En medio de la tormenta política que amenaza con ahogar al gobierno, el otro día alguien en el PSOE tuvo una ocurrencia brillante: un portal de vivienda pública que “cambiará las reglas del juego”. 24 horas después, el ridículo era de proporciones tan colosales que la presidenta de Casa 47 tenía que salir a dar explicaciones. Era previsible. A estas alturas, la crisis de la vivienda es algo demasiado serio como para sortear 800 miserables viviendas en todo el Estado, salir a anunciarlo a bombo y platillo —con atril, pantalla gigante y discurso del presidente— y esperar que nos lo tomemos de otra forma que como un insulto a nuestra inteligencia.

Ahora bien, no confundamos las cosas. Un piso más para el parque de vivienda pública siempre es una buena noticia. El problema con la jugada maestra de Casa 47 tiene varias aristas y hay que examinarlas paso a paso.

¿De dónde salen los pisos?

Según la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, estas primeras viviendas incorporadas al portal son las que se han expropiado a la SAREB, recuperadas “a coste cero”. Nada me gustaría más que esto fuera verdad, pero ni que decir tiene que Ramos omite buena parte de la película. Y es una película de ladrones y robos magistrales.

La historia comienza hace 14 años, cuando se crea la SAREB con el objetivo de sanear las cuentas de la banca española a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008. Con 2.200 millones de euros públicos y un préstamo de 51.000 millones, avalado por el Estado —detalle importante—, la SAREB se dedica a comprar los activos tóxicos de los bancos: viviendas procedentes de embargos y desahucios, cuyos precios se habían desplomado después del estallido de la burbuja. Es decir, fue una pieza clave del rescate bancario, pagando un precio que entonces nadie estaba dispuesto a pagar, con el fin de tapar el agujero en los balances de los bancos.

Durante aquellos años, la SAREB llegó a reunir centenares de miles de inmuebles, que después malvendería de forma opaca a fondos buitre como Cerberus o Blackstone. El resultado son unos 20.000 millones de euros de deuda que arrastra actualmente la SAREB, cuando ya ha vendido la mayoría de sus activos. Una deuda pública millonaria que tendremos que pagar con nuestros impuestos. Los 40.000 inmuebles que se incorporarán a Casa47 son los restos, los pisos menos atractivos, que todavía no se han vendido y que sí pagaremos en forma de deuda. Las sobras, recalentadas en el microondas, de una fiesta a la que no nos han invitado.

Falsas ilusiones

Decía que añadir pisos al parque de vivienda pública, tanto si son 800 como 40.000, siempre es mejor que dejar de hacerlo. Lo que es un despropósito es revestirlo de anuncio triunfal para insuflar aire a una legislatura agónica. Un despropósito, pero no una novedad, porque ha sido el modus operandi del Gobierno: prometer panaceas a través de medidas legislativas que después acaban teniendo una incidencia imperceptible, cuando no nula, en las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Parece que, con cada nuevo intento, se acorta la distancia entre la promesa y el desencanto, se acelera la velocidad con la que la ilusión se convierte en frustración. Este malestar constituye el alimento básico de la extrema derecha, y el ridículo del otro día con Casa 47, una promesa que ya olía a muerto en el momento de nacer, fue un regalito servido en bandeja para los de Vox.

En el fondo, el problema va más allá del caso de Casa 47. El desastre se extiende a una promesa más amplia de la que Casa 47 solo es una concreción: la vivienda pública, un sintagma que designa un horizonte de consenso para las izquierdas y parte del sentido común general. Más allá de recetas de emergencia, nos dicen que la solución a largo plazo pasa por eso de la vivienda pública. ¿Qué es lo que falla en este sueño de convertirnos en una Viena meridional?

Si hablamos del parque de vivienda pública, me temo que el tamaño sí importa. Un parque capaz de garantizar un techo para todo el mundo o, como mínimo, de atemperar los excesos del mercado privado, tiene que ser algo suficientemente significativo. Por ejemplo, en Viena, donde conviene decir que no todo es de color de rosa, los pisos de titularidad municipal y los de las cooperativas suman un 40% del total. En el estado español, estamos alrededor del 3,4%. Los 100.000 nuevos alquileres públicos que ha prometido la ministra de vivienda quizá nos situarían en el 3,5% de aquí a 10 años. Los pisos de Casa 47, tanto si son 800 como 100.000, no dejarán de ser una triste gota en el océano.

Alguien dirá: bueno, pues más, construyamos más. Lo que ocurre es que el Estado español ya es el cuarto estado de la OCDE con una proporción más alta de vivienda construida por cada mil habitantes, y el primero (de todos los que incluyen registros) en cuanto a proporción de viviendas vacías. El suelo urbano disponible en las grandes áreas metropolitanas, allí donde está la demanda, es muy limitado. Por no decir que, después de todas las atrocidades medioambientales que han supuesto las sucesivas fiebres constructivas, plantear ahora un nuevo ciclo de construcción que multiplique por diez el parque de vivienda pública sería un auténtico suicidio ecológico.

¿Y expropiar?

Son habas contadas: es materialmente imposible pasar del 3,4% a un porcentaje serio, que al menos tenga efectos reales sobre los precios del mercado libre, sin expropiar masivamente miles de viviendas vacías y pisos turísticos. De las primeras, hay 3,8 millones según el último censo del INE en 2021. Pongamos que la mitad no sirven por estado o ubicación, todavía estaremos hablando de 1,9 millones, 19 veces más que la última cifra prometida por la ministra. De las segundas, hay 340.000, sin contar los pisos turísticos ilegales ni los alquileres de temporada para expats. El Tribunal Constitucional ya ha avalado la expropiación de pisos vacíos a grandes tenedores en zonas tensionadas, pero por alguna misteriosa razón, desde entonces, nadie se ha atrevido siquiera a mencionar la palabra «expropiación».

Que alguien acapare pisos vacíos en medio de una crisis como la que estamos viviendo es o una vileza o una monstruosa absurdidad. Lo peor es que muchos de estos propietarios absentistas son los mismos fondos buitre y grupos inversores que han destrozado el país a golpe de especulación y desahucios. Lo mismo podría decirse de aquellos que retiran pisos del mercado para cobrar el triple a turistas o expats. Si alguien se cree mínimamente la idea de que la vivienda debería cumplir una función social, no podemos renunciar a la posibilidad de sumar decenas o cientos de miles de pisos al parque de vivienda pública, de una forma mucho más rápida, económica y ecológica que si tuviéramos que construirlos. Y castigar, de paso, a los miserables que se han dedicado a forrarse a costa del sufrimiento de millones de familias trabajadoras.

Lo que está en juego aquí son dos concepciones muy diferentes de la vivienda pública. En manos de los partidos progresistas, la consigna «vivienda pública» oscila entre la promesa vacía de un futuro deliberadamente difuso y la realidad de un parche irrisorio, más al servicio de su oportunismo que de la mejora de nuestras condiciones de vida. Para nosotros, se trata de caminar hacia una sociedad en la que la vivienda no sea un negocio, ni grande ni pequeño, sino un derecho universal y, por tanto, incondicional, un bien esencial producido y distribuido para satisfacer las necesidades de la sociedad y no para acumular beneficios.