Hoy, 15 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de la Democracia. Y lo hacemos no para cumplir con una fecha más del calendario, sino para recordar el valor de aquello que sostiene nuestra convivencia: la libertad, la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos fundamentales y el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro.

La democracia es mucho más que acudir a votar cada cierto tiempo. Es una forma de entender el poder y, sobre todo, de limitarlo. Significa que ninguna mayoría está por encima de la ley; que las instituciones pertenecen a todos y no pueden ponerse al servicio de un partido; que la separación de poderes debe respetarse; que la prensa ha de ejercer su labor con libertad; y que la oposición no es un obstáculo, sino una parte imprescindible del sistema democrático.

Naciones Unidas promovió esta jornada para reafirmar esos principios y para recordarnos una verdad esencial: el poder no pertenece a los gobiernos, ni a los partidos, ni a sus dirigentes. El poder pertenece al pueblo. Los responsables públicos lo recibimos de manera temporal, sometido a la Constitución y a las leyes, y tenemos la obligación de ejercerlo con honestidad, mesura y respeto a los que nos dieron su confianza.

Por eso, defender la democracia exige algo más que pronunciar grandes palabras. Exige coherencia. Exige responsabilidad. Exige que las convicciones se traduzcan en decisiones cuando llega el momento de elegir entre la conveniencia personal y el interés general.

España atraviesa una grave situación política que ha provocado una profunda preocupación en muchos ciudadanos. Existe una enorme inquietud por el deterioro de la confianza en las instituciones, por la utilización partidista de espacios que deberían ser comunes y por una manera de gobernar que, demasiadas veces, ha sustituido el diálogo por la imposición y la rendición de cuentas por la resistencia a cualquier precio.

Y es nuestra responsabilidad, la de los representantes de los ciudadanos, a la que hay que apelar para poner remedio.

Esta exigencia de responsabilidad alcanza a todos; también a quienes, desde las filas socialistas, reconocen públicamente la gravedad de lo que está ocurriendo. La discrepancia expresada en una entrevista o desde una tribuna puede ser legítima, pero resulta insuficiente si después se sostiene con los votos aquello que se censura con las palabras.

Quien afirma que España necesita otro rumbo debe contribuir a hacerlo posible. Quien denuncia decisiones que considera perjudiciales para la igualdad, la convivencia o la fortaleza institucional no puede limitarse a mostrar su desacuerdo y, al mismo tiempo, garantizar que todo continúe igual.

En democracia, la responsabilidad no consiste únicamente en opinar: consiste también en asumir las consecuencias de lo que se piensa y de lo que se vota.

Y esto afecta de manera directa al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Él tiene a su alcance instrumentos democráticos para actuar: los diputados socialistas elegidos en Castilla-La Mancha no representan únicamente a una dirección de partido, representan a los ciudadanos de nuestra tierra. Su voto en el Congreso tiene mucho valor, tiene consecuencias y puede servir para abrir una nueva etapa en la que los españoles recuperen la palabra.

No se trata de pedir a nadie que renuncie a sus ideas ni a su identidad política. Se trata de anteponer la defensa de las instituciones y el interés de España a cualquier cálculo partidista. Y se trata, en definitiva, de comprender que guardar silencio o permanecer inmóvil también es una decisión cuando realmente se tiene capacidad para influir.

Por eso mismo, en este Día Internacional de la Democracia, debemos reafirmar nuestro compromiso con la Constitución, con la libertad y con la convivencia. Y debemos recordar algo fundamental: cuando una sociedad necesita recuperar la confianza y decidir su rumbo, nadie debe tener miedo a escuchar su voz. Porque la democracia empieza y termina siempre en el mismo lugar: en la voluntad libre de los ciudadanos y en su poder soberano.