Durante años, la comunidad internacional, los medios de comunicación e, incluso, parte de la sociedad israelí han denunciado la “violencia de los colonos” como si se tratara de un fenómeno de grupos extremistas ajenos al Estado. Esa descripción no explica lo que ocurre en Cisjordania. Peor aún, contribuye a ocultarlo.

El reciente informe que hemos publicado desde B’Tselem muestra que la violencia ejercida por milicias de colonos armados forma parte de un sistema mucho más amplio. No se trata de una anomalía de la ocupación, sino de una de las herramientas del proyecto de eliminación: la reorganización del territorio y de las condiciones de vida para hacer permanente y continua la presencia israelí-judía, mientras la existencia palestina se vuelve fragmentada, insegura y, finalmente, inviable.

Desde el 7 de octubre de 2023, la simbiosis entre colonos y Estado adquirió una nueva dimensión: miles de colonos fueron reclutados y armados para integrar unidades de defensa territorial en sus zonas de residencia. Los escuadrones de emergencia se ampliaron y recibieron entrenamiento y equipamiento militar. Los coordinadores de seguridad de los asentamientos poseen poderes oficiales para detener y registrar a la población palestina y distribuir armas militares. Al mismo tiempo, el Gobierno flexibilizó los requisitos para portar armas. Durante los seis meses posteriores al 7 de octubre se documentaron más de 700 ataques de colonos y en casi la mitad de ellos participaron atacantes uniformados.

No hay una frontera clara entre “el Estado” y “los colonos”. En Cisjordania esa frontera se ha erosionado en las pasadas décadas y, desde octubre de 2023, se ha vuelto prácticamente inexistente. Soldados, policías, unidades de colonos con armas provistas por el Estado, coordinadores de seguridad de los asentamientos, escuadrones de emergencia y milicias de colonos actúan muchas veces como partes complementarias de un mismo sistema. Los colonos atacan con armas proporcionadas por el Estado; los soldados presencian los ataques sin intervenir o participan en ellos directamente; el ejército bloquea carreteras o dispara contra los palestinos que intentan defender sus tierras y familias.

Hoy, además de los grandes asentamientos, Israel cuenta con un dispositivo mucho más rentable y eficaz para apoderarse de extensas áreas: las llamadas granjas de colonos. Mediante el establecimiento de una pequeña granja financiada con fondos públicos, con apoyo policial y militar, se ejerce el dominio sobre el territorio y la población. Primero, se impide a los pastores palestinos acceder a sus tierras; luego, se dañan sus cultivos y rebaños y, por último, se intensifican las amenazas y la violencia contra ellos.

El Estado no necesita firmar y ejecutar una orden formal de expulsión. Lo que hace es crear unas condiciones en las que es inviable permanecer. Reducir todo esto a “violencia de colonos” es falsear la realidad. Las granjas de colonos reciben infraestructura, presupuesto, armas y protección estatales. Las autoridades asignan tierras de pastoreo; los consejos regionales y el ejército cooperan con las granjas y, una vez que la comunidad palestina abandona su lugar de residencia, se establecen carreteras, caravanas, cercas y nuevas explotaciones.

Como concluye nuestro informe, las milicias que operan desde estas granjas no deben entenderse como un elemento externo al Estado, sino como un brazo operativo del mecanismo de control territorial en el que la distinción entre lo civil y lo militar pierde su sentido. La violencia hace inviable la permanencia de los palestinos y las instituciones israelíes consolidan después el dominio territorial. Este es el sistema mediante el que fueron expulsadas 66 comunidades palestinas desde el mes de octubre 2023.

En los últimos años se ha desplegado con mayor claridad este espectro de violencia. Una y otra vez, decenas o centenares de colonos irrumpen en pueblos palestinos —como Huwara, Beita o Qusra, entre otros— acompañados por soldados, incendian casas y atacan a sus habitantes. Cuando los palestinos intentan defenderse, los soldados les lanzan gases lacrimógenos y, en algunos casos, les disparan con munición real.

En muchos casos, los colonos que llevan a cabo los ataques utilizan armas que recibieron del Estado para disparar contra la población palestina, provocando en muchas ocasiones víctimas mortales. Estos ataques ponen de manifiesto la creciente difuminación de la frontera entre los representantes oficiales y no oficiales del régimen israelí. La impunidad casi total de la que gozan quienes atacan a palestinos, sean colonos o soldados, pone en evidencia el respaldo sistémico que reciben quienes ejercen esta violencia.

La impunidad no es una mera consecuencia de los ataques. Es una condición para que el mecanismo funcione: según datos de la ONG israelí Yesh Din, citados en el informe, de 1.750 casos policiales abiertos contra colonos por ataques a palestinos entre 2005 y 2025, solo el 6,7% dio lugar a una acusación formal y apenas un 3% terminó con una condena total o parcial. La violencia tiene un coste mínimo para quien la ejerce y existencial para quien la padece.

Esta configuración desafía incluso el lenguaje habitual. ¿Quién es colono y quién es soldado cuando un residente de un asentamiento viste uniforme, porta un arma estatal y actúa en la zona donde vive? ¿Qué significa que un colono es un “civil” israelí, cuando puede detener a un palestino, cerrar una carretera o señalar a quién deben arrestar los soldados?

También en España, al final del franquismo y durante la Transición, muchas organizaciones operaron en un espacio igualmente ambiguo entre la violencia ultraderechista y sectores de los aparatos de seguridad. Lo relevante no es que los casos sean históricamente equiparables, sino el mecanismo: el Estado delega parte de la violencia en actores que se presentan como privados, pero al armarlos, integrarlos en sus redes de información y garantizarles impunidad los convierte en parte de su propio aparato.

Europa debe extraer una conclusión incómoda. Si se continúa tratando al Estado israelí como si fuera la instancia encargada de contener la violencia de los colonos, se reproduce una ficción que alimenta esa misma violencia. El problema no es la incapacidad del Estado para frenar a los extremistas, sino un sistema en el que las instituciones estatales arman, informan, financian y protegen a quienes transforman el territorio por la fuerza.

Para entender lo que en B'Tselem hemos llamado 'proyecto de eliminación' en Cisjordania, debemos abandonar la imagen del colono enfrentado al Estado. La realidad es que el colono armado y el Estado no están en bandos opuestos. Son piezas de un mismo mecanismo.

Ori Givati es director de Relaciones Internacionales de la organización israelí B'Tselem