Desde lo alto de Nabi Samwil se puede apreciar por qué esta colina ha sido disputada durante siglos. Situada a pocos kilómetros al norte de Jerusalén, en Cisjordania, el emplazamiento se eleva hasta los 890 metros y ofrece una panorámica amplia de las carreteras, pueblos palestinos y asentamientos israelíes de alrededor. En el centro de la colina se encuentra el santuario de Nabi Samwil, un conjunto religioso y arqueológico que alberga una mezquita y una tumba en la que musulmanes, judíos y cristianos creen que está enterrado al profeta Samuel.

La escena podría ser la de cualquier otro sitio arqueológico: restos antiguos, visitantes, lugares de culto, carteles explicativos y una vista panorámica espectacular. Pero lo que hace que el enclave sea especialmente sensible es que se encuentra en territorio ocupado por Israel desde 1967, según el derecho internacional. Además, en 1995, las autoridades israelíes declararon parque nacional unas 350 hectáreas del yacimiento arqueológico y parte de las viviendas de los residentes palestinos y de sus terrenos agrícolas.

Donde ahora sólo hay restos arqueológicos, antes se levantaba un pueblo palestino. Más de un millar de personas vivían en Nabi Samwil antes de la ocupación israelí en 1967. Durante la guerra de los Seis Días, una parte de la población huyó. Pocos años después, las autoridades militares israelíes demolieron buena parte de las viviendas situadas alrededor del santuario y los residentes que permanecieron fueron desplazados hacia una zona situada al este del complejo religioso. Hoy permanecen en ese punto alrededor de 200-250 personas, según distintas fuentes.

“No recibo todas las visitas que me gustaría de mi familia, y mira que no viven lejos. Cada día podemos tardar horas en atravesar los controles para entrar o salir del pueblo”, relata a elDiario.es un vecino de la zona que prefiere ocultar su identidad. “De momento, yo tengo mi casa aquí, pero nunca se sabe qué puede suceder”, agrega.

Además del desplazamiento de esta comunidad palestina, la declaración del área como parque nacional por Israel implica que no se puedan levantar nuevas construcciones ni hacer reformas o determinadas actividades económicas y otras modificaciones del terreno, según la organización internacional Human Rights Watch.

Israel esgrime que su objetivo es proteger el patrimonio y desarrollar el lugar como espacio arqueológico y turístico. Pero para los residentes y distintas organizaciones israelíes críticas con la política arqueológica del Estado hebreo en Cisjordania, la conservación y explotación del sitio tienen lugar a expensas de los residentes palestinos. A ello se suma una nueva medida adoptada en mayo de este año: las autoridades israelíes emitieron una orden de expropiación que afecta a unas 11 hectáreas alrededor de Nabi Samwil.

La Administración Civil israelí ha pasado a tomar el control de sitios arqueológicos y se está apropiando de sitios religiosos, creando tensiones en algunos de los lugares más pacíficos y sensibles de Cisjordania

Peace Now — ONG israelí

De acuerdo con la organización israelí Peace Now, es la primera vez que la Administración Civil de Israel expropia en Cisjordania un sitio sagrado que está bajo la autoridad del Waqf (entidad que se encarga de los lugares sagrados musulmanes y cristianos, principalmente en Jerusalén). La ONG denunció el pasado mayo que “la Administración Civil ha pasado a tomar el control de sitios arqueológicos y se está apropiando de sitios religiosos, creando tensiones en algunos de los lugares más pacíficos y sensibles de Cisjordania”.

El santuario es utilizado por musulmanes y judíos y también está relacionado con tradiciones cristianas: en la parte superior del edificio que domina la colina está el espacio de oración musulmán; en el nivel inferior existe un área destinada a la oración judía. Peace Now destacó que los fieles de ambas religiones han accedido al complejo y han rezado en él durante décadas, sin que se hayan registrado incidentes mayores, pero la decisión de expropiar el sitio “probablemente intensificará las tensiones religiosas en Nabi Samwil y en toda Cisjordania”.

Sebastia, patrimonio mundial

El de Nabi Samwil no es un caso aislado, sino que se repite en otros puntos de Cisjordania, donde las autoridades israelíes emplean la gestión de los yacimientos arqueológicos para controlar las tierras ocupadas y también el relato histórico.

