Las medidas que ha aprobado el Gobierno de coalición en materia de vivienda este martes y que hoy aparecen ya reflejadas en el BOE son un paso importante. No surgen de la nada. Son el resultado de años de organización social y también de años de trabajo institucional para abrir camino a nuevos derechos. Son medidas que pueden mejorar de forma muy concreta la vida de millones de personas que viven de alquiler y que llevan demasiado tiempo soportando incertidumbre y abuso.

En Sumar sabemos que aún queda mucho por hacer. Por eso no podemos perder de vista que los dos Reales Decretos que se votarán el próximo viernes suponen un avance significativo. Por un lado, el acuerdo para la renovación automática de los alquileres, es una herramienta básica para evitar que cada vez que a alguien se le acabe el contrato, esto no se convierta en una amenaza de expulsión o en una ocasión para imponer una subida abusiva de precios. Por otro, una propuesta que permite la congelación de los precios y la prórroga reforzada e inmediata de dos años para los contratos que acaben antes de 2029, o la prohibición de los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. 

Son medidas básicas que están en las reivindicaciones de las personas que hoy ocupan las plazas de nuestro país y que, además, al contrario de lo que comienzan a insinuar con el único objetivo de entorpecer la negociación algunos grupos, ofrecen certidumbres tanto a inquilinos como a propietarios.

Por eso espero que el viernes los grupos parlamentarios estén a la altura. Porque hablamos de proteger hogares, de dar estabilidad a las familias y de reforzar derechos que mucha gente lleva años reclamando. Y, sobre todo, espero que sepamos interpretar correctamente el mensaje que nos llega desde las plazas.

No es un mensaje de resignación. Es una exigencia de seguir avanzando.

Estos días he pensado mucho en dos lugares que conozco bien: las plazas y el Congreso.

He visto a miles de personas movilizarse por el derecho a la vivienda. He visto a una generación que se niega a aceptar que compartir piso hasta los cuarenta, encadenar alquileres imposibles o abandonar su ciudad sea algo normal.

He visto también, aquí en Aragón, a vecinas y vecinos organizándose para impedir desahucios y acompañar a familias que atravesaban momentos de enorme angustia.

Y lo primero que siento es agradecimiento. Agradecimiento a quienes llevan años sosteniendo esta lucha. Al Sindicato de Inquilinas. A los colectivos vecinales. A quienes acompañan a una familia cuando recibe una orden de desahucio. A quienes han llenado las calles y las plazas para recordarnos que la vivienda no puede seguir siendo el principal factor de desigualdad de nuestro país.

Se ha escrito mucho sobre la relación entre la movilización social y la política institucional. Como si fueran espacios enfrentados. Como si hubiera que elegir entre uno u otro. Yo no lo veo así.

La movilización social y la acción política son autónomas, legítimas y necesarias. Las plazas tienen su propia voz y las instituciones tenemos nuestra propia responsabilidad. También sé que los mayores avances sociales de nuestro país nunca han llegado porque alguien los concediera desde arriba. Han llegado porque hubo gente organizada empujando, señalando problemas y exigiendo soluciones.

Por eso, quienes hoy ocupamos responsabilidades públicas tenemos, sobre todo, una obligación: escuchar.

Escuchar la rabia. Escuchar la frustración. Escuchar la impaciencia de quienes sienten que trabajan, estudian y hacen todo lo acordado en el pacto social, y aun así no pueden acceder a una vivienda digna.

También he estado en las plazas, sé lo que significa sentir que es necesario levantar la voz para que te escuchen, la importancia de conversar y ordenar ideas. Y reconozco que estos días, viendo la acampada, también querría estar allí.

Porque os aseguro una cosa: ni pasar noches en una plaza defendiendo derechos y el esfuerzo de seguir trabajando, comiendo o cuidando, ni sentarse en un escaño de la Carrera de San Jerónimo, son lugares cómodos. Sin embargo, son espacios imprescindibles cuando se quiere transformar la realidad.

Espero realmente que los grupos que hoy se oponen sepan interpretar correctamente el mensaje que nos llega desde las plazas. No es un mensaje de resignación. Es una exigencia de seguir avanzando.

Y esa es también mi posición. Seguir escuchando. Seguir trabajando. Seguir construyendo derechos.

Porque sabemos que queda mucho por hacer: más vivienda pública, más alquiler asequible, más protección para las personas inquilinas y más oportunidades para que la gente joven pueda desarrollar su proyecto de vida allí donde quiere vivir.

Escuchar, porque también sabemos algo importante: cuando la sociedad se organiza y las instituciones responden, las cosas cambian. Y el cambio que estamos empezando a construir puede tener un impacto muy significativo en la vida material de la mayoría social.

