La libertad de prensa se considera una de las características fundamentales de una democracia liberal. Sin embargo, su verdadero significado no se limita al aspecto formal o declarativo del concepto, sino que deriva de la libertad de circulación de los periodistas, de su acceso a las fuentes de información y a los lugares donde se producen los acontecimientos y, por supuesto, de la protección de su seguridad personal. El incumplimiento de estos principios, que constituyen condiciones esenciales para la existencia de una prensa libre, indica un deterioro de los fundamentos de la democracia. Por ello, los ataques continuados contra la prensa libre en Israel y contra los medios de comunicación extranjeros que operan en el país deben entenderse en el contexto del progresivo debilitamiento de la democracia israelí, que se manifiesta, entre otras cosas, en la ausencia de igualdad civil, el menoscabo de la independencia del poder judicial y la erosión del sistema de contrapesos y controles.

A lo largo de los años de gobierno de Benjamin Netanyahu, y con mayor intensidad durante su actual mandato, se han llevado a cabo diversos intentos de debilitar la prensa libre en Israel. Paralelamente, y aparentemente sin relación con lo anterior, se han producido numerosos casos de agresiones contra representantes de los medios de comunicación extranjeros que trabajan en el país, incluidos ataques violentos. Un análisis más amplio de esta tendencia obliga a considerar ambos fenómenos como manifestaciones distintas de una misma política, cuyo propósito ha sido perjudicar a cualquier actor, israelí o internacional, que pueda cuestionar la continuidad del gobierno de la derecha y poner en peligro la permanencia del control israelí sobre los territorios de Cisjordania. Las medidas de los gobiernos de Netanyahu contra los medios israelíes, al igual que sus actuaciones contra el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil, han tenido como objetivo debilitar los mecanismos internos de supervisión y reducir la exposición pública de los fracasos del Gobierno, ahora en funciones tras las elecciones del 27 de octubre: la corrupción gubernamental, las deficiencias administrativas y el reparto de fondos públicos según criterios políticos y sectoriales. Se trata de cuestiones cuya exposición a la crítica pública podría socavar el apoyo al gobierno de derecha. Por el contrario, las medidas del Gobierno contra los representantes de los medios extranjeros han buscado reducir la exposición internacional de lo que ocurre en Gaza y Cisjordania, incluidos el terrorismo de los colonos, la aplicación selectiva de la ley y los daños sistemáticos infligidos a la población palestina, cuya difusión podía intensificar las críticas internacionales a Israel y poner en peligro la estabilidad del Gobierno.

En el ámbito interno israelí, el debilitamiento de los medios de comunicación se manifiesta en varios planos que se complementan entre sí. El primero consiste en el fomento y el apoyo a medios de comunicación de derecha que no se limitan a respaldar a Netanyahu y a su Gobierno, sino que también llevan a cabo campañas de deslegitimación contra sus adversarios políticos. Es cierto que muchos medios de comunicación en el mundo adoptan posiciones políticas claramente definidas. Sin embargo, en el Israel de Netanyahu, los medios que apoyan su política disfrutan de ventajas institucionales y regulatorias, mientras que su Gobierno ha promovido medidas que amplían las facultades de supervisión y las posibilidades de sanción contra los medios críticos. Junto a los cambios regulatorios, se ha desarrollado una campaña de propaganda política sistemática, encabezada por el propio Benjamin Netanyahu, destinada a socavar la credibilidad y, sobre todo, la lealtad nacional de la prensa crítica. Esta es presentada una y otra vez como un actor movido por intereses políticos, cuyo propósito es perjudicar al gobierno de derecha y, de paso, al propio Estado. El calificativo que Netanyahu les ha atribuido, “canales de la mentira y la incitación”, no es simplemente una expresión de descontento con una cobertura determinada, sino parte de una campaña destinada a presentar la crítica periodística como una actividad hostil y a privarla de legitimidad pública. La decisión del Gobierno de boicotear el diario Haaretz, por ejemplo, a raíz de las críticas que formuló contra la política gubernamental en Gaza, demuestra cómo una campaña contra la crítica periodística se traduce en una medida institucional contra un medio de comunicación. De este modo, se desdibuja la frontera entre la crítica a la política del Gobierno y la hostilidad hacia el Estado; entre la función del periodista de revelar fallos y su presentación como un traidor interno.