A unos diez kilómetros al noroeste de la ciudad palestina de Nablus se encuentra Sebastia, otro de los enclaves arqueológicos más importantes del norte de Cisjordania. El lugar ha adquirido especial relevancia en las últimas semanas después de que el pasado 24 de julio la UNESCO lo incorporara a su lista de Patrimonio Mundial y, al mismo tiempo, a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

La UNESCO describe Sebastia como un lugar que conserva restos de sucesivas civilizaciones desde al menos el siglo IX antes de Cristo, cuando fue capital del antiguo reino de Israel del Norte. Precisamente esa sucesión de épocas convierte Sebastia en un lugar sensible y destacado, ya que sus piedras cuentan la historia de varias civilizaciones. El yacimiento tiene capas de las épocas israelita, helenística, romana, bizantina, islámica, cruzada, otomana y palestina contemporánea. Las tradiciones cristiana y musulmana sitúan también en este lugar la tumba de Juan Bautista.

La declaración de la UNESCO fue recibida por las autoridades palestinas como una forma de reforzar la protección internacional del enclave frente a lo que califican de “política expansionista” de Israel. El Gobierno israelí, en cambio, acusó a la organización de la ONU de politizar el patrimonio y de ignorar los vínculos históricos judíos con el lugar.

El Ministerio de Exteriores afirmó que ninguna votación de una entidad internacional puede cambiar la historia, alegando que la inclusión de Sebastia en la lista de la UNESCO contribuye a ocultar los vínculos judíos con la zona. Israel abandonó la UNESCO en 2019 después de acusar a la organización de mantener una posición sesgada respecto al país.

La disputa no es únicamente diplomática. En febrero de 2026, la Administración Civil israelí emitió una segunda orden de expropiación sobre unas 200 hectáreas en la zona del yacimiento de Sebastia, según Peace Now. La superficie expropiada incluye tierras privadas pertenecientes a habitantes palestinos de Sebastia y del pueblo vecino de Burqa.

Organizaciones israelíes como Emek Shaveh, Yesh Din y Peace Now sostienen que las medidas pueden terminar separando el recinto arqueológico de la localidad palestina de Sebastia, situada en una zona con un régimen administrativo diferente. El yacimiento se encuentra en el Área C de Cisjordania, donde Israel controla tanto los asuntos civiles como de seguridad, según el sistema establecido por los Acuerdos de Oslo hace más de 30 años. Pero el núcleo habitado se encuentra en el Área B, donde la administración civil corresponde a la Autoridad Palestina y la seguridad, a Israel.

Desde 1967, el Estado de Israel ha utilizado la arqueología como herramienta en tres niveles distintos: el control de la tierra, la transformación del relato histórico y la creación de ‘asentamientos turísticos’

Alon Arad — director de una organización de arqueólogos israelíes

Para las ONG, el caso forma parte de una estrategia más amplia en la que la arqueología se emplea para reforzar el control sobre territorio ocupado, modificar el relato histórico y desarrollar nuevos espacios turísticos de los que se beneficia Israel.

Las autoridades israelíes rechazan esos argumentos y defienden que todas las medidas buscan proteger los yacimientos arqueológicos de Cisjordania frente al deterioro, el expolio y las construcciones ilegales. Asimismo, subrayan que muchos de estos lugares tienen una importancia particular para la historia judía y bíblica.

Arqueología como herramienta de control

El Gobierno israelí ha mostrado su intención de querer tener más competencias en la gestión del patrimonio en Cisjordania. En mayo, el Parlamento aprobó de forma preliminar un proyecto de ley que propone crear una autoridad específica para gestionar las antigüedades y los yacimientos arqueológicos de Cisjordania bajo la responsabilidad del Ministerio de Patrimonio.

La iniciativa, que de momento está paralizada, contempla competencias sobre excavación, conservación, restauración, desarrollo y administración de los yacimientos, así como la posibilidad de adquirir o expropiar terrenos con esos fines. También prevé funciones de supervisión y aplicación de la normativa en materia de patrimonio arqueológico.

El proyecto ha provocado críticas incluso dentro de Israel. La Academia de Ciencias y Humanidades israelí pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al diputado Zvi Sukkot, uno de los principales impulsores de la iniciativa, que la retiraran y advirtió de que podía deteriorar las relaciones internacionales de Israel en el ámbito de la arqueología y afectar a la investigación científica.

Si el Gobierno israelí y los colonos consiguen presentar toda la región como exclusivamente judía, pueden acabar debilitando la conexión palestina con la tierra y condicionando el futuro de todo el territorio

Alon Arad — director de una organización arqueólogos israelíes

La polémica muestra hasta qué punto la arqueología se ha incorporado al debate político. “Desde 1967, el Estado de Israel ha utilizado la arqueología como herramienta en tres niveles distintos: el control de la tierra, la transformación del relato histórico y la creación de ‘asentamientos turísticos’”, explica a elDiario.es Alon Arad, director de Emek Shaveh, una organización israelí de arqueólogos y activistas.

