El interés superior del menor exige proteger, no mirar hacia otro lado. Por eso quiero empezar este artículo sobre infancia desplazada con un poco de memoria y conciencia…

Antes de hablar de expedientes, contingencias o competencias institucionales, conviene recordar de quiénes estamos hablando. Son chicos y también chicas de 14, 15, 16 o 17 años, adolescentes que, si hubieran nacido en Bilbao, Barakaldo, Durango o Bermeo, vivirían en casa de sus padres o en entornos seguros, estudiando, compartiendo tardes y vacaciones con sus amistades o soñando con su futuro.

En definitiva, tratados con el marco de protección lógico, tratados como menores sobre quienes los adultos tomamos decisiones para su protección y para encaminarlos hacia la madurez. Porque, y debe recordarse, nuestras sociedades han retrasado los procesos de emancipación y maduración hasta los 25 años o incluso más.

Cuando tienen 17 años seguimos viendo a nuestros hijos e hijas como menores que necesitan protección, acompañamiento y oportunidades; creo que esto es un logro de nuestro Estado de Bienestar. Resulta difícil comprender que, por un lado, un adolescente, niño o niña nacido aquí nos inspire ternura y protección, mientras que otro de la misma edad, simplemente porque ha nacido al otro lado del Mediterráneo, sea percibido antes como un problema que como un niño.

Soy plenamente consciente del desafío y de la sensación de inseguridad cuando las calles rebosan jóvenes, adolescentes desarrapados que tratan de sobrevivir. Pero, como responsables institucionales pertenecientes a Estados de Bienestar de los que nos vanagloriamos, no podemos perder el foco de los derechos, los Derechos Humanos básicos y, sobre todo, en la infancia. Porque una sociedad que aspira a reducir las desigualdades, a garantizar la igualdad de oportunidades y a actuar desde los principios de equidad no puede permitirse dejar atrás a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad nos interpelan y tenemos que adoptar decisiones que moldearán la Bizkaia del futuro. Pocas decisiones nos definirán tanto como la manera en la que respondamos ante la infancia más vulnerable.

Euskadi debería ser especialmente cuidadosa cuando habla de infancia desplazada. Nuestra memoria colectiva está llena de niños y niñas que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar su vida. Miles de menores vascos fueron evacuados durante la Guerra Civil hacia Reino Unido, Francia, Bélgica, la Unión Soviética o México. Muchos salieron solos. Barcos repletos de menores que debían dejar su tierra para poder ser protegidos. Muchos fueron separados temporalmente de sus familias. Nadie habría defendido entonces que la mejor solución era devolverlos de manera inmediata a los lugares de los que huían. Lo que se entendió fue algo mucho más simple y mucho más humano: que primero había que protegerlos. Su seguridad estaba por encima de cualquier otra consideración. Esa misma lógica debería guiarnos hoy. No todas las huidas son iguales, pero todos los niños merecen la misma protección. Porque, si algo ha caracterizado históricamente a nuestra sociedad, ha sido precisamente su capacidad para responder desde la solidaridad y la protección cuando las circunstancias lo han exigido.

Algunas consideraciones sobre reagrupación familiar… Comparto absolutamente que la reunificación familiar es un objetivo deseable, sí, pero lo es siempre y cuando existan las garantías imprescindibles. Precisamente porque hablamos de menores, este mecanismo no puede convertirse en una respuesta automática. Hay que asegurarse de que detrás de esa reunificación existe un entorno seguro, protector y digno. Porque algunos de estos menores huyen de conflictos armados, otros de la pobreza extrema, otros de la violencia familiar, de la explotación, de matrimonios forzados, del abandono o de contextos donde simplemente no existen oportunidades de desarrollo.

Encontrar a su familia no siempre equivale a encontrar una solución. La verdadera pregunta es si esa solución protege efectivamente al menor. Y nuestro sistema de protección a la infancia se basa, precisamente, en este principio, proteger ante todo el interés superior del menor, aun cuando vaya en contra de los intereses de los adultos.

¿Puede una sociedad avanzada, moderna y que se enorgullece del respeto a los Derechos Humanos sostener la reagrupación familiar como principio único?

Siempre existen enormes dificultades para identificar y determinar con seguridad la situación familiar y el entorno del menor. De ahí que cuando intervenimos con menores nos agazapamos en instrumentos de valoración para tener la seguridad de que intervenimos bajo criterio profesional. ¿De verdad pensamos que es posible esto cuando son menores de otros países, con escaso o nulo Estado de Derecho y de bienestar? Precisamente por eso las respuestas simplistas rara vez funcionan. Estamos ante una realidad compleja que exige planificación, conocimiento técnico, coordinación institucional y una mirada a largo plazo.

Bizkaia Denontzat y el reto demográfico

Pero es que, además, este debate no puede desligarse de uno de los grandes desafíos estratégicos que afrontamos como sociedad y del que vengo hablando hace años: el reto demográfico.

El Plan de Mandato ‘Bizkaia Denontzat’de la Diputación Foral de Bizkaia identifica la situación demográfica actual como uno de los principales desafíos de futuro del Territorio y apuesta por una Bizkaia diversa, plural y abierta, que acoja con los brazos abiertos a cualquier persona que quiera contribuir a que sigamos avanzando. Además, define la Bizkaia del futuro como “el mejor lugar para vivir y trabajar”, un Territorio que pone a las personas en el centro y que “ofrece oportunidades a todas las personas”. Nuestro compromiso no es únicamente moral; es también una apuesta de futuro por una sociedad cohesionada, diversa, dinámica y capaz de sostener su bienestar colectivo.

