Llevamos demasiado tiempo hablando del conflicto entre residentes, propietarios y actividad turística en las llamadas “zonas turísticas” de Canarias. Y digo “zonas turísticas” entre comillas de manera deliberada, porque Gran Canaria es una isla turística, pero también es una isla para vivir.

Este es un problema complejo y los problemas complejos no se solucionan con recetas mágicas. Durante demasiado tiempo hemos escuchado respuestas aparentemente sencillas, e incluso posiciones que cambian dependiendo de dónde se pronuncien: una cosa en un municipio, otra en otra institución y otra cuando toca legislar. Creo que debemos huir de eso.

Necesitamos una solución seria, jurídicamente sólida y, sobre todo, pensada para durar. Y mi punto de partida es muy claro: primero, el derecho del propietario. Quien compró legalmente una propiedad debe poder decidir sobre ella dentro de unas reglas claras. Y si las reglas actuales no responden a la realidad social que vivimos, nuestra obligación como responsables públicos no es escondernos detrás de ellas. Es cambiarlas.

Legislar para que la gente pueda vivir en su propiedad

Aquí quiero ser especialmente claro. No me conformo con decir que un propietario podrá vivir en su inmueble únicamente allí donde hoy esté reconocido el uso residencial. Creo que precisamente debemos abordar ese problema.

Tenemos que legislar para que una persona pueda vivir en una propiedad adquirida legalmente cuando ese inmueble reúna las condiciones objetivas exigibles para ser habitado. Naturalmente, con requisitos: seguridad, salubridad, habitabilidad, reglas de convivencia y todas las garantías que establezca la ley.

Pero no podemos dar la espalda a la realidad. Canarias atraviesa un gravísimo problema de acceso a la vivienda y, en el sur de Gran Canaria, lo conocen especialmente bien miles de trabajadores y sus familias. En ese contexto debemos hacernos una pregunta bastante sencilla: ¿qué sentido tiene sacar a una persona de una vivienda perfectamente habitable cuando las propias administraciones no hemos sido capaces de ofrecer alternativas residenciales asequibles y reales?

Hablamos de personas que trabajan en nuestros hoteles, restaurantes, comercios, servicios públicos y empresas vinculadas directa o indirectamente al turismo. Personas que hacen posible cada día el funcionamiento de nuestro principal sector económico. No parece razonable decirles que son imprescindibles para trabajar en una “zona turística”, pero que no pueden vivir en ella simplemente porque una clasificación concebida hace décadas lo impide, incluso cuando el inmueble reúne todas las condiciones necesarias. Creo que eso merece ser revisado.

Una isla turística también tiene que ser una isla habitable

Defiendo el turismo. Lo he hecho durante años desde responsabilidades públicas y lo seguiré haciendo. Son conceptos compatibles por lógica. Es nuestro principal motor económico y debemos garantizar que siga siendo competitivo, moderno y de calidad. Lo que un consejero busca y persigue es la armonio del destino. Armonía entre todas las partes para que los implicados puedan realizar su plan de vida, satisfechos en sus deberes y obligaciones. 

Pero precisamente por eso debemos recordar para qué sirve la economía: el turismo debe generar riqueza para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. No tendría sentido que el éxito turístico terminara dificultando que las personas que sostienen esa actividad puedan encontrar un lugar donde vivir.

Por eso tampoco comparto la idea de presentar al residente como una amenaza para el turismo. La calidad turística no depende de expulsar residentes. Depende de tener buenos establecimientos, buenas instalaciones, limpieza, seguridad, servicios, renovación, profesionalidad y estándares de calidad exigentes. Ese debe ser nuestro debate.

Lo importante son los estándares de calidad

Si una empresa explotadora garantiza esos estándares, perfecto. Las buenas empresas turísticas son necesarias y deben tener seguridad para desarrollar su actividad. Pero si un propietario individual puede explotar turísticamente su inmueble cumpliendo exactamente los requisitos que establece la legislación, creo que también debemos estudiar esa posibilidad.

Lo importante debe ser cómo se presta el servicio y qué calidad recibe quien nos visita. Una regulación turística moderna debe controlar resultados, estándares, conservación, seguridad y calidad; no proteger modelos de negocio concretos por encima del derecho legítimo de propiedad.

