Ayer, 17 de julio, en las casas consistoriales del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tuvo lugar uno de los actos más simbólicos y emotivos que hemos podido vivir los hijos y nietos de los represaliados. 90 años después se ha podido restablecer el honor de aquellos que por mantenerse fieles al orden establecido, fieles a la República, padecieron distintos tipos de horrores por parte de aquellos que se habían sublevado y habían cambiado unilateral y dictatorialmente las reglas del juego democrático. 90 años después de la ignominia, de las falsas acusaciones, de los juicios amañados, de las condenas a prisión, de las pérdidas de puestos de trabajo, de la reclusión en los campos de concentración en la Isleta y en Gando, de las palizas y amenazas, de los asesinatos viles en Talavera de la Reina, de los fusilamientos en el campo de tiro de la Isleta, de las sanciones económicas, del desprecio social a los familiares, de las humillaciones posteriores...

Ayer se hizo acto de justicia y la Memoria Democrática ha ganado una grandísima batalla al devolver el honor arrebatado a los corazones heridos de los familiares de los represaliados por haber sido consecuentes con su forma de pensar y su forma de actuar, por su nobleza y por su lealtad a la patria (que no solo existe patria para la derecha) con la firme creencia en los valores democráticos. En un acto conjunto de la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática representados por Carolinia Darías y Ángel Víctor Torres los familiares recibieron un reconocimiento que les llena satisfacción, pues desplaza y destruye todo el argumentario falaz de los vencedores que se ha mantenido hasta fechas bien recientes. El certificado reza de la siguiente manera:

El Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática expide en favor de [y aquí va el nombre del represaliado] el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura y en reconocimiento a su condición de víctima, según establece la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, que reconoce y declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones de carácter personales así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron. En Madrid a 17 de julio de 2026

Para algunos esto simplemente será un papelito, un diploma, pero para otros, entre los que me incluyo, esta nulidad de la sentencia actual hace plena justicia con aquellas acciones político-judiciales tan injustas, tan manipuladas, tan vengativas (recuerdan bastante a la situación actual). Yo he soñado desde que tuve conocimiento de lo ocurrido con que está situación se produjera: el reo juzgado, condenado y fusilado por defender el gobierno legítimo no fue culpable de nada, toda esa causa 137/1936 fue un juego macabro de los otros (los malos) que iban cambiando acusaciones a su antojo, inventando pruebas y obviando defensas (sigo viendo muchos parecidos con la realidad judicial actual). La ley 20/2022 hace justicia histórica y restituye los valores en las que el condenado fue la víctima y todas esas sentencias trampeadas por los verdaderos criminales son anuladas. Esta es una victoria moral para las familias, para la sociedad, pero especialmente una verdadera victoria para la democracia.

*Guillermo Perdomo Hernández es nieto de Alberto Hernández Suárez e inspector jefe de la guardia municipal de Las Palmas de Gran Canaria y fusilado el 3 de octubre de 1936.