El viernes toca consolidar estos avances. Y a partir del sábado, seguir trabajando con más fuerza para que el derecho a la vivienda deje de ser una aspiración y se convierta, definitivamente, en una realidad cotidiana para millones de personas

Hay días en el Congreso en los que hablar es una responsabilidad. Y hay otros en los que escuchar se convierte en un duro ejercicio, igual de revelador. Hoy era uno de esos días. He podido observar desde mi escaño la sesión que refleja con bastante claridad las dos formas de entender la política que hoy conviven en nuestro país, en un clima de tensión.

Durante la intervención del presidente del Gobierno, varios diputados y diputadas del Partido Popular farfullaban de forma constante comentarios, protestas y exclamaciones dirigidas al cuello de su camisa. No era la primera vez, pero presenciarlo tan de cerca permite apreciar hasta qué punto determinadas actitudes terminan condicionando el debate parlamentario. Más allá de la discrepancia política, que es legítima y necesaria en democracia, sorprende comprobar cómo el respeto institucional parece quedar en ocasiones relegado a un segundo plano y en otras quebrantado.

Cada pleno es distinto. Aunque cada diputado ocupa su escaño, más o menos tiempo, y el protocolo apenas varía, la atmósfera nunca es la misma. Hay días en los que predominan los argumentos y otros en los que la tensión se impone a las razones. Hoy, por momentos, daba la impresión de que algunos grupos estaban asistiendo a debates diferentes paralelos, como si partieran de diagnósticos incompatibles sobre la realidad del país. Quizás seamos miopes y ninguna totalmente nítida.

Escuchar al líder de la oposición insistir en la idea de un Gobierno ilegítimo o presentar a España como un país secuestrado por quienes han recibido el respaldo parlamentario suficiente para gobernar resulta, cuanto menos, vergonzoso. Porque la crítica política forma parte de la democracia, pero también lo hace el reconocimiento de las reglas que la sostienen. Sin ese mínimo común denominador, el debate público corre el riesgo de convertirse en una sucesión de consignas dirigidas más a alimentar emociones que a buscar soluciones.

Quizá fue esa la sensación más intensa de la jornada. No la confrontación política, que es inherente a cualquier parlamento vivo, sino la distancia creciente entre el tono de las intervenciones y la realidad de las personas que esperan respuestas de sus representantes en las que el gobierno no deja de trabajar. Mientras desde la tribuna se sucedían acusaciones grandilocuentes sobre el Estado, las fronteras o la supuesta ausencia de control institucional, resultaba inevitable preguntarse si el objetivo era realmente esclarecer los problemas o simplemente reforzar determinados relatos.

Y, sin embargo, contemplar el pleno desde dentro también permite recordar por qué merece la pena defender las instituciones democráticas. Porque, a pesar del ruido, siguen siendo el espacio donde las diferencias se expresan con palabras y donde las decisiones que afectan a millones de personas deben someterse al escrutinio público.

Frente a la política del titular instantáneo y de la confrontación permanente, existen también políticas públicas que cambian vidas. Hoy, mientras escuchaba el debate, pensaba en el trabajo que impulsa el Ministerio de Sanidad para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Derechos Sociales por la refundación del sistema de atención a la dependencia o el Ministerio de Infancia y Juventud para reducir desigualdades y garantizar derechos. Un trabajo muchas veces más silencioso, lejos de los focos, pero esencial para que cualquier persona, haya nacido donde haya nacido y viva donde viva, pueda acceder a una atención sanitaria digna y de calidad.

Porque gobernar no consiste en alimentar el enfado colectivo ni en construir adversarios permanentes. Gobernar consiste en mejorar la vida de la gente. De toda la gente. De quienes nos votan y de quienes no. De quienes llevan generaciones en nuestro país y de quienes han llegado buscando un futuro mejor o buscando un refugio que nuestra sociedad esta dispuesta a ofrecer, como han demostrado la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización y todo el que se manifiesta contra el racismo, por la acogida de personas refugiadas o en apoyo a la población Ceutí, que necesita y merece nuestro apoyo y respeto. Esa es la verdadera medida del éxito de una democracia.

En un momento en el que hay quien parece empeñado en convertir cada diferencia en un conflicto y cada debate en una trinchera, debemos reivindicar algo tan sencillo como imprescindible: la convivencia. La convivencia entre territorios, entre generaciones, entre personas con ideas distintas y también entre quienes tienen orígenes diversos pero comparten un mismo proyecto de sociedad más justa.

Hoy he salido con una convicción reforzada: la ciudadanía necesita más política y menos teatralización; más argumentos y menos eslóganes; más convivencia y menos confrontación; más respeto institucional, más acuerdos y menos ruido. Porque cuando el ruido ocupa todo el espacio, la democracia habla más bajo. Volvamos a demostrar que la mejor versión de la democracia es construir un frente amplio.