Mientras escribo estas líneas, en las aldeas de Feros y A Torre, en Cacheiras, Teo, han comenzado las obras de una planta destinada al tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición, capaz de recibir, clasificar y triturar miles de toneladas anuales de escombros procedentes de obras y derribos. La empresa promotora, Excavaciones Midón S.L., ha optado por presentar una comunicación previa a través de una entidad de certificación municipal, una vía que le permite iniciar actuaciones sin necesidad de una licencia municipal convencional. Estos trabajos incluyen la impermeabilización del suelo, sistemas de recogida de aguas pluviales y otras actuaciones preparatorias. El proyecto avanza. Y con él, un anticipo de lo que está por venir: maquinaria pesada, ruido, polvo y un trasiego constante de camiones de gran tonelaje por carreteras estrechas que no están preparadas para soportarlo. La pregunta que muchas vecinas y vecinos se hacen es si alguien, en alguna administración, tiene intención real de frenarlo.

Hace apenas unos meses, los vecinos y vecinas de estas aldeas presentaban públicamente la Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras - Aldeas Limpas. Lo hacían en el propio lugar donde está prevista la instalación, a escasos metros de viviendas, caminos rurales y espacios cotidianos de vida. Desde entonces han celebrado concentraciones ante el Concello de Teo, participado en plenos municipales, organizado caminatas reivindicativas y mantenido reuniones con representantes autonómicos y municipales. Lejos de apagarse, la contestación social ha ido creciendo a medida que avanzaba la tramitación.

La respuesta institucional, sin embargo, ha seguido moviéndose en un registro conocido. El Concello ha insistido en que dispone de escaso margen de actuación y debe ajustarse a la legalidad vigente. La Xunta ha defendido el rigor de la evaluación ambiental y ha recordado que el proyecto obtuvo un informe favorable. Todo ello puede ser cierto y al mismo tiempo insuficiente. Porque la cuestión nunca fue únicamente jurídica. Siempre fue también política.

Y aquí conviene detenerse en una palabra que aparece una y otra vez en este conflicto —y en tantos otros que afectan al rural gallego—: politización. Se utiliza como si fuera una forma elegante de desacreditar una protesta. Como si existiera una frontera clara entre los “vecinos legítimos”, que expresan preocupaciones razonables, y aquellos que pretenden convertir esas preocupaciones en una cuestión pública. Como si organizarse, convocar reuniones, hablar con medios de comunicación o solicitar apoyo institucional transformase automáticamente una reivindicación vecinal en algo sospechoso.

Es una idea extraña. Porque precisamente eso es la política en su sentido más elemental: personas que se organizan alrededor de un problema común para intentar influir en decisiones que afectan a sus vidas.

Escribo esto como investigador que lleva años estudiando conflictos territoriales y como vecino que ahora se encuentra dentro de uno: nuestra casa está a menos de 150 metros de la futura planta. Lo que he encontrado a lo largo de estos meses de movilización son personas preocupadas por algo extraordinariamente concreto: una instalación destinada a gestionar residuos de construcción en medio de un entorno residencial, con las consiguientes afectaciones a la salud y calidad de vida de quienes allí residen. Personas que quizá votan a partidos distintos, que probablemente discrepan sobre muchas cuestiones, pero que coinciden en algo muy simple: no consideran adecuado este emplazamiento. Bruno Latour llamaba “comunidades concernidas” a los colectivos que no preexisten a un problema, sino que emergen de él —que no los convoca una ideología, sino una cosa concreta que irrumpe en sus vidas y los obliga a organizarse. Es exactamente lo que he visto aquí, y lo que hace aún más llamativo el contraste con la actitud del Concello de Teo y la Xunta de Galicia.

Por eso resulta tan llamativo que sean precisamente los vecinos quienes han tenido que asumir funciones que cabría esperar de las instituciones: recopilar documentación, estudiar expedientes, fiscalizar la actividad en los terrenos, presentar denuncias ante las administraciones competentes, organizar actos informativos y mantener la atención pública sobre el proceso. Mientras tanto, las administraciones se han limitado con frecuencia a explicar por qué no pueden hacer más.

Pero escudarse en los límites de la legalidad no es una respuesta política, es una respuesta técnica. Y la política democrática no consiste únicamente en verificar que un expediente cumple los requisitos formales, sino también en valorar intereses contrapuestos, escuchar a las comunidades afectadas y asumir responsabilidades cuando surgen conflictos. Reducir la política a mera gestión administrativa es, paradójicamente, una forma de despolitización: presentar decisiones que tienen consecuencias profundas sobre el territorio y la vida de la gente como si fueran simples procedimientos técnicos inevitables.

En Cacheiras, mientras tanto, las máquinas han comenzado a trabajar y la movilización vecinal continúa. Y con ella, la de tantas otras comunidades que en este momento libran batallas similares por toda Galicia frente a proyectos que se instalan en su entorno sin que nadie les haya preguntado. En todos estos casos, lo que está ocurriendo es algo mucho más sencillo y mucho más antiguo: ciudadanos intentando intervenir en las decisiones que afectan a su entorno. Eso, precisamente, es hacer política. Y quizá el verdadero problema no sea que los vecinos hayamos politizado el conflicto. El problema es que algunas instituciones llevan demasiado tiempo intentando convencernos de que no deberíamos hacerlo.