La pasada semana, el alcalde de Donostia abocó al hambre a un colectivo de aproximadamente 300 personas, amparándose en unos informes avalados por tres departamentos. La decisión fue prohibir las llamadas “cenas solidarias” que ha estado organizando el colectivo K.A.S. durante los últimos cinco años y que proporcionaban una única comida caliente al día a personas que, literalmente, no tienen nada.

Y cuando decimos que no tienen nada, significa exactamente eso: no tienen para cenar, no tienen dónde dormir, no tienen padrón y tampoco reciben paguitas ni ayudas económicas. Nada.

Estas cenas han sido posibles gracias al trabajo desinteresado de muchas personas de diferentes grupos sociales. Voluntarias que compran los alimentos con su propio dinero, los cocinan en sus casas con cariño y después llevan las comidas al punto que se les indica. Es voluntariado puro y duro. Una red de solidaridad que lleva cinco años funcionando y que supone coste cero para las arcas públicas.

Quienes impiden este reparto de comida argumentan que estas cenas no están reguladas. Pero cabe preguntarse: ¿cómo se regula el bocadillo, el café o el dinero que una persona entrega a alguien que pide en la puerta de una iglesia, un supermercado o un ambulatorio? ¿Cómo se puede prohibir un gesto tan básico de humanidad cuando no existe una alternativa que garantice que esas personas puedan comer?

La cuestión no debería ser cómo impedir que la sociedad civil ayude, sino cómo garantizar que nadie tenga que depender de la solidaridad para poder llevarse una comida caliente a la boca.

Porque si la Administración decide eliminar la única comida diaria de estas personas sin ofrecer una alternativa¿qué se espera que hagan quienes tienen hambre? Criminalizar al que menos tiene y colocarlo en una situación de necesidad extrema puede terminar empujándolo a robar comida o dinero para comprarla y está no es la solución. Quiero pensar que ese no es el objetivo. También quiero pensar que no se pretende provocar más conflictos o disturbios para después, justificar su criminalización y acoso.

Las cenas del colectivo K.A.S. llevan funcionando diariamente desde hace cinco años. Durante todo este tiempo, la actividad se ha desarrollado con muy pocos incidentes.

¿Qué han habido algunos? Probablemente sí. Como ocurre en cualquier espacio en el que conviven personas y, más especialmente personas que se encuentran en situaciones de enorme vulnerabilidad, de salud mental o desesperación. Pero han sido incidentes mínimos, y no deberían servir para construir un relato que responsabilice de todo al que menos tiene.

Lo que se ve en los ojos de muchas de estas personas es otra realidad: vergüenza, miedo al rechazo, hambre, necesidad y angustia. La mayoría no quiere mendigar, quiere trabajar. Nunca se ve en sus ojos ni odio ni agresividad. Se ve necesidad. Y también se percibe cómo se autorregulan entre ellas para intentar conservar algo tan básico como esa comida caliente diaria.

La organización es prácticamente perfecta. El voluntariado realiza su labor con satisfacción y compromiso. No cuesta dinero a las arcas públicas y los supuestos altercados han sido mínimos.¿Dónde está la alternativa?

Si como Administración no hemos facilitado ni padrón, ni un lugar donde dormir, ni posibilidades reales de acceder a un trabajo, ¿podemos ahora añadir una nueva dificultad y privarles también de una comida al día?, y lo más grave, hacerlo en Donostia, en una ciudad reconocida internacionalmente por su gastronomía que desperdicia toneladas de comida diariamente, resulta paradójico y más difícil de entender.

Si estas personas no tienen acceso a los recursos básicos y, además, se elimina la red ciudadana que durante cinco años ha cubierto una de sus necesidades más elementales, la responsabilidad no puede recaer sobre quienes reciben la ayuda ni sobre quienes voluntariamente la ofrecen. La responsabilidad es de la Administración.

Por supuesto que hay que regular y garantizar la convivencia adecuadas. Pero regular no puede convertirse en prohibir, ni en controlar para expulsar.

Si existe un problema, hay que buscar una solución. Si las cenas necesitan determinadas condiciones, habrá que establecerlas. Y si no pueden realizarse de esa manera, la Administración debe poner en marcha inmediatamente una alternativa adecuada que garantice que esas 300 personas no se queden sin comer. Lo que no debemos hacer es prohibir la solidaridad y no ofrecer alternativa. Es un error.

Tampoco podemos caer en el seguidismo de discursos aporofóbicos y culpabilizadores hacia las personas migrantes. Eso no representa lo que hemos sido siempre: una sociedad solidaria, generosa y humana.

Muchas de estas personas han huido de guerras, de la violencia, de los machetazos, del hambre y de la miseria. Han llegado hasta aquí buscando una oportunidad para vivir y trabajar.

Espero sinceramente que quienes han decidido prohibir este gesto de humanidad nunca tengan que sufrir ni la mitad de las desgracias que muchas de estas personas han tenido que soportar.

