España lleva semanas discutiendo quién tiene derecho a votar. La llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha permitido que cientos de miles de descendientes de españoles obtengan la nacionalidad: 544.722 solicitudes aprobadas a 31 de marzo de 2026, la gran mayoría en América Latina. Con ellas, el censo de españoles residentes en el extranjero rozará los tres millones de electores en las próximas generales, unos 600.000 más que en 2023. En la oposición han saltado las alarmas. Feijóo habló de una operación de “ingeniería electoral” para “fabricar votantes”, Ayuso avisó de que “Argentina será la tercera provincia de España” y Vox ha pedido directamente suspender el voto por correo desde el exterior. El Gobierno defiende la medida como una reparación histórica y acusa a la oposición de sembrar sospechas sin pruebas.

El argumento no es nuevo. Es la versión más reciente de un miedo que acompaña a cada ampliación del electorado: que los nuevos votantes decidirán las elecciones y que quien los “trae” lo hace por interés. Detrás hay una misma predicción: incorporar nuevos votantes beneficia a unos partidos a costa de otros.

Esa predicción puede ponerse a prueba. En un artículo reciente con Simon Hix la contrastamos con dos experimentos naturales: reformas que, por cómo y dónde ocurrieron, permiten estudiarlas casi como si fueran un experimento. Son las dos ampliaciones del derecho a voto municipal para residentes extranjeros que España puso en marcha en 2007 y 2011. No es exactamente el caso de la ley de nietos, que crea ciudadanos con derecho a voto en todas las elecciones; nuestro estudio se centra en residentes extranjeros que votan en las municipales. Pero el miedo de fondo es el mismo en ambas polémicas: que los nuevos votantes cambian quién gana. Sobre la gestión administrativa del censo, nuestros datos no dicen nada; sobre esa predicción de fondo, sí.

El derecho a voto y la integración

Hay buenos motivos para dar el voto a los inmigrantes, y poco tienen que ver con el interés electoral de ningún partido. Lo que sabemos hasta ahora indica que los derechos políticos aceleran la integración. Un estudio encuentra que el derecho al voto local aumentó la participación política de los inmigrantes. Otro apunta en la misma dirección por otra vía: los inmigrantes que ganaron voz en la democracia local tomaron después decisiones distintas sobre si nacionalizarse. La evidencia sobre el estatus legal completa el cuadro: obtener la nacionalidad mejora los salarios a largo plazo, y regularizar la situación administrativa reduce la delincuencia. Conviene, eso sí, no mezclar categorías que el debate confunde a menudo: la regularización da papeles, no papeletas. Un extranjero regularizado no puede votar; solo votan en las municipales los residentes de la UE y de los países con acuerdo que se registran y, en todas las elecciones, quienes llegan a nacionalizarse.

La objeción es igual de persistente: que dar el voto a los inmigrantes cambiaría los resultados electorales. Y no es una intuición descabellada: cada gran ampliación del sufragio, a la clase trabajadora, a las mujeres, movió al votante decisivo, y las políticas se movieron con él. ¿Pasaría lo mismo con los inmigrantes? La teoría puede argumentar en ambos sentidos: podrían inclinarse a la izquierda por interés de grupo o por su posición en la distribución de la renta, o podrían votar como los nativos comparables; al fin y al cabo, provienen de países muy distintos y tiran en direcciones diferentes. La pregunta hay que resolverla con datos. Y apenas había evidencia causal disponible.

Dos experimentos naturales en España

Los dos casos nos permiten distinguir entre causa y coincidencia. En enero de 2007, Rumanía y Bulgaria entraron en la UE, lo que otorgó automáticamente a sus ciudadanos el derecho a votar en las elecciones municipales españolas; los rumanos ya eran entonces el mayor grupo inmigrante no occidental en España. Después, en 2010 y 2011, España firmó acuerdos recíprocos que ampliaron el derecho al voto municipal a los inmigrantes de seis países latinoamericanos. Dos mecanismos distintos y dos poblaciones inmigrantes que no se parecen en nada.