Este mensaje no se limita al discurso político o al ámbito regulatorio. Los periodistas especialmente críticos están expuestos a hostigamientos y actos de violencia, y algunos de ellos incluso cuentan con protección personal. A pesar del aumento de las manifestaciones de violencia contra periodistas, no se ha escuchado ninguna condena ni protesta por parte de los políticos de derecha. Este silencio no es neutral, sino que refleja un apoyo tácito a la violencia contra la prensa libre. Así, las agresiones físicas se suman a los intentos regulatorios y propagandísticos de debilitar la prensa libre y vaciar de contenido el principio de la libertad de prensa.

El mismo objetivo subyace también a los intentos de perjudicar a los medios de comunicación extranjeros en Israel, aunque los métodos empleados sean diferentes. Si el debilitamiento de los medios israelíes se lleva a cabo principalmente mediante instrumentos regulatorios y la deslegitimación de la propia crítica, en el caso de los medios extranjeros se manifiesta en restricciones a la libertad de movimiento y de cobertura informativa, en la presentación de los periodistas como actores políticos hostiles y en las interferencias en su trabajo, que en ocasiones llegan hasta la violencia física.

Desde el estallido de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, se han multiplicado los testimonios sobre las restricciones impuestas a la actividad de periodistas extranjeros mediante diversos argumentos administrativos y procedimentales. Entre otras medidas, se han registrado demoras e interrogatorios en las fronteras, exigencias de información sobre la naturaleza de la actividad prevista, cancelaciones de permisos de entrada, confiscaciones de equipos y restricciones a la circulación. En no pocas ocasiones, estos procedimientos han ido más allá de las justificaciones de seguridad y han afectado directamente al contenido de la cobertura periodística. Estos casos indican que las publicaciones anteriores de un periodista se han convertido en un factor a la hora de decidir si se le permite entrar en Israel. De este modo, la propia crítica periodística se transforma en motivo para restringir la libertad de prensa.

Una indicación de la política que subyace a estos hostigamientos puede encontrarse en las declaraciones de algunos ministros del actual Gobierno. En junio de 2025, por ejemplo, durante los enfrentamientos con Irán, el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, publicaron un comunicado conjunto en el que presentaban a los medios de comunicación extranjeros como actores hostiles que operan “bajo la apariencia de periodistas”. Ben-Gvir declaró incluso que “la anarquía mediática de la prensa extranjera ha terminado”.

En efecto, una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), publicada en junio de 2026, documentó al menos seis casos en los que Israel impidió la entrada de periodistas extranjeros, entre otras razones, debido a publicaciones anteriores. Uno de los casos documentados es el de Alessandro Stefanelli, periodista y fotógrafo independiente italiano, cuya visado de periodista fue revocada en julio de 2025. Las autoridades le entregaron un documento oficial en el que se afirmaba que su cobertura anterior había sido «unilateral». También se restringió la circulación de la periodista española Queralt Castillo Cerezuela, después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora difundiera en un grupo de WhatsApp de periodistas extranjeros en Israel un mensaje en el que la acusaba de antisemitismo y de apoyar el boicot a Israel, entre otras razones, por sus publicaciones críticas. Naturalmente, no se encontraron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Un caso especialmente destacado es el de la expulsión de la periodista francesa Alice Froussard en junio de 2026. Froussard había cubierto Israel y Cisjordania durante unos seis años para distintos medios de comunicación. Según la información publicada por el CPJ, la decisión de impedirle la entrada en Israel estuvo relacionada con declaraciones anteriores en las que calificó de “masacre” las operaciones del ejército en Gaza y describió como “apartheid” la política israelí en Cisjordania.

A esta serie de casos se suma el de la periodista española Francesca Cicardi, de elDiario.es. La Autoridad de Población e Inmigración revocó su autorización de entrada pocas horas antes de su vuelo a Israel, adonde tenía previsto viajar para cubrir la campaña electoral. Aunque la portavoz de la Autoridad de Población e Inmigración declaró que todas las decisiones relativas a la revocación de visados se adoptan por recomendación de “organismos competentes”, hasta la fecha no se ha ofrecido ninguna explicación sobre la revocación de su autorización. La interpretación, sostenida por las organizaciones de periodistas, es que la oleada de revocaciones de visados a periodistas extranjeros, entre ellos Cicardi, debe entenderse como parte de una política de endurecimiento de las restricciones y de intensificación del proceso de selección de periodistas extranjeros que critican al Gobierno israelí o cuyos reportajes son percibidos por este como hostiles.

