Durante décadas, Occidente construyó un orden internacional basado en reglas, como la soberanía de los Estados, el respeto de las fronteras y la resolución de las disputas mediante la diplomacia y el derecho internacional. En los últimos años, Washington se ha alejado progresivamente de esos principios para abrazar una doctrina que había quedado prácticamente en desuso, el imperialismo. Su última provocación lo resume perfectamente. El presidente estadounidense ha publicado un mapa en el que la bandera de Estados Unidos cubre Canadá, México, Centroamérica, el Caribe, Groenlandia e Islandia, presentando todo el espacio como territorio estadounidense.

La reacción no tardó en llegar, el Gobierno de Islandia respondió de inmediato calificando la publicación de “completamente inaceptable” y convocando al embajador estadounidense. Podría parecer una simple provocación de redes sociales, y probablemente lo sea en parte. El problema es que ya no estamos ante un caso aislado. Trump lleva años hablando de Canadá como un posible estado número 51 y reclamando Groenlandia. Sus declaraciones sobre la posibilidad de tomar la isla “por las buenas o por las malas” ya provocaron una profunda inquietud entre los aliados europeos y dentro de la propia Alianza Atlántica.

La noticia no es que Estados Unidos tenga intereses estratégicos en el Ártico, el Atlántico o el continente americano. Todas las grandes potencias los tienen. La novedad es que la primera potencia militar haya empezado a hablar abiertamente de modificar fronteras, comprar territorios soberanos y cuestionar la integridad territorial de países que, además, son sus propios aliados. Este cambio de estrategia, de mostrar abiertamente sus ambiciones territoriales no puede entenderse únicamente como una excentricidad de Donald Trump. Es también el reflejo de un cambio del orden internacional. Estados Unidos ha empezado a percibir como una amenaza seria el ascenso de China, que progresivamente discute su liderazgo, reduciendo sus distancias con Washington en ámbitos estratégicos. Frente a la pérdida de su hegemonía aparece una tentación muy recurrente en la historia, impedir que el rival llegue a ser demasiado fuerte antes de que sea tarde.

Es ahí donde la defensa de los intereses nacionales deja de ser un tema exclusivamente estadounidense para convertirse más bien en una política intervencionista que pone en peligro la paz y la estabilidad del mundo. Porque se buscan posiciones estratégicas, se aseguran recursos y estrechos, se amplían zonas de influencia y se neutralizan potenciales amenazas. La guerra preventiva, la presión económica y la expansión territorial dejan de presentarse como anomalías y empiezan a aparecer como instrumentos legítimos para conservar el poder. Eso es precisamente a lo que hemos asistido durante esta segunda legislatura de Donald Trump.

No hay que olvidar que recientemente Estados Unidos ha llevado a cabo dos operaciones militares de enorme trascendencia, una en Venezuela, que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro, y otra en Irán, donde bombardeó el país mientras mantenía negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La naturaleza autoritaria y antidemocrática de ambos regímenes no modifican la esencia del problema. ¿Qué queda del principio de soberanía cuando la principal potencia occidental decide intervenir de esta manera en otro Estado?

Trump no muestra solamente su ambición territorial sobre otros Estados, sino que, mediante el lenguaje y los mapas, también intenta apropiarse simbólicamente del continente americano. El cambio de denominación del Golfo de México por “Golfo de América”, del Lago Ontario por “Lake America” y su propuesta de sustituir “New Mexico” por “New America” o incluso el eslogan “Hagamos América Grande Nuevamente” no son gestos aislados. Todos ellos responden a una misma voluntad de asociar el nombre “América” con Estados Unidos y reforzar la idea de que el continente constituye su zona de influencia. En este contexto, resurge la lógica de la Doctrina Monroe, la gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú es un buen ejemplo de esta estrategia, que busca recuperar una hegemonía estadounidense más activa mediante una mayor cooperación con gobiernos afines, el refuerzo de los vínculos económicos y de seguridad, al mismo tiempo, que trata de contener la presencia de Rusia y China en la región.

