La amenaza de ejecución del desahucio de las familias que residen en la antigua casa de Mr. Leacock, en Santa María de Guía, constituye un episodio más de la grave crisis habitacional que vive Canarias.

En este asentamiento residen familias en situación de extrema vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, muchas de ellas de origen migrante, que durante años han encontrado en este lugar el único techo posible ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Las edificaciones donde viven son infraviviendas levantadas como única alternativa frente a una realidad marcada por la exclusión social y laboral.

Estas familias afrontan un desahucio sin que exista una solución habitacional suficiente que garantice su derecho a una vivienda digna y sin que se proteja adecuadamente a los menores afectados. Resulta profundamente preocupante que una situación de estas características pueda producirse en pleno siglo XXI, en un Estado social y democrático de derecho que proclama la protección de la infancia y el derecho a una vivienda digna.

No deberíamos aceptar que situaciones como esta formen parte de nuestra cotidianeidad ni que se entienda como un caso aislado. Es el reflejo de una crisis habitacional estructural que atraviesa Canarias, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema cada vez más grave para miles de personas. Cuando las administraciones no ofrecen alternativas reales, los desahucios no solucionan el problema: simplemente desplazan la pobreza de un lugar a otro.

Me gustaría denunciar igualmente la falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones locales. Tanto el Ayuntamiento de Santa María de Guía como el Ayuntamiento de Gáldar deben asumir su responsabilidad institucional y trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias para garantizar soluciones habitacionales dignas antes de ejecutar cualquier desalojo que afecte a familias vulnerables y a menores.

Asimismo, resulta inevitable plantear una reflexión sobre la desproporción existente entre las partes implicadas. La propiedad pertenece a un importante grupo empresarial con un amplio patrimonio, mientras que quienes van a ser desalojados son personas que sobreviven en condiciones de gran precariedad. La protección del derecho de propiedad es un principio reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, pero ello no debería impedir que las instituciones articulen respuestas que eviten dejar a familias vulnerables sin un lugar donde vivir frente a los dueños de dichos inmuebles que acaparan un patrimonio holgado.

No podemos normalizar que haya niños cuyo futuro inmediato sea la incertidumbre de quedarse sin hogar. No podemos aceptar que la pobreza se gestione mediante desalojos sin alternativas. Y no podemos mirar hacia otro lado mientras la emergencia habitacional continúa agravándose.

Me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía, al movimiento vecinal, a los colectivos sociales, a las organizaciones de derechos humanos y a todas las personas comprometidas con la justicia social para que muestren su solidaridad con las familias afectadas. La historia reciente demuestra que el apoyo comunitario, la organización vecinal y la solidaridad han sido, en muchas ocasiones, el último recurso para evitar que personas vulnerables queden completamente desamparadas.

La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como un bien económico cuando hablamos de familias, de menores y de personas que no tienen otra alternativa. Está en juego la dignidad y los derechos fundamentales de seres humanos que merecen ser protegidos.

Hoy, escribo estas líneas, pero mañana si nada ni nadie lo impide, se hará realidad un hecho que no deberíamos aceptar como pueblo ni como sociedad.

Esta noche muchos niños y mayores dormirán con el estómago y el corazón encogidos, con la incertidumbre que supone no saber qué va a ser mañana de ti y de los tuyos. Con el miedo, pero también con la rabia que solo las olvidadas y las excluidas conocen bien.

Mucha suerte compañer@s. Gran parte del norte de Gran Canaria está con ustedes. Recémosles a nuestros distintos dioses.

En este asentamiento residen familias en situación de extrema vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, muchas de ellas de origen migrante, que durante años han encontrado en este lugar el único techo posible ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Las edificaciones donde viven son infraviviendas levantadas como única alternativa frente a una realidad marcada por la exclusión social y laboral.

Estas familias afrontan un desahucio sin que exista una solución habitacional suficiente que garantice su derecho a una vivienda digna y sin que se proteja adecuadamente a los menores afectados. Resulta profundamente preocupante que una situación de estas características pueda producirse en pleno siglo XXI, en un Estado social y democrático de derecho que proclama la protección de la infancia y el derecho a una vivienda digna.

No deberíamos aceptar que situaciones como esta formen parte de nuestra cotidianeidad ni que se entienda como un caso aislado. Es el reflejo de una crisis habitacional estructural que atraviesa Canarias, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema cada vez más grave para miles de personas. Cuando las administraciones no ofrecen alternativas reales, los desahucios no solucionan el problema: simplemente desplazan la pobreza de un lugar a otro.

Me gustaría denunciar igualmente la falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones locales. Tanto el Ayuntamiento de Santa María de Guía como el Ayuntamiento de Gáldar deben asumir su responsabilidad institucional y trabajar de forma coordinada con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias para garantizar soluciones habitacionales dignas antes de ejecutar cualquier desalojo que afecte a familias vulnerables y a menores.

Asimismo, resulta inevitable plantear una reflexión sobre la desproporción existente entre las partes implicadas. La propiedad pertenece a un importante grupo empresarial con un amplio patrimonio, mientras que quienes van a ser desalojados son personas que sobreviven en condiciones de gran precariedad. La protección del derecho de propiedad es un principio reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, pero ello no debería impedir que las instituciones articulen respuestas que eviten dejar a familias vulnerables sin un lugar donde vivir frente a los dueños de dichos inmuebles que acaparan un patrimonio holgado.

No podemos normalizar que haya niños cuyo futuro inmediato sea la incertidumbre de quedarse sin hogar. No podemos aceptar que la pobreza se gestione mediante desalojos sin alternativas. Y no podemos mirar hacia otro lado mientras la emergencia habitacional continúa agravándose.

Me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía, al movimiento vecinal, a los colectivos sociales, a las organizaciones de derechos humanos y a todas las personas comprometidas con la justicia social para que muestren su solidaridad con las familias afectadas. La historia reciente demuestra que el apoyo comunitario, la organización vecinal y la solidaridad han sido, en muchas ocasiones, el último recurso para evitar que personas vulnerables queden completamente desamparadas.

La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como un bien económico cuando hablamos de familias, de menores y de personas que no tienen otra alternativa. Está en juego la dignidad y los derechos fundamentales de seres humanos que merecen ser protegidos.

Hoy, escribo estas líneas, pero mañana si nada ni nadie lo impide, se hará realidad un hecho que no deberíamos aceptar como pueblo ni como sociedad.

Esta noche muchos niños y mayores dormirán con el estómago y el corazón encogidos, con la incertidumbre que supone no saber qué va a ser mañana de ti y de los tuyos. Con el miedo, pero también con la rabia que solo las olvidadas y las excluidas conocen bien.

Mucha suerte compañer@s. Gran parte del norte de Gran Canaria está con ustedes. Recémosles a nuestros distintos dioses.