Junio ha dejado una sucesión de acontecimientos que, a primera vista, parecían no guardar relación entre sí. Sin embargo, todos apuntan en la misma dirección: la forma en que nuestras sociedades construyen sus propios “sures del norte”. Es decir, aquellos espacios —y, sobre todo, aquellas personas— a quienes se sitúa sistemáticamente en los márgenes de los derechos, del reconocimiento y de la comunidad moral. Los hechos de este mes recuerdan que esa es una lucha que las organizaciones sociales y antirracistas no pueden perder de vista.

Partíamos de un contexto marcado por la polarización ideológica y social, las trabas administrativas y las distintas formas de violencia. La gestión de las migraciones parece depender del color político de quien gobierna. Las personas migrantes se enfrentan a innumerables obstáculos para regularizar su situación administrativa, empezando por el empadronamiento. Resulta llamativo que una administración local no quiera saber cuántas personas residen en su territorio, precisamente para poder planificar adecuadamente los servicios públicos.

A ello se suman las identificaciones policiales basadas en el perfil étnico o el aspecto físico, en una sociedad cada vez más diversa. Sus consecuencias pueden ser muy graves: desde una orden de expulsión hasta el internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, que sigue abierto pese a más de una década de campañas que reclaman su cierre. En ocasiones, la brutalidad policial resulta estremecedora, como sufrió una familia colombiana el pasado año. Mientras tanto, los discursos de determinadas personas con responsabilidades públicas, centrados en la supuesta prioridad nacional, no hacen sino alimentar actitudes xenófobas y discriminatorias.

Y, sin embargo, más de medio millón de personas permanecían en situación administrativa irregular mientras trabajaban en la agricultura, la construcción, los cuidados o la hostelería; sectores imprescindibles para el sostenimiento de nuestra sociedad.

Junio también marcó la recta final del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, que se prolongó durante dos intensos meses. En ese tiempo escuché a representantes institucionales y responsables políticos referirse a ellas como “los migrantes” o “esa gente”, como si fueran ajenas a la comunidad de la que forman parte. Se formaron largas colas ante organizaciones sociales e instituciones encargadas de tramitar las solicitudes. Muchas personas pasaron noches a la intemperie, recorrieron oficinas de un lugar a otro y fueron víctimas de abusos, incluso por parte de quienes no hacía tanto habían vivido situaciones similares. El ser humano olvida con facilidad que ayer ocupó el lugar que hoy ocupa el otro.

Mientras unas administraciones culpaban a otras por la desinformación y la falta de recursos, la descoordinación institucional quedaba al descubierto. Tras el proceso permanecen preguntas sin responder, la necesidad de una reflexión profunda y, quizá, algunas responsabilidades que asumir.

Ese mismo mes entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y, dentro de él, lo que el profesor Javier de Lucas denomina su “pieza clave”: el Reglamento de retorno. Todo ello, unido al contexto previo y a las violencias observadas durante el proceso de regularización, evidencia los mecanismos mediante los que se construye la percepción sobre “los otros” y se levantan las llamadas “fronteras morales”. Los profesores María José Aguilar y Daniel Buraschi las definen como “líneas simbólicas que colocan a determinados grupos fuera de los márgenes en los que nos sentimos obligados a aplicar normas morales y de justicia”.

Y, como casi siempre, esas fronteras recaen sobre las mismas personas: aquellas sobre las que se proyectan los distintos factores del racismo. Son quienes habitan los sures del norte.

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha destinada a recordar a quienes se han visto obligadas a abandonar sus hogares por causas reconocidas por el derecho internacional y también por otras muchas que todavía no encuentran el mismo reconocimiento, aunque sus efectos sean igualmente devastadores.

Las entidades que las acompañan organizan actividades para sensibilizar a la sociedad de acogida sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzado y, al mismo tiempo, fortalecer a las propias personas refugiadas, especialmente en un contexto saturado de narrativas tóxicas. Se crean espacios de encuentro y convivencia donde el arte, “expresión de la humanidad”, se convierte en una herramienta privilegiada. También se presentan informes y datos que desmontan los discursos xenófobos y racistas.

Sin embargo, sigue llamándome la atención la escasa capacidad de influencia que alcanzan los discursos de las organizaciones sociales. Comprendo las urgencias del trabajo cotidiano. Pero precisamente por ello, la lucha antirracista no debería ser un elemento accesorio: debe impregnar todas y cada una de sus acciones.