El liderazgo de una superpotencia se construye ganándose cada día la confianza de sus socios y manteniendo un orden internacional basado en reglas

Pero el liderazgo de una superpotencia no se construye imponiendo sus intereses militarmente ni tratando como vasallos a sus aliados. Se construye ganándose cada día la confianza de sus socios y manteniendo un orden internacional basado en reglas que uno mismo debe estar dispuesto a respetar, incluso cuando su posición de supremacía le permitiera no hacerlo. Occidente, en su conjunto, debe permanecer vigilante y mantenerse del lado del derecho internacional, no de la ley del más fuerte, que tantas veces ha conducido al mundo a la miseria y a las guerras. Occidente no está en crisis por el ascenso de China, sino porque su principal potencia comienza a cuestionar los fundamentos sobre los que se construyó su liderazgo tras 1945.

España se ha situado en los últimos años como uno de los países europeos con mayor potencial para producir hidrógeno verde. La abundancia de sol, y de superficie disponible ha alimentado un discurso que presenta al país como el futuro gran exportador energético de Europa. A primera vista, la idea resulta seductora, España produciría el gas de forma competitiva gracias a nuestras renovables y lo exportaría para descarbonizar la industria europea. Sin embargo, convertirnos en el surtidor de hidrógeno del continente podría ser un gran error estratégico.

Las energías renovables poseen una limitación característica, su intermitencia. Dependen de las condiciones meteorológicas y, por tanto, no siempre generan electricidad cuando la demanda lo requiere. En España, especialmente durante la primavera y el verano, la producción fotovoltaica supera con frecuencia el consumo. En esas horas, el precio de la electricidad puede llegar a ser nulo e incluso negativo, una señal de que parte de la energía disponible no encuentra demanda suficiente y termina desaprovechándose. Es precisamente en ese punto donde el hidrógeno adquiere un enorme valor estratégico.

La electrólisis permite transformar ese excedente eléctrico en hidrógeno y almacenarlo para utilizarlo posteriormente, cuando la demanda aumente o cuando la generación renovable disminuya. Concebido de esta forma, el hidrógeno deja de ser un simple combustible para convertirse en el gran sistema de almacenamiento energético del país. Una red nacional que integre producción, almacenamiento y distribución permitiría aprovechar mejor nuestros recursos renovables, reducir la dependencia del gas natural y ofrecer a hogares e industrias un suministro más estable y competitivo.

Sin embargo, existe una dimensión que rara vez ocupa un lugar central en el debate: el agua. La electrólisis consiste en romper las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno mediante electricidad. Si España aspira a desarrollar una producción masiva de hidrógeno, el consumo de recursos hídricos debe necesariamente planificarse. Esta cuestión es especialmente sensible porque los mayores excedentes de electricidad renovable coinciden con los meses de verano, precisamente cuando el estrés hídrico alcanza sus niveles más elevados.

Desde esta perspectiva, exportar hidrógeno no supone únicamente vender energía, también implica destinar recursos hídricos nacionales al desarrollo industrial de otros países. La producción de un kilogramo de hidrógeno requiere aproximadamente nueve litros de agua, que al consumirse se recuperan. De modo que una estrategia basada en la exportación equivaldría a transferir indirectamente un recurso cada vez más escaso en buena parte del territorio español.

España no debe aspirar a convertirse en el surtidor energético de Europa, sino en el país donde la industria europea decida instalarse gracias a una energía abundante, competitiva y descarbonizada

Por ello, la estrategia nacional sobre el hidrógeno debería orientarse prioritariamente hacia el desarrollo de nuestra propia economía. La historia demuestra que las naciones más prósperas no son aquellas que exportan sus materias primas, sino las que las transforman en industria, innovación y empleo. España no debe aspirar a convertirse en el surtidor energético de Europa, sino en el país donde la industria europea decida instalarse gracias a una energía abundante, competitiva y descarbonizada. Esa es la verdadera oportunidad que ofrece el hidrógeno y la decisión estratégica que marcará nuestra posición económica durante las próximas décadas.