Los ataques contra la prensa extranjera no terminan en las restricciones administrativas. Los periodistas extranjeros también están expuestos a amenazas y agresiones físicas. Según los datos del CPJ, durante los diez primeros meses de 2026 se documentaron al menos 16 incidentes violentos que afectaron al menos a 35 periodistas extranjeros. En marzo de 2026 fue atacado un equipo de televisión de CNN; en agosto de 2026, un equipo de la cadena NBC fue agredido en la localidad de Jalud; el 6 de octubre, el fotógrafo de AFP Jaafar Ashtiyeh fue atacado mientras cubría la cosecha de aceitunas en la zona de Aqraba. Fue golpeado con culatas de fusiles y sufrió heridas en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. El 16 de octubre, la fotógrafa Heidi Levine, de The Washington Post, fue atacada por terroristas judíos, que le fracturaron cuatro vértebras. La reacción de Netanyahu, quien afirmó que “hay que determinar quién inició la violencia”, si el grupo de terroristas judíos o la fotógrafa de 65 años, lo dice todo.

Por supuesto, no se puede atribuir cada ataque perpetrado por particulares a la política del Gobierno. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad no ofrecen protección y los agresores no rinden cuentas, la violencia se convierte, en la práctica, en un instrumento adicional para restringir la libertad de prensa. La ausencia de una aplicación efectiva de la ley no constituye únicamente un fracaso de las autoridades encargadas de hacerla cumplir: transmite a los agresores el mensaje de que el riesgo de tener que responder por sus actos es bajo y, al mismo tiempo, tiene un efecto disuasorio sobre los periodistas que intentan documentar lo que sucede sobre el terreno.

En esencia, los ataques contra la libertad de prensa en Israel deben entenderse en el contexto más amplio del deterioro de la democracia israelí. El menoscabo de la independencia del poder judicial, los intentos de debilitar a los organismos de control y desmantelar el sistema de contrapesos y controles, así como la negativa a consagrar el principio de igualdad como principio constitucional, no son medidas aisladas ni casuales. Todas ellas derivan de una ideología comprometida con la continuación de la ocupación y la preservación del control israelí sobre los territorios de Cisjordania. Sin embargo, la perpetuación de la ocupación no puede coexistir a largo plazo con una democracia liberal sólida, cuyas instituciones y principios podrían imponerle límites, someterla a escrutinio y cuestionar su legitimidad. Los ataques contra la libertad de prensa se suman, por tanto, a un proceso más amplio que busca reducir la capacidad de los mecanismos de supervisión para revelar las consecuencias de la ocupación y someterlas al examen público. La concepción según la cual es posible continuar con la ocupación y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia israelí ignora la contradicción fundamental entre ambos objetivos: la continuación de la ocupación exige erosionar los fundamentos de la democracia; por el contrario, ponerle fin es una condición para garantizar la existencia de Israel como democracia liberal.

Un examen atento de los resultados electorales que empiezan a conocerse y de la manera en que se interpretan puede enseñarnos mucho, no solo sobre la naturaleza del discurso político y el carácter de la sociedad israelí, sino, sobre todo, sobre el futuro que aguarda a Israel y a toda la región.

Una lectura directa de los resultados electorales apunta a una clara derrota del bloque favorable a Netanyahu y a una contundente victoria de sus adversarios, que se autodenominan el “bloque del cambio”. Según los resultados provisionales, 65 de los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí, corresponden al bloque contrario a Netanyahu. A primera vista, el veredicto de los votantes es inequívoco: rechazo a Netanyahu y a su política, junto con el deseo de reforzar la democracia liberal y el Estado de derecho, así como de reparar las fracturas sociales tras cuatro años de un gobierno corrupto, polarizador y divisivo. Por tanto, cualquier gobierno que no refleje la decisión de la mayoría vulneraría un principio fundamental del sistema democrático e ignoraría la voluntad de los votantes.

