A medida que el debate sobre los centros de datos –esos gigantescos contenedores frigoríficos donde la IA carbura a temperatura constante– avanza en Aragón, la sociedad aragonesa va superando su deslumbramiento inicial ante los multimillonarios anuncios de inversiones, y se abren paso las posiciones críticas. Pretendemos abordar aquí cuatro perspectivas prácticas, alejadas del mero 'nimbyismo' –de 'not in my backyard' (no en mi patio trasero)–, esa postura que se limita a no aceptar por sistema centros de datos cerca de nuestras casas mientras usamos la IA con fruición. No sería justo limitar los centros de datos a los países que no tienen una sociedad civil organizada.

Empecemos por el coste de oportunidad de hipotecar ingentes cantidades de recursos –energía, suelo e ingresos fiscales, principalmente, pero también agua–. Como saben bien en Quinto, un megavatio comprometido con un centro de datos ya no puede utilizarse para ampliar una industria, y el hecho de que Aragón produzca mucha electricidad renovable no significa que dispongamos de una cantidad infinita de potencia utilizable en cualquier punto. Tampoco tenemos suelo ilimitado, aunque Aragón sea extenso: una hectárea ocupada deja de estar disponible para otros usos, y en el gran centro de datos de Calatorao hablamos de más de 220 hectáreas hipotecadas. Y no todos los suelos son equivalentes: secanos, huertas, espacios esteparios, corredores ecológicos o terrenos próximos a núcleos urbanos tienen funciones y valores distintos, pero cuando, como parece que ocurre en Botorrita, una inmobiliaria le ofrece a los agricultores hasta 5 o 6 veces más por hectárea de lo que valen las tierras de secano, toda resistencia se desvanece. En cuanto al agua, en una cuenca acostumbrada a discutir cada metro cúbico entre abastecimientos, regadíos, usos industriales y necesidades ambientales, resultaría paradójico considerar irrelevante el consumo de estas nuevas instalaciones; el hecho de que a su patronal no le haya gustado la intención del Gobierno de España de obligar a publicar datos normalizados de consumo y eficiencia nos debería hacer arquear una ceja. Así las cosas, la refrigeración seca, los circuitos cerrados y la utilización de aguas regeneradas deberían convertirse en criterios esenciales para su implantación. Finalmente, los regalos fiscales deben reconsiderarse. Ni son ya necesarios como palanca de atracción, ni nos podemos permitir renunciar a unos ingresos que precisamos para adaptar el territorio, sus infraestructuras y servicios, al fenómeno de los centros de datos. Tampoco es estético que las multinacionales eviten pagar a los pequeños ayuntamientos aragoneses el IBI o el IAE, o lo hagan arrastrando los pies, como en El Burgo de Ebro o en Villamayor de Gállego.

El segundo aspecto es el calor generado, un recurso del que apenas hablamos. Prácticamente toda la electricidad consumida por los servidores termina convertida en calor y debe evacuarse. En instalaciones que demandan cientos de megavatios estamos hablando de cantidades extraordinarias de energía térmica. En el contexto del cambio climático y de unos veranos cada vez más cálidos, debemos estudiar la huella térmica territorial de estas concentraciones tecnológicas. Durante una ola de calor, precisamente cuando más difícil resulta refrigerar las instalaciones, grandes volúmenes de calor son expulsados al ambiente. Pero podemos invertir el razonamiento: ese calor residual es también un recurso. Podría alimentar redes de calefacción, piscinas, hospitales, residencias, determinados procesos industriales, secaderos agrícolas o invernaderos. En un territorio como Aragón resulta especialmente atractiva la posibilidad de establecer relaciones entre la economía digital y el sector agroalimentario. Esto introduce una variable nueva en la decisión sobre dónde localizar los centros. Quizá no debamos buscar solamente suelo barato, electricidad, agua y fibra. Deberíamos preguntarnos también quién puede utilizar el calor que inevitablemente van a producir. Un centro de datos aislado puede ser una enorme caja que recibe recursos y expulsa calor. Integrado inteligentemente en el territorio puede convertirse en una pieza de un sistema energético y productivo mucho más eficiente.

