En abril de 2018, Canarias aprobó el Decreto 48/2018, que regula las Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP). Ya han pasado más de ocho años y creo que ha llegado el momento de confrontar lo que dice aquella norma con lo que estamos viviendo los agricultores de esa fruta en las islas.

El citado decreto establece entre los objetivos de las OPP la planificación de la producción para ajustarla a la demanda, especialmente en calidad y cantidad; la concentración de la oferta y la comercialización; la optimización de los costes de producción, y la estabilización de los precios de producción.

No estamos hablando de una propuesta de los agricultores canarios de plátano. Estamos hablando de una norma legal y de obligado cumplimiento.

Pero ocho años después, la realidad que seguimos viviendo resulta difícil y no concilia con esos objetivos: hay excedentes, retiradas de fruta y largos periodos en los que el precio recibido por el cosechero pone contra las cuerdas la rentabilidad de muchas explotaciones. En 2023, por ejemplo, llegamos a retirar del mercado aproximadamente 26,5 millones de kilos de plátano de Canarias. Después hemos vuelto a recurrir a retiradas.

Pica, pica y más pica, como se conoce en la jerga del sector.

La pica puede ser necesaria como herramienta puntual de regulación, pero lo que no puede ocurrir es que terminemos utilizándola como sustitución de aquello que debió haberse hecho antes. Porque retirar fruta es actuar sobre el problema cuando este ya existe. En cambio, planificar es intentar llegar a él. Y esta diferencia es precisamente el centro de este debate.

La pica no borra los costes del agricultor. Cuando retiramos un kilo de plátano, ese kilo ya está producido. El agricultor ya pagó el agua, los fertilizantes, la mano de obra, la Seguridad Social, los tratamientos y el resto de costes de su explotación agrícola. Podemos retirar la fruta, sí, pero no podemos retirar la factura que dejó el proceso de producirla.

Por eso, la falta de resultados en la planificación tiene una consecuencia económica muy concreta: termina afectando a la rentabilidad del agricultor.

Y llegados a este punto, volvemos de nuevo al Decreto 48/2018. Esta norma territorial no habla únicamente de planificación. Entre los objetivos de las OPP, también establece la optimización de los costes y la estabilización de los precios de producción.

Sin embargo, después de ocho años, demasiados agricultores seguimos encontrándonos durante largos periodos con precios que no permiten cubrir adecuadamente nuestros costes. Eso no puede normalizarse.

Las OPP tienen una responsabilidad, y estas no pueden limitarla a recibir, empaquetar y comercializar la fruta que los agricultores les entregamos.

En efecto, el Decreto 48/2018 les asigna un papel mucho más amplio. Si entre sus objetivos está el de planificar la producción y ajustarla a la demanda, ocho años después tenemos derecho a exigir resultados de esa planificación. No basta con explicar el excedente cuando ya existe, cuando se ha generado. Hay que anticiparlo. No basta con recurrir a la pica cuando sobra fruta.

Hay que utilizar las previsiones de producción, la información del mercado y la capacidad comercial para actuar con antelación, para planificar. Y no basta, como se hace casi siempre, con atribuir cada crisis al mercado. Precisamente porque el mercado es difícil aparece la necesidad de planificar.

Las OPP tienen una responsabilidad clara en este modelo y no pueden ponerse de perfil cuando los resultados no llegan al agricultor. Y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias tiene la obligación de controlar. Tampoco sería justo cargar toda la responsabilidad sobre las OPP. Pero sí afirmo que la Consejería de Agricultura tiene la suya.

En una entrevista en el programa radiofónico Campo y mar, dirigido por Clemente González, el consejero Narvay Quintero sostuvo que la consejería no tiene que ver con plantar y comercializar plátanos. Es evidente que la consejería no planta ni comercializa plátanos. Está claro. Pero nadie le está pidiendo que lo haga. Solo estamos pidiendo que ejerza las competencias que sí le corresponden, que haga que se aplique la ley.

Y luego existe un hecho especialmente relevante: Narvay Quintero fue precisamente el que propuso y tramitó el Decreto 48/2018 como consejero de Agricultura, en su anterior legislatura con el mismo cargo que tiene en la actual.

