La tremenda capacidad que han desarrollado los senadores del partido Republicano para tragar sapos (de un tamaño que ya se aproxima al de las ovejas churras) por miedo a llevarle la contraria al señor de la oscuridad de Mordor-A-Lago quedó reflejada de nuevo el sábado de la semana pasada cuando, a escondidas, con nocturnidad y alevosía, votaron a favor de confirmar a Todd Blanche, el infame abogado personal de Donald Trump, como fiscal general.

La votación se produjo pasados 17 minutos de las 4 de la madrugada, mientras todo el país roncaba a compás y, para cuando los estadounidenses saltaron de la cama (temprano, prontito, como las gallinas, porque en Estados Unidos la gente cree a ciencia cierta que a quien no madruga no le ayuda aquí ni Dios), sus señorías habían partido ya de vacaciones.

Cinco semanitas, cinco, de veraneo con paga incluida (algo inédito para la mayoría de los estadounidenses) en las que van a poner tierra de por medio a sus votaciones y, luego ya, para cuando les toque volver al cole, otro tema habrá ocupado la atención mediática. Pero la confirmación de Blanche como fiscal general de Estados Unidos resulta demasiado grave para acatarla sin indignación.

Blanche viene a sustituir el hueco provocado por la caída en desgracia de su predecesora en el cargo, Pamela Jo Bondi, nombrada por Trump fiscal general en febrero de 2025 como premio por haber ejercido con éxito la defensa durante su primer impeachment (proceso de destitución del presidente en las cortes) pero despedida fulminantemente en abril del 26.

A juzgar por cómo se desarrollaron los acontecimientos con Pam Bondi al frente del Ministerio de Justicia (en Estados Unidos la cartera de justicia y la fiscalía general recaen en la misma persona), Trump debió de formularle a su ministra dos peticiones muy concretas. Una: encontrar cualquier excusa legal para perseguir a quienes le habían obligado a ocupar delante de un juez el banquillo de los acusados. Dos: ocultar al Capitolio cualquier documento que pudieran vincularle con Jeffrey Epstein o con su trama de tráfico sexual de menores. Bondi intentó cumplir el primero de los encargos inculpando a Letitia James (la fiscal general de Nueva York que investigó y llevó a juicio civil a Trump por fraude) y a James Comey (exdirector del FBI que lideró las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y denunció públicamente la falta de ética del presidente), pero ninguno de los procesos prosperó por falta de pruebas sólidas o de sustento jurídico de los cargos presentados. Trump no se sintió demasiado feliz por ello, calificó la desestimación de las pruebas como un simple “tecnicismo legal” y presionó a Bondi en las redes para que fuese más agresiva pusiera toda la carne en el asador de una apelación que probase de forma contundente que Laetitia James y James Comey seguían siendo “culpables”: “No podemos retrasarlo más, está matando nuestra reputación. ¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA AHORA!!!”.

Sin embargo, y a pesar del rapapolvo, el verdadero problema para la fiscal general empezó a surgir cuando dio síntomas de flaquear en el segundo encargo. En marzo de este año, después de que Bondi se limitara a entregar al Congreso y Senado documentos desclasificados de la trama Epstein en los que se habían tachado los nombres de múltiples sospechosos al tiempo que se dejaban expuestas las identidades de algunas de las víctimas, la casa de representantes emitió una orden de comparecencia que obligaba a Bondi a dar cuentas al congreso, bajo juramento, sobre la presunta ocultación de información en los papeles de Epstein.

La presión llegaba desde tres altos cargos de su partido, el Republicano: la diputada de Georgia Marjorie Taylor Green, el diputado de Kentucky Thomas Massie y el senador de Misuri Eric Smith. Los tres eligieron ponerse del lado de las víctimas y exigieron a la fiscal general que cumpliese la promesa electoral hecha por Donald Trump de desclalificar todos y cada uno de los documentos de la trama. Prometer hasta meter puesto que, en abril, para evitar a toda costa que el testimonio de Bondi se produjese, Trump la destituyó de forma tajante. En redes le agradeció los servicios prestados, en la vida real la arrojó al mismo contenedor de usar y tirar al que previamente había botado a otros leales destronados como el vicepresidente Mike Pence, la embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley o la Barbie policía Kristi Noem.

