Hay algo revelador en el hecho de que el Día Internacional de la Juventud se celebre el 12 de agosto. La fecha, fijada a iniciativa de la Conferencia Mundial de Ministros responsables de Juventud y posteriormente asumida por Naciones Unidas, coincide con un momento del año en el que buena parte de Europa ha suspendido el debate público y la atención política se encuentra en mínimos. No deja de ser una metáfora elocuente del lugar que ocupa la juventud en nuestras democracias: suficientemente relevante como para merecer una efeméride, aunque rara vez lo bastante importante como para alterar las prioridades del debate público.

Tampoco deja de resultar significativo que la conmemoración no remita a ninguna conquista histórica protagonizada por personas jóvenes. No recuerda una huelga, una revuelta democrática, una ampliación de derechos o una movilización. Su origen es estrictamente institucional. Como si la juventud hubiera irrumpido en la agenda pública antes como objeto de políticas que como sujeto de transformación.

Esa paradoja explica, en parte, por qué seguimos preguntándonos qué hacer con la juventud, en lugar de preguntarnos qué nos dice la juventud sobre el estado de nuestra sociedad. Las personas jóvenes han sido históricamente motor de los grandes avances de nuestro país. Sin embargo, el imaginario colectivo continúa describiéndonos con una mezcla de desconfianza y paternalismo, como si cada generación estuviera siempre a punto de abdicar de sus responsabilidades cívicas.

Por eso creo que conviene desconfiar de esa clase de categorías. Los términos generacionales sirven para describir fenómenos históricos concretos, no para atribuir rasgos morales permanentes ni para funcionar como una suerte de horóscopo desde el que anticipar comportamientos políticos o sociales. Cuando convertimos una categoría analítica en una identidad, dejamos de explicar la realidad para empezar a simplificarla, o aún peor, utilizamos la categoría “juventud” para suavizar una anomalía social.

En el sindicato lo comprobamos cada día. Vemos a personas que trabajan, producen riqueza, sostienen sectores enteros de la economía y cotizan con normalidad, pero que siguen sin poder desarrollar un proyecto de vida autónomo. Hablamos, en definitiva, de una generación de adultos a la que seguimos llamando jóvenes.

Por eso, cuando vemos que la edad de emancipación en España es de 30,2 años es inevitable llegar a la conclusión de que hemos ampliado artificialmente el concepto de juventud para enmascarar el hecho de que hemos empobrecido la edad adulta. Y teniendo en cuenta que en nuestra sociedad adultocentrista todo lo que queda a los márgenes es susceptible de quedar excluido de derechos, estamos hablando de un asunto grave.

El hecho es que nuestra sociedad ha resuelto la contradicción material que sufren las personas jóvenes de una forma particularmente eficaz: ha adelantado las obligaciones de la edad adulta y ha pospuesto indefinidamente los derechos que tradicionalmente la acompañaban. Se trabaja como un adulto mucho antes de poder vivir como tal. Seguramente por eso necesitamos seguir llamando “jóvenes” a quienes hace tiempo dejaron de serlo: el lenguaje amortigua el escándalo que produciría reconocer que hemos normalizado una generación de adultos sin autonomía y empobrecidos.

Aún más, quizá el problema no sea solo que hayamos convertido a personas de 35 años en “jóvenes”. Quizá también hayamos asumido que mientras alguien siga siendo joven puede esperar. Puede cobrar menos. Puede encadenar contratos temporales. Puede compartir piso indefinidamente. Puede aplazar su vida. Como si la ciudadanía plena empezara a los treinta y tantos.

No deja de resultar revelador que la gravedad de la precariedad solo parezca hacerse inteligible cuando deja de poder adjetivarse como juvenil. Mientras afecta a personas jóvenes, se interpreta como una fase, una incomodidad transitoria, casi un rito de paso. Cuando descubrimos que esos jóvenes tienen treinta y cinco años, la anomalía adquiere de pronto espesor político. No porque la injusticia haya cambiado de naturaleza, sino porque nuestra idea de ciudadanía continúa organizada alrededor de una concepción profundamente jerárquica de la edad.

Desde el sindicalismo de clase sabemos que ningún derecho debe depender de la edad. La estabilidad laboral, la emancipación o la posibilidad de construir un proyecto de vida autónomo no son recompensas por cumplir años, sino expresiones concretas de la igualdad democrática. Quizá la mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Juventud sea dejar de convertir a la juventud en una categoría política permanente. El verdadero progreso llegará el día en que dejemos de utilizar esa palabra para nombrar aquello que, en realidad, no es otra cosa que el empobrecimiento de la ciudadanía adulta. El día en que juventud deje de ser una categoría que administre la espera y vuelva a nombrar una etapa vital plenamente compatible con la ciudadanía, la autonomía y los derechos.