Sin embargo, en Israel es habitual interpretar los resultados electorales desde una perspectiva nacional y, en ocasiones, abiertamente nacionalista, que distorsiona su verdadero significado. Esta interpretación, que no tiene en cuenta los votos de los electores árabes a la hora de determinar la composición del gobierno, pone de manifiesto los límites de la democracia israelí y su carácter distorsionado. Cuando se interpretan los resultados desde una lógica nacional, se observa que el bloque de Netanyahu obtuvo, en realidad, la mayoría entre la población judía, mientras que la victoria efectiva del bloque que se le opone, fruto del apoyo de los partidos árabes, se desvanece como si nunca hubiera existido.

Los partidos que, injustificadamente, se autodenominan el “bloque del cambio” también participan de este discurso, erigido en principio fundamental de la política israelí. A lo largo de la campaña electoral, estos partidos declararon explícitamente su rechazo a cualquier posibilidad de colaboración política entre judíos y árabes. Queda así claro que el cambio prometido por los adversarios de Netanyahu se limita a sustituir al primer ministro, sin modificar las normas políticas de Israel ni su actitud hacia la minoría árabe. La paradoja de que los partidos del “bloque del cambio” se aferren al discurso nacionalista se manifiesta no solo en su negativa a reconocer el peligro de que una minoría de cerca de dos millones de personas pierda toda esperanza de mejorar su situación mediante vías democráticas, sino también en su disposición a renunciar a su propia victoria.

De ello se desprende que, si bien la victoria del bloque favorable a Netanyahu entre la población judía fue clara, aunque ajustada, la victoria de la política de derechas resulta indiscutible. Entre los partidos del “bloque del cambio” figuran formaciones inequívocamente derechistas, que no solo se oponen a la cooperación entre judíos y árabes y a convertir la igualdad en un principio constitucional, sino que también rechazan categóricamente la solución de dos Estados. Algunas han declarado expresamente su compromiso de continuar con el proyecto de asentamientos y profundizar el control israelí sobre los territorios palestinos. Por tanto, su fracaso no debería sorprendernos: cuando la promesa de cambio se reduce a una cuestión de personas, mientras se promete mantener la misma política, queda patente hasta qué punto son limitadas las posibilidades reales de una transformación sustancial.

En esencia, los resultados electorales son un reflejo de la sociedad que acude a las urnas. La naturaleza del discurso político revela una sociedad que ha adoptado una visión del mundo nacionalista de derechas, en la que una parte considerable de la población rechaza incluso los últimos vestigios del carácter democrático de Israel. Para estos sectores, el alejamiento de Israel de Occidente es una condición necesaria para liberarse de un sistema de valores ajeno que limita la posibilidad de ejercer la soberanía judía sobre el territorio palestino. Esta tendencia, que hoy parece un proceso histórico inevitable, transformará profundamente el carácter de Israel y su posición en el mundo: Israel pasará de ser un Estado desarrollado que se considera parte de las democracias liberales occidentales a convertirse en un Estado que sitúa el nacionalismo religioso y la soberanía territorial por encima de los valores universales de igualdad, derechos humanos y Estado de derecho.

Frente a la fortaleza de la derecha, los resultados electorales ponen de manifiesto la debilidad de la corriente liberal en Israel. Si tuviéramos que contar a los representantes electos que han expresado su apoyo a la solución de dos Estados y declarado su compromiso con la democracia liberal, difícilmente llegaríamos a una docena. Los resultados electorales, y sobre todo la manera en que se interpretan, muestran hasta qué punto es frágil la esperanza de que la sociedad israelí haga surgir de su seno a un nuevo Frederik de Klerk. La posibilidad de un cambio en Israel que anuncie un nuevo futuro para toda la región parece, por su parte, prácticamente inexistente.