Caída la fiscal, ding dong the witch is dead, el munchkin llamado a sustituirla fue su segundo de a bordo, Todd Blanche, que había ascendido hasta el número dos del ministerio de Justicia en reconocimiento a su trabajo como abogado personal del ciudadano Trump. Fue Todd quien llevó a cabo la defensa de Donald en el juicio por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. El objetivo era que Stormy no revelase a los medios la relación extramatrimonial que el candidato a presidente en 2016 había mantenido con ella mientras su tercera esposa, Melania, le aguardaba en casa con el bebé Baron en sus brazos. Blanche era también el hombre que Bondi había insinuado en el senado que estaba detrás de las tachaduras del informe Epstein. Lo cierto es que, cuando menos, sobre Blanche se cernían serias sospechas de haberse encargado de comprar el silencio de Ghislaine Maxwell, compañera sentimental de Jeffrey Epstein. Condenada a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad con la intención de prostituirlas con personajes ricos y famosos, la Maxwell había solicitado un indulto presidencial. Trump envió a Blanche, en julio de 2025, a entrevistarse con ella.

Ghislaine estaba entonces detenida en la prisión federal de Tallahassee, Florida. La sacaron de la cárcel, la condujeron a los juzgados y, tras una conversación a puerta cerrada, el fiscal general adjunto ofreció a la prensa la transcripción de algunos fragmentos de la conversación, grabada por él mismo, en los que Maxwell exculpaba a Trump de cualquier delito relacionado con la trama. A cambio, Ghislaine, a quien Trump dijo que le deseaba “lo mejor”, fue trasladada a un centro de mínima seguridad en Byran, Texas, donde le conceden tiempo libre para ir al gimnasio y puede elegir menú a la carta cada día.

Con aquella maniobra, Todd Blanche probó mantener una lealtad al presidente que superaba límites “nunca vistos con anterioridad” y se convirtió en el consigliere personal de Donald Trump. Aun así, arrojada Bondi al cubo de los desperdicios, Trump le hizo pasar a su abogado una nueva prueba de fuego antes de proponer su candidatura a regir la fiscalía general del estado: que le consiguiese inmunidad fiscal permanente. Dicho y hecho: en calidad de ministro de Justicia interino, en mayo de 2026 Blanche se sacó de la manga un decreto que prohibía de forma permanente al ministerio de Hacienda (IRS) inspeccionar o auditar cualquier declaración de la renta de Donald J. Trump o de los miembros de su familia.

Además, haciendo gala de un fervoroso deseo de mostrar su lealtad sin condiciones, Blanche se atrevió a ir mucho más lejos. El mismo día anunció que, como paquete regalo del decreto de inmunidad fiscal, se ordenaba la creación de un fondo de dinero público por valor de 1.776 millones (nótese la connotación patriotera de la cifra que coincide con el año en que las 13 colonias declararon su independencia) para compensar a los aliados de Trump que hubiesen resultado perjudicados durante el gobierno de Biden (incluidos, por supuesto, los golpistas que asaltaron con violencia el Congreso en enero de 2021 previamente indultados por Trump).

Pasada la prueba del algodón, en junio Trump movió ficha y propuso a su alfil como candidato a fiscal general. Correspondía al senado confirmar aquella nominación. Otro sapo a tragar por los senadores Republicanos, sabedores de que las credenciales de Blanche no resultan medidas fáciles de justificar ante unos electores que, en menos de noventa días, tienen que decidir si les “votan” o les “botan” en las elecciones de medio mandato. Por tanto, no fue de extrañar que enseguida surgieran algunas voces de alarma dentro del partido. Las primeras fueron las de las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska quienes, una vez más, mostraron que las mujeres con cargos públicos son las que se enfrentan a Donald Trump con más agallas. Luego las secundaron dos caballeros: un senador de Texas, John Corny, y uno de Carolina del Norte, Thom Tillis. Ambos expresaron su negativa a aceptar como fiscal a un tipo dispuesto a dotarle de inmunidad fiscal al presidente y de crear un fondo con dinero público para pagar a golpistas. Pero, ay, amigo, en cuanto Blanche se avino por escrito (ya veremos lo que dura la tinta en el papel) a renunciar a la creación del fondo, los senadores se olvidaron de Epstein y de la inmunidad fiscal y prometieron votar a su favor. A Todd le salían los números para ser elegido: yahoo! (que viene a sustituir en inglés al ¡yupi! español de toda la vida) Pero hete aquí que alzó la voz el senador Bill Cassidy, interpretando el papel de llanero solitario de Luisiana. “Quietos, paraos”, vino a decir el Republicano, pregonando a los cuatro vientos que la inmunidad fiscal para los Trump resultaba “totalmente” indefendible. Sin el apoyo de Cassidy, Blanche se quedaba a un voto de proclamarse vencedor. El viernes 7 de agosto, día anunciado para la votación, muchos nos fuimos a la cama con cierto alivio.

