Cuando un niño (o una niña) víctima de trata, de una desaparición o de una adopción ilegal es localizado, solemos pensar que la historia ha terminado bien. Ha sido encontrado y está a salvo. Pero ese rescate no siempre resuelve la pregunta más básica: ¿quién es ese niño?

Puede no llevar documentación, tener una identidad falsa o haber sido separado de su familia cuando era demasiado pequeño para recordar su nombre, su lugar de origen o el rostro de sus padres. También puede ocurrir que los documentos que lo acompañan hayan sido manipulados para ocultar su procedencia. En esas circunstancias, ponerlo a salvo es imprescindible, pero no suficiente. Un niño no recupera plenamente sus derechos hasta que no recupera también su identidad.

Lo he comprobado durante muchas décadas trabajando en genética forense. En 2004, creé e impulsé DNA-ProKids para aplicar el ADN a la identificación de menores desaparecidos, víctimas de trata o separados de sus familias. La iniciativa nació de una convicción. Para mí era evidente. Cuando los documentos faltan, han sido falsificados o nunca existieron, la genética puede aportar la evidencia necesaria para reconstruir un vínculo familiar.

Desde entonces, DNA-ProKids ha realizado miles de análisis genéticos en 16 países, que han permitido identificar a más de 4.100 menores y han contribuido a impedir más de 300 adopciones ilegales. Buena parte de este trabajo se ha desarrollado en Asia y América Latina, donde la permeabilidad entre fronteras, la fragilidad de algunos registros civiles, la existencia de organizaciones criminales y las redes de adopciones irregulares hacen especialmente difícil seguir el rastro de un niño.

En estos casos, el reto no consiste únicamente en localizar al menor, sino en devolverlo a su familia que puede estar buscándolo desde otro territorio. La genética forense hace posible el análisis de muestras de menores sin identidad fiable y de familiares que buscan a un menor y ayuda a comparar esos perfiles para establecer posibles relaciones biológicas. No sustituye a la investigación policial o judicial. Aporta una prueba capaz de unir dos historias que, de otro modo, podrían no encontrarse nunca.

Cada coincidencia genética demuestra que identificar a un menor no es un trámite administrativo que pueda posponerse, sino una parte esencial de la protección de ese menor. Sin una identidad fiable, puede permanecer durante años bajo tutela institucional, crecer con un nombre que no es el suyo y perder el acceso a su nacionalidad, a sus vínculos familiares y a otros derechos que dependen de poder demostrar quién es.

En muchos procedimientos seguimos confiando demasiado en los documentos. Sin embargo, pueden perderse, falsificarse o ser sustituidos. Una partida de nacimiento puede manipularse muy fácilmente. Una identidad puede inventarse. El ADN, en cambio, permite establecer vínculos biológicos incluso cuando todo lo demás ha desaparecido.

La tecnología existe y, como he relatado, lleva años demostrando su utilidad. El verdadero desafío es político, institucional y operativo. Es el momento de cambiar esta situación y, en mi opinión, estos son los principales retos que debemos superar.

En primer lugar, los sistemas de protección de la infancia, las fuerzas de seguridad, la justicia y los servicios forenses no siempre trabajan con protocolos compatibles. A veces se toma una muestra genética a una familia que busca a un niño, pero nunca se cruza con la obtenida de un menor localizado en otro territorio. En otros casos, el análisis de ADN solo se contempla cuando existe una investigación penal avanzada y no desde el primer momento como herramienta de protección. Así, podemos tener a una madre que lleva años buscando a su hijo y a un menor bajo tutela en otro país sin que ambos sistemas lleguen nunca a encontrarse.

En segundo lugar, necesitamos incorporar la identificación de manera sistemática a la respuesta frente a la trata, las desapariciones infantiles y las adopciones ilegales. No como una medida excepcional, sino como parte de los protocolos ordinarios cuando no exista una identidad fiable o haya dudas fundadas sobre la filiación.

Además, las muestras deben obtenerse con garantías legales, éticas y de protección de datos, y utilizarse únicamente para identificar, proteger y reunir familias. También necesitamos potenciar mecanismos seguros de cooperación internacional, porque la trata y las desapariciones no respetan fronteras y la identificación no puede quedar encerrada dentro de ellas.

Asimismo, es fundamental intervenir con rapidez. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta reconstruir una historia familiar, localizar a los parientes y evitar que una identidad falsa se consolide. La identificación debe comenzar al mismo tiempo que la protección física y psicológica.

La identificación genética tampoco completa por sí sola una reunificación. El ADN puede abrir la puerta, pero hacen falta profesionales que verifiquen el contexto, evalúen la seguridad del retorno y acompañen a las personas implicadas. La ciencia aporta evidencia; las instituciones deben convertirla en una restitución real de derechos.

Durante años, la lucha contra la trata se ha concentrado, con razón, en rescatar a las víctimas y perseguir a las redes criminales. Pero debemos ampliar esa mirada. Un niño no deja de ser víctima al salir del lugar donde era explotado. Si desconoce quién es, no puede demostrar de dónde procede o sigue separado de quienes lo buscan, el daño continúa.

Rescatar a un niño es salvarlo del peligro inmediato. Identificarlo es devolverle su historia, sus vínculos y una parte esencial de su futuro. Por eso, cuando un menor es localizado, la pregunta no debería ser solo si está a salvo. También debemos preguntarnos si sabemos quién es y si estamos haciendo todo lo posible para devolverlo a su familia. Hasta entonces, el rescate seguirá siendo únicamente el primer paso. Y eso no basta.