Sin embargo, Israel no vive en una burbuja, y un cambio en su política responde a un interés internacional más amplio. En estas circunstancias, la Unión Europea sigue siendo el principal actor, si no el único, capaz de salvar a Israel de sí mismo. Sus dirigentes deben dejar claro que excluir a los partidos que representan a la minoría árabe de cualquier posibilidad de influir en la composición del futuro gobierno por razón de su identidad nacional vulnera el principio de igualdad política. También deben advertir de que la persistencia de la discriminación y de las vulneraciones de derechos civiles fundamentales tendrá consecuencias para las relaciones con Israel. Deberían considerarse sanciones individuales contra los políticos que recurren a una retórica racista y discriminatoria, que llaman a “fomentar la emigración de los palestinos” de Gaza -una expresión eufemística para referirse a “fomentar la expulsión”- o que promueven la anexión y la expansión del proyecto de asentamientos. La Unión Europea debe vigilar de cerca el trato que recibe la minoría árabe en Israel, ya que el respeto de sus derechos constituye una condición ineludible para cualquier cambio en la política israelí respecto a la cuestión palestina. Asimismo, debe garantizar que toda visita a Israel de un alto representante europeo incluya encuentros con representantes de la dirigencia política de la minoría árabe y con miembros de la sociedad civil que promueven el debate público sobre la igualdad ciudadana y los derechos humanos.

De ahí se deriva también la necesidad de definir los límites de la crítica. Un boicot cultural a Israel, que perjudica ante todo a la corriente liberal cuya debilidad han puesto de manifiesto los resultados electorales, es una bendición para la derecha nacionalista, que ya rechaza la cultura occidental. Basta con escuchar la alegría con la que los políticos de derechas acogieron el anuncio de la Unión Europea de Radiodifusión sobre la posibilidad de excluir a Israel del Festival de Eurovisión para comprender cómo el aislamiento cultural puede alimentar la propaganda nacionalista. Esto no significa que Europa deba abstenerse de tomar medidas, sino que la Unión Europea debe distinguir entre la presión selectiva sobre los actores responsables de violaciones de los derechos humanos y de perpetuar la ocupación y la discriminación contra la minoría árabe, por un lado, y las medidas generalizadas que podrían reforzar precisamente a las fuerzas que pretende debilitar, por otro.

La verdadera prueba de la democracia israelí no consiste únicamente en determinar quién formará el gobierno, sino en saber si Israel es capaz de reconocer a todos sus ciudadanos como socios en pie de igualdad, reconocer a los palestinos como titulares de derechos nacionales y considerar el compromiso político una condición para un futuro más seguro y justo. Sin un cambio de esta naturaleza, Israel corre el riesgo de seguir manteniendo las formas externas de la democracia mientras se aleja cada vez más de su contenido esencial, hasta que la brecha entre la imagen que tiene de sí mismo y la realidad política resulte imposible de cerrar.

Hay películas que cuentan una historia, hay películas en las que la tormenta pública que las rodea se convierte en una historia en sí misma, y hay películas que son ambas cosas. El documental de Yuval Abraham y Rachel Szor NAZA-Daño colateral, que recibió un premio en el Festival de Venecia, pertenece a esta última categoría. Basado en los testimonios anónimos de 24 soldados y oficiales de inteligencia que sirvieron en Gaza, la película no se ocupa únicamente de las consecuencias de los bombardeos, sino también del mecanismo que los precedió: la recopilación de información, la selección de los objetivos, la evaluación del número de civiles que podrían resultar afectados y la cuestión de qué puede considerarse un “daño colateral” justificado. Sin embargo, parece que la tormenta pública suscitada por la película pasa por alto la cuestión más profunda que plantea a la sociedad israelí.

Naturalmente, se puede discutir la fiabilidad de uno u otro testimonio, examinar si un determinado recuerdo se corresponde con los hechos y preguntarse si existen casos que pudieran constituir fundamento para una acción judicial. Pero hay un hecho que no admite discusión, y está inscrito precisamente en el título de la película: ¿qué podemos aprender sobre el grado de moralidad de una sociedad que envuelve el daño infligido a civiles inocentes en el lenguaje profesional y neutral del “daño colateral”? En este universo terminológico, una casa se convierte en una “estructura”, una familia se convierte en un “número” y un niño muerto se convierte en un civil que se encontraba casualmente cerca de un objetivo. La propia muerte se convierte en un dato dentro de un sistema de consideraciones profesionales. Así se crea la posibilidad psicológica y moral de contemplar una catástrofe a distancia. Es precisamente en este punto donde el lenguaje pierde su verdadero significado, y una sociedad pierde su sentido moral.