Mercado laboral

La realidad económica demuestra además hasta qué punto la inmigración forma parte ya de la solución y no del problema. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social muestran un máximo histórico de 22,5 millones de cotizantes en España, tras incorporarse más de 41.700 nuevos afiliados en julio.

El sistema cuenta hoy con más de 3,5 millones de trabajadores extranjeros, que representan ya el 15,6% del total de personas afiliadas. Además, el proceso extraordinario de regularización, a estas alturas, ya ha incorporado a más de 262.000 personas a la Seguridad Social. Son hombres y mujeres que trabajan, cotizan, sostienen servicios públicos, contribuyen al sistema de pensiones y ayudan a mantener una economía que envejece aceleradamente. Ignorar esta realidad supone negar una evidencia económica incontestable.

Euskadi es una de las regiones más envejecidas de Europa. Cada año nacen menos niños, aumenta la edad media y se reduce el volumen de personas en edad de trabajar. El envejecimiento poblacional y el descenso de la natalidad nos obligan a atraer y retener de forma inteligente el talento que necesitamos para mantener una Euskadi y una Bizkaia competitivas. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de bienestar dependerá de nuestra capacidad para atraer, integrar y ofrecer oportunidades a nuevas generaciones. Por supuesto que nadie debe ser reducido a una cifra demográfica. Pero tampoco debemos ignorar que detrás de muchos de estos menores existe talento, capacidad de esfuerzo, ganas de construir un proyecto de vida y potencial para contribuir a la prosperidad colectiva de la sociedad que les acoge. Y quizá por eso se defiende una Bizkaia diversa en la que se reconocen las capacidades y potencialidades de todas las personas y se garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos y obligaciones.

Nuestra convicción es tan clara que en el Departamento que lidero desde 2015 hemos ido gestionando con inteligencia este talento y ganas de comerse el mundo de muchos de estos jóvenes. Cuando vimos la oportunidad de poder insertarles en el mercado laboral, hemos trabajado con una mirada muy abierta a este mercado laboral, alineándonos con las empresas que precisan mano de obra y quienes nos han indicado de qué formación práctica dotarles para que en un tiempo muy rápido estuvieran trabajando. Hoy, después de 5 años de funcionamiento de nuestro programa Gazte On, por el que ya han pasado más de 1.000 jóvenes extranjeros que en su día fueron menores no acompañados, podemos señalar que los primeros que pasaron por el programa están todos o casi todos insertados en el mercado laboral y algunos asumiendo ya funciones de responsabilidad en alguna empresa.

Hablamos de menores

Cuando hablamos de menores migrantes corremos el riesgo de olvidar algo esencial: antes que migrantes son menores. Antes que expedientes son niños y niñas. Antes que cifras son historias de vida. La obligación de una sociedad democrática no es preguntarse primero cómo repartirlos o cómo devolverlos. La primera obligación es preguntarse cómo protegerlos. Después vendrán las competencias, los procedimientos y los acuerdos administrativos.

También las propias comunidades autónomas en alianza con la correspondiente Delegación del Gobierno pueden establecer, en el plan de intervención con el menor, el trabajo necesario para valorar si puede procederse a una reagrupación familiar.

Pero si invertimos ese orden, corremos el riesgo de perder de vista lo más importante: que detrás de cada decisión hay un niño o una niña cuyo futuro depende de nosotros. Porque la forma en la que tratemos hoy a estos niños y niñas acabará definiendo, en buena medida, la sociedad que dejaremos a quienes vengan después. Y aunque yo me quedaría en esta frase como punto final, déjenme recordarles que también nuestro futuro depende de ellos y ellas.

Las sociedades occidentales tienen muchas dificultades para incrementar la natalidad de la población autóctona por muchas razones que darían para otro texto. Si queremos sostener nuestro bienestar, debemos asumir inexorablemente que está condicionado a las personas que vienen del extranjero, a las que, si somos inteligentes colectivamente, debemos estar destinando ya recursos acompañar e incluir (formación, educación, etc.) de forma que puedan incorporarse plenamente a la sociedad.

España está siendo un ejemplo de motor económico en Europa y su “milagro” está vinculado a la población migrada que se encuentra entre nosotros.

No es fácil y hay que luchar contra prejuicios, miedos y el estatus alcanzado en las sociedades de acogida. No es fácil eliminar la xenofobia hacia el pobre y el vulnerable, pero debemos invertir esfuerzos en ello y no en reforzar la mirada problematizadora sobre menores que pueden ser quienes sostengan nuestro estatus dentro de unos años. Y no debemos olvidar que, para avanzar como sociedad, debemos defender los derechos de cada persona sin olvidar los lazos con la comunidad, imprescindibles para fortalecer el bien común. La colaboración, la resiliencia y la solidaridad han sido siempre valores que han ayudado a nuestra sociedad a afrontar momentos difíciles.

Quizá haya llegado el momento de demostrar que esos valores siguen definiendo a nuestra sociedad, porque los valores no se proclaman: se demuestran en la manera en la que tratamos a quienes más nos necesitan. Y eso exige liderazgo, cooperación y acuerdos capaces de mirar más allá de la inmediatez. Porque proteger a la infancia vulnerable no debería ser una cuestión partidista, sino un compromiso compartido con el futuro. Solo así seguiremos siendo una sociedad diversa y plural, formada por personas con realidades diferentes, pero capaz de avanzar unida.