El artículo 15 del reseñado decreto establece controles sobre las OPP para verificar el cumplimiento de la normativa, con acciones de control administrativo y con controles sobre el terreno, como mínimo cada tres años.

Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla: no le pedimos a la consejería que plante. No le pedimos que comercialice. Le pedimos que controle.

La Administración pública no puede establecer una normativa, disponer de mecanismos de control y después presentarse como ajena a los resultados del modelo que debe supervisar. Y luego las OPP tienen que responder por la parte que les corresponde. La consejería también.

Y el consejero de Agricultura tiene una responsabilidad política como máximo responsable del departamento que gestiona el sector agropesquero.

Ocho años son suficientes. Después de ocho años no necesitamos más declaraciones de intenciones. Necesitamos conocer los resultados, y que la consejería haga públicos los controles realizados sobre las OPP desde la entrada en vigor del Decreto 48/2018.

Debemos conocer las actas y los informes, y saber así si se detectaron deficiencias y, en su caso, qué medidas se adoptaron. No estoy afirmando que esos controles no existan. Estoy diciendo que los agricultores tenemos derecho a conocer sus resultados, para ver si durante estos ocho años todo se ha aplicado correctamente. Entonces tendremos que explicar por qué seguimos llegando repetidamente a retiradas de fruta y por qué tantos productores continúan atravesando periodos de rentabilidad insuficiente. Esto es lo que importa. Porque mientras unos discuten sobre dónde empieza y termina su responsabilidad, el agricultor no puede esconderse de ninguna de las suyas.

El Decreto 48/2018 lleva más de ocho años vigente. No pedimos milagros. Pedimos planificación a quienes tienen que planificar. Pedimos control a quien tiene que controlar. Pedimos responsabilidades cuando los resultados no llegan. Y pedimos que todo ello tenga una consecuencia fundamental: que el agricultor pueda vivir dignamente de producir plátanos.

La pica puede ser necesaria alguna vez. Pero pica, pica y más pica no es planificación.

Después de ocho años, el Decreto 48/2018 tiene que pasar definitivamente del papel a los hechos.

Ahora bien, mientras eso no se traduzca en resultados visibles para el agricultor, la pregunta seguirá encima de la mesa: ¿dónde está la planificación?

Llevan años diciéndonos que la culpa es del cambio climático, del calor, del exceso de producción o del mercado.

Siempre aparece una excusa distinta.

Mientras, el agricultor vende su plátano por una miseria y el consumidor lo paga a precio de oro en el supermercado.

La pregunta es muy sencilla: ¿dónde se queda todo ese dinero?

Pero la realidad es otra. El verdadero problema es que el modelo actual del plátano ha quedado obsoleto. Es un modelo que lleva demasiados años repitiendo las mismas crisis. El agricultor trabaja más, invierte más, asume más riesgos y, sin embargo, cada año cobra menos por su fruta.

No existe una planificación real de la producción ni de la comercialización.

Las organizaciones de productores de plátanos (OPP) siguen comercializando cada una por su lado, defendiendo sus propios intereses en lugar de actuar con una estrategia común para proteger el precio final percibido por el agricultor local. Mientras el sector siga dividido, el agricultor seguirá siendo el que pague las consecuencias.

El Decreto 48/2018 ya establece que las organizaciones de productores deben planificar la producción y comercializar en beneficio del agricultor. El problema no es la falta de normas. El problema es que no se aplican.

A todo esto se suma un reparto del Posei para el plátano (141,1 millones de euros al año) que necesita ser cambiado y la falta de investigación, ensayos y herramientas fitosanitarias para combatir las plagas actuales y prepararnos para las que puedan llegar en el futuro.

Las soluciones existen. Los agricultores llevamos tiempo proponiendo un cambio de modelo basado en medidas concretas.

Los datos hablan por sí solos.

Cada año hay menos agricultores.

Cada año desaparecen más pequeñas y medianas explotaciones familiares.

Cada vez resulta más difícil encontrar a un agricultor de plátano que no esté preocupado por el futuro del sector. Algunos consiguen resistir porque tienen otra fuente de ingresos. Otros sobreviven gracias a los anticipos del empaquetado o de las ayudas. Y muchos están recurriendo a los ahorros de toda una vida para mantener viva su explotación.