Incluso antes de que la película fuera proyectada en Israel, sus autores ya habían sido objeto de una campaña de difamación. Fueron calificados de traidores y acusados de “perjudicar a los soldados del ejército israelí”, como si el ejército tuviera una política independiente y separada de la del Gobierno. Netanyahu marcó la pauta al sostener que debía revocárseles la ciudadanía, aparentemente partiendo del supuesto de que la crítica a la política de su Gobierno justificaba semejante medida. Es evidente que el motivo de esta escalada -consideraciones electorales y el intento de desviar la atención de los fracasos del Gobierno hacia los “traidores de izquierda”- no hace sino ilustrar la célebre frase de Samuel Johnson según la cual “el patriotismo es el último refugio del canalla”. Al mismo tiempo, cabe señalar no solo que las acusaciones planteadas en la película han recibido muy pocas respuestas sustantivas, sino también que precisamente en las declaraciones de portavoces oficiales y ministros del Gobierno pueden encontrarse elementos que refuerzan algunas de las acusaciones formuladas en ella. Por ejemplo, según las estimaciones israelíes, aproximadamente un tercio de los muertos en Gaza eran combatientes de Hamás. En otras palabras, los dos tercios restantes eran civiles u otros no combatientes, lo que vuelve a plantear la cuestión de qué se entiende realmente por “daño colateral”. O, por poner otro ejemplo, en un mensaje publicado hace unos días, el ministro de Defensa Israel Katz se jactó de que “hoy existe en Gaza una zona de seguridad limpia de habitantes y viviendas”, que abarca aproximadamente el 70% de la superficie de la Franja. Incluso dejando de lado el contexto político en el que fueron pronunciadas estas palabras, es imposible no preguntarse qué significa realmente la expresión “limpia de habitantes y viviendas”. ¿Qué fue de las personas que vivían en esas casas? ¿Adónde fueron? Y, sobre todo, ¿cómo pueden términos desprovistos de carga emocional como “zona de seguridad”, “limpia de habitantes” y “daño colateral” facilitar que una sociedad eluda su responsabilidad moral?

Si la película observa el mecanismo israelí de toma de decisiones, el relato del historiador francés Jean-Pierre Filiu, desarrollado ampliamente en su libro Un historien à Gaza, permite cambiar de perspectiva y observar las consecuencias desde el otro lado. Filiu, que conoce bien Gaza, visitó la Franja en diciembre de 2024 y constató la profunda distancia entre el lugar que conocía y lo que ahora se presentaba ante sus ojos.

Filiu comienza su relato describiendo paisajes de devastación que recuerdan al Infierno de Dante. Una cadena casi ininterrumpida de ruinas transforma la destrucción de una serie de lugares separados en la devastación de un territorio entero. En Jan Yunis, la ciudad que conocía bien, se encuentra ante un paisaje de cráteres, escombros y edificios que han perdido su identidad. De una mezquita solo queda un minarete; una calle entera está bloqueada por un edificio derrumbado, y el hospital Dar al-Salam ha quedado reducido a un montón de escombros. Filiu subraya que ha visitado distintos escenarios de guerra, pero que, según afirma, nunca había visto nada semejante. Las cifras que aporta dan una idea de la magnitud de la destrucción: el 87% de los edificios residenciales resultaron dañados, más del 80% de los establecimientos comerciales fueron destruidos y dos tercios de la red de carreteras quedaron inutilizados. Pero por impresionantes que sean, las cifras no cuentan toda la historia. Detrás de cada edificio derrumbado había vidas enteras; detrás de cada barrio desaparecido había un tejido social, y detrás de cada cifra se esconden seres humanos, familias, recuerdos y sueños.

La dimensión humana de la devastación se hace visible en las historias personales que relata Filiu. Describe a personas que han perdido incluso la posibilidad de saber dónde se encontraba su casa, a personas enterradas vivas bajo los escombros y a familias que han perdido su entorno vital y la comunidad a la que pertenecían. Según los datos recogidos en su testimonio, alrededor de 1,9 millones de personas se vieron obligadas a abandonar su lugar de residencia más de una vez. Al final de este proceso no les esperaba otra casa, sino una tienda de campaña y un espacio reducido de menos de dos metros cuadrados por persona.

