Desde su origen, la acción humanitaria ha sido objeto de interpretaciones interesadas, sesgos inaceptables, politización interesada e intentos de manipulación que han ido cuestionando su papel. Desde las organizaciones humanitarias, y más aún ahora en momentos de fuertes recortes presupuestarios, se ha puesto énfasis en la necesidad de respetar el acervo que el sector ha construido a lo largo de su historia y de mantener una ayuda humanitaria basada en principios. Pero los ataques al quehacer humanitario están revistiendo nuevas formas que impiden cumplir con sus objetivos básicos: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad humana y los derechos de las personas afectadas.

Aunque puedan existir debates al respecto, hay principios que deberían ser universales e incuestionables: la imparcialidad, la independencia y la neutralidad de la acción humanitaria son algunos de ellos. Sin embargo, dos crisis recientes -el devastador terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto y la oleada migratoria que mantiene en vilo a la ciudad autónoma de Ceuta- han puesto de manifiesto hasta qué punto estos principios son vulnerados, ya sea por intereses geopolíticos o por la crispación social. En ambos casos, quien debía llevar alivio se encontró con puertas cerradas y, lo que es peor, con una incomprensión que convierte a la ayuda en un objetivo más del conflicto político y de la controversia social.

Colombia: la ayuda humanitaria como moneda de cambio político

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia el 10 de agosto dejó más de 300 muertos, 292.000 personas damnificadas y 130.000 viviendas afectadas, con un tremendo impacto económico. Numerosas organizaciones humanitarias tanto colombianas como internacionales trataron de responder con rapidez al desastre. La Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) desplegaron equipos de búsqueda y rescate en departamentos como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas. Pero la respuesta humanitaria tropezó casi desde el primer momento con un obstáculo inesperado: la política. Y eso en un país que cuenta con una enorme experiencia en materia humanitaria y con mecanismos de coordinación que han mostrado ser eficaces en el largo conflicto armado que sufre el país.

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, que había asumido el poder apenas tres días antes del sismo, decidió centralizar las operaciones y condicionar la entrada de ayuda internacional según criterios ideológicos. El resultado fue un sesgo evidente: se autorizó el ingreso de equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, mientras se rechazaba la oferta de México, cuyos brigadistas habrían tardado apenas tres horas en llegar en un vuelo comercial y contaban con equipos acreditados internacionalmente por los mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas.

Las organizaciones humanitarias han sido prudentes en sus críticas para no ver dificultada su labor, pero no así algunos medios. “No hay un argumento técnico” para esta decisión, denunció la analista política Sandra Borda, quien calificó el criterio como “puramente político” e “ideológico”. El analista internacional Gabriel Guerra fue aún más contundente: “Hay que ser muy miserable para resistirte a la ayuda de equipos y países probados en este tipo de cosas, solamente porque quieres marcar una distancia político-ideológica”.

La politización de la ayuda humanitaria no es un fenómeno menor. Como recordaba Lilia Solano “si se politizara la ayuda humanitaria a fin de que se ajuste a intereses ideológicos y geopolíticos se incurriría en una falta de gravedad”. Los principios humanitarios, que deberían guiar cualquier respuesta a una catástrofe, fueron desplazados por la agenda política del nuevo gobierno. Y mientras los equipos de rescate eran filtrados por su nacionalidad, los damnificados esperaban entre los escombros.

Ceuta: cuando la frustración ciudadana bloquea la solidaridad

A miles de kilómetros de distancia, en la costa norte de África, la escena era distinta en apariencia, pero idéntica en el fondo. El pasado 30 de julio, más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados. Aunque la mayoría regresó, entre 3.500 y 10.000 migrantes permanecen en el territorio ceutí, muchos de ellos acampados en la playa del Trampolín, viviendo a la intemperie.

Allí, trabajan algunas organizaciones sociales y humanitarias y la Cruz Roja realiza un reparto diario de alimentos y agua. Pero el pasado jueves un centenar de vecinos de Ceuta se sentó en la carretera para impedir el paso del convoy humanitario, compuesto por un camión de emergencias, cuatro ambulancias y dos furgones de escolta policial. Los manifestantes coreaban consignas como “la Cruz Roja es una mafia” y “fuera la Cruz Roja”. La protesta se alargó durante más de dos horas, y posteriormente los manifestantes rompieron el cordón policial, asaltaron el campamento y quemaron enseres y chabolas de los migrantes.

“No es un problema de izquierda o derecha”, podría decirse, pero la realidad es que la crispación social ha convertido a la ayuda humanitaria en un chivo expiatorio. Los vecinos de Ceuta se sienten abandonados por el Gobierno central, que según ellos no ha dado una respuesta a la crisis migratoria. Pero ese malestar, por legítimo que sea, no puede traducirse en un veto a la asistencia a quienes más lo necesitan.

Un mismo síntoma, dos caras de la misma incomprensión

En Colombia, la ayuda humanitaria fue secuestrada por la geopolítica. En Ceuta, fue bloqueada por la frustración ciudadana. En ambos casos, el resultado es el mismo: quienes necesitan asistencia la reciben más tarde o, peor, no la reciben en absoluto.

El CICR lo ha dejado claro en otros contextos: “El acceso es una obligación, no una opción. Las autoridades deben facilitar el acceso sin obstáculos a las comunidades”. Pero cuando son las propias autoridades las que condicionan la ayuda por afinidad política, o cuando son los ciudadanos los que se sientan en la carretera para impedir el paso de un camión de comida, ese principio fundamental se desmorona.

La acción humanitaria no es un gesto de caridad ni una herramienta política. Es un derecho de quienes sufren y una obligación de quienes pueden ayudar. Instrumentalizarla, bloquearla o cuestionarla por motivos ajenos a la urgencia de salvar vidas y respetar la dignidad y defender derechos es, en el fondo, una traición a lo que nos hace humanos.

El terremoto en Colombia y la crisis de Ceuta son tragedias distintas, pero comparten una enseñanza amarga: cuando la ayuda humanitaria deja de ser imparcial, neutral e independiente, pierde su esencia. Y con ella, perdemos todos.