Arad detalla que las autoridades declaran los yacimientos como parques nacionales, reservas o espacios arqueológicos, restringiendo así el uso palestino de la tierra y aumentando la vigilancia. Asimismo, promueven determinadas interpretaciones históricas y construyen un relato centrado en la historia bíblica y judía. Y, además, impulsan con financiación pública lo que Arad denomina “asentamientos turísticos”.

Para el experto, la cuestión va mucho más allá de la gestión de un yacimiento: “La arqueología no es neutral; perder la batalla por la historia de un lugar significa perder la lucha por su futuro”, afirma. “Si el Gobierno israelí y los colonos consiguen presentar toda la región como exclusivamente judía, pueden acabar debilitando la conexión palestina con la tierra y condicionando el futuro de todo el territorio”.

Mientras expande su control, Israel también aumenta la inversión pública en el sector arqueológico de Cisjordania. Según Emek Shaveh, el Gobierno israelí ha anunciado 250 millones de séquels (más de 70 millones de euros) para el desarrollo de lugares patrimoniales en Cisjordania y la organización calcula que la inversión total entre 2023 y 2030 podría alcanzar unos 402 millones de séquels (más de 100 millones de euros).

Es uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Cisjordania, un lugar que podría aportar mucho a la población palestina del norte. Tiene un enorme potencial turístico y patrimonial

Yonatan Mizrachi — codirector del proyecto Settlement Watch

Las medidas adoptadas en Sebastia coinciden con una expansión de las competencias en arqueología de la Administración Civil. En junio de 2024, el Gobierno israelí autorizó a ese organismo a adoptar determinadas medidas relacionadas con el patrimonio en el Área B. En febrero de 2026 otra decisión autorizó la aplicación de la normativa en yacimientos situados también en el Área A, según la documentación recopilada por Emek Shaveh.

Para Yonatan Mizrachi, codirector de Settlement Watch, un proyecto de la ONG Peace Now dedicado a investigador la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania (considerados ilegales por el derecho internacional), el caso de Sebastia refleja una utilización política de la arqueología. “Es una historia trágica. Estamos hablando de uno de los yacimientos arqueológicos más singulares de Cisjordania, un lugar que podría aportar mucho a la población palestina del norte. Tiene un enorme potencial turístico y patrimonial y sus habitantes están muy orgullosos de él”, explica a este diario.

Mizrachi considera que el caso de Sebastia muestra hasta qué punto la gestión del patrimonio se ha incorporado a la disputa por el control del territorio. A su juicio, la situación actual refleja una contradicción: “Por un lado, tenemos un yacimiento que ha sido inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial; por otro, Israel está invirtiendo decenas de millones de séquels para desarrollar el lugar como patrimonio israelí. Esto demuestra hasta qué punto el patrimonio puede utilizarse como una herramienta política”.

Los intentos de Israel de hacerse con más yacimientos han aumentado recientemente. Un ejemplo son las llamadas Piscinas de Salomón, cerca de Belén: tres grandes depósitos de agua de distintas épocas que formaron parte de un complejo destinado durante siglos al abastecimiento de agua de la vecina Jerusalén.

El enclave se encuentra actualmente en el Área A de Cisjordania, pero en los últimos meses, políticos israelíes de extrema derecha han reclamado un cambio en el régimen de control del lugar, apelando al pasado bíblico y a la tradición judía.

También en Hebrón (sur de Cisjordania) se ha inaugurado un centro de visitantes vinculado al judaísmo jasídico, con una sinagoga y otros espacios religiosos. Durante la presentación, ministros israelíes criticaron desde allí las decisiones de la UNESCO. Y en Jericó, responsables israelíes y organizaciones de colonos han reclamado mayor control sobre el complejo de los Palacios Asmoneos, un yacimiento con restos que datan de los siglos II y I a. C., alegando que la Autoridad Palestina no está protegiendo adecuadamente los restos arqueológicos.

Entre las piedras de Nabi Samwil y las ruinas de Sebastia, la batalla por el patrimonio es también una batalla por el control del territorio y por la memoria de quienes lo habitan.

En su última semana de legislatura, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afianzado la alianza con los partidos judíos ultraortodoxos que integran la coalición gobernante y que, en varias ocasiones, amenazaron con abandonarla y con provocar un adelanto electoral. Finalmente, las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre, fecha límite fijada por la Justicia del país, y Netanyahu se convierte así en el único primer ministro que logra completar los cuatro años de gobierno en más de tres décadas.

