Increíble pero cierto, la Generalitat Valenciana licita un contrato para “recuperar” las viviendas públicas irregularmente ocupadas y saca a concurso por cerca de un millón de euros el contrato para que una empresa privada las “desokupe”. Aunque previamente reconoce haberse gastado medio millón de euros en la adquisición de alarmas.

Curiosamente, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), encargada de la gestión de la vivienda pública, señala que tiene más de 500 expedientes administrativos de recuperación de viviendas ocupadas sin título legal. Pero el president Pérez Llorca asegura que de las 14.500 viviendas del parque público, el 13 % están ocupadas ilegalmente. Es decir, 1885 viviendas en situación ilegal. Los números no cuadran o han decidido “olvidarse” de las 1.385 viviendas de diferencia.

Asistimos a un auténtico desastre por muchas razones. La primera, el caos organizativo, si hay cerca de 2.000 viviendas “irregulares”, ¿por qué solo hay unos 500 expedientes administrativos de recuperación? Segunda razón, y mucho más grave: ¿Cómo es posible que una empresa pública, con un importante contenido social, afirme tener una plantilla que solo cuenta con dos personas en activo para ocuparse de tales menesteres en toda la Comunitat Valenciana?

En un sector tan sensible como es la vivienda y más en aquellas que deben ir destinadas a las capas más desfavorecidas de la sociedad, el EVHA y su consellera responsable, Susana Camarero, (recordada por su actitud en la catástrofe de la dana), ¿solo destinan a dos personas de las más de 140 de su plantilla al trabajo de atención social?, ¿acaso esta no debería ser su función principal?

Por último, ¿es responsable encargar a una empresa externa una cuestión tan sensible? Y aún más cuestionable, ¿la Generalitat avala los métodos de estos “especialistas” en desokupaciones? Sí, con K, porque a nadie se le escapan los métodos propios de bandas parafascistas, con la sensibilidad social a la altura de las paradas del metro, como la máxima militar: “primero dispara y luego pregunta”.

Cabe recordar a estos populares directivos del EVHA que la política de vivienda pública requiere sensibilidad con el gran problema de acceso que azota nuestro país. Requiere profundizar en las causas que llevan a determinadas familias a ocupar inmuebles sin un título adecuado; corregir los retrasos burocráticos de la administración; subsanar los problemas de inhabitabilidad de muchas viviendas públicas; gestionar con las asociaciones de afectados los problemas de convivencia; y regularizar cuando se pueda -y se puede- determinadas situaciones límite que hacen que algunos barrios se conviertan en guetos y sean un callejón sin salida de mayores y jóvenes marginales.

Estas premisas políticas de humanización de la gestión se intentaron llevar a la práctica en determinados momentos por el Instituto Valenciano de Vivienda SA, la empresa antecesora de este EVHA, y también por ésta. Un tiempo coincidente con una perspectiva progresista de la política de vivienda pública en el País Valenciano.

Su única solución es contratar a matones, pero que no lo parezca

Pero no, este no es el camino de la actual Generalitat y al Gobierno de las derechas extremas se le vuelve a ver el plumero. Su política de vivienda pasa por expulsar sin miramientos, sin preguntar ni intentar conocer, prevenir y corregir las causas que llevan a la precariedad a tantas familias, a tantos jóvenes que se ven obligados a malvivir en pisos compartidos o en infraviviendas a precios de escándalo. Su única solución es contratar a matones, pero que no lo parezca.

Escandaloso.