Hubo un tiempo en el que las guerras comerciales eran la excepción y las reglas la norma. Hoy empieza a ocurrir exactamente lo contrario. Las reglas se han convertido en una excepción administrada por quien dispone del poder suficiente para incumplirlas. Los aranceles han dejado de ser únicamente un instrumento económico para convertirse en una herramienta de política exterior.

Ese es el verdadero significado de la última decisión de Donald Trump.

Sería un error interpretarla como un episodio más del viejo debate entre proteccionismo y libre comercio. Lo que estamos presenciando es un cambio de naturaleza del poder. El comercio internacional ya no se utiliza solo para intercambiar bienes o generar prosperidad compartida. Se emplea para disciplinar aliados, castigar competidores, condicionar decisiones regulatorias y proyectar influencia geopolítica. En el siglo XXI, el acceso al mercado se ha convertido en una forma de soberanía.

Trump ha comprendido algo que Europa todavía parece resistirse a aceptar: el mayor mercado del mundo también es un arma.

Durante tres décadas dimos por sentado que la globalización reduciría el peso de la geografía. Nos equivocamos. La geografía nunca desapareció; simplemente dejó de verse. Hoy regresa con toda su fuerza. El Ártico porque el deshielo abre rutas marítimas y revela minerales críticos. Taiwán porque concentra la fabricación de los semiconductores más avanzados del planeta. El estrecho de Ormuz porque sigue siendo una arteria energética indispensable. Y el mercado estadounidense porque continúa siendo el mayor espacio de consumo del mundo.

La geografía ha vuelto convertida en geoeconomía.

No es casualidad que la Administración Trump haya reconstruido jurídicamente su política arancelaria apenas unos meses después de que el Tribunal Supremo anulara el esquema anterior. Ha cambiado la cobertura legal, pero no el objetivo político. La nueva arquitectura, basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, impone gravámenes del 10 % y del 12,5 % sobre importaciones procedentes de decenas de economías y alcanza, con distintas excepciones, al 99,4 % de las importaciones estadounidenses. El arancel medio efectivo de Estados Unidos ronda ya el 10,8 %, el nivel más elevado desde hace décadas.

Formalmente, Washington justifica estas medidas por la insuficiente lucha de otros países contra el trabajo forzoso. Nadie discute que el trabajo esclavo deba combatirse. Pero si ese fuera realmente el objetivo, la respuesta lógica sería reforzar la trazabilidad, prohibir productos concretos, sancionar empresas y perseguir cadenas de suministro contaminadas. Aplicar un arancel prácticamente universal se parece tanto a combatir el trabajo forzoso como cerrar todos los bancos para acabar con el fraude fiscal. Cuando una herramienta sirve para todo, normalmente es porque su verdadero propósito es otro.

Ese propósito es político.

Hace más de ochenta años, Albert O. Hirschman advirtió de que el comercio podía convertirse en una relación de dependencia política. Durante décadas aquella intuición quedó eclipsada por la expansión de la globalización y por la convicción de que la interdependencia económica haría el mundo más estable. Hoy recupera una actualidad extraordinaria. Washington ya no utiliza únicamente su superioridad militar o financiera para defender sus intereses. Utiliza también el acceso a su mercado. Los aranceles sirven para discutir impuestos digitales, regulación tecnológica, política industrial, inversiones estratégicas o incluso decisiones judiciales. El comercio deja de ser un espacio de cooperación para convertirse en un mecanismo de coerción.

Los economistas describen este fenómeno mediante elasticidades, cadenas de suministro y ventajas comparativas. Los ciudadanos lo perciben de otra manera. Una decisión tomada en un despacho de la Casa Blanca termina reflejándose en el precio de una lavadora en Ohio, en el coste de un medicamento en Milán o en la cuenta de resultados de una fábrica de componentes en Zaragoza. La geopolítica siempre acaba llegando a la cocina.

Y la realidad es mucho menos épica que el discurso político. Los estudios de la Reserva Federal de Nueva York muestran que entre el 90 % y el 94 % del coste de los aranceles termina siendo soportado por empresas y consumidores estadounidenses. Los aranceles no los pagan los exportadores extranjeros; los pagan, sobre todo, quienes compran, producen e invierten dentro de Estados Unidos. El relato promete que la factura llegará desde fuera. La economía demuestra que acaba llegando al supermercado.