La tercera perspectiva tiene que ver con nuestra capacidad de elegir. Una vez nos creamos de verdad que nuestra tierra, su simplificada regulación, y sus ansias de prosperidad, son apetecibles, estaremos en posición de elegir estas inversiones para vincularlas a un verdadero proyecto territorial: formación profesional especializada, colaboración con las universidades, desarrollo de proveedores locales, investigación, reutilización del agua, aprovechamiento del calor residual, integración ambiental y mayor creación de empresas vinculadas a la economía digital. Para implementar esta capacidad de elección la administración puede explorar innovadoras herramientas como la que se acaba de poner en marcha en Andorra por parte del Instituto de Transición Justa para elegir los proyectos de generación renovable que mejor vertebrarán el territorio: en él, los criterios de elección –que incluyen proveedores locales, empleo, y localización en zonas especialmente necesitadas de revitalización–. serán transparentes, y los proyectos se evaluarán uno por uno, por orden de entrada.

Y, para finalizar, abordemos con rigor y luces largas el asunto del empleo generado,la zanahoria esgrimida para justificar los sacrificios. Porque, en su fase de explotación, los centros de datos funcionan casi desatendidos, con pocas necesidades de intervención manual. Los algoritmos se producen y actualizan fuera, la gestión de sus servidores también. Por eso, un centro de datos necesita del orden de 35 millones de euros de inversión para generar un solo empleo, mientras que una industria tradicional necesita 100 veces menos. Por si fuera poco, como señala el economista de Oxford Daniel Susskind en su obra 'Un mundo sin trabajo', la IA nos “libera” gradualmente de más y más tareas y trabajos, tanto manuales, como cognitivos y afectivos. Y si los centros de datos no generan empleo a corto plazo y la IA lo destruye a medio y largo, y ninguno de los dos paga impuestos ¿cómo se financiarán los servicios públicos del futuro Aragón sin trabajo?

Así las cosas, no es extraño que la moratoria a los centros de datos ya planee por Estados Unidos, el país que lidera –con el permiso de China, y no sabemos aún por cuánto tiempo– la IA. En solo tres meses, políticos demócratas y republicanos han paralizado inversiones por valor de 130.000 millones de dólares a lo largo de 49 de los 50 estados. Además del miedo a perder las elecciones locales, las causas incluyen el encarecimiento de la electricidad –con subidas proyectadas de entre el 6% y el 29% para los consumidores antes de 2030–, el consumo de agua en zonas en tensión hídrica, y el impacto sobre el paisaje y la calidad del aire. En España, el proyecto de Real Decreto Ley que obliga a los centros de datos a abastecerse mayoritariamente con energía renovable todo el tiempo constituye, en la práctica, una moratoria.

Aprovechémosla para pensar todo un poco mejor.

Hay una lengua que España trata como extranjera y que millones de españoles hablamos todos los días sin saberlo. La pronunciamos al levantarnos de la almohada, al abrir la alacena, al echar azúcar al café y aceite a la tostada. Nos acompaña cuando comemos arroz, aceitunas, naranjas, limones, berenjenas o alcachofas. Salimos después al barrio, pagamos un alquiler, cumplimos una tarea, consultamos una tarifa y dejamos que algún algoritmo decida qué noticia vamos a leer. Esa lengua es el árabe.

Quizá haya llegado el momento de decirlo con claridad: resulta difícil justificar que una lengua tan profundamente vinculada a España siga ocupando un lugar casi marginal en nuestro sistema educativo.

Estudiamos, con toda razón, inglés, francés, alemán, italiano o chino. Debemos seguir haciéndolo. Pero una lengua hablada a catorce kilómetros de nuestras costas, utilizada por cientos de millones de personas y profundamente incrustada en nuestra historia, nuestro territorio y nuestro propio idioma continúa pareciéndonos remota. Hay aquí una anomalía cultural que merece, al menos, una reflexión.

Empecemos por nuestra propia casa. Atravesemos el zaguán. Encontraremos azulejos, alguna alfombra, una alcoba, una almohada, una alacena y quizá una azotea. En la cocina aparecerán el aceite, las aceitunas, el azúcar, el arroz, el azafrán, la albahaca, la alcachofa, la berenjena, la naranja y el limón. Podemos beber en una taza o una jarra, tomar un jarabe y perfumar la casa con azahar.

Salgamos ahora al paisaje. Allí nos esperan las acequias, los aljibes, las albercas y las norias. Encontraremos aldeas, alquerías, almazaras, arrabales y atalayas. Durante siglos medimos cosechas en fanegas, pesamos mercancías en arrobas y quintales, distribuimos el agua por acequias por adores y la almacenamos en albercas y aljibes.