La coalición que lo apoya dio la semana pasada el visto bueno a dos leyes en la Knéset (Parlamento israelí) que, en la práctica, mantienen fuera del Ejército a los jóvenes ultraortodoxos que se dedican al estudio de los textos religiosos judíos. Una de esas leyes no establece una exención militar explícita, pero establece un marco jurídico que permite mantener la actual exención de los ultraortodoxos o haredim, considerada ilegal por el Tribunal Supremo en 2024.

Ese privilegio levanta ampollas en amplios sectores de la sociedad israelí, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, donde mantiene hasta el día de hoy amplias operaciones militares, además de en Líbano, Siria y Cisjordania. De hecho, el Ejército reclama más efectivos –apuntan al menos a 12.000 soldados adicionales–. Según las cifras oficiales, entre 70.000 y 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años podrían ser llamados a filas, pero la mayoría de los que han sido llamados no se ha presentado.

La ley aprobada el pasado martes —suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Supremo— congela durante siete meses los procedimientos penales abiertos contra quienes no han obedecido a las órdenes de reclutamiento y extiende esa protección a futuras convocatorias. También elimina la posibilidad de sancionar económicamente a los responsables de las yeshivás (los centros donde se estudia la Torá y el Talmud) que presenten declaraciones falsas sobre la situación militar de sus estudiantes. Además, otra ley aprobada a principios de la semana pasada reconoce el estudio de la Torá como un “valor fundamental del Estado”, lo cual lo equipara de alguna forma al servicio militar.

Los socios religiosos de Netanyahu

Para buena parte de la oposición, de la ciudadanía y la cúpula del Ejército, la norma consolida un sistema desigual, mientras que la mayoría de los analistas creen que la nueva legislación no puede entenderse únicamente como un asunto relacionado con el sistema de reclutamiento. Forma parte de un pacto político mucho más amplio entre Netanyahu y sus socios para garantizar la supervivencia de la coalición gobernante. Aunque el partido del primer ministro, el Likud, es el principal del Gobierno, los pequeños partidos ultraortodoxos tienen capacidad de presión y la han ejercido repetidamente.

Los dos partidos protagonistas de la polémica son Judaísmo Unido de la Torá y Shas. El primero representa principalmente a la comunidad ultraortodoxa askenazi y cuenta con siete diputados. Shas, el partido ultraortodoxo sefardí, tiene 11 escaños y mantiene una gran influencia dentro del bloque religioso. En los últimos meses, Shas ha amenazado varias veces con retirar el apoyo a Netanyahu si no se aprobaba una legislación que garantizara la continuidad de las exenciones del servicio militar. Recientemente, estuvo a punto de precipitar unas elecciones anticipadas que Netanyahu trataba de evitar a toda costa.

“Los partidos pequeños tienen un papel decisivo en Israel debido al sistema de coaliciones”, explica a elDiario.es Leonie Fleischmann, experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres. “Existen numerosos indicios de acuerdos entre Netanyahu y los partidos haredim para asegurar su apoyo de cara a las próximas elecciones”, explica.

La analista considera que el objetivo no es atraer el voto ultraortodoxo, sino asegurarse que ambas formaciones vuelvan a apoyar al Likud para formar gobierno en el futuro. “Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado”.

Pero la estrategia también entraña riesgos, advierte Fleischmann. Mientras que la ley puede reforzar la alianza de Netanyahu con sus socios religiosos, también puede alejar a sectores de la derecha nacionalista y de su propio partido que consideran que todos los ciudadanos deben tener las mismas obligaciones. “Es probable que otros partidos intenten utilizar esta ley para convencer a votantes del Likud de que cambien de opción”, señala.

Además, también ha habido oposición a este tipo de legislación dentro del Likud y de la coalición. “Puede ayudar a Netanyahu a mantenerse como primer ministro un poco más de tiempo, pero difícilmente fortalecerá su campaña electoral”, concluye la experta.

De la excepción a la desigualdad

El origen de la cuestión se remonta a los primeros años del Estado de Israel. Tras su creación en 1948, se permitió que un pequeño grupo de estudiantes religiosos quedara exento del servicio militar para reconstruir el mundo de las yeshivás, prácticamente destruido durante el Holocausto. Ese acuerdo inicial se convirtió en el sistema conocido como Torato Umanuto (“la Torá es su profesión”), según el cual determinados estudiantes podían aplazar su incorporación al ejército.

Con el paso de las décadas, aquella excepción dejó de afectar a unos pocos miles de estudiantes para convertirse en uno de los debates políticos más sensibles de Israel, puesto que la comunidad haredí representa aproximadamente el 13% de la población y recibe ayudas públicas para dedicarse al estudio de la religión.

