Llevo algo más de 600 días como vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tomé posesión menos de un mes después de la devastación de la DANA de Valencia. Desde entonces hemos visto los veranos más cálidos de la serie histórica e intensas olas de calor que afectan especialmente a los más vulnerables. Hemos visto arder el noroeste peninsular en 2025, más de 350.000 hectáreas calcinadas. Hemos visto un invierno con un tren borrascas encadenadas en el suroeste que obligó a desalojar a miles de personas y dejó cauces, carreteras y otras infraestructuras destruidas. Y ahora, en 2026, volvemos a un verano durísimo en incendios: con víctimas mortales, todavía más hectáreas quemadas en junio y julio, y aún más cálido que el anterior. El más cálido desde que hay registros.

No es extraño que, en este contexto, haya dedicado una parte importante de estos 600 días a impulsar un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Un pacto para toda la sociedad. Un Pacto para la prevención, la emergencia y la recuperación.

Este Pacto nace de años de desastres sucesivos que nos han hecho sentirnos extremadamente vulnerables. Nace de una sociedad que no quiere solo preocuparse: quiere ocuparse, y quiere que los políticos nos ocupemos. Y nace de décadas de evidencia científica.

Por eso incorpora un diagnóstico: el primer análisis multicriterio a escala nacional de todos los riesgos e impactos del cambio climático y sus interrelaciones en los sectores económicos y ámbitos sociales y territoriales (agricultura, turismo, biodiversidad, medio forestal, ciudades, medio rural, salud, cohesión social, patrimonio…). Un diagnóstico que identifica los desafíos prioritarios y mide su urgencia a la hora de actuar.

Este Pacto comenzó siendo una iniciativa del Gobierno, pero hoy pertenece a la sociedad española. Las más de 3.800 aportaciones recibidas de 1.300 actores, con una participación destacada de la comunidad científica, ampliaron y mejoraron significativamente su contenido. Cada propuesta, cada observación y cada debate contribuyeron a enriquecer el texto. Porque escuchar no retrasa las soluciones: las hace más robustas, legítimas y eficaces. Y este Pacto es hoy mejor precisamente porque ha contado con la inteligencia colectiva de nuestro país.

A finales de julio lanzamos una invitación a sumarse al Pacto mediante un proceso de adhesiones.

Desde el 27 de julio, en apenas unos días, en pleno agosto, con España de vacaciones, casi 300 organizaciones que representan a millones de personas ya han dicho sí al Pacto: sindicatos, empresas y asociaciones empresariales, organizaciones del sector primario, asociaciones de mujeres rurales, entidades del tercer sector, organizaciones ecologistas, colegios profesionales, universidades y centros de investigación, servicios de emergencias, el Consejo de la Juventud, diputaciones, ayuntamientos. Esto es solo el principio. Estoy convencida de que se sumarán muchas más tras el periodo estival.

Y, sin embargo, para algunos ahora no toca. Nos piden que hablemos solo de incendios. Los incendios merecen toda nuestra atención. Pero también tenemos que responder el día en que lo que llegue no sea una llama, sino una riada o una sequía severa.

Este enfoque transversal no es una cuestión ideológica, sino pragmática. Porque hacer frente a la emergencia climática exige actuar sobre sus causas y sus consecuencias al mismo tiempo: reforzar el medio rural, mejorar los sistemas de prevención y alerta temprana, dimensionar adecuadamente los servicios de emergencia, proteger la biodiversidad y acelerar las medidas de adaptación. No son objetivos aislados, sino piezas de una misma estrategia para construir territorios más seguros, resilientes y preparados ante los riesgos que ya estamos afrontando.

Ser más ambiciosos no nos hace menos concretos. También en la lucha contra los incendios forestales. Al contrario, el Pacto mira al futuro y apuesta por una gestión forestal adaptada al siglo XXI: quemas prescritas, uso estratégico del fuego de baja intensidad, recuperación del pastoreo y la ganadería extensiva, impulso a la biomasa térmica, construcción en madera, compensación de los servicios ambientales, paisajes ordenados y reforestaciones más resilientes. Todo ello en un medio rural con más actividad, mejor acceso a los servicios y nuevas posibilidades para atraer y fijar población.

No son ocurrencias ni recetas improvisadas. Estas medidas, junto con otras muchas, fueron recogidas el pasado otoño tras un amplio proceso de escucha a técnicos, científicos y profesionales que llevan años defendiendo su eficacia frente a un riesgo cada vez mayor.

¿Necesitan las propuestas mayor nivel de detalle? Por supuesto. Algunas ya las hemos desarrollado en profundidad: dos reales decretos para una mejor planificación y coordinación en incendios, una propuesta para reducir la edificación en zonas inundables, una red de refugios climáticos, una nueva Estrategia Nacional para la equidad territorial y el reto demográfico, la actualización de las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil frente a fenómenos meteorológicos adversos y el nuevo Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, recién publicado.

Seguimos trabajando. Pero necesitamos el talento y la implicación de todos, de la sociedad civil, de las fuerzas parlamentarias y de las administraciones competentes.

Un acuerdo diseñado para el consenso, con vocación de permanencia y con la ciencia como base. Porque todos los eventos que hemos sufrido son multifactoriales, pero todos encuentran en el cambio climático su agravante. ¿Cómo es posible que, en pleno segundo cuarto del siglo XXI, todavía haya quien quiera negar o minimizar este hecho?

En el verano de 1979, un grupo de científicos de la atmósfera y los océanos se reunió en Massachusetts para evaluar el impacto que tendría el aumento de dióxido de carbono en el clima del planeta. Su conclusión fue inequívoca: el clima cambiaría como consecuencia de las crecientes concentraciones de CO₂ generadas por la actividad humana. Casi medio siglo después, la realidad se ha encargado de confirmar aquel diagnóstico con una precisión inquietante.

Desde entonces, miles de investigaciones y publicaciones han dado forma a la ciencia climática. Una ciencia que, a su vez, se sostiene sobre cimientos de la física y la química, algunas de cuyas leyes fundamentales tienen siglos de antigüedad. Una evidencia abrumadora que exige responsabilidad y acción.

Que algunos políticos sigan negando la emergencia climática no puede considerarse como una simple frivolidad. Su postura supone un rechazo frontal a la investigación científica, al pensamiento racional y a la obligación de fundamentar las decisiones públicas en la evidencia. No es una anécdota ni un detalle menor: es una puerta abierta a la irracionalidad que nunca deberíamos cruzar. Porque negar la realidad es desproteger a la ciudadanía, desinformar deliberadamente y contribuir a alimentar los incendios, las inundaciones y la devastación que hemos visto multiplicarse en estos más de 600 días.

La mayor parte de la sociedad española lo sabe. Quiere sumarse a las soluciones, nos pide acuerdos y nos pide rigor en la acción. No podemos fallarles.