No estamos hojeando un diccionario de curiosidades etimológicas. Estamos leyendo la historia de España escrita sobre el territorio.

Esto se percibe con especial intensidad en los paisajes mediterráneos y en los grandes valles regados. Allí las palabras no son fósiles lingüísticos. Muchas siguen nombrando infraestructuras, lugares y prácticas que organizan el espacio. Una acequia continúa llevando agua. Una almazara sigue produciendo aceite. Un aljibe continúa siendo reconocible. El lenguaje ha sobrevivido porque también sobrevivieron, transformadas y adaptadas, muchas de las realidades que esas palabras nombraban.

Pero salgamos también de la huerta. Entremos en la ciudad y encontraremos un alcalde. Hablemos de comercio y aparecerán la aduana, la tarifa y el almacén. Hagamos matemáticas y utilizaremos cifras, ceros, álgebra y algoritmos. Miremos al cielo y hablaremos de cenit, nadir y azimut. Juguemos al ajedrez y moveremos el alfil hasta dar jaque.

La evidencia está delante de nosotros: la lengua árabe forma parte de nuestra manera de cocinar, cultivar, construir, comerciar, calcular, administrar el agua y nombrar el cielo.

También está escrita sobre el mapa: Alcalá, Alcañiz, Alagón, Albacete, Almería, Algeciras, Calatayud, Guadalajara, Guadalquivir. Podríamos atravesar España siguiendo solamente topónimos de origen árabe y obtendríamos una extraordinaria geografía histórica. Las generaciones desaparecen; los nombres permanecen. Cada topónimo es una pequeña cápsula de memoria.

Reconocerlo no significa idealizar al-Ándalus. No necesitamos fabricar una Arcadia multicultural para defender el estudio del árabe. Ocho siglos de presencia musulmana en la Península no fueron una interminable fiesta de tolerancia, pero tampoco ocho siglos de guerra permanente. Hubo conquistas, conflictos, violencia, discriminaciones y expulsiones. Y hubo también intercambios, alianzas, comercio, traducciones, circulación de conocimientos y largos periodos de coexistencia. Toledo y Zaragoza, entre otras ciudades, fueron lugares de contacto entre tradiciones cristianas, judías y musulmanas. A través del mundo islámico llegaron además a la Europa medieval obras, conocimientos y desarrollos científicos procedentes de la tradición griega, persa, india y árabe.

Conocer esa historia no nos obliga a admirarla. Nos obliga simplemente a conocerla. Y eso, precisamente, es lo que debería hacer la educación: sustituir prejuicios por conocimiento y mitologías, sean del signo que sean, por historia.

Pero hay una razón todavía más poderosa para estudiar árabe: el árabe no pertenece solamente a nuestro pasado. Pertenece también a nuestro presente y a nuestro futuro.

España está a catorce kilómetros de África. Forma parte de un Mediterráneo compartido con sociedades en las que el árabe constituye una lengua fundamental. Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y otros países árabes forman parte de nuestro entorno geográfico, económico y estratégico. Mantenemos con ellos relaciones comerciales, energéticas, culturales, diplomáticas, científicas y humanas de enorme importancia. Y en nuestras propias ciudades viven españoles y residentes cuya lengua familiar es el árabe.

¿Cómo puede considerarse extravagante estudiar una de las principales lenguas de nuestro entorno inmediato?

Para un médico, un profesor, un trabajador social, un periodista, un diplomático, un geógrafo, un empresario, un investigador, un cooperante, un policía o un profesional del turismo, conocer árabe puede ser una competencia extraordinariamente útil. Para España, disponer de miles de ciudadanos capaces de comprender directamente las sociedades de la otra orilla del Mediterráneo constituye además un activo cultural, económico y estratégico.

Y, sin embargo, seguimos formando generaciones capaces de estudiar durante años lenguas de países situados a miles de kilómetros mientras apenas les ofrecemos la posibilidad de aprender la lengua hablada al otro lado del Estrecho.

Algo no encaja. No se trata de sustituir el inglés. Ni de imponer el árabe. Ni de convertir una lengua en bandera política. Se trata exactamente de lo contrario: sacarla de la batalla ideológica y llevarla a las aulas. Que pueda estudiarse con normalidad en institutos, escuelas oficiales de idiomas y universidades. Que existan itinerarios, profesores y materiales. Que aprender árabe deje de ser una rareza y se convierta en una opción educativa tan legítima como aprender alemán, italiano o chino.

