No muchas personas considerarían un éxito verse obligadas a pagar 18.000 millones de dólares [unos 15.450 millones de euros] que no esperaban desembolsar cuando se despertaron esa mañana. Y, sin embargo, Meta podría describir como una especie de victoria el acuerdo logrado con 52 fiscales generales de EEUU para zanjar las denuncias interpuestas contra la empresa, propietaria de Instagram y Facebook, por generar adicción en los niños y llevar a la gente a engaño en lo que se refiere a la seguridad de los menores en sus redes sociales.

Meta niega haber hecho nada mal y pagará los 18.000 millones de dólares a lo largo de diez años. Una parte de esos pagos depende de que otras grandes tecnológicas no mencionadas en este caso también pongan de su bolsillo. La cantidad a pagar es calderilla para Meta, que solo el año pasado generó beneficios por unos 60.000 millones de dólares [unos 51.500 millones de euros].

Lo que en el largo plazo podría resultar más oneroso es el compromiso de dar marcha atrás con algunos de los mecanismos que el gigante tecnológico lleva dos décadas perfeccionando para mantenernos en sus plataformas.

En EEUU, los menores de 18 años que accedan a Instagram y Facebook tendrán un límite predeterminado de dos horas por día, y no podrán acceder durante la noche a menos que un padre o madre cambie la configuración. Las notificaciones de las dos redes se silenciarán en horario escolar, algo que a los profesores les alegrará saber, y la plataforma, como los padres, recordará a los adolescentes el tiempo exacto que han pasado mirando sus pantallas. Son todos cambios significativos que modifican de manera sustancial el funcionamiento de los productos de Meta y significan un avance. Pero en muchos aspectos Meta también se ha salido con la suya, tanto en lo que se refiere a los cambios exigidos como en la multa a pagar.

Este acuerdo extrajudicial representa un importante y deliberado cambio estratégico y demuestra cómo se han modificado los aspectos económicos de los litigios por las redes sociales.

La decisión de ponerle fin a este caso con un arreglo extrajudicial llega pocos meses después de otro caso en el que Meta trató de defenderse en los tribunales y sufrió una derrota contundente: en agosto, un juez de Nuevo México la condenó a pagar 942 millones de dólares [unos 809 millones de euros] y a mejorar varias medidas de protección a los menores. El juez dictaminó que Meta había actuado indebidamente, algo mucho más perjudicial para la empresa que el acuerdo extrajudicial de esta semana en el que no admitía ninguna responsabilidad, aunque las cantidades en juego fueran menores (Meta ha interpuesto un recurso por el fallo de Nuevo México; y en los tribunales estadounidenses siguen su curso miles de demandas más por adicción a las redes sociales).

Escarmentada por un par de fracasos judiciales, Meta parece haber preferido una victoria pírrica antes que arriesgarse a otra derrota real. Los acuerdos extrajudiciales sin admisión de culpa evitan la sentencia, una situación jurídica que puede descontrolarse rápidamente afectando a todos los productos de Meta.

Como consecuencia del acuerdo extrajudicial firmado esta semana Meta tendrá que introducir cambios relevantes en sus plataformas. Pero en última instancia sigue teniendo control sobre los cambios, que ha tratado de limitar al mínimo imprescindible. Por costoso que sea, un acuerdo extrajudicial le permite proteger su modelo de negocio fundamental.

En lo que se refiere a sus pleitos, ninguna opción es buena para la empresa. Arriesgarse a que un jurado le imponga una indemnización astronómica, revelando información interna comprometedora y dejando que un juez decida sobre las partes de Instagram o de Facebook que deben modificarse. O llegar a un acuerdo pagando una suma desorbitada, aunque asumible, para controlar las pérdidas negociando qué cambia exactamente en sus productos.

No hay duda de que un pago de 18.000 millones de dólares [unos 15.450 millones de euros] es más de lo que la mayoría de las empresas podría desembolsar, pero parece poco en comparación con los 1,5 billones de dólares [en torno a 1,29 billones de euros] que el caso podría haberle costado de llegar a los tribunales, según la estimación del propio equipo de relaciones públicas de Meta. Los 18.000 millones de dólares también parecen poco con relación a la cantidad más realista de 200.000 millones de dólares [unos 171.730 millones de euros] que los abogados de la acusación esperaban hacerle pagar.

Además de eso, Meta también ha conseguido que el problema no sea solo de ella. Aproximadamente uno de cada tres dólares comprometidos por el acuerdo están condicionados a que las plataformas TikTok y YouTube introduzcan restricciones y hagan pagos equivalentes. Meta está pidiendo públicamente a las dos plataformas que se sumen al acuerdo.

No todo el mundo ha dado su visto bueno a este acuerdo negociado en el que nadie gana (y Meta claramente no pierde). Los fiscales generales de 48 estados aceptaron la propuesta de Meta, pero el de Florida, James Uthmeier, lo ha rechazado públicamente diciendo que seguirá adelante en la demanda contra Meta. “Nos veremos en el juicio”, dijo Uthmeier, que llamó “calderilla” a la cantidad acordada.

Toda esta historia no tiene por qué limitarse a Estados Unidos, aunque el acuerdo se aplique formalmente solo a los estados y territorios estadounidenses participantes. Un portavoz de Meta me dijo que en otros lugares la empresa ya tenía un buen sistema de protección para los adolescentes y que antes de decidir los siguientes pasos a nivel internacional, observarán cómo funcionan las nuevas medidas en EEUU. Pero gestionar versiones sustancialmente diferentes de Instagram y Facebook en todo el mundo no parece nada atractivo, y Meta acaba de demostrar que es posible aplicar estas restricciones.

Teniendo en cuenta la apuesta de Australia y el Reino Unido por la protección infantil en Internet, es de esperar que los políticos de esos países se pregunten pronto por qué dichas restricciones velan por la seguridad de los adolescentes estadounidenses y no por la de los niños de sus países. El gobierno británico puede esgrimir la propia Ley de Seguridad en Internet del Reino Unido para que esos cambios también se apliquen en su territorio.

Esa podría ser la mayor repercusión del acuerdo. Meta ha pagado miles de millones para eludir su responsabilidad en un caso judicial. Pero tal vez al hacerlo haya abierto la posibilidad de cambios en otros países.