Pero la realidad es una sola: los agricultores de plátano, especialmente los pequeños y medianos, están llegando a su límite.

La crisis actual, que algunos medios ya comparan con la de 2023, demuestra que el modelo de comercialización del plátano de Canarias sigue sin ofrecer soluciones eficaces cuando más se necesitan. Cada vez que el mercado entra en dificultades, los precios que reciben los agricultores de plátano caen por debajo de los costes de producción, mientras que el consumidor sigue pagando un precio elevado en los supermercados.

La pregunta es inevitable: ¿quién está defendiendo realmente a los agricultores de plátano?

En mi opinión, una gran parte de la responsabilidad recae en nuestras propias organizaciones. Las organizaciones de productores de plátanos (OPP), seis entidades, y la asociación de todas ellas, Asprocan, fueron creadas para planificar la producción, organizar la comercialización y defender los intereses de los agricultores de plátano en las islas.

Sin embargo, la percepción de muchos productores es que el sector continúa profundamente dividido, sin una estrategia común, sin planificación, sin ideas y sin propuestas eficaces para afrontar las crisis.

Un sector dividido nunca será un sector fuerte. Sin unidad, sin planificación y sin objetivos comunes, el resultado solo puede ser uno: avanzar hacia un callejón sin salida. Y mientras esto ocurre, los que siempre pagan las consecuencias son los agricultores de plátano.

La sensación que existe en muchas explotaciones agrícolas es que las pérdidas económicas de los agricultores de plátano han terminado por asumirse como algo normal. Campaña tras campaña, se repite el mismo escenario: precios ruinosos, preocupación, incertidumbre y ninguna solución de fondo que impida que la historia vuelva a repetirse.

Pero la Administración pública tampoco puede mirar hacia otro lado.

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, y el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, del Gobierno de Canarias disponen desde hace años de una herramienta legal que puede marcar la diferencia: el Decreto territorial 48/2018. No hace falta crear nuevas normas. Basta con aplicar las que ya existen.

Ese decreto autonómico establece que las OPP deben planificar la producción y la comercialización en beneficio de los agricultores de plátano. Si esa obligación no se está cumpliendo de forma efectiva, corresponde a la Consejería de Agricultura exigir responsabilidades y actuar conforme a la ley. Aplicar el Decreto 48/2018 no debe ser una opción política; debe ser una obligación institucional.

También ha llegado el momento de abrir un debate que el sector lleva demasiado tiempo evitando: ¿por qué los agricultores de plátano no pueden acordar con sus propias OPP un precio que garantice, al menos, cubrir los costes de producción? Si este tipo de acuerdos ya existen en otros modelos de producción, merece la pena estudiar cómo avanzar en esa misma dirección dentro del marco legal.

Los agricultores de plátano tampoco pueden seguir resignados. Es el momento de preguntar, exigir explicaciones, acudir a sus empaquetados, participar en las decisiones de sus OPP y reclamar que las organizaciones y la Administración pública cumplan con las funciones para las que existen.

Porque el futuro del plátano de Canarias no depende únicamente de las ayudas. Depende, sobre todo, de que exista una planificación seria, una comercialización eficaz y un compromiso real con los que producen la fruta.

Si seguimos aceptando que un sector estratégico se dirija sin planificación, sin ideas y sin propuestas mientras los agricultores de plátano siguen perdiendo dinero, la próxima crisis no será una excepción: será la consecuencia de no haber querido corregir los errores que hoy persisten.

La gran pregunta ya no es cuándo terminará esta crisis. La verdadera pregunta ahora es: ¿cuántos agricultores de plátano quedarán cuando llegue la próxima?

En los últimos días se está hablando mucho de las ayudas del volcán y existe bastante confusión. Por eso, conviene explicar, de forma sencilla y cronológica, qué ha ocurrido realmente.

Tras la erupción del volcán de La Palma, las administraciones públicas pusieron en marcha dos grandes líneas de ayudas para apoyar a los agricultores afectados.

1) Ayudas para la reconstrucción de las fincas

Estas ayudas estaban destinadas a reconstruir las explotaciones agrícolas destruidas por la lava.