Y hay todavía una razón más hermosa. Imaginemos a un muchacho entrando por primera vez en una clase de árabe. Cree que va a encontrarse con un mundo completamente extraño. Aprende sus primeras palabras y descubre que zayt está detrás de aceite; que una acequia conserva la memoria de al-sāqiya; que detrás de nuestro ojalá resuena todavía una expresión árabe. Entonces ocurre algo extraordinario: lo extranjero deja de ser completamente extranjero.

Las lenguas enseñan una lección que las fronteras olvidan con demasiada facilidad. Ninguna cultura se construye sola. Las palabras viajan, se mezclan, cambian de pronunciación y significado, atraviesan guerras, religiones y fronteras. Pasan de padres a hijos durante siglos hasta que un día alguien llama «nuestra» a una palabra que llegó de otra lengua.

El español es precisamente eso: una formidable historia de encuentros. Podemos discutir sobre identidades. Podemos levantar fronteras culturales imaginarias. Podemos decidir qué parte del pasado nos gusta y cuál preferimos olvidar. Podemos incluso continuar considerando el árabe una lengua lejana. Pero mañana, al despertarnos, apoyaremos la cabeza en una almohada, beberemos de una taza, tomaremos azúcar, comeremos aceite, saldremos al barrio, consultaremos alguna tarifa, obedeceremos algún algoritmo y quizá desearemos que algo salga bien.

Entonces diremos ojalá.

Llevamos siglos pronunciando palabras árabes sin saber árabe. Quizá haya llegado la hora de dejar de darle la espalda a una lengua que forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje y de nuestro presente. No se trata de obligar a nadie a estudiarla. Se trata de que España se atreva, por fin, a enseñarla.

Elena tiene 34 años, es investigadora, y en un futuro no muy lejano empezará a trabajar en la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Gobierno de España ha concedido a Aragón y que se situará en el recinto Expo, en el Pabellón de Aragón. Si nada cambia, cuando se ponga a buscar piso se llevará una sorpresa: en el recinto de la Expo no hay ni un solo piso en alquiler, porque no hay ni un solo piso. Podría acabar en Arcosur, o en Parque Venecia, a veinte o treinta minutos en coche. Todos los días de su vida laboral van a empezar y acabar con un trayecto que no tendría que existir.

La instalación de la Agencia Española de Salud Pública (AESAP) es una buena noticia para el recinto de la Expo. Después de años a medio gas, una institución con tantos trabajadores debería insuflar una nueva vitalidad al lugar. Pero conviene pensarlo bien. Si el modelo consiste simplemente en llenar oficinas durante ocho horas y vaciarlas después, habremos mejorado la ocupación de los edificios, pero no habremos construido ciudad. La Expo seguirá siendo un sitio al que se va a trabajar o a hacer gestiones y del que se vuelve a casa.

La Expo necesita trabajadores, pero, sobre todo, necesita vecinos. Necesita vivienda de diferentes tamaños y precios, en alquiler y en propiedad, para jóvenes, familias, personas solas y mayores, a construir donde sea urbanística y ambientalmente razonable.

Pero quizá debamos ampliar todavía más la mirada. Los vecinos que necesita la Expo no tienen por qué residir todos dentro de sus límites. Actur y la Almozara están al lado y constituyen una formidable reserva de vida urbana capaz de relacionarse con el recinto. Miles de personas viven a una distancia que permitiría llegar andando o en bicicleta, siempre y cuando la proximidad física se traduzca en continuidad urbana.

No es movilidad sostenible

Por eso sorprende que una de las razones que se han esgrimido para ubicar la Agencia en la Expo es la buena conexión del recinto con Arcosur. Merece la pena pararse ahí un segundo e imaginar a cientos de personas cruzando la ciudad cada mañana para trabajar en un sitio y cada tarde para dormir en otro. Por muchos autobuses eléctricos que se pongan, no podemos llamar a eso movilidad sostenible.