El principal reto reciente llegó en 2024, cuando el Tribunal Supremo determinó que no se podía seguir aplicando la exención porque violaba el principio de igualdad nacional. El alto tribunal ordenó que los ultraortodoxos aptos debían ser llamados para hacer el servicio militar, obligatorio para todos los hombres y mujeres de 18 años judíos.

Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado

Leonie Fleischmann — Experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres

Empezó entonces una batalla entre el sistema judicial, que defiende que no puede existir una excepción permanente; el Ejército, que reclama más soldados; los partidos ultraortodoxos, que exigen mantener el estatus privilegiado, y el Gobierno de Netanyahu, atrapado entre sus socios religiosos y la presión de otros miembros de la coalición y la propia sociedad.

En Mea Shearim, el tradicional barrio de población ultraortodoxa de Jerusalén, los pocos residentes que aceptan hablar con la prensa explican que el estudio religioso es una forma de servicio al país. “Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente”, explica un estudiante que pide que no se publique su nombre.

Para él, obligar a los jóvenes ultraortodoxos a ir a filas supone una amenaza para una forma de vida construida durante generaciones. Sin embargo, no toda la comunidad comparte la misma posición. En el Ejército, existen unidades pequeñas y adaptadas a las normas religiosas más estrictas, con separación de géneros y condiciones específicas para respetar los preceptos judíos.

Pero buena parte de la comunidad haredí sigue rechazando el servicio militar. “Prefiero no hablar de ellos. No merecen ni un segundo de mi tiempo”, responde otro vecino del barrio cuando se le pregunta por los haredim que sí deciden alistarse.

Nuevo choque institucional

La aprobación de la ley ha provocado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo. Partidos de la oposición, junto con organizaciones civiles israelíes, han presentado recursos ante el alto tribunal argumentando que la norma perpetúa una desigualdad incompatible con las decisiones anteriores del propio tribunal.

La respuesta del Supremo llegó en menos de 24 horas: ha congelado temporalmente la aplicación de la nueva ley y ordenado al Gobierno explicar por qué la norma no debería ser anulada. El tribunal ha señalado que los argumentos de los demandantes tienen peso considerable y, en los próximos días, llevará a cabo un análisis urgente de la legalidad de esta ley.

En 2024, el Tribunal Supremo ya dejó claro que era necesario determinar si el Gobierno podía dejar de aplicar la ley general de reclutamiento sin aprobar antes una nueva legislación que justificara esa excepción. Entonces recordó que la ley que permitía aplazar el servicio militar de los estudiantes de los textos religiosos había expirado en 2023 y que el Ejecutivo no podía mantener esa exención mediante una simple decisión gubernamental. Además, consideró que un asunto de tal magnitud no podía resolverse con una resolución gubernamental porque afectaba directamente al principio de igualdad.

Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente

Estudiante ultraortodoxo

Según explica a elDiario.es Barack Medina, profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en derecho constitucional israelí, la decisión del Tribunal Supremo se apoya en una interpretación amplia del derecho a la igualdad. “En este caso, la exención es consecuencia del poder político de ese colectivo y el tribunal ha establecido que el Ejecutivo tiene límites a la hora de conceder este tipo de privilegios”, explica Medina, que agrega que el Gobierno no puede excluir a un determinado grupo de una ley general que obliga a toda la población a hacer el servicio militar, excepto muy pocos que queden exentos —la objeción de conciencia es castigada—.

Para el experto, la resolución de este caso no debería ser especialmente compleja, ya que la sentencia coincide con la posición de una amplia mayoría de la sociedad israelí. “Incluso muchos diputados de los partidos que forman parte de la coalición gubernamental y que votaron a favor de la ley parecen respaldar en la práctica el criterio del tribunal”, concluye Medina.

El nuevo enfrentamiento ha elevado la tensión institucional, y algunos dirigentes ultraortodoxos han cuestionado abiertamente la autoridad del Tribunal Supremo. Incluso el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha criticado la intervención del tribunal y ha defendido que el Gobierno y la policía no deberían acatar una orden que suspenda una ley aprobada por el Parlamento.

El Ejecutivo de Netanyahu se ha enfrentado al alto tribunal, a la fiscal general y a otros órganos judiciales desde su llegada al poder a finales de 2022 y ha impulsado numerosas medidas para tratar de restar prerrogativas a la Justicia y eliminar los mecanismos de supervisión del poder Ejecutivo por parte de otras instituciones del Estado.