En los últimos días se está hablando mucho de las ayudas del volcán y existe bastante confusión. Por eso, conviene explicar, de forma sencilla y cronológica, qué ha ocurrido realmente.

Tras la erupción del volcán de La Palma, las administraciones públicas pusieron en marcha dos grandes líneas de ayudas para apoyar a los agricultores afectados.

1) Ayudas para la reconstrucción de las fincas

Estas ayudas estaban destinadas a reconstruir las explotaciones agrícolas destruidas por la lava.

Actualmente, se conceden 44,06 euros por metro cuadrado, una cantidad que muchos agricultores consideran insuficiente para cubrir el coste real de reconstrucción. Por ello, numerosas explotaciones siguen sin poder recuperarse.

La propuesta defendida por muchos agricultores ha sido siempre que la Administración financie el 100% del coste real de reconstrucción, permitiendo recuperar cuanto antes la actividad agrícola.

2) Medidas económicas para compensar la pérdida de ingresos

Mientras las fincas permanecían destruidas o sin posibilidad de producir debido a la lava, la ceniza o la falta de riego, era necesario garantizar unos ingresos mínimos a las familias afectadas.

Estas medidas se dividían en dos apartados:

-Mantenimiento de las ayudas del programa Posei

La Unión Europea (UE) autorizó que los agricultores siguieran cobrando las ayudas del Posei aunque no pudieran producir y hasta recuperar sus explotaciones. Esta autorización continúa vigente hasta 2027.

-Ayudas por pérdida de renta

Estas ayudas tenían como finalidad compensar el dinero que los agricultores dejaron de ingresar al no poder comercializar su producción.

El cálculo debía realizarse teniendo en cuenta el valor de la producción perdida, descontando los gastos que el agricultor dejó de soportar al no poder cultivar.

Es precisamente aquí donde nace la polémica.

Hasta la fecha, solo se han concedido dos convocatorias de ayudas por pérdida de renta:

Sin embargo, el actual director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín [el relevo de Javier Gutiérrez Taño tras el cese de este], no ha gestionado ni convocado las ayudas por pérdida de renta correspondientes a la campaña 2023-2024, por lo que muchos agricultores continúan esperando unas ayudas creadas precisamente para compensar las pérdidas ocasionadas por la erupción.

La diferencia entre las dos convocatorias concedidas fue la forma de calcular las indemnizaciones.

La convocatoria gestionada por Javier Gutiérrez Taño se elaboró utilizando datos definitivos y reales, una vez estuvieron disponibles.

En cambio, la convocatoria gestionada por Alicia Vanoostende se calculó utilizando estimaciones debido a la urgencia de la situación. Cuando posteriormente se dispuso de los datos definitivos, se detectó que se habían abonado aproximadamente 3,5 millones de euros más de lo que correspondía, según los datos finales.

Según la información conocida, una parte importante de ese exceso se produjo porque se contabilizaron por error explotaciones situadas en Tenerife y El Hierro como si pertenecieran a agricultores afectados de La Palma, además de otros errores derivados del uso de estimaciones.

Como consecuencia, se inició un procedimiento para reclamar la devolución de esas cantidades.

Posteriormente, el Gobierno de Canarias aprobó una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 para condonar esa devolución.

Actualmente, Javier Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura y presidente de Contigo La Palma, ha difundido una nota de prensa, publicada por diferentes medios de comunicación, en la que alerta de que esa condonación podría no ajustarse a la normativa aplicable. Según expone, si las instituciones europeas consideraran que dicha condonación no es legal, podrían exigir la devolución de las cantidades abonadas indebidamente junto con los correspondientes intereses.

Según esa misma nota de prensa, Gesplan está contactando individualmente con los agricultores afectados para comunicarles la condonación de la deuda.

Una diferencia muy importante.

No debe confundirse una situación con la otra.

Por un lado, está la controversia sobre los aproximadamente 3,5 millones de euros abonados de más y cuya situación jurídica está siendo debatida.

Por otro lado, existen ayudas completamente justificadas y pendientes de pago que nada tienen que ver con esa polémica. Entre ellas se encuentran:

Es decir, mientras se debate qué ocurre con unas cantidades cuya regularización ha generado controversia, muchos agricultores siguen esperando ayudas que sí les corresponden y que continúan pendientes de pago.

Los agricultores afectados necesitan, por encima de todo, seguridad jurídica, transparencia, agilidad administrativa y una gestión eficaz, para que todas las ayudas lleguen correctamente, sin retrasos y con total garantía para quienes llevan años soportando las consecuencias de la erupción del volcán.