El Govern balear ha alegado ante el Tribunal Constitucional que derogar la ley de memoria es legítimo y que las víctimas no quedan desamparadas porque otras leyes las protegen. Y además con esta declaración el Govern demuestra varias cosas: ignorancia, sectarismo, inutilidad, crueldad y que no va a trabajar por la cohesión social en las Illes Balears.

Cuando se habla de la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, el debate suele centrarse en la política, en las víctimas del franquismo o en el enfrentamiento ideológico entre partidos. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos visible y extraordinariamente importante: el impacto que esta decisión puede tener sobre los niños, las niñas y las personas adolescentes.

La memoria democrática no es únicamente una política de reparación hacia quienes sufrieron la Guerra Civil o la dictadura franquista. También es una herramienta educativa y social que ayuda a las nuevas generaciones a comprender quiénes son, de dónde vienen y cuáles son los valores sobre los que se construye una sociedad democrática.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a conocer la historia de su comunidad y de sus familias. Para muchos de ellos, las consecuencias de la represión franquista no son una realidad lejana. Existen familias que todavía buscan respuestas sobre familiares desaparecidos, exiliados o perseguidos y que siguen esperando reconocimiento institucional.

La memoria democrática cumple además una función fundamental en la construcción de la identidad personal. El conocimiento de los propios orígenes y de la historia familiar favorece el bienestar emocional, el sentido de pertenencia y la autoestima.

La derogación de las leyes de memoria democrática tiene también consecuencias directas en el ámbito educativo. Sin una protección legislativa clara, los contenidos relacionados con la represión franquista, los derechos humanos o la transición democrática corren el riesgo de depender de la voluntad individual del profesorado.

Esto significa que miles de alumnos podrían finalizar su escolarización sin comprender cómo se perdió la democracia en España, cuáles fueron las consecuencias de la dictadura o por qué los derechos y libertades actuales son conquistas que deben protegerse.

La memoria democrática actúa además como una vacuna frente a la desinformación. En una época marcada por las redes sociales y la circulación de discursos extremistas, la educación histórica proporciona herramientas para identificar la manipulación, los mensajes de odio y las posiciones antidemocráticas.

Desde Esquerra Unida de las Illes Balears se defiende que educar en memoria democrática no busca imponer una ideología, sino formar ciudadanos capaces de reconocer las vulneraciones de derechos humanos y comprender los riesgos del autoritarismo.

Los testimonios de las víctimas y las visitas a espacios de memoria poseen un enorme potencial educativo. Permiten desarrollar empatía, sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y compromiso con los valores democráticos.

Por todo ello, la derogación de la Ley de Memoria Democrática no afecta únicamente a quienes vivieron la dictadura o a sus descendientes directos. También afecta a quienes están creciendo hoy, a la calidad de la educación que reciben y a la fortaleza de los valores democráticos con los que construirán el futuro.

La memoria democrática no es una cuestión del pasado. Es una inversión en la infancia, en la juventud y en la salud democrática de las generaciones que algún día tendrán la responsabilidad de defender las libertades de todos.