Actualmente, se conceden 44,06 euros por metro cuadrado, una cantidad que muchos agricultores consideran insuficiente para cubrir el coste real de reconstrucción. Por ello, numerosas explotaciones siguen sin poder recuperarse.

La propuesta defendida por muchos agricultores ha sido siempre que la Administración financie el 100% del coste real de reconstrucción, permitiendo recuperar cuanto antes la actividad agrícola.

2) Medidas económicas para compensar la pérdida de ingresos

Mientras las fincas permanecían destruidas o sin posibilidad de producir debido a la lava, la ceniza o la falta de riego, era necesario garantizar unos ingresos mínimos a las familias afectadas.

Estas medidas se dividían en dos apartados:

-Mantenimiento de las ayudas del programa Posei

La Unión Europea (UE) autorizó que los agricultores siguieran cobrando las ayudas del Posei aunque no pudieran producir y hasta recuperar sus explotaciones. Esta autorización continúa vigente hasta 2027.

-Ayudas por pérdida de renta

Estas ayudas tenían como finalidad compensar el dinero que los agricultores dejaron de ingresar al no poder comercializar su producción.

El cálculo debía realizarse teniendo en cuenta el valor de la producción perdida, descontando los gastos que el agricultor dejó de soportar al no poder cultivar.

Es precisamente aquí donde nace la polémica.

Hasta la fecha, solo se han concedido dos convocatorias de ayudas por pérdida de renta:

Sin embargo, el actual director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín [el relevo de Javier Gutiérrez Taño tras el cese de este], no ha gestionado ni convocado las ayudas por pérdida de renta correspondientes a la campaña 2023-2024, por lo que muchos agricultores continúan esperando unas ayudas creadas precisamente para compensar las pérdidas ocasionadas por la erupción.

La diferencia entre las dos convocatorias concedidas fue la forma de calcular las indemnizaciones.

La convocatoria gestionada por Javier Gutiérrez Taño se elaboró utilizando datos definitivos y reales, una vez estuvieron disponibles.

En cambio, la convocatoria gestionada por Alicia Vanoostende se calculó utilizando estimaciones debido a la urgencia de la situación. Cuando posteriormente se dispuso de los datos definitivos, se detectó que se habían abonado aproximadamente 3,5 millones de euros más de lo que correspondía, según los datos finales.

Según la información conocida, una parte importante de ese exceso se produjo porque se contabilizaron por error explotaciones situadas en Tenerife y El Hierro como si pertenecieran a agricultores afectados de La Palma, además de otros errores derivados del uso de estimaciones.

Como consecuencia, se inició un procedimiento para reclamar la devolución de esas cantidades.

Posteriormente, el Gobierno de Canarias aprobó una disposición adicional en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 para condonar esa devolución.

Actualmente, Javier Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura y presidente de Contigo La Palma, ha difundido una nota de prensa, publicada por diferentes medios de comunicación, en la que alerta de que esa condonación podría no ajustarse a la normativa aplicable. Según expone, si las instituciones europeas consideraran que dicha condonación no es legal, podrían exigir la devolución de las cantidades abonadas indebidamente junto con los correspondientes intereses.

Según esa misma nota de prensa, Gesplan está contactando individualmente con los agricultores afectados para comunicarles la condonación de la deuda.

Una diferencia muy importante.

No debe confundirse una situación con la otra.

Por un lado, está la controversia sobre los aproximadamente 3,5 millones de euros abonados de más y cuya situación jurídica está siendo debatida.

Por otro lado, existen ayudas completamente justificadas y pendientes de pago que nada tienen que ver con esa polémica. Entre ellas se encuentran:

Es decir, mientras se debate qué ocurre con unas cantidades cuya regularización ha generado controversia, muchos agricultores siguen esperando ayudas que sí les corresponden y que continúan pendientes de pago.

Los agricultores afectados necesitan, por encima de todo, seguridad jurídica, transparencia, agilidad administrativa y una gestión eficaz, para que todas las ayudas lleguen correctamente, sin retrasos y con total garantía para quienes llevan años soportando las consecuencias de la erupción del volcán.