además de nombres autóctonos (castellano o catalán, según la región desde la que se publicaba el anuncio), distinguiendo entre los más prevalentes en la población mayoritaria y los de los gitanos españoles[1].

Tras recibir respuestas a nuestra solicitud ficticia de información sobre los pisos que aparecían en alquiler en una plataforma inmobiliaria, clasificamos las respuestas según fuesen positivas (invitaciones para ver la propiedad, peticiones de información, propuestas para hablar por teléfono…) o negativas (rechazo del candidato o ausencia de respuesta). A continuación, analizamos, mediante modelos lineales de probabilidad, si existían diferencias significativas en las respuestas de los propietarios según el origen étnico de los solicitantes. Mostramos los resultados descriptivos en el siguiente gráfico.

Frente a ese 54% de la mayoría (candidatos con nombres y apellidos autóctonos), los solicitantes de África Subsahariana tenían 9 puntos porcentuales menos de probabilidades de recibir una respuesta positiva, los gitanos 5 puntos menos y los del grupo MENAP 18 puntos menos.

La brecha entre los autóctonos no gitanos y gitanos parece pequeña. No obstante, nuestro trabajo puede infraestimar la discriminación contra los segundos por la dificultad que representa señalar esta identidad étnica a través de los nombres. Para seleccionar aquellos que pudieran enviar esta señal, contactamos con la Fundación Secretariado Gitano para validar una preselección, que posteriormente se sometió a una encuesta y a grupos de discusión. Aun así, los nombres no siempre permiten distinguir con claridad entre personas gitanas y no gitanas, lo que puede reducir la diferencia observada en las respuestas.

La mayor discriminación en el acceso al mercado de la vivienda parece concentrarse en los nombres que envían la señal de ser musulmanes. Aquí, la distancia con los autóctonos no gitanos es de 18 puntos porcentuales. Esta jerarquía en la brecha de acceso parece replicar la que emerge de muchos los estudios clásicos en España sobre la preferencia hacia ciertos grupos de inmigrantes.

Estas cifras reflejan las diferencias promedio estimadas para el conjunto de España, teniendo en cuenta la provincia en la que se encuentra cada vivienda. Tampoco observamos diferencias significativas en la magnitud de la discriminación según el grado de tensión del mercado del alquiler, distinguiendo, por ejemplo grandes ciudades versus zonas menos pobladas.

Por último, llevamos a cabo experimentos similares en el mercado laboral y en el acceso a la educación infantil, dos mercados que junto con el de la vivienda son cruciales para la formación de hogares y familias. No detectamos casi ninguna diferencia por origen étnico al solicitar plazas de educación infantil. En el mercado laboral, en cambio, si observamos una cierta discriminación, aunque menor de lo que cabría esperar. En concreto, los solicitantes de África Subsahariana tenían un 8% menos de probabilidades de recibir una respuesta positiva y los MENAP, un 6% menos (comparado con la mayoría, cuya tasa de respuesta positiva era de un 15%). Esto sugiere que la discriminación se manifiesta con más fuerza en los mercados más tensionados, como el de la vivienda, que en los que lo están menos, como el de la educación infantil.

El proyecto en el que se produjeron estos experimentos de campo se llevó a cabo de manera simultánea en otros siete países europeos (Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Hungría, la República Checa y Suiza). España se sitúa en términos relativos en el grupo de los países que menos discriminan. No obstante, estas sencillas cifras transmiten una información fundamental para entender las dificultades para la incorporación de los inmigrantes en España.

Volviendo a la vivienda y para cerrar esta nota, conviene declararse prudentes con la interpretación de estos resultados. A la hora de atribuir una causa a las diferencias en la reacción de caseros a los nombres de sus potenciales inquilinos, hay una importante brecha generacional entre nosotros que opera en la dirección que muchos lectores podrán fácilmente anticipar. Puede ser una expresión de prejuicios hacia determinados grupos. También podría ser una reacción defensiva de algunos propietarios ante las medidas de protección de los inquilinos vulnerables: las dificultades que anticipan para recuperar un piso si algo sale mal podrían llevarlos a filtrar más, utilizando el nombre como señal de un supuesto riesgo económico. Otra explicación pondría el foco en las dinámicas de un mercado marcado por la escasez y la especulación, donde la búsqueda de rentabilidad podría reforzar la exclusión de quienes son percibidos como inquilinos menos deseables.

Estas explicaciones pueden coexistir, y nuestro experimento no permite determinar qué peso tiene cada una. Esclarecerlas resulta fundamental para diseñar respuestas eficaces. Mientras tanto, los resultados muestran que las dificultades para acceder a una vivienda comienzan antes de pagar el alquiler: para algunos candidatos, la primera barrera es conseguir que alguien les responda.

[1] El origen étnico se indicó a través del nombre. Los nombres se seleccionaron a través de una encuesta de nombres, en la que se estudió qué nombres eran percibidos con más frecuencia, por parte de la sociedad española, como característicos de los colectivos de interés: https://www.nature.com/articles/s41597-025-06153-8

Cuando España aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, el debate público giraba alrededor de la cuestión fundamental de la igualdad de derechos. Dos décadas después, esa conquista forma parte de la normalidad democrática. Sin embargo, los cambios más profundos no siempre son los que aparecen en las leyes.