Uno de los ejemplos más estremecedores de la devastación de Gaza se encuentra en la historia de la familia Mahmoud al-Fassi. Después de haber sido desplazada una y otra vez, la familia encontró refugio en una tienda de campaña junto al mar. Durante una noche fría y tormentosa, su hija Sila, de apenas tres semanas, temblaba de frío. A la mañana siguiente, sus padres la encontraron sin vida. En el hospital Nasser se determinó que había muerto de hipotermia. Fue el tercer caso de este tipo en el mismo hospital en un período de cuarenta y ocho horas, después de la muerte de un bebé de tres días y de otro de un mes. Es difícil leer el testimonio de Filiu y permanecer dentro del lenguaje estéril del “daño colateral”. Detrás de este término hay una bebé de tres semanas; hay un padre y una madre que intentan mantener caliente su cuerpo; y por la mañana encuentran a su hija muerta.

El “daño colateral” no se limita a la muerte y a la destrucción del núcleo familiar. Se extiende a las condiciones más básicas de la existencia. Filiu describe vertederos al aire libre, niños descalzos, tiendas que no protegen del viento y de la lluvia, fosas para aguas residuales excavadas en la arena, el olor de las aguas negras y la falta de privacidad. El agua es quizá el ejemplo más evidente de la desintegración de las condiciones básicas de vida. Según los datos que aporta, antes de la guerra la cantidad diaria de agua disponible era de unos 80 litros por persona, mientras que a finales de 2024 había descendido a unos nueve litros por persona al día, de los cuales aproximadamente dos estaban destinados al consumo. También aquí, la cifra oculta la realidad tanto como la describe. Nueve litros no son solo un dato estadístico. Son una persona haciendo cola con un bidón, un niño esperando agua, una familia que no sabe cuándo podrá volver a llenar su recipiente.

La devastación también es visible en el sistema sanitario. Filiu describe hospitales transformados de lugares de atención médica en espacios de miedo, escasez y asedio. Heridos y enfermos se ven obligados a recibir tratamiento en condiciones extremas, mientras un sistema incapaz de garantizar una atención básica tiene que hacer frente a la escasez de medios y de personal. Según los datos que aporta, mil pacientes sometidos a diálisis y unos diez mil enfermos de cáncer han perdido el acceso esencial al tratamiento y al seguimiento médico.

Al final, el relato de Filiu completa la película. Si la película se ocupa de las decisiones militares, Filiu se ocupa de sus consecuencias humanas. Parte del ser humano que se encuentra en el extremo opuesto de la decisión militar: de la familia desplazada, del niño que busca agua, de la bebé que murió de frío, del enfermo que espera ser atendido, del médico que sigue atendiendo en condiciones imposibles, de la ciudad arrasada y de una sociedad que se ha desintegrado.

Se puede discutir sobre los datos, los testimonios o una determinada decisión militar. Pero el debate sobre los hechos no puede borrar la cuestión moral: ¿qué ocurre cuando todo un sistema se acostumbra a describir a los seres humanos mediante términos que le permiten distanciarse del significado humano de sus propios actos? “Daño colateral” es un término que organiza la realidad desde el punto de vista del sistema militar. Selecciona, clasifica y calcula. Pero no describe la experiencia de quien vive al otro lado de ese término. En Gaza no existe ningún “daño colateral”. Existe la pérdida de una casa, de una familia, de un cuerpo, de un recuerdo y de un futuro.

En el momento en que definimos el daño infligido a los seres humanos mediante un término técnico y profesional, resulta más fácil distanciarse de su significado. El testimonio de Filiu hace exactamente lo contrario: devuelve a los términos y a las cifras rostros, familias, miedo, dolor y muerte. Coloca frente al lenguaje abstracto de la guerra sus consecuencias concretas.

La sociedad israelí puede ignorar la realidad, puede condenar a los autores de la película e incluso seguir dejándose fascinar por un prestidigitador vacío y carente de sustancia, pero nada de todo ello la eximirá de su responsabilidad. Y aunque pasen mil años, las injusticias cometidas en su nombre jamás quedarán blanqueadas.