Pero ocurrió un milagro y, en la madrugada del sábado 8, mientras dormíamos, Cassidy cambió de opinión. Se debió de prender una zarza o alguien le puso un llama-cuelga al móvil, pero el caso es que cambió del “Nay” al “Yea” basándose en este sorprendente razonamiento: ratificado como fiscal general, Blanche gozaría de mayor independencia en sus decisiones que si permanecía de aspirante al cargo pendiente de agradar a la Casa Blanca. Chúpate esa. Aparte de los 47 votos negativos de la bancada Demócrata, al final en las filas Republicanas solo aguantaron firmes Susan Collins y Lisa Murkowski; así que, a las 04:17 de la mañana del 8 de agosto, tras conseguir 50 votos favorables en el senado, Todd Wallace Blanche se convirtió en el nuevo fiscal general de Estados Unidos y la oficina encargada de defender el estado de derecho pasaba a convertirse en el bufete privado del abogado de Donald Trump.

A partir de ahora, como en el chiste en que un grupo le cantaba “Feliz en tu día” a una anciana moribunda y, llegado el verso final (“y que cumplas muchos más”), se veían obligados a mirar al suelo y a cambiar la letra por un “lala, lala, lalalá”, los 50 senadores que han hecho posible el ascenso de Blanche a la cúspide de la justicia estadounidense, cada vez que escuchen al final de su himno nacional la frase que se refiere a Estados Unidos como la “casa de los valientes” (home of the brave) van a tener que apretar mucho los labios y mirar con disimulo hacia el techo.

El pasado viernes 31 de julio la fiscalía general del estado decidió retirar en Washington los cargos imputados a David Hearn, canoísta olímpico a quien apenas un mes antes había señalado como el causante de “daños irreversibles” en el célebre estanque reflectante del National Mall.

Donald Trump, ocupado como siempre en asuntos de fácil repercusión mediática de los que poder extraer inmerecidos reconocimientos, se encargó en abril de saciar su ego aireando otra genial iniciativa: iba a adecentar el célebre estanque situado entre el obelisco dedicado a Washington y el memorial de Lincoln que, según el aspirante a emperador, presentaba un aspecto vergonzoso.

No le gustaba el suelo de cemento concebido en 1923 por el arquitecto Henry Bacon para que pasara desapercibido y ayudase a convertir al agua en un espejo en el que los paseantes pudieran admirar reflejados los monumentos de la explanada. El gris le pareció a Donald que daba impresión de sucio e inacabado y anunció a bombo y platillo que, perdónemese el anglicismo, se proponía beautificarlo. O sea, darle una mano de pintura plástica azul para dejarlo tan reluciente como la piscina de Mar-A-Lago.

Para ello, primero subió a redes una imagen generada por inteligencia artificial en la que se veía a los ex presidentes Obama y Biden metidos en bañador en un estanque que más bien parecía un estercolero por la cantidad de basura que flotaba en sus aguas. Ya tenía la prueba manifiesta de la ruina en que sus predecesores habían convertido al patrimonio nacional y la razón para actuar.

El segundo paso consistió en vanagloriarse de ser el mejor constructor del mundo (ya ves tú, un tipo conocido por su amplia experiencia en arruinar familias y empresas asociadas al gremio) y fanfarronear con la promesa de que iba a realizar el proyecto “más barato y más rápido de lo que nadie nunca haya podido imaginar” para llegar a tiempo a los festejos del 4 de julio. La realidad sería muy distinta.

