Por eso resulta muy preocupante la última exigencia de Vox para aprobar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana: una especie de “policía educativa” que vele por la supuesta “neutralidad ideológica” del profesorado. La propuesta pretende someter a vigilancia los contenidos, las actividades complementarias, los materiales didácticos e incluso las charlas impartidas por entidades externas bajo el pretexto de evitar el “adoctrinamiento”.

Como profesora de Educación Secundaria, defensora de la escuela pública valenciana y una de los miles de docentes que secundamos la huelga indefinida, porque creemos que la educación merece mucho más de lo que este Consell le está ofreciendo, no puedo permanecer impasible mientras se intenta convertir las aulas en espacios de miedo.

Este discurso no es una anécdota. Es un paso más en una estrategia perfectamente reconocible, donde el verdadero peligro no son únicamente los expedientes o inspecciones, sino algo mucho más eficaz: la autocensura. Que seamos los propios docentes quienes dejemos de abordar determinados temas por miedo a una denuncia, hasta creer que cuanto menos hablemos de la realidad, mejores profesores seremos.

He conocido compañeros y compañeras que entienden la neutralidad como la obligación de ocultar su forma de entender el mundo. Respeto esa manera de ejercer la docencia, pero no creo que sea la que más aporta al alumnado. Nuestros estudiantes no necesitan profesores de cartón piedra. Necesitan personas con criterio propio, con valores, con dudas y con capacidad para escuchar, rectificar y argumentar. Porque, de lo contrario, ¿qué nos diferenciaría de una inteligencia artificial capaz de transmitir información, pero incapaz de transmitir compromiso, empatía o conciencia social?

Mis alumnos saben que defiendo la educación pública, el feminismo y el antibelicismo. Igual que saben que otros profesores piensan de manera distinta. Y precisamente ahí reside el aprendizaje: una sociedad democrática se construye conviviendo en la pluralidad, escuchando argumentos diferentes y aprendiendo a cuestionarlos críticamente.

La escuela pública no puede ser un lugar donde la realidad espere en la puerta. La desigualdad, el machismo, el racismo, la pobreza, la guerra o la emergencia climática forman parte del mundo en el que vive nuestro alumnado. Como también forma parte de esa realidad nuestra lengua propia: defender el valenciano en las aulas no es una imposición ideológica, sino la defensa de un rasgo de identidad y de diversidad cultural que nos pertenece a todos y todas. Fingir que no existen no nos hace más neutrales, simplemente nos hace menos útiles.

La neutralidad absoluta tampoco existe. Elegir qué libros se leen o cómo se explica el Holocausto, la colonización, la dictadura franquista o la violencia machista implica siempre una decisión educativa. Y esa elección no es una ocurrencia de ningún docente: la Constitución y la LOMLOE establecen como principios del sistema educativo la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la convivencia democrática, la cultura de paz y el respeto a la diversidad. Defender esos principios no solo no es adoctrinar, sino que no hacerlo es un claro incumplimiento de la ley.

La historia debería vacunarnos frente a propuestas como la de Vox. Los regímenes fascistas del siglo XX comprendieron muy pronto que controlar la educación era tan importante como controlar los medios de comunicación o los ejércitos. En la Italia fascista de Mussolini, el profesorado tuvo que jurar fidelidad al régimen y los manuales escolares se convirtieron en instrumentos de propaganda. En la Alemania nazi ocurrió algo similar con las depuraciones del profesorado, la censura de libros y la subordinación de la educación a los objetivos ideológicos del Estado. No empezó con hogueras de libros. Empezó mucho antes, sembrando sospechas sobre determinados docentes y presentando el control ideológico como una medida para proteger a la infancia.

Hay, además, una evidente hipocresía en toda esta observancia de la neutralidad. Llevamos viendo desde hace un tiempo, cada vez con menos pudor, a docentes profundamente conservadores expresar con total naturalidad sus opiniones sobre la familia, la inmigración o el feminismo sin que nadie reclamara una inspección ideológica por ello. Nunca me molestó; jamás he defendido censurar a un profesor por pensar distinto que yo y no lo haré ahora. Lo preocupante es que esta supuesta neutralidad solo se invoque cuando se habla de feminismo, memoria democrática, derechos LGTBIQ+, justicia social, vivienda digna, servicios públicos, la normalización del valenciano o solidaridad con las personas migrantes. Entonces ya no estamos hablando de neutralidad, sino de silenciar aquellas voces que defienden una educación pública emancipadora, capaz de combatir las desigualdades de origen y de formar una ciudadanía crítica.

Quieren una escuela obediente. Yo quiero una escuela libre. Una escuela donde el alumnado aprenda a pensar y no a repetir; a debatir y no a imponer; a convivir con la diferencia y no a temerla. Para eso el profesorado necesita libertad para enseñar, acompañar y abrir horizontes, no una vigilancia ideológica ni, mucho menos, una censura.

Por eso seguiré, seguiremos, defendiendo la escuela pública dentro y fuera del aula, saliendo a la calle para reclamar mejores condiciones para nuestro alumnado y para poder ejercer nuestra profesión de una manera digna y con los recursos suficientes. Y seguiré enseñando Matemáticas.

Porque, aunque algunos todavía no hayan aprendido esta lección: la maestra luchando también está educando.