El propietario decide sobre su propiedad

Ese principio debe quedar perfectamente establecido. Un propietario puede querer vivir en su inmueble, ponerlo en explotación turística, incorporarlo voluntariamente a una empresa explotadora o desarrollar individualmente una actividad turística si la legislación lo permite y cumple los requisitos establecidos. Además, considero que es injusto aplicar leyes restrictivas modernas sobre propiedades adquiridas de forma totalmente legítima y libre en el pasado.

Nuestra obligación debe ser construir un marco jurídico que permita ordenar esas posibilidades, no imponer que una propiedad privada quede necesariamente vinculada a los intereses económicos de un tercero. Por eso creo que también tenemos que revisar el principio de unidad de explotación. No para destruirlo, sino para actualizarlo.

La unidad de explotación debe servir para garantizar profesionalidad y calidad, no para otorgar a una empresa derechos sobre propiedades cuyos titulares no han decidido participar en ese negocio.

Y las comunidades deben tener mucho más que decir

El segundo gran principio tiene que ser reforzar el papel de las comunidades de propietarios. Porque dentro de un complejo existen propiedades individuales, pero también existe patrimonio común: piscinas, jardines, recepciones, accesos, instalaciones y servicios. Y las decisiones sobre aquello que pertenece a todos no pueden adoptarse al margen de quienes son sus propietarios.

Por eso mi posición es sencilla: el propietario debe decidir sobre su propiedad y la comunidad debe tener capacidad real para decidir sobre lo común. Habrá que establecer las mayorías, los procedimientos, los límites y su encaje jurídico, pero creo que ese debe ser uno de los principios sobre los que construyamos una nueva regulación.

Ni residencializarlo todo ni mantener una ficción

Tampoco propongo convertir toda la planta turística en residencial. Sería irresponsable. Gran Canaria necesita preservar su capacidad alojativa y mantener una industria turística fuerte.

Pero tampoco podemos mantener ficciones jurídicas cuando la realidad ha cambiado. Hay complejos turísticos, residenciales y mixtos. Y existen miles de personas que viven desde hace años en inmuebles situados en las denominadas “zonas turísticas”. La política tiene dos posibilidades ante esa realidad: ignorarla o regularla. Yo prefiero regularla.

Una solución que no enfrente a nadie

No debemos plantear este debate como residentes contra empresarios ni propietarios contra explotadores. Aquí debe haber espacio para todos: para el propietario, para la comunidad, para quien legítimamente quiere explotar turísticamente y para las empresas que desarrollan correctamente su actividad.

Lo que necesitamos son reglas claras, seguridad jurídica, estándares de calidad y una legislación adaptada a la Canarias actual. Sin soluciones mágicas. Sin posiciones diferentes dependiendo de la institución en la que uno se encuentre. Y sin convertir en culpables del problema a quienes simplemente han comprado o viven legalmente en una propiedad.

También hay que reconocer a quienes llevan años dando la batalla

Quiero hacer también un reconocimiento expreso a todas las personas afectadas que, de forma individual o a través de distintas plataformas, llevan años defendiendo sus derechos, estudiando la normativa, organizándose y haciendo visible una realidad que durante demasiado tiempo no siempre ha recibido la atención que merecía. Su trabajo ha sido imprescindible.

La política debe aprender de ese esfuerzo. No podemos acercarnos a estos colectivos únicamente cuando conviene escucharlos y después olvidarnos del problema cuando cambia el momento político. Una cuestión de esta magnitud exige continuidad, coherencia y compromiso.

Las personas afectadas han conseguido hacerse oír por mérito propio. Han mantenido vivo el debate y han obligado a las instituciones a mirar de frente una realidad que existe. Mi intención no es sustituir ese trabajo ni apropiarme de él. Es sumar: escuchar, ayudar desde la responsabilidad política que me corresponda y dar fuerza institucional a unas reivindicaciones que merecen una respuesta clara y duradera.

Por eso quiero que sepan que, en ese camino, cuentan conmigo. No para decirles lo que tienen que defender, sino para acompañar, trabajar y contribuir a que todo ese esfuerzo termine convirtiéndose en soluciones.

Mi posición parte de algo muy sencillo: primero, respetar el derecho del propietario. Después, construir una regulación que permita ordenar todas las demás realidades.

Porque Gran Canaria necesita turismo, pero también necesita vivienda. Necesita empresas, pero también necesita residentes. Y, especialmente, necesita que las personas que trabajan y hacen posible cada día nuestro éxito turístico puedan desarrollar aquí también su proyecto de vida.

Una Gran Canaria turística debe ser también una Gran Canaria habitable. Ese equilibrio no solo es posible. Creo que es imprescindible.