Cada nueva polémica que rodea a la FIFA suele reabrir el mismo debate: ¿basta con sustituir a sus dirigentes o ha llegado el momento de transformar la institución? La última década ofrece una conclusión clara. Tras los escándalos de corrupción de 2015, muchos dieron por hecho que comenzaba una nueva etapa. Lo mismo ocurrió durante el litigio de la Superliga Europea. Sin embargo, el patrón se ha repetido una y otra vez: cambian los protagonistas, pero el modelo de gobierno permanece intacto. El verdadero problema no son las personas, sino las reglas que concentran el poder y dificultan cualquier control efectivo. Que nadie se engañe: Infantino no es EL problema, sino el resultado de los problemas estructurales de la FIFA.

La FIFA ha dejado hace tiempo de ser una organización dedicada exclusivamente a gestionar competiciones deportivas. Hoy ejerce una enorme influencia económica, política y cultural. Las controversias recientes —desde su creciente protagonismo político hasta las propuestas para ampliar la comercialización del Mundial mediante inversión privada— no son episodios aislados, sino la manifestación de un modelo institucional que ha llegado a sus límites.

La principal anomalía reside en una circunstancia difícilmente aceptable en cualquier otro ámbito. La FIFA actúa simultáneamente como regulador y como uno de los principales actores económicos del mercado que regula. Dicta las normas, controla el acceso a las competiciones, ejerce potestades disciplinarias y, al mismo tiempo, obtiene beneficios de ese mismo sistema. La coexistencia de funciones regulatorias y comerciales genera un conflicto de intereses estructural que ninguna organización debería asumir.

Cuando el éxito de una institución se mide prioritariamente por sus ingresos, el resto de los objetivos acaba subordinándose a esa lógica. La expansión constante del calendario, el creciente peso de los intereses comerciales o la transformación de los aficionados en meros consumidores responden a una misma dinámica. El fútbol pasa de bien social a producto global.

Ese diseño institucional también explica la extraordinaria concentración de poder dentro de la organización. Los recursos económicos consolidan alianzas políticas y reducen los incentivos para la alternancia. El problema, por tanto, no depende del estilo de un presidente concreto. Mientras las reglas permanezcan inalteradas, cualquier relevo personal reproducirá los mismos incentivos.

A ello se suma un evidente déficit democrático. Las federaciones nacionales y las confederaciones continentales presentan una escasa renovación de sus élites dirigentes y apenas representan a jugadores, aficionados, mujeres y otros actores del fútbol. Aunque la FIFA reivindica su legitimidad como organización construida desde la base, sus decisiones siguen respondiendo a una estructura jerárquica.

Tampoco los mecanismos internos de control ofrecen garantías suficientes. Ningún órgano puede ejercer una supervisión independiente cuando sus integrantes dependen, directa o indirectamente, de quienes deben fiscalizar. Las normas, por sí solas, no garantizan la rendición de cuentas. Lo decisivo es que existan instituciones con capacidad real para hacerlas cumplir sin interferencias.

Las soluciones son conocidas. La primera consiste en separar institucionalmente las funciones regulatorias de las actividades comerciales de la FIFA. La segunda pasa por democratizar su estructura de gobierno, incorporando de manera efectiva a quienes hoy apenas participan en las decisiones. La tercera exige crear mecanismos de supervisión verdaderamente independientes, con procedimientos de nombramiento transparentes y mandatos protegidos frente a presiones políticas. Son principios elementales de buena gobernanza ya aplicados en la mayoría de los sectores.

Pero sería ingenuo pensar que una organización diseñada para preservar el statu quo impulsará voluntariamente una reforma de ese alcance. Por eso las autoridades públicas tampoco pueden seguir escudándose en la autonomía del deporte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido reiteradamente de los problemas que plantea la acumulación de funciones regulatorias y comerciales por parte de las organizaciones deportivas. No es difícil comprender por qué. El deporte es un sector económico de enorme relevancia y una actividad de extraordinaria influencia social. Ningún mercado de semejante dimensión debería quedar, en la práctica, al margen de mecanismos efectivos de control.

Sin embargo, el debate trasciende el fútbol. Las instituciones deportivas transmiten valores y proyectan una determinada idea de liderazgo e integridad. Si quienes gobiernan el deporte más popular del planeta no están sometidos a estándares exigentes de transparencia y rendición de cuentas, el mensaje que reciben los ciudadanos es que el poder puede escapar al control cuando alcanza suficiente influencia.

Por eso la reforma de la FIFA no consiste únicamente en mejorar la gestión del fútbol. Es una cuestión de calidad institucional. Significa afirmar que ninguna organización, por poderosa que sea, debe situarse por encima de los principios de buena gobernanza. En un momento en que el Estado de Derecho afronta crecientes desafíos en todo el mundo, el fútbol no puede convertirse en otro espacio donde el poder prevalezca sobre las reglas. Lo que está en juego no es solo el futuro de la FIFA, sino la credibilidad de una de las instituciones culturales más influyentes del mundo.