No tengo la menor duda de que, entre los propósitos de los manifestantes del cerco al Parlament, no figuraba el de poner a prueba la capacidad de algunos tribunales de este país para superar los condicionamientos de una jurisprudencia y una cultura de lo penal en materia de ejercicio de ciertos derechos, forjada en decenios de autoritarismo.

Pero lo cierto es que lo consiguieron, con el resultado que, al fin, cabía esperar: la aplicación, por la Sala Segunda, del artículo 498 del Código Penal de la democracia, mera transposición del art. 157,4 del Código Penal franquista, a conductas sin encaje razonable en sus previsiones.

Vale la pena recordarlo: se trata de un delito cuya existencia requiere el empleo de «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave» para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea legislativa autonómica asistir a sus reuniones.

Y lo cierto es que las acciones atribuidas a los manifestantes condenados consistieron en interponerse con los brazos en cruz, seguir o rodear a un parlamentario regional gritando consignas, desplegar una pancarta recriminando las políticas de recortes, o pintar con un spray la chaqueta de una diputada.

Es verdad que esto tuvo como escenario una manifestación convocada con objeto de «parar el Parlament». Pero, consta en la sentencia de la Audiencia Nacional que se trató de acciones producidas dentro del espacio acotado policialmente para la protesta y, sobre todo, desprovistas de la necesaria agresividad. También se sabe que, en el contexto de la concentración, tuvieron lugar otras acciones realmente graves y, asimismo, que el lema de la convocatoria llamaba a frenar la normal actividad de la institución de que se trata. Pero las concretas actuaciones criminalizadas, en sí mismas, carecieron por completo, no solo de los rasgos típicos reclamados por el precepto penal, sino, incluso, o sobre todo, de la menor aptitud para producir aquel efecto perturbador en la dinámica del Parlamento de Cataluña. Mientras que sus actores operaron sin ninguna relación con los desconocidos responsables de aquellas otras.

Así las cosas, es evidente que los condenados lo fueron por conductas banales, penalmente atípicas y, en consecuencia, como efecto de la indebida atribución a ellos de lo pretendido o ejecutado por otros sujetos desconocidos. Con aparatosa vulneración, por tanto, del principio de taxatividad y, en particular, de los de culpabilidad y lesividad, todos de imprescindible observancia en la aplicación de la ley penal.

Como la naturaleza de los hechos no presta el menor fundamento para semejante condena, tan ajena a los principios que acaban de mencionarse como a las reglas que rigen la semántica del lenguaje legal, es del todo plausible pensar que la razón de la desmesura jurisdiccional deberá estar y es legítimo buscarla en otra parte.

Pues bien, sinceramente, creo que lo que exacerbó el rigor represivo del fiscal, primero, y luego de la mayoría del tribunal de la Sala Segunda, fue el íncipit de la sentencia de la Audiencia Nacional. En efecto, y es que esta, en una más que razonable y fundada aproximación al contexto de las acciones de referencia, entendió que, en el tratamiento y la valoración jurídico-penal de las acciones incriminadas no podía omitirse la consideración del marco constituido por la conflictiva realidad social, en que se produjeron. En concreto, la existencia de cientos de miles de personas con grave limitación del acceso al ejercicio de sus derechos básicos; integrantes de sectores sociales deprimidos, en situación de máxima vulnerabilidad. Y, además, en general, con un notable déficit material de representación y de la posibilidad, por tanto, de expresar sus demandas en otro espacio que el, siempre precario, de la calle, objetivamente abierto al riesgo de intervenciones violentas como el materializado en este supuesto.

No hará falta decir que esta observación del tribunal de instancia carecía de cualquier pretensión atenuatoria y menos aún justificativa de las acciones objeto de enjuiciamiento que, además, objetivamente, tampoco la necesitaban. Destinada en exclusiva como estaba a señalar un aspecto relevante del marco, constituido por ese factor de intensa conflictividad social en curso, de obligada consideración en el ámbito interpretativo, a tenor del art. 3,1º del Código Civil. Y, es evidente que respondió al solo propósito de evitar que elementos tomados abusivamente del contexto pudieran llegar a operar en el lamentable sentido en que al fin lo hicieron en la sentencia hoy desautorizada. Es decir, induciendo como indujeron al tribunal a un injustificado forzamiento de categorías, tan obvias en su real significación, como las de «fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave». Y tan ajenas a las conductas de los imputados, para los que tuvieron que construirse ad hoc con materiales, traídos por los pelos, de otra procedencia.

