Tras la guerra civil española (1936 – 1939), Alicante era una ciudad destrozada. Las bombas de la Aviación franquista, principalmente de las escuadrillas italianas, dejaron su huella no solo en la piedra, en los barrios, en las personas, sino también en la economía. En la ciudad se destruyeron parcial o completamente 706 casas particulares, además de edificios públicos, estaciones de ferrocarril, la fábrica de CAMPSA, centros industriales (tabacalera, textiles...) y el puerto. El alcalde franquista lo reconocía sin ambages: en un informe señalaba que Alicante había sufrido daños materiales de tanta cuantía, proporcionalmente, como Teruel (una de las ciudades más destruidas de la guerra).

La reconstrucción iba a ser lenta y costosa, pero siempre controlada por el régimen. Para ello se constituye la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones que, entre otras cosas, implementa un proceso para acceder a préstamos para reconstruir viviendas particulares. Se estableció un proceso tedioso en el que los solicitantes tenían que incluir la valoración de un perito y la valoración catastral del inmueble. A esto se le añadió la entrega de un certificado de conducta político-social, lo que permitía a las autoridades evitar que cualquier ayuda fuera para los vencidos. Pero también servía para ampliar la represión: si el informe de conducta salía negativo, se podía iniciar el consiguiente expediente por responsabilidades políticas.

Este sistema estaba diseñado para los propietarios: quienes no tenían título sobre ningún inmueble sencillamente no existían para él. Este proceso que ya de por sí excluía a los propietarios que no disponían de los fondos ni de la destreza para llevarlo a cabo, se olvidaba totalmente de los inquilinos. Las clases populares quedaban fuera de las ayudas, por lo que se vieron obligadas a subsistir en condiciones degradantes. Hoy existe una legislación que promueve el beneficio de los especuladores que incrementan cada vez más su patrimonio: las socimis, fondos de inversión inmobiliaria exentos del Impuesto sobre Sociedades, acumulan viviendas con una tributación mínima mientras la gente trabajadora sufre la inflación de productos de primera necesidad, la subida de alquileres y de hipotecas, etc.

¿Y cuándo no tenían donde poder vivir dónde se iba la gente en la posguerra? Pues excavaban y ocupaban las cuevas de los montes Benacantil, Tossal y La Goteta o levantaban viviendas en los alrededores del cementerio de Nuestra Señora del Remedio. Todos estos lugares habían servido de refugio durante la guerra para huir de las bombas, pero en la posguerra siguieron siendo el único hogar posible para suplir la escasez de vivienda. Actualmente, todos esos lugares se encuentran habitados por personas en situación de exclusión que no tienen otro sitio que habitar.

A todos ellos el Ayuntamiento franquista intentó echarlos de sus casas, pero sin ofrecerles una alternativa habitacional. Y es que para el alcalde estos vecinos y vecinas provocaban “una impresión tristísima” a los viajeros “por los desagradables cuadros de miseria que se les ofrecen de buenas a primeras”. A veces iba la policía, los echaba, tapiaba las cuevas, pero la gente volvía a sus casas. Aunque fuera en condiciones deplorables, no tenían ningún otro lugar a donde ir. Volviendo al presente, los desahucios sistemáticos, entre 3 y 4 al día en la provincia de Alicante en 2025 según el Consejo General del Poder Judicial, suponen un fracaso de un sistema que tiene recursos suficientes para dar una vivienda digna a todo el mundo. Al igual que multar a las personas en situación de calle para que abandonen el centro de la ciudad, sigue siendo una forma de maquillar un problema que tiene raíces estructurales.

Por último, y como ocurre con demasiada frecuencia en la actualidad, las autoridades franquistas establecían la distinción por origen de los habitantes de estas cuevas. Pero esta vez no venían de otro lado del Mediterráneo y del Atlántico, sino de Almería, Murcia o de la propia ciudad. Daba igual: la clasificación por origen era necesaria para dar a entender que la pobreza no era un problema de los alicantinos, sino de las gentes foráneas. Esto nos invita a pensar que la xenofobia era y es una creación que busca enfrentar a pobres contra pobres, evitando señalar que la desigualdad viene de arriba.

La rima en la historia, pues, resulta inquietante. En la posguerra y en el presente, el problema de la vivienda no es un accidente ni una fatalidad: es el resultado de decisiones políticas que priorizan determinados intereses frente a las necesidades más básicas de las personas. Entonces como ahora, las administraciones gestionan la crisis señalando a los más vulnerables (por su origen, por su pobreza, por su visibilidad incómoda) en lugar de abordar las causas estructurales. Entonces como ahora, se expulsa sin ofrecer alternativa y se mira hacia otro lado cuando el problema se hace demasiado evidente.