El diseño se apoya en algo que se observa en cualquier ciudad española: los inmigrantes no se distribuyen de manera uniforme entre los barrios. Con datos a nivel de sección censal (la unidad electoral más pequeña de España, un vecindario de entre 500 y 2.000 residentes), comparamos secciones que recibieron nuevos votantes con secciones que no, dentro del mismo municipio y en la misma elección. Esa comparación elimina todo lo que ocurre a nivel municipal: candidatos, escándalos, vaivenes. Lo que queda es el efecto de tener vecinos con un nuevo derecho al voto calle abajo.

No encontramos ningún efecto

En los dos experimentos, dar el voto a los inmigrantes no movió el porcentaje de ningún partido: ni el centroderecha (PP), ni el centroizquierda (PSOE), ni la izquierda radical. Y no son ceros ruidosos que puedan ocultar algo. El cero decepciona a ambos lados: ni se confirma el temor de la derecha ni, en la izquierda, la esperanza de un rédito electoral, si alguien la tenía. Los intervalos de confianza, el margen de error de nuestras estimaciones, son estrechos alrededor del cero, y el resultado sobrevive a todas las pruebas de robustez que le lanzamos: comparar cada barrio consigo mismo a lo largo del tiempo, dar más peso a los barrios de control más parecidos a los tratados y, para el experimento de 2007, apoyarnos en la geografía previa del asentamiento rumano.

Cada panel corresponde a un partido en un experimento. La línea representa la diferencia estimada en votos entre el barrio tratado típico y sus vecinos sin nuevos votantes, y la banda representa el intervalo de confianza del 95%. Dos cosas merecen atención: la línea sigue plana al cruzar la reforma (línea discontinua), y ya lo era antes, lo que indica que la comparación es limpia.

Después nos hicimos una pregunta más exigente: aunque los efectos verdaderos estuvieran en el borde de nuestros intervalos de confianza, ¿serían lo bastante grandes como para importar? Los ayuntamientos españoles reparten los concejales mediante el método de D’Hondt. Calculamos, para cada municipio, el cambio exacto de votos que movería un solo concejal y contrastamos nuestras estimaciones con dicho umbral. Todas las estimaciones, en todas las especificaciones, quedan estadísticamente por debajo. En el municipio mediano, mover a un concejal exige un vuelco de 3,8 puntos porcentuales en el voto. El mayor efecto que nuestros datos pueden sustentar es de 0,23 puntos.

Cada histograma muestra el efecto asociado a cada uno de los 24.424 barrios tratados en España: el efecto estimado de cada partido, multiplicado por los nuevos votantes de esa sección. La línea discontinua de la derecha representa el vuelco que un concejal en un municipio mediano movería. Ningún barrio, para ningún partido, se acerca: la sección más tratada del país llega a 2,1 puntos.

Qué significa esto para el debate

Nuestros resultados tienen límites claros: estudiamos electorados inmigrantes pequeños y diversos, en parte sujetos a barreras de registro, condiciones típicas de estas reformas. No podemos decir qué pasaría con un electorado nuevo mucho mayor, ni si los partidos empezaran a movilizarlo activamente.

Pero dentro de esos límites, la evidencia apunta en una sola dirección. Hay motivos razonables para pensar que el voto ayuda a los inmigrantes a integrarse; el miedo a los resultados electorales, allí donde podemos medirlo, no se materializa. La conclusión reparte deberes a ambos lados: quien se oponga a estas reformas tendrá que apoyarse en otros argumentos, porque el electoral no encuentra respaldo en los datos; y quien las defienda no debería prometer, ni temer, réditos partidistas. Buena parte del debate sobre el voto inmigrante, ayer con las municipales y hoy con la ley de nietos, descansa en una predicción sobre quién ganaría. En España, a lo largo de dos reformas y cuatro ciclos electorales, la respuesta es: nadie en particular.