Este verano, la ciudadanía europea, y en particular la española, está pagando dos veces el precio de depender de los combustibles fósiles. Primero, lo pagamos en las gasolineras. Debido a la situación geopolítica y las olas de calor, solo en los meses de verano en España, el precio medio de la gasolina ha subido un 18%; el diésel un 21, 4% y el de la electricidad un 17%.

La segunda factura es mucho peor, porque más allá del coste económico supone una catástrofe humana, social y ecológica. Este verano, una ola de calor tras otra han azotado la Península Ibérica, haciendo del otrora idílico verano una estación insoportable, en la que el sudor y el sofoco son el menor de los males. Lo más devastador es que, a finales de agosto ya se contabilizaban más de 5.000 muertes debidas al calor, lo que supone el verano con más fallecimientos por esta causa.

Las altas temperaturas también hacen más terribles los incendios forestales, que han vuelto a arrasar el país, batiendo récords imposibles. Solo en julio y agosto, lamentamos la muerte de 14 personas por causas relacionadas con incendios forestales. Son decenas de miles de personas las que han sido evacuadas, y miles de ellas tienen que lamentar incluso que su vivienda se haya visto afectada. Sin olvidar las más de 250.000 hectáreas de montes calcinados en un par de meses. La situación es tan dramática que ya hablamos con normalidad de decenas de miles de hectáreas quemadas, de cientos o miles de personas evacuadas y de poblaciones afectadas en cada incendio.

A esta factura también se suman las pérdidas en las cosechas, que el servicio científico de la Comisión Europea JRC, cifra en un 14% por debajo de la media de los últimos cinco años en la UE, dependiendo del cultivo. Solo esto tiene un impacto económico estimado es de unos 2.000 millones de euros de ingresos perdidos para los agricultores.

Aunque la factura del combustible o la luz y la que causan las altas temperaturas se presentan como algo diferente, ambas son consecuencias de un modelo energético basado en los combustibles fósiles. Durante años, los responsables políticos europeos han tratado la lucha contra el cambio climático, la seguridad energética y la competitividad como agendas separadas. La realidad es la contraria. La vía más rápida para conseguir una energía más barata y fiable, una industria más resistente y una mayor autonomía geopolítica es la misma que permite reducir las emisiones: acabar con la dependencia de los combustibles fósiles.

Ahora Europa necesita una hoja de ruta ambiciosa para hacer frente a su mayor vulnerabilidad estratégica: su dependencia de los combustibles fósiles. El discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará la presidenta Ursula von der Leyen en septiembre es el momento adecuado para ponerla en marcha. La presidenta de la Comisión Europea debería centrar su acción y su discurso en responder a la pregunta ¿qué hace falta para que esta sea la última crisis de los combustibles fósiles que sufra Europa?

El primer paso es cuantificar el verdadero coste de esta dependencia. El siguiente paso es identificar la vía más rápida y eficaz para abandonarlos. La reducción del consumo, las energías renovables respetuosas con la biodiversidad y el territorio, la eficiencia energética, la electrificación, unas redes dimensionadas y robustas, así como el almacenamiento son soluciones sobre las que ya existe evidencia suficiente para demostrar que funcionan. El reto ahora es desplegarlas. Además, cada euro de dinero público debería someterse a una pregunta muy sencilla: ¿reduce la dependencia de Europa de los combustibles fósiles o la prolonga? Demasiados fondos públicos, demasiadas subvenciones y demasiadas decisiones de inversión siguen reforzando el sistema energético del pasado en lugar de impulsar el del futuro.

La transición debe hacerse de forma justa y contando con toda la ciudadanía europea. Las regiones, las personas trabajadoras y los hogares que sostienen la economía europea no pueden quedar simplemente al margen, asumiendo por sí solos los costes del cambio. Al contrario, deben estar en el centro del diseño de las soluciones y de las vías para llevarlas a cabo. Y si hablamos de soluciones rentables, la naturaleza debe formar parte de la estrategia. Los bosques, humedales, suelos y espacios verdes urbanos de Europa no son meros activos medioambientales. Son infraestructuras esenciales: ayudan a enfriar las ciudades, reducir el riesgo de inundaciones, almacenar carbono y reforzar nuestra capacidad de adaptación a un clima cambiante, a menudo a un coste muy inferior al de las alternativas basadas en infraestructuras artificiales.

Ninguna de estas prioridades es nueva. Lo que ha faltado hasta ahora es un único marco estratégico capaz de conectarlas. El debate europeo se ha fragmentado, creando una brecha entre la política industrial, la seguridad, la lucha contra el cambio climático, la agricultura y las reglas fiscales. Sin embargo, cada nueva crisis energética demuestra que todos estos ámbitos forman parte de un mismo desafío: la dependencia de la energía fósil importada hace que Europa sea más débil, más pobre y menos resiliente. El discurso sobre el estado de la Unión que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará en septiembre debería hacer algo más que responder a las últimas crisis. Debería poner en marcha una hoja de ruta que garantice que nunca más se repita.