La inteligencia artificial (IA) está adquiriendo un papel cada vez más relevante en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos y en la prestación de servicios públicos en distintos ámbitos como la seguridad, la educación o los servicios de cuidados. Aunque estas tecnologías tienen un potencial importante para mejorar la eficiencia de los servicios, estudios empíricos también han mostrado diversos riesgos, como los relacionados con la privacidad de las personas, la (falta de) transparencia y rendición de cuentas de los sistemas algorítmicos, así como el riesgo de generar o reforzar prácticas discriminatorias hacia determinados grupos sociales. Por estudios previos también sabemos que la inteligencia artificial y la digitalización no afectan por igual a toda la población, sino que generan ganadores y perdedores. Los individuos -y organizaciones- con mayores capacidades para adoptar e integrar estas tecnologías pueden beneficiarse de sus ventajas, mientras que otros colectivos -especialmente los más vulnerables- corren el riesgo de quedar excluidos o de verse desproporcionadamente afectados por sus posibles sesgos y limitaciones.

En este contexto, el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ha adquirido una creciente relevancia. Mientras algunas empresas tecnológicas, muy cercanas a las élites políticas, defienden marcos regulatorios más flexibles bajo la premisa de favorecer la innovación, diversos actores sociales reclaman mecanismos de supervisión y control más estrictos que garanticen la protección de los derechos de la ciudadanía. Aunque el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda política y académica, todavía sabemos poco sobre las preferencias de la ciudadanía. ¿Quién debería regular la IA?, ¿Qué principios deberían guiar esa regulación?, ¿Y hasta qué punto debería intervenir el Estado para minimizar sus riesgos?

Para responder a estas preguntas, en el marco de nuestra investigación hemos realizado una encuesta a 1.200 personas residentes en España durante el mes de julio de 2025. La muestra se diseñó mediante cuotas representativas de la población residente en España en términos de las principales variables sociodemográficas.

Los ciudadanos quieren que el Gobierno de España y la Unión Europea regulen la IA

Una de las primeras cuestiones que analizamos fue hasta qué punto los ciudadanos consideran necesario regular algunos de los principales riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos, como la discriminación algorítmica, la protección de la privacidad o la transparencia en la toma de decisiones automatizadas. Además, preguntamos qué papel debe tener el gobierno de España y la Unión Europea.

Los resultados muestran un amplio consenso a favor de la intervención pública. El 78 % de los encuestados considera que el gobierno de España debería desempeñar un papel muy importante en la regulación de la privacidad de la información personal, mientras que alrededor del 75 % opina lo mismo respecto a la regulación de la discriminación algorítmica y de la transparencia en el uso de la IA. Asimismo, existe un amplio consenso en que dicha regulación debe sustentarse en principios éticos y orientarse a la protección de los ciudadanos en general. Los porcentajes son prácticamente idénticos cuando se pregunta por el papel de la Unión Europea, lo que indica que la ciudadanía percibe ambos niveles de gobierno como instituciones complementarias en la regulación de estas tecnologías.

¿Quién pide una mayor regulación? Edad, ingresos e ideología marcan la diferencia

Aunque el respaldo a la regulación de la inteligencia artificial es elevado entre prácticamente toda la población, encontramos algunas diferencias interesantes. Para comprender mejor estas diferencias, analizamos cómo varía el apoyo a la regulación según distintas características sociodemográficas, como el género, la edad, el nivel educativo, los ingresos del hogar y la ideología política.

En términos generales, tanto mujeres como hombres comparten las mismas preferencias. En cuanto al nivel educativo, se observa un matiz importante con respecto a las personas con estudios superiores: estas muestran un mayor apoyo a que el gobierno incorpore principios éticos y los intereses de los ciudadanos en la regulación de la IA. En este grupo, el porcentaje de apoyo es aproximadamente 12 puntos porcentuales superior al de quienes tienen un nivel educativo inferior.

Las personas mayores son quienes más reclaman la regulación

La edad constituye el principal factor diferenciador. Las personas de mayor edad (mayores de 60 años) muestran un apoyo significativamente mayor a la intervención pública que los jóvenes. En promedio, la diferencia alcanza los 18,5 puntos porcentuales entre quienes consideran que el gobierno debería regular, “en gran o bastante medida”, el uso de la IA en los servicios públicos.

Las personas con mayores ingresos también muestran un mayor apoyo

El nivel de ingresos también presenta diferencias. El mayor contraste se observa entre quienes viven en hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros y aquellos cuyos hogares superan los 3.500 euros al mes. Estos últimos muestran un apoyo a la regulación aproximadamente 11 puntos porcentuales superior al del grupo con menores ingresos.

La ideología también importa

Las preferencias regulatorias también tienen un componente ideológico. En términos generales, las personas que se identifican con posiciones de izquierda atribuyen una mayor importancia a la regulación de la IA que quienes se sitúan en el centro o en la derecha del espectro político. A su vez, los ciudadanos de centro muestran un apoyo superior al de quienes se identifican con posiciones de derecha.

En conclusión, los resultados de esta encuesta muestran una clara preferencia ciudadana por una fuerte regulación de la IA, tanto por parte del Gobierno de España como de la Unión Europea. Frente a la narrativa según la cual la regulación puede obstaculizar la innovación tecnológica, nuestros resultados muestran que la ciudadanía considera que la innovación debe ir acompañada de mecanismos de supervisión capaces de proteger derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y la transparencia. Por investigaciones previas sabemos que para que una regulación genere confianza, no basta con responder a las demandas de los mercados, sino también las de la ciudadanía.

En nuestra actual investigación estamos identificando un interesante punto de convergencia. Por un lado, las personas mayores muestran un apoyo significativamente mayor a la regulación de la IA, ya que son uno de los colectivos más vulnerables a los riesgos derivados de estas tecnologías. Por otro lado, aunque suele identificarse a las rentas más altas con unas preferencias por una mayor liberalización y una menor intervención del Estado, nuestra investigación muestra que las personas con mayores ingresos también apoyan en mayor medida la regulación.

Esta convergencia resulta especialmente relevante desde el punto de vista del diseño de políticas públicas. A diferencia de otros ámbitos en los que las preferencias sociales aparecen fuertemente polarizadas, nuestra investigación apunta a que la regulación de la IA parece generar consensos entre grupos sociales muy distintos. Tanto sectores potencialmente más vulnerables frente a la digitalización como colectivos con mayores recursos coinciden en reclamar una mayor intervención pública. Esto es una oportunidad para que el gobierno de España y la Unión Europea diseñen marcos regulatorios que no solo busquen reducir los riesgos tecnológicos, sino también fortalecer la confianza ciudadana en la transformación digital de los servicios públicos.