Durante décadas, la homofobia no solo limitó derechos, sino que también limitó biografías. Formar una pareja estable, vivir abiertamente la propia orientación sexual o construir un proyecto familiar eran opciones difíciles o directamente inaccesibles para muchos homosexuales. Quienes decidían hacerlo solían concentrarse en espacios relativamente reducidos donde encontraban protección, reconocimiento y un cierto sentido de comunidad. Aquellos entornos fueron una primera conquista de libertad. Pero también reflejaban una realidad menos amable, ya que las trayectorias vitales posibles eran mucho más estrechas de lo que son hoy.

Una de las transformaciones más importantes de la España contemporánea ha sido precisamente la ampliación de esas opciones. La población homosexual, como la que no lo es, ha diversificado sus cursos de vida. Aunque poco a poco, hoy encontramos parejas del mismo sexo con hijos, parejas sin hijos, personas que viven solas, hogares reconstituidos y proyectos familiares muy distintos entre sí. La diversidad que observamos en el conjunto de la sociedad también se observa entre gais y lesbianas. Por eso, veinte años después del matrimonio igualitario, la pregunta ya no es únicamente si existen derechos formales, sino también si los homosexuales pueden desarrollar los proyectos de vida que libremente elijan en condiciones de igualdad. Dicho de otra forma, si las parejas del mismo sexo pueden acceder con normalidad a los mercados y las instituciones que hacen posible la vida cotidiana.

Desde la demografía, las familias homoparentales representan uno de los ejemplos más interesantes de este cambio histórico. Durante mucho tiempo fueron una realidad estadísticamente poco visible. Hoy forman parte del paisaje familiar de algunas sociedades occidentales. Cada vez más parejas del mismo sexo tienen hijos, y cada vez más investigadores intentan comprender cuáles son las condiciones sociales que favorecen o dificultan esa transición.

Con financiación de la Unión Europea, dentro del proyecto EqualStrength, hemos estudiado esta cuestión mediante varios experimentos de campo realizados en España. El objetivo era observar cómo responden algunas instituciones fundamentales cuando quienes llaman a su puerta son parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales. Para ello enviamos más de 10.000 solicitudes ficticias a escuelas infantiles, viviendas de alquiler y ofertas de empleo reales utilizando perfiles equivalentes que únicamente variaban en algunos rasgos familiares como, por ejemplo, su orientación sexual.

En el mercado laboral es donde detectamos el único patrón consistente de discriminación. Los hombres gais sin hijos fueron el único grupo que, en media, recibió menos respuestas positivas (invitación a una entrevista, petición de más información respecto al currículum…) cuando solicitan empleo, pero solo en ocupaciones tradicionalmente masculinizadas (electricista, desarrollador de software y carretillero). Pero incluso esta diferencia desaparece cuando el candidato señala que es padre. No encontramos resultados equivalentes entre mujeres lesbianas, ni tampoco entre parejas del mismo sexo con hijos.

El segundo ámbito que analizamos fue el acceso al mercado de viviendas de alquiler. Los resultados desafiaron algunas ideas preconcebidas. No encontramos una penalización sistemática asociada a la orientación sexual. En un mercado tan tensionado como el español, donde millones de hogares compiten por una oferta insuficiente de viviendas, las parejas del mismo sexo recibieron respuestas muy similares a las del resto de solicitantes. La principal fuente de desigualdad observada no estaba relacionada con la orientación sexual sino con otros factores vinculados a la composición familiar.

Por último, estudiamos el acceso a las escuelas infantiles privadas. Tampoco aquí encontramos discriminación. Las familias formadas por parejas del mismo sexo recibían respuestas prácticamente idénticas a las obtenidas por las familias heterosexuales. En uno de los servicios más importantes para la conciliación y el bienestar infantil, la orientación sexual de los progenitores apenas parecía influir en el comportamiento de los centros.

Si durante décadas el reto fue reconocer derechos, el desafío actual es que las distintas formas de construir una vida adulta sean percibidas como igualmente legítimas. Tener hijos o no tenerlos, vivir solo o en pareja, formar una familia homoparental o heterosexual. También en este ámbito la experiencia española parece notablemente positiva. Nuestro esfuerzo empírico apunta precisamente en esa dirección. Lejos de la imagen de una sociedad dividida o reticente a la diversidad sexual, los resultados sugieren que las parejas del mismo sexo están alcanzando un elevado grado de integración en el acceso a mercados fundamentales para poder gestionar vida cotidiana. Las familias homoparentales no constituyen hoy el principal objetivo de la discriminación en los mercados que hemos estudiado. Allí donde persisten diferencias, estas parecen concentrarse en perfiles mucho más específicos. Más que un rechazo generalizado hacia las parejas del mismo sexo o hacia quienes forman familias homoparentales, los resultados apuntan a la persistencia de determinados estereotipos sobre la masculinidad y sobre cómo debería desarrollarse la vida de un hombre adulto.

La verdadera normalización consiste en que las diferencias dejen de determinar el destino de las personas y que una pareja del mismo sexo pueda decidir tener hijos o no tenerlos, vivir en una gran ciudad o en una pequeña localidad, construir una familia o desarrollar otro proyecto vital, sin encontrar barreras institucionales sistemáticas por ello. Vista desde esta perspectiva, la historia de las últimas décadas no es únicamente la historia de una ampliación de derechos. Es también la historia de una ampliación de posibilidades. Y quizá el mejor indicador de ese cambio sea precisamente que la población homosexual se parece cada vez más al resto de la sociedad española en algo fundamental, la libertad para construir vidas diversas.