El fiscal, en la defensa de su recurso de casación descalificó, obviamente sin razón, tachándola de «ideológica», la sentencia de la Audiencia Nacional. Pues bien, empleando el mismo criterio, con el mejor fundamento después de Estrasburgo: ¿no es esto, precisamente, lo que podría/debería decirse de la sentencia de la Sala Segunda, en cuanto vulneradora de los derechos (libertad de reunión y asociación) del art. 11, a la luz del art. 10 (libertad de expresión), ambos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos?

Se lee en la sentencia del caso Ábalos, Koldo, Aldama que “el Estado de derecho debe premiar” la información del imputado que, con ella, contribuya a dotar de eficacia a la represión de conductas cometidas en el seno de organizaciones criminales, difícilmente penetrables sin una colaboración desde dentro. Con este modo de razonar, la Sala Segunda incurre en un error conceptual, porque la previsión legal del premio a la delación —al histórico “testigo de la corona”— no expresa deber alguno y menos de rango constitucional, sino justamente todo lo contrario. En efecto, pues tal clase de tratos son una cesión del Estado de derecho, de corte meramente utilitario, que choca con la lógica garantista del ius puniendi y del proceso acusatorio y contradictorio. Lo primero, al introducir una anómala diferenciación de la pena por tipos de imputado. Lo segundo, por desplazar lo nuclear de la decisión a un sujeto y a un espacio no jurisdiccionales, en un marco de discrecionalidad prácticamente incontrolable. Por eso, si algo hay en esta clase de supuestos, es una franca quiebra de la línea de principios sustantivos y procesales que, en rigor, debería prevalecer de forma incondicionada en la persecución de los delitos. Así, la ratio del instituto es cruda y exclusivamente pragmática. A ello se debe que, en Italia, con su entrada en la escena, suscitara muchas perplejidades e intervenciones, en algunos casos, de gran calidad teórico-crítica.

Con todo, hay que reconocer que, en ocasiones, la problemática figura, aplicada con seriedad, podría producir, como ha sido también el caso de Italia, efectos de enorme relevancia positiva. Baste recordar el maxiproceso de Palermo, con cientos de enjuiciados y 346 condenas, posible, esencialmente, a partir de la información facilitada por Tommaso Buscetta. Del que dijo Giovanni Falcone: antes teníamos una idea superficial de la mafia, Buscetta nos dio una clave de lectura del fenómeno, un método, que determinó un cambio esencial de estrategia y una nueva eficacia en la respuesta represiva.

Por cierto —y voy a otro aspecto del asunto— diré que juntar en el mismo texto a Tommaso Buscetta y a Aldama, como exponentes de la figura del delator, obliga a aclarar que expresan dos modalidades de esta que no podían ser más opuestas: de muy respetable seriedad, la del primero, que, además, hubo de asumir altísimos riesgos; y de absolutamente todo lo contrario, la del segundo. Una suerte de correveidile caracterizado por la precaria calidad de sus aportaciones, de escasa o ninguna novedad sustancial, francamente tardías, e incidentes en lo ya conocido. Producidas, además, en una causa con sorprendentes y no sé si explicables efectos reflejos en otra. En un contexto de llamativa frivolidad, afirmaciones trufadas de graves falsedades, insinuaciones e insidias, vertidas en sede procesal y en los más diversos medios. Que, por cierto, a juzgar por lo que (no) se dice en la sentencia, parece que nunca hubieran existido. Todo con una organización criminal de andar por casa como referente y, no obstante, con un beneficio en la penalidad más bien propio del indulto. Al fin, con efectos económicos que, ha señalado agudamente Ignacio Escolar, de estar asociados al IRPF, la declaración “le habría salido a devolver”; por un importe relevante y, además, puede decirse, blanqueado.

Estas consideraciones me llevan a concluir que el problemático instituto, que, por sus inquietantes peculiaridades, exige una aplicación cuidadosa, medida y muy precisamente argumentada, presidida por el rigor no solo jurídico, ha sido aquí gestionado con una ligereza —generosísimamente premial— poco digna de esta y de cualquier causa.