Hay decisiones públicas que revelan con especial crudeza cuál es la escala de valores de un gobierno. La gestión del tanatorio municipal de Torrero es una de ellas. Porque aquí no estamos hablando de un servicio accesorio ni de un mercado cualquiera. Estamos hablando de cómo una ciudad acompaña a sus vecinos en el momento más frágil que existe: cuando una familia acaba de perder a un ser querido. Cuando el mundo se detiene. Cuando todo duele.

El Gobierno municipal del Partido Popular ha decidido sustituir el tradicional modelo de concesión administrativa por una concesión demanial que, en la práctica, refuerza la posición dominante de un operador único sobre una instalación pública esencial. Y cuando se concentra el poder en un ámbito como este, las consecuencias no son solo jurídicas o económicas: son profundamente humanas.

Las primeras consecuencias han sido inmediatas. Pequeñas funerarias familiares, algunas con generaciones de trabajo a sus espaldas en Zaragoza, han quedado en una situación de exclusión de facto. No hablamos solo de empresas: hablamos de personas que han acompañado durante décadas el duelo de sus vecinos y que ahora son apartadas del lugar donde ese acompañamiento ocurre.

La libre competencia no es una consigna vacía. Es una garantía frente al abuso. Porque cuando desaparece, cuando se expulsa a operadores y se concentra el servicio, lo que se encarece no es solo un precio: se degrada la dignidad de un momento que debería estar protegido de cualquier lógica de dominio o ventaja.

La alcaldesa Natalia Chueca ha intentado reducir el debate a una disputa entre empresas privadas. Pero no lo es. Cuando el espacio es público, cuando el servicio es esencial y cuando el modelo lo decide el Ayuntamiento, no cabe esconderse. No cabe mirar hacia otro lado. Hay una responsabilidad política directa sobre lo que está pasando.

Y lo que está pasando es que, en medio del duelo, cuando una familia no está en condiciones de negociar ni de comparar, se le obliga a asumir precios disparados. Incrementos de hasta el 190% en servicios esenciales no son una anécdota: son un síntoma. Un síntoma de que algo profundamente injusto se ha instalado donde debería haber respeto.

Porque todos, absolutamente todos, vamos a pasar por ese momento. Todos vamos a despedir a quienes queremos. Y todos merecemos hacerlo sin sentir que alguien está aprovechándose de ese dolor.

La respuesta del Gobierno municipal ha llegado tarde y es claramente insuficiente. Ajustar dos tarifas no corrige un modelo que nace torcido. Y resulta especialmente grave que se intente justificar lo injustificable apelando de forma errónea a normativas que nada tienen que ver con la exclusión y el encarecimiento.

Una ciudad se define en cómo cuida a su gente cuando más lo necesita. En cómo protege a quienes no pueden defenderse. En cómo entiende que hay ámbitos —como la muerte— donde todo debería ser respeto, acompañamiento y humanidad.

Zaragoza merece mucho más que esto. Merece un Ayuntamiento que no convierta el último adiós en un negocio blindado. Merece recordar que hay decisiones que no solo se firman: se sienten. Y que cuando se pierde la conciencia, lo público deja de ser refugio para convertirse en herida.