Hay afirmaciones políticas que, a fuerza de repetirse, terminan adquiriendo apariencia de hechos probados. Y precisamente por eso conviene formular una pregunta incómoda: ¿quiere el Partido Popular hacer con la supuesta responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de Ceuta lo mismo que se hizo hace más de veinte años con las armas de destrucción masiva de Irak: convertir una hipótesis en una certeza política mediante su repetición constante?

La comparación no pretende equiparar dos acontecimientos de naturaleza y gravedad completamente distintas. La guerra de Irak y lo sucedido en Ceuta no son comparables. Lo que sí puede compararse es un método de construcción del relato político: partir de indicios, interpretaciones o informes parciales; eliminar progresivamente los matices y las dudas; repetir una conclusión categórica; y terminar presentándola ante la opinión pública como si estuviera definitivamente demostrada.

El PP ha afirmado estos días que “Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión”, ha hablado de “ataque híbrido”, “invasión” y “violación grave de la integridad territorial” española. El problema no es que un partido de la oposición plantee hipótesis, formule preguntas o exija una investigación. Eso es perfectamente legítimo. El problema comienza cuando la conclusión precede a la prueba.

Lo que dicen los documentos

La publicación por el Gobierno español de 40 informes y comunicaciones permite ahora discutir sobre documentos y no solamente sobre declaraciones políticas.

Y existe un dato particularmente relevante: un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil consideró “poco probable” que Marruecos hubiera consentido o incentivado la entrada masiva. Entre los elementos considerados figuraban el despliegue de unos 1.000 efectivos marroquíes y la interceptación de centenares de personas antes de la avalancha. Otro informe policial apuntó a la propia organización de los migrantes.

También sabemos que el CNI detectó convocatorias en redes sociales y que el 29 de julio comunicó esa información no solamente a autoridades españolas, sino también a los servicios de inteligencia marroquíes. Los grupos identificados acumulaban unos 180.000 seguidores.

Nada de ello permite afirmar que todo esté aclarado. Hay documentos, imágenes y comportamientos que merecen investigación. La Audiencia Nacional está precisamente investigando los hechos y su posible carácter organizado.

Pero investigar quién organizó una entrada masiva no equivale a haber demostrado que la organizó el Estado marroquí. Esta diferencia es esencial.

La lección de Irak

En 2002 y 2003 se aseguró ante la opinión pública internacional que Irak disponía de armas de destrucción masiva. Aquella afirmación se convirtió en uno de los argumentos fundamentales para justificar la guerra.

Después se comprobó que evaluaciones esenciales habían exagerado lo que realmente respaldaba la información disponible. Una investigación parlamentaria estadounidense concluyó que varios de los principales juicios de inteligencia habían sido exagerados o carecían de suficiente respaldo en la información subyacente. Las investigaciones británicas revelaron igualmente importantes incertidumbres, deficiencias y fuentes que resultaron poco fiables.

La enseñanza que dejó Irak no debería ser partidista. Es mucho más sencilla y universal: cuando se acusa a un Estado de una actuación extremadamente grave, cuanto mayor sea la acusación, mayor debe ser la exigencia de prueba.

No basta con que una hipótesis parezca plausible. No basta con imágenes susceptibles de distintas interpretaciones. No basta con que diez periódicos reproduzcan una misma afirmación. Y tampoco basta con repetirla cien veces desde una tribuna parlamentaria. La repetición no transforma un indicio en una prueba. De “pudo ocurrir” a “Marruecos lo hizo”. Ese es precisamente el salto que debería evitar el PP.

Puede sostener que Marruecos fue desbordado. Puede preguntarse si algunos agentes actuaron incorrectamente. Puede exigir que se determine por qué fallaron determinados dispositivos. Puede reclamar explicaciones sobre cualquier imagen o comunicación sospechosa. Puede incluso defender como hipótesis que existió permisividad.

Pero hay una distancia enorme entre todas esas cuestiones y afirmar que Marruecos estuvo detrás de la operación. ¿Dónde está la orden? ¿Quién la dio? ¿A qué organismo marroquí? ¿A través de qué cadena de mando? ¿Dónde están las comunicaciones que acreditan una decisión del Estado? ¿Dónde está la prueba de que las decenas de miles de personas fueron movilizadas por las autoridades marroquíes y no por redes sociales, grupos organizados u otros actores?

Si aparecen esas pruebas, deberán examinarse con toda su gravedad. Si no aparecen, la prudencia no constituye una defensa de Marruecos: constituye una exigencia elemental de rigor. Una pregunta especialmente pertinente para el PP. La comparación con Irak adquiere además una dimensión política particular porque España vivió directamente aquel episodio bajo un Gobierno del Partido Popular. Precisamente por ello, el PP debería ser uno de los partidos más conscientes del enorme coste que supone transformar información incompleta en certezas políticas sobre la responsabilidad de otro Estado. Veintitrés años después, nadie debería necesitar otra experiencia semejante para comprender la diferencia entre sospechar, investigar, demostrar y condenar. En Ceuta ocurrió algo extraordinariamente grave. Debe investigarse hasta el final. Deben determinarse responsabilidades individuales, organizativas o estatales allí donde las pruebas conduzcan. España tiene todo el derecho a hacerlo y Marruecos debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Pero la investigación no puede tener escrita su conclusión de antemano. Por eso la pregunta no es si el PP tiene derecho a criticar a Marruecos. Naturalmente que lo tiene. La pregunta es otra: ¿quiere realmente averiguar qué ocurrió en Ceuta o pretende convertir primero a Marruecos en culpable y buscar después las pruebas que permitan sostener esa conclusión? Porque si se opta por lo segundo, corremos el riesgo de recuperar una vieja fórmula que la historia ya desacreditó: primero se construye una certeza política, después se repite hasta convertirla en verdad pública y, finalmente, se espera que aparezcan las pruebas. En Irak, aquellas armas nunca aparecieron. En Ceuta, antes de señalar a un Estado como autor de un ataque contra España, sería conveniente asegurarse de que esta vez las pruebas existan antes que la acusación.