Porque, hablamos de algo mucho muy básico, como son las personas que tienen hambre.Y esas personas necesitan una alternativa urgente.

La desconfianza de las mujeres en el sistema de protección ante cualquier agresión machista responde a una experiencia ancestral de falta de empatía, cuestionamiento, descrédito, ninguneo, minimización de los hechos y ausencia de respuestas.

Ninguna sorpresa: estamos condicionadas a desconfiar.

Cualquier mínima experiencia de posible —y digo “posible”— agresión sexual genera miedo, retraimiento y, en la mayoría de los casos, cambios en la vida diaria para que un agresor no te atrape. Salir y volver siempre acompañada, controlar dónde estás, tu bebida o tu cuerpo… se llama miedo y responde a fallos estructurales y continuados fen la respuesta frente a las violencias machistas, sean del tipo que sean. Nos lo han transmitido madres, compañeras de trabajo, amigas y otras mujeres. Es una herencia de saberes legada por nuestras antepasadas.

Todavía recuerdo mi primera experiencia con una mujer maltratada diariamente. No quería denunciar a su marido para que no le quitaran a sus hijas. La atención y los cuidados recaían en las mujeres de la plantilla, porque muchas veces acudía a trabajar apalizada y con el cuerpo con marcas de golpes o agujeros de destornillador. Hacíamos su trabajo entre todas mientras descansaba. Su desconfianza en unas instituciones machistas y patriarcales era absoluta y el tiempo le dio la razón.

A día de hoy, los datos de la tercera gran encuesta realizada a nivel europeo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), para la que se entrevistó a casi 115.000 mujeres de toda la UE, muestran que la violencia machista apenas ha descendido durante la última década en Europa y que seguimos igual que siempre a la hora de denunciar: vergüenza, culpabilidad, miedo y falta de confianza en las instituciones, especialmente en los distintos cuerpos policiales.

Se ha avanzado en prevención, en pedagogía y en el conocimiento de las distintas formas de violencias contra las mujeres, pero muy poco en conseguir que disminuyan.

Cuando te roban el bolso, la bicicleta o dinero de tu cuenta, acudes a la policía a denunciar; cuando agreden tu cuerpo y tu dignidad ¿en quién confías?

Hasta ahora, denunciar ante las fuerzas de seguridad suponía un periplo de repetir y explicar lo ocurrido, intentar probarlo, no ser creída y, cuando lo habías conseguido, encontrarte que muchas veces se justificaba al agresor. Es decir, violencia institucional a distintos niveles y siempre contra la agredida, todo ello pese a haber depositado su confianza en el sistema. El sistema fallaba a las mujeres una y otra vez, actualmente también.

¿Cómo eliminar el miedo ancestral a la revictimización, al escrutinio de nuestros comportamientos, a la duda permanente sobre el testimonio de las víctimas —con el desgaste emocional que ello genera antes y durante el proceso judicial— a la reproducción de estereotipos de género en los tribunales, a la falta de amparo efectivo y al temor a las represalias del agresor? Eso no se corrige únicamente con servicios asistenciales y leyes, por muy avanzadas e innovadoras que sean. Requiere mucha pedagogía, compromiso y determinación por parte de todas las instituciones y de la propia sociedad.

Tenemos mujeres asesinadas casi a diario como consecuencia de fallos institucionales que se esconden tras marañas burocráticas incomprensibles: procedimientos legales complejos, largos y emocionalmente agotadores, fuerzas de seguridad desinformadas y despistadas, órdenes de alejamiento que no se hacen cumplir y un sinfín de errores.

La pregunta es inevitable: ¿para qué voy a denunciar? ¿Qué gana una víctima al adentrarse en esta red de desamparo? Poco o nada. Los procesos judiciales y psicológicos siguen siendo muy lentos, angostos y de dudosa satisfacción.

Yo creo que la reflexión debe ser la contraria: si las mujeres estamos haciendo todo lo que se recomienda, impulsamos leyes que nos protegen, algunas hasta denuncian, se ponen en marcha medidas institucionales de carácter asistencial, pero los agresores siguen actuando con impunidad, reinciden, matan y asesinan casi a diario, entonces las mujeres tienen todos los motivos para no confiar en quienes deberían garantizar su seguridad, ergo se cuidan y se protegen entre ellas al margen de los mecanismos institucionales.

La credibilidad de las instituciones se construye demostrando capacidad para reducir los problemas, obteniendo resultados medibles y gestionando de manera eficiente los recursos públicos.

En el caso de las víctimas de las violencias machistas, esa credibilidad nunca ha existido. No se trata de recuperar algo que estuvo ahí, sino de actuar tan bien por parte de todos los operadores —fuerzas de seguridad, sistema sanitario, judicatura y servicios sociales y demás agentes— que las mujeres podamos confiar desde el mismo momento en que sufrimos una agresión o un intento de agresión.

Eso no está ocurriendo. Por eso nos cuesta confiar.