La mejor política de movilidad es la que no hace falta aplicar. Si Elena pudiera vivir en el propio recinto, o a 10 minutos andando, ese trayecto de veinte o treinta minutos en coche desaparecería del todo. Eso es lo que persigue la llamada “ciudad de los 15 minutos”: que la vida cotidiana (trabajo, compra, ocio) quepa cerca de casa, para que los desplazamientos más largos no sean una condena diaria.

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en construir viviendas en la Expo —que también—, sino en coser la Expo a los barrios que ya existen. Hay que aprovechar las conexiones cómodas, evidentes y atractivas con Actur y la Almozara; prolongar calles, recorridos peatonales y ciclistas; eliminar barreras físicas y perceptivas; y conseguir que atravesar la Expo deje de significar entrar en un recinto especial para convertirse simplemente en continuar caminando por Zaragoza.

Y esto obliga también a repensar el espacio público. Un espacio público de calidad no es solamente una superficie bien pavimentada, limpia y bien iluminada. Es un lugar al que apetece ir y, sobre todo, en el que apetece quedarse. Necesita árboles, sombra, agua, bancos cómodos, terrazas, juegos infantiles, pequeños comercios, actividad cultural y lugares para encontrarse.

Debe ser verde, confortable, accesible y diverso. Y también culturalmente integrador. La ciudad funciona cuando personas de edades, procedencias y condiciones distintas comparten los mismos lugares sin que nadie sienta que está ocupando un espacio que pertenece a otros. En este sentido, uno de los recursos más desaprovechados del recinto es precisamente su frente fluvial.

A lo largo del Ebro existen espacios y locales cuya posición podría permitir una oferta extraordinariamente atractiva de servicios vinculados al ocio y a la vida cotidiana: cafeterías y restaurantes, pequeños comercios, gimnasios, alquiler de bicicletas, actividades deportivas, espacios de trabajo compartido, talleres, servicios culturales o establecimientos relacionados con el río y el Parque del Agua. Son usos que necesitan vistas, paseo, vegetación y gente. Y la Expo dispone de todo ello, con el Ebro como su fachada principal.

Un efecto circular

Imaginemos entonces otro escenario. Los trabajadores de la Agencia salen al mediodía y encuentran restaurantes y terrazas. Vecinos del Actur atraviesan el recinto para llegar andando al Parque del Agua. Una familia de la Almozara cruza el Ebro para pasar la tarde. Jóvenes utilizan instalaciones deportivas junto al río. Personas mayores encuentran sombra, bancos y lugares tranquilos. Hay bicicletas, niños, estudiantes, corredores, turistas, funcionarios y vecinos. Eso es ciudad.

Y produciría, además, un efecto circular. Más vecinos generan más comercio; más comercio hace atractivo vivir allí; más actividad aumenta la percepción de seguridad; más seguridad y mejores servicios atraen nuevos residentes y visitantes. Lo contrario también es cierto: los espacios monofuncionales tienden a vaciarse, y los espacios vacíos resultan cada vez menos atractivos.

La llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública ofrece una ocasión excepcional para preparar ese futuro distinto. El detonante de una transformación mucho más ambiciosa: vivienda donde sea posible, conexión intensa con Actur y la Almozara, espacio público acogedor, actividad permanente en el frente fluvial y mezcla de funciones, edades y culturas.

Una ciudad, ahora sí, que piensa y actúa como las ciudades más punteras. Porque si sigue sumando instituciones y empresas relacionadas con la salud, la tecnología y la investigación, la Expo se estará pareciendo cada vez más a lo que en otras ciudades se llama un distrito de innovación: un lugar donde universidades, empresas y centros de investigación se concentran y se retroalimentan. El caso más citado en el mundo es Kendall Square, en Cambridge (Massachusetts), donde está el MIT. Ahí no se conformaron con levantar laboratorios: llevan veinte años obligando a que cada promoción incluya vivienda. Y con vivienda, el vecino de Elena también podría ser su colega de trabajo.

Nada de esto es una crítica a que la AESAP se instale en Zaragoza, que es una magnífica noticia para la ciudad. Es una llamada de atención sobre el modelo que se está construyendo alrededor. Cada institución nueva que llega al recinto Expo es una oportunidad para preguntarse si tiene sentido seguir dejando fuera la vivienda. Con ella, el recinto tendría bares abiertos los domingos, científicos que se cruzan por la calle y veinte minutos menos de coche cada mañana. Sin ella, seguirá siendo un sitio agradable en las horas diurnas al que, sencillamente, nadie llama barrio.