Eso no significa que la estrategia carezca de eficacia política. Al contrario. Trump ha conseguido desplazar el centro del debate. Hace apenas unos años la discusión era si Estados Unidos debía levantar un muro comercial. Hoy la discusión consiste únicamente en decidir cuál debe ser su altura. Su mayor victoria no es económica. Es política y cultural. Ha convertido un arancel generalizado en la nueva normalidad.

Sin embargo, los resultados económicos son mucho más discutibles. El Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración del comercio mundial respecto a los ritmos de crecimiento registrados en los últimos años. La Organización Mundial del Comercio calcula que unos 240.000 millones de dólares de intercambios industriales ya se encuentran afectados por nuevas medidas arancelarias. La OCDE insiste en que el mayor coste no reside solo en el incremento de precios, sino en la incertidumbre permanente que paraliza inversiones, fragmenta cadenas de suministro y obliga a las empresas a sustituir criterios de eficiencia por criterios de riesgo político.

La incertidumbre también es un impuesto.

Adam Tooze ha resumido este cambio con una idea tan sencilla como inquietante: Estados Unidos corre el riesgo de dejar de comportarse como el garante del sistema económico internacional para actuar como quien utiliza ese sistema para extraer concesiones. Es una transformación silenciosa, pero profundamente estructural. La fortaleza del mercado estadounidense deja de ser un bien público para convertirse en un instrumento de negociación permanente.

Europa observa este proceso desde una posición incómoda. En términos relativos ha evitado el peor escenario. El acuerdo comercial con Estados Unidos limita el impacto inmediato de los nuevos aranceles y fija un techo del 15% para buena parte de las exportaciones europeas. Esa estabilidad tiene un valor económico evidente. Evitar una guerra comercial abierta era una obligación política.

Pero conviene no confundir estabilidad con equilibrio.

Europa cree haber comprado certidumbre. Quizá solo haya alquilado tiempo.

Mientras la Unión Europea ha eliminado los aranceles sobre buena parte de los bienes industriales estadounidenses, Washington mantiene un gravamen general sobre las exportaciones europeas y continúa amenazando con nuevas represalias si Bruselas regula las grandes plataformas digitales, aplica su legislación de competencia o mantiene los impuestos sobre los servicios digitales. La relación empieza a adquirir una preocupante asimetría: Europa garantiza acceso; Estados Unidos administra excepciones.

Ese es el verdadero riesgo. No que exista un arancel del 15 %. Sino que ese 15 % deje de ser un límite para convertirse en el punto de partida de la siguiente negociación.

Hay otro dato que invita a la prudencia. Pese a toda la retórica sobre la reindustrialización, distintos análisis muestran que la recuperación del empleo manufacturero estadounidense dista mucho de justificar el coste económico de una protección permanente. Proteger una industria puede darle tiempo para modernizarse. Protegerla indefinidamente rara vez la hace más competitiva.

Durante décadas Estados Unidos construyó su liderazgo ofreciendo reglas, instituciones y previsibilidad. Ese fue el verdadero activo del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy parece confiar cada vez más en otra lógica: utilizar el tamaño de su mercado para condicionar las decisiones soberanas de los demás.

Europa no debe responder imitando ese modelo. Una guerra arancelaria permanente empobrecería a ambas orillas del Atlántico y aceleraría la fragmentación de la economía mundial. Pero tampoco puede aceptar que su política industrial, su regulación tecnológica o su fiscalidad dependan de la amenaza constante de represalias comerciales.

La autonomía estratégica no consiste en alejarse de Estados Unidos. Consiste en poder cooperar con Estados Unidos sin depender de su benevolencia.

Eso exige una política industrial capaz de reducir dependencias críticas; una política comercial orientada a diversificar mercados; un mercado interior verdaderamente integrado; y la disposición a utilizar, cuando sea necesario, el Instrumento Anti-Coerción de la Unión Europea. No para alimentar una lógica de confrontación, sino precisamente para impedir que la coerción resulte rentable.

Porque la gran cuestión de nuestro tiempo ya no es cuánto comercio soporta la geopolítica.

La verdadera pregunta es cuánta geopolítica puede soportar el comercio antes de dejar de ser comercio y convertirse simplemente en otra forma de ejercer el poder.

La respuesta a esa pregunta determinará no solo el futuro de la economía mundial. Determinará también si el siglo XXI estará gobernado por reglas compartidas o por la capacidad de las grandes potencias para convertir su mercado en un instrumento de presión política.

Y esa, mucho más que el porcentaje de un arancel, es la discusión que Europa no puede permitirse perder.