Lejos de no interesarse por la restauración del patrimonio, Biden había solicitado un propuesto para reparar el estanque antes de perder las elecciones en 2024. No se trataba de sellarlo en pintura plástica sino de reparar las grietas que provocan constantes fugas de agua debido a que fue construido sobre una capa de lodo blando ganada al río Potomac. Desde el día de su inauguración, el suelo tiende a hundirse y las losas de cemento se resquebrajan. Parques y Jardines estimó la necesaria puesta a punto en 1,7 millones de dólares.

En mayo, saltándose una consulta al Congreso obligada por tratarse de un monumento histórico, el mismo Trump que ya le había dado al elegante despacho oval de la Casa Blanca un aspecto de restaurante tailandés, decidió por su cuenta y riesgo sellar el estanque con pintura plástica. El presupuesto subió a 14 millones y la contrata fue a parar, sin concurso público de por medio, a Atlantic Industrial Coatings (AIC), una empresa que había realizado trabajos en un club de golf de Trump en Virginia. Los técnicos advirtieron que pintar el suelo de azul subiría la temperatura del agua considerablemente y favorecería el crecimiento de algas, pero ni caso.

El 4 de junio Trump anunció que la Big Beautiful Reflecting Pool estaba lista con una frase triunfal en su red que decía: “Thank you President Trump”. La foto del célebre estanque convertido en un pilón azul no reflectante dio la vuelta al mundo. Pero, a los pocos días, el agua empezó a marearse y se puso verde. Pasada una semana las algas se habían concentrado de tal manera en su superficie que recordaban a la costra de unos macarrones gratinados. La verdura ocupaba casi toda la superficie.

Para ahuyentar los incontrolables rumores de fracaso que apuntaban con el dedo hacia la Casa Blanca, el ministro del Interior habló de un fallo técnico en el sistema de filtrado y de “algas residuales” con tendencias la desaparición. Cosa de poca importancia, como lo fue para el ministro español Sancho Rof en su momento el bichito de la colza. Ahora, mientras y de tapadillo, los empleados empezaron a arrojar agua oxigenada a mansalva. Peróxido de hidrógeno, cuya presencia en el agua no solamente no consiguió el propósito de eliminar las algas, sino que, además, actuó como decapante de la pintura plástica que había sido aplicada mal y a toda prisa en el fondo. En horas, entre la masa verde empezaron a aflorar las ronchas azules del revestimiento plástico que se iba desprendiendo del fondo. Aquello dio mucho que hablar.

Prensa, influencers y manadas de curiosos se acercaron a Washington DC en romería para documentar el fenómeno paranormal. Vídeos y fotos inundaron las redes. Los late night no daban a basto con tanto chiste. A Donald Trump comenzó a hervirle la sangre. Para cuando el canoísta olímpico David Hearn se bajó de su bicicleta, se agachó junto a la orilla del estanque y cogió una roncha de pintura para contemplar el desaguisado, el emperador ya había dado órdenes a sus acólitos de buscar un chivo expiatorio que le librase de tantas burlas.

En Hearn, sorprendido el 19 de junio por la policía “con un trozo de pintura arrancado al estanque entre sus manos”, Trump encontró un culpable para lavar su fracaso: “Radicales de izquierda, lunáticos, seguramente democratontos que han dedicado su vida a intentar arruinar nuestro país”.

Hearn fue esposado y conducido a comisaría. Arrestado, interrogado por cinco horas e imputado por causar daños al patrimonio nacional valorados en más de 1.000 dólares (la cantidad mínima necesaria para poder meter a un pobre desgraciado entre rejas 10 años y hacer con ello ruido mediático).

Trump acusó públicamente a Hearn de terrorismo y, una vez más, consiguió convencer a los MAGA de que él, en lugar de ser el culpable, era una víctima inocente. El ministro del Interior, Doug Burgum, apareció en CNN para asegurar que los contratistas no tenía “nada que ver con el problema”. Se trataba de puro y duro “vandalismo”.

El 2 de julio Trump lanzó a Jeanine Pirro, la fiscal federal del distrito de Columbia al que pertenece la capital del estado, a expandir el bulo. Pirro, leal al presidente que la puso en el cargo, compareció ante los medios para asegurar que tenía pruebas más que suficientes para inculpar a Hearn por un delito grave de destrucción de propiedad. Aseguró que los empleados del parque le habían observado arrancar “de manera enérgica y violenta” el revestimiento del fondo de la Reflecting Pool y presentó el caso como un claro acto de vandalismo.

Para muchos observadores, sin embargo, la imputación no tenía ni pies ni cabeza. Como pronto demostraría una investigación del propio ministerio del Interior, el deterioro del revestimiento no se debió a actos vandálicos, ni de Hearn ni de nadie, sino a la reparación chapucera, defectuosa y apresurada que llevó a cabo la empresa contratada por Trump para renovar el estanque. Así que el pasado 31 de julio, a la chita callando, la fiscalía general del estado no tuvo más remedio que reconocer que sus cargos carecían de fundamento y retirarlos. ¿Final feliz? Ni mucho menos.

Sobre el canoísta estadounidense pesarán para siempre las dudas sembradas por las falsas acusaciones de terrorista, woke, comunista, antifa y enemigo de Estados Unidos vertidas por el presidente de su gobierno y amplificadas por los altavoces de Fox News y de otras oficinas de propaganda de la extrema derecha. Ocurrirá como en la antigua enseñanza atribuida al rabino Baal Shem Tov que la cantante Madonna recogió en un libro infantil. En aquella historia, el señor Peabody le pide a un niño que rompa una almohada de plumas y deje que el viento las esparza. Después le dice que las recoja todas. Cuando el niño responde que es imposible, el señor Peabody le explica que los rumores y las palabras dañinas son igual que esas plumas: una vez que se han dispersado, no se puede deshacer el daño causado.

A ello va a contribuir el hecho de que Trump, antes muerto que sencillo, nunca va a reconocer su error. Muy al contrario, ya ha decidido redoblar su apuesta y arrojar a su fiscal Jeanine Pirro a los pies de los caballos (o “debajo del autobús”, que es como lo expresan por estos pagos en los que nadie usa las piernas y todo el mundo conduce). Trump acusa de traición a Pirro por abandonar su línea editorial y negarse a reconocer que la ejecución de la obra del estanque fue perfecta y que se encuentra en un estado lamentable solo a causa de actos de vandalismo como el de Hearn. “Estoy 100% en desacuerdo con Jeanine Pirro”, ha escrito en redes el tirano. “No sé en qué diantres debía de estar pensando (esa mujer)”.

Todo ello, una perfecta metáfora de cómo funciona la corrupta administración Trump. Como la mafia, crea un problema que no existe (el estanque está gris por descuido de Obama) y te ofrece al mismo tiempo la solución (hay que pintarlo de azul). En la operación, curiosamente, varios millones terminan siempre en manos amigas de Trump. Si alguien denuncia el pastel, se niega todo en Fox News y santas pascuas. Luego se acusa de traidor al mensajero y se le arroja toda la maquinaria judicial del gobierno sin importarle si por ello se le destroza la vida a un inocente (el canoísta). Al final la cosa queda peor que estaba (las algas) pero Trump ha hecho caja por el camino, que es de lo que se trataba.

Encima, el ego de Donald sale beneficiado, pues los pelotas con los que ha formado el gobierno se encargan de alabarle sus mentiras esperando recibir favores a cambio. A pesar de las evidencias, el ministro del interior seguirá diciéndole a Trump que ha sido una genialidad pintar el estanque en el tono azul de la bandera de Estados Unidos. Y Marco Rubio, ministro de Asuntos Exteriores, seguirá afirmando que no ha visto nunca al presidente dormirse en público. Y suma y sigue, porque si alguna persona fiel a Trump da marcha atrás y se arrepiente ante las evidencias (como la fiscal Pirro), simplemente se la sacrifica.

Ahora, contra todo pronóstico, quizás esta metáfora nos haya mostrado una vía de actuación esperanzadora para pararle los pies al tirano. En vista de que presionar con la verdad a Trump no funciona (pues ya vemos que por nada el monstruo se sonroja), deberíamos de concentrarnos en avergonzar a quienes lo secundan, puesto que la vergüenza, hasta en